El 19 de abril de 2021, el colombiano Diego P. M. llegó a casa de madrugada. Había pasado la noche de fiesta y tenía ganas de satisfacer sus instintos sexuales. Su pareja se encontraba en el dormitorio, pero no fue allí donde se dirigió. Como él mismo ha reconocido este martes ante el tribunal, donde se metió fue en el cuarto del hijo de esta mujer, un chaval de 10 años que a esa hora dormía plácidamente. Aprovechándose de esta circunstancia, el hombre se echó junto a él en la cama y comenzó a tocarle por debajo del pijama. Aquello hizo que el chico se despertara y pidiera al abusador que parara, sin hacerle este caso alguno. Con la excusa de que necesitaba ir al baño, el menor logró salir finalmente de la habitación e ir corriendo a la de su madre para contarle lo que estaba ocurriendo.

Por estos hechos, ocurridos en un domicilio del barrio de la Bombarda de Zaragoza, la Fiscalía solicitaba una condena de 5 años de prisión. Pero ha bastado el abono de 500 euros por adelantado y el reconocimiento del delito para que el acusado lograra pactar una pena que es muy probable que ni tenga que cumplir.

Porque al apreciarle la atenuante de reparación parcial del daño y la analógica de consumo de drogas, la condena quedó reducida a dos años de cárcel. Y como Diego P. M., que ahora tiene 40 años aunque aparente algunos menos, carece de antecedentes penales, su defensa ya ha propuesto la suspensión de la pena.

La acusación pública también proponía inicialmente que, en caso de condena, el autor de los abusos sexuales fuera expulsado del país. Pero tampoco eso va a suceder, ya que el acusado ha acreditado que tiene la nacionalidad española. Lo que no está tan claro es si el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza le devolverá el pasaporte para poder viajar a Londres, donde tuvo su domicilio y donde todavía residen sus hijos. Porque el acuerdo suscrito con la Fiscalía y al que también se adhirió la acusación particular conlleva una medida de 5 años de libertad vigilada, lo que podría condicionar el levantamiento de la orden de salir del país.

A los 500 euros que el encausado adelantó este martes habrá de añadir ahora otros 2.500 para cubrir la indemnización que en concepto de daños morales se comprometió también a pagar a la víctima.