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Sucesos

Ante los atentados terroristas islámicos, la mamporrería mediática reacciona: «¡El peligro es la islamofobia!»

Redacción

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«El peligro es la islamofobia»: así actúan los negacionistas del terrorismo islámico

Son más peligrosos quienes advierten del terrorismo islamista que los yihadistas que pasean machetes por España. Es peor caer en la islamofobia que entrar en una iglesia a matar curas a sangre fría. Sólo así es posible que el asesinato de un sacristán en Algeciras no suscite tanta indignación como la posibilidad de criminalizar a los musulmanes, esto es, revelar la nacionalidad y religión del criminal. Contar la verdad es delito de odio.

Porque, que maten al grito de «Alá es grande», ¿acaso demuestra que el terrorismo islámico tenga algo que ver con el islam? Relacionar ambos fenómenos está fuera de lugar, es racismo. Esos crímenes deben ser cosa de lobos solitarios que, vaya coincidencia, siempre actúan bajo el mismo patrón: matando al infiel. En Europa, a cristianos. 

A ese empeño, el de distorsionar la realidad, se entrega con entusiasmo la gigantesca brigada propagandística comprada por el poder repitiendo consignas que hablan de ‘stop islamofobia’, discursos de odio y otros tópicos de pegatina. Se trata de ir siempre al ataque, de no retroceder ni un centímetro incluso cuando los hechos contradicen su narrativa.

Claro que esto ya lo hemos visto antes. El manifiesto del movimiento 8-M en 2021, lejos de pedir perdón por salir a la calle el año anterior cuando el virus chino campaba a sus anchas, dio la vuelta a la película: «El feminismo es la cura: contágiate y propágalo. Vacúnate contra el machismo».

La repetición sistemática de mantras propicia que el bien y el mal dejen de ser conceptos objetivos, de modo que a un mismo hecho se le aplica un rasero diferente dependiendo de quien lo cometa. Así, la violencia islamista no tiene nada que ver con el islam, pero si un hombre mata a su mujer entonces es violencia con apellido, violencia machista. Las condenas públicas, minutos de silencio, alertas en medios, campañas de acoso a la justicia, pactos de Estado, leyes de género y hasta un ministerio con casi 600 millones de euros de presupuesto son las divisiones acorazadas que imponen el discurso único y amenazan al disidente. Cuestionar este tinglado es negacionismo.

La presión es tal que ha logrado colonizar a la oposición, ya indistinguible en términos ideológicos y semánticos del Gobierno. Si Sánchez se refirió a la víctima como «el sacristán fallecido en el terrible ataque de Algeciras», Feijóo habló de «ataques cometidos esta tarde en Algeciras». Ataques, obsérvese qué coincidencia, como eufemismo para evitar palabras clave como marroquí, inmigrante ilegal, terrorismo islamista, islam o yihadismo.

Lo mismo sucede en los medios de comunicación e incluso en los de la Iglesia. La mañana del jueves fue frenética y en COPE, donde ya criticaron medidas provida, Carlos Herrera trazaba las líneas rojas: «Marruecos es un aliado contra el yihadismo y los musulmanes no yihadistas son las primeras víctimas del yihadismo». Naturalmente que sí, si alguien tiene derecho a quejarse son ellos, los musulmanes, las verdaderas víctimas cuando los cristianos son pasados a cuchillo.

Como es habitual, la Conferencia Episcopal –su reino sí es de este mundo– no se ha salido del guion. Su secretario general y portavoz, César García Magán, ha dicho que «no podemos caer en provocaciones, no podemos echar leña al fuego, no podemos caer en demagogias y no podemos identificar el terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe». Estas palabras han merecido el aplauso de Ferreras, el monaguillo laico que nos hemos dado: «Qué bien ha reaccionado la conferencia episcopal». 

Telecinco entrevistó a un vecino de Algeciras que presenció el atentado. «No podemos mirar a otro lado y ser políticamente correctos con estas cosas, es que nos viene una tormenta gorda». Sus declaraciones incomodaron a Ana Rosa, que se desmarcó rápido: «Habría que pedir a las comunidades, a los políticos, que no alteren, que no provoquen con sus declaraciones enfrentamientos que no existen en este momento en la población». A su lado, un tertuliano remataba: «Todas las reacciones han sido las adecuadas excepto la del presidente de VOX».

Con el periodismo español no conviene usar la expresión no se puede caer más bajo. Susana Griso le soltó al párroco de la iglesia de nuestra Señora de la Palma, que acababa de salvar la vida de milagro, si quería «aprovechar para pedir a sus feligreses que no ataquen a personas creyentes de otra religión».

Por si escaseara la basura en Atresmedia, La Sexta se animó (¿quién dijo miedo?) a hacer un reportaje titulado «los cristianos también han matado en nombre de la religión: ¿cuáles han sido los casos más recientes?». En él, incluían a Anders Breivik, que asesinó a 77 personas en Noruega en 2011. Un pequeño detalle: Breivik no es católico, ni siquiera cristiano.

No podemos decir, de momento, que el martirio de Diego Valencia haya cambiado nuestro mundo. Será difícil con unas élites –las occidentales– que no mueven un dedo ante la sangre derramada por cristianos, ya sea en Oriente u Occidente. A quienes sí rechistan, sin embargo, son a Hungría y Polonia cuando reivindican las raíces cristianas de Europa. Aquí se retrata el burócrata, que prefiere talleres de iniciación sexual para nuestros hijos en los colegios antes que una secretaría de Estado –como tiene Hungría con Tristan Azbej– dedicada a ayudar a los cristianos perseguidos. 

Desconocemos si a estas horas del sábado podemos confirmar ya que se trata de un atentado yihadista, no convendría precipitarnos por más que el asesino gritara «Alá es grande» cuando hundió su machete en el cuerpo del sacristán gaditano.

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España

Los hombres de Pedro, formalmente declarados CRIMINALES: 24 añitos a Ábalos (la edad de su sobrina), 19 a Koldo y 4 a Aldama que no entrará en prisión

Redacción

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El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, 19 a Koldo y 4 a Aldama

El Tribunal Supremo ha condenado al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su asesor Koldo García Izaguirre a 19 años de cárcel por haber formado una organización criminal que se valió del poder institucional para cometer «graves delitos de corrupción» durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

El tribunal también ha condenado al empresario Víctor de Aldama, el hombre que tejió la trama, a cuatro años y medio de prisión, aunque ha suspendido la ejecución de la pena por su colaboración con la justicia. La sentencia, adoptada por unanimidad, supone la condena más severa conocida en España contra un ex ministro del Gobierno en el poder.

El fallo concluye que los tres acusados «constituyeron una organización en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones». Ábalos aportaba el poder institucional; Koldo García, la intermediación; y Aldama, el dinero y el acceso a las empresas.

Mascarillas y corrupción

El episodio más grave acreditado por el tribunal es la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.

La compra se articuló en dos contratos, uno con Puertos del Estado a través de una Orden Ministerial y otro con ADIF con otra. Ábalos firmó la primera orden como ministro el mismo día que fue publicada.

La sentencia precisa que la adjudicataria ya sabía, antes incluso de que los responsables del órgano de contratación tuvieran conocimiento de la operación, que «se publicaría una orden ministerial, que la compra sería centralizada a través de Puertos, que el volumen sería de ocho millones de mascarillas y que sería la adjudicataria». Aldama canalizó las comisiones percibidas, por un total de 6,6 millones, a través de sus sociedades Deluxe Fortune, S.L. y MTM 180 Capital, S.L.

A cambio, Ábalos y Koldo habían acordado recibir, respectivamente, 2.000.000 y 500.000 euros con cargo a esas comisiones.

El núcleo de la trama descrita por el tribunal es el acuerdo de enriquecimiento mutuo al que llegaron los tres acusados aprovechando «el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el PSOE».

La documentación aportada al juicio —correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, una hoja Excel elaborada por el propio Aldama y declaraciones de más de una decena de testigos— acredita que Aldama se comprometió a entregar mensualmente 10.000 euros a los otros dos acusados para atender los que consideraban «gastos fijos» de Ábalos. Esa cantidad se entregó de manera continuada desde octubre de 2019 hasta junio de 2022.

Junto a esa transferencia mensual, Aldama abonó desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021 el alquiler del piso que ocupaba en Madrid la entonces amante del ministro, Jessica Rodríguez: 2.700 euros al mes en el edificio Torre de Madrid, situado en la Plaza de España, hasta alcanzar un total de 82.298 euros.

Para blindar la percepción de comisiones futuras, el 24 de abril de 2019 Aldama y Ábalos suscribieron un contrato de arrendamiento con opción de compra de un piso propiedad de Aldama en el Paseo de la Castellana de Madrid, fijando una renta anual de 30.000 euros y un precio de adquisición de 750.000 euros.

La pericial encargada por el tribunal cifró el valor real del inmueble al tiempo del contrato en 1.442.914 euros, un precio de compra «muy inferior al real del mercado». Ábalos nunca ocupó el inmueble ni abonó renta alguna, «pues nunca fue esa la pretensión de los contratantes».

Contratos sin trabajo

La sentencia considera probado que Ábalos utilizó su influencia ministerial para que dos mujeres de su entorno personal fueran contratadas en empresas públicas sin desempeñar ninguna función real.

El 8 de octubre de 2019, Ábalos envió un mensaje a Koldo García sugiriéndole la contratación de Claudia Montes —conocida suya desde un mitin del PSOE celebrado en Gijón en mayo de ese año— «en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas». Su asesor contestó: «Sí. Lo arreglo».

El 16 de diciembre de 2019, Montes fue contratada por Logirail, sociedad del Grupo RENFE, con un salario neto de 1.384,99 euros mensuales. Cuando en algún momento intentaron abrirle un expediente disciplinario por absentismo, Ábalos y Koldo lograron paralizarlo, y el gerente de Logirail en Asturias fue cesado de su puesto directivo sin explicación.

El caso de Jessica Rodríguez, amante del ministro, es todavía más explícito en la sentencia. El tribunal acredita que Ábalos «concibió y desarrolló un plan de actuación, consistente en desplegar toda su influencia para que Jessica Rodríguez fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio», con la finalidad de «que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral».

Así ocurrió: Jessica fue contratada por INECO el 1 de marzo de 2019 y más tarde por TRAGSATEC desde el 2 de marzo de 2021, sin presentarse a trabajar en prácticamente ninguna ocasión. De INECO cobró 34.450 euros netos en concepto de salario; de TRAGSATEC, 9.500,54 euros.

Koldo García, señala el fallo, «ha mantenido un papel principal en la trama delictiva», participando «en el reparto de papeles de manera activa», influyendo «decisivamente, con gestiones personales, en la adjudicación de contratos públicos» y encargándose de «arreglar» —el término es literal en la sentencia, entre comillas— «la contratación de personas en entidades del sector público».

Atenuante «muy cualificada»

El tribunal ha apreciado en Aldama la atenuante analógica de colaboración «como muy cualificada» y ha rebajado su pena en dos grados respecto al delito de organización criminal y al cohecho continuado, y en un grado respecto al resto. La suspensión de la condena queda condicionada a que no vuelva a delinquir, presente un informe semestral de actividades y cumpla un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

La sentencia cierra la primera pieza de un proceso judicial que arrancó con las primeras detenciones en febrero de 2024 y que sacudió los cimientos del partido que sustenta al Gobierno.

Ábalos había dejado el ministerio en julio de 2021 y abandonado el grupo parlamentario socialista en diciembre de 2023. El Supremo señala en su fallo que la corrupción provoca «el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político» y «socava la arquitectura democrática del Estado».

Como desveló este periódico, el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, ha trabajado durante semanas para alcanzar un consenso entre los magistrados que evitara votos particulares. Especial atención ha suscitado durante las deliberaciones la posición de la magistrada Susana Polo, cuya eventual discrepancia podría haber quebrado la unanimidad del tribunal.

La sentencia de no cierra, sin embargo, todos los flecos jurídicos del caso. La pieza principal —la que ha culminado hoy con el fallo— convive con otras ramificaciones investigadas en distintos juzgados –sobre todo en la Audiencia Nacional–, lo que significa que el caso Koldo seguirá siendo un factor de inestabilidad política durante meses. Además, los condenados tratarán presumiblemente de recurrir al Tribunal Constitucional, dominado por la mayoría del afín al PSOE Cándido Cónde-Pumpido.

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ALERTA NACIONAL