En las últimas semanas se ha puesto de manifiesto lo que venimos denunciando de manera reiterada en la tribuna del Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo y en todos aquellos espacios públicos en los que hemos tenido oportunidad. Aún así, nos ha sorprendido la prepotencia e impunidad con la que las grandes corporaciones tecnológicas han censurado al presidente de Estados Unidos. Han llegado a eliminar un vídeo en el que Donald Trump condenaba la violencia y hacía un llamamiento a la paz y a la convivencia. Este hecho supone una grave vulneración de la libertad de expresión, un ataque inaudito a los derechos fundamentales y al concepto de libertad de las democracias occidentales.

No podemos permitir que las corporaciones se crean que están por encima de nuestra soberanía o de nuestra legislación

Si el presidente de la primera potencia del mundo es censurado por Twitter, Facebook, Amazon, YouTube, Google o Apple, ¿qué no le harán a un español de a pie o a cualquier ciudadano de otra nación? La situación es tan grave, que incluso Angela Merkel, que no ha simpatizado nunca con Trump, transmitió su preocupación por un acto que atenta contra la propia soberanía de las naciones. Pero no ha sido la única. También ha sido críticos con la red social Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, y Bruno Le Maire, ministro de Economía de la República Francesa, quien ha llegado a afirmar que la regulación de las corporaciones digitales “no puede ser realizada por la propia oligarquía digital”.

Y no le falta razón a ninguno en sus denuncias, porque lo que está en juego trasciende los colores políticos o las ideologías. No podemos permitir que las corporaciones se crean que están por encima de nuestra soberanía o de nuestra legislación. Menos aún que actúen como empresas editoras, porque no lo son ni querrían nunca regirse por la fiscalidad que padecen las editoras. Porque sobre este tema, la fiscalidad de este tipo de multinacionales, habrá que hablar en profundidad en otro momento. Su principal capital son los datos de sus usuarios, de la información que obtienen de ellos y con la que comercian. Deben entender que esos usuarios son ciudadanos con derechos y libertades, y que tienen gobiernos que tienen la obligación de defender esos derechos y esas libertades. Debemos afrontar sin demora la protección de la soberanía personal de los datos y de la soberanía nacional de los datos. Los gobiernos y los organismos internacionales democráticos tienen el deber ineludible de velar por los derechos fundamentales de las personas. Y entre ellas la libertad de expresión.

Esta censura es (…) más escandalosa cuando se permiten las directrices y soflamas de tiranos y partidos totalitarios condenados

Debemos, por tanto, exigir a las grandes corporaciones digitales la absoluta neutralidad tecnológica. Hacer lo contrario es como poner en manos de las empresas armamentísticas la potestad de declarar las guerras. No podemos permitir que se comporten como censores globales pisoteando la soberanía de nuestras naciones. Internet, que nació como un nuevo ámbito de libertad y una alternativa a los medios tradicionales, no puede convertirse en un espacio uniforme donde no tiene cabida la discrepancia ni el derecho a disentir. Esta censura es más grave aún cuando se aplica a gobernantes elegidos democráticamente, y más escandalosa cuando se permiten las directrices y soflamas de tiranos y partidos totalitarios condenados en innumerables ocasiones por la comunidad internacional como es el caso de los líderes o gobiernos de Irán, China, Venezuela o Cuba.

VOX planteará (…) iniciativas para revertir los abusos del oligopolio tecnológico

Nuestras constituciones, nuestros derechos y nuestros jueces no pueden someterse al dictado de media docena de multimillonarios a los que nadie ha elegido. ¿Para qué somos convocados a las urnas si hay unas corporaciones que actúan como legisladoras de nuestras vidas y de nuestro pensamiento? Nos jugamos la libertad y la democracia. Nos jugamos nuestra soberanía. Las naciones que han construido con éxito estados de derecho, que amparan los derechos y libertades de los ciudadanos, deben actuar con urgencia y contundencia ante esta nueva amenaza. VOX planteará en todos los organismos donde los ciudadanos le han dado representación iniciativas para revertir los abusos del oligopolio tecnológico.