Sucesos
El Supremo confirma la prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada por el asesinato de Gabriel Cruz
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena a prisión permanente revisable dictada contra Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, de 8 años de edad, ocurrido en febrero de 2018 en una finca de Rodalquilar, en Níjar (Almería).
Los magistrados han desestimado los recursos de casación interpuestos por la defensa de Quezada y por la acusación particular, ratificando de este modo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la condenó por un delito de asesinato hiperagravado y a dos años y medio de prisión por dos delitos contra la integridad moral de los padres del niño.
Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz
El Tribunal considera el asesinato hiperagravado -se produjo con alevosía frente a un menor de edad- atendiendo a los hechos probados de la sentencia de instancia donde se sostiene que «Gabriel Cruz, ante la confianza generada por la acusada, persona íntimamente vinculada a su entorno familiar desde que inició la relación con su padre (relación sentimental análoga a la matrimonial, con convivencia con la víctima, cuando le correspondía estar con el padre) accedió a marcharse a la citada finca con ella. La finca sita en Rodalquilar, se encontraba en un lugar alejado y deshabitado…. La acusada…era consciente de su superioridad respecto del niño, por la diferencia de edad y complexión, ya que el niño medía 1.30 metros y pesaba 24 kilogramos. (…) Una vez en la finca… de forma intencionada, súbita y repentina, cogió a Gabriel y lo lanzó contra el suelo o pared de la habitación, y tras el impacto del niño, procedió la acusada, con sus manos a taparle la boca y la nariz con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento».
En este caso, el Alto Tribunal entiende que concurren una serie de circunstancias bien definidas, intencionadamente utilizadas y aprovechadas por la acusada para un fin, matar al menor, sin riesgo para ella, que conjuntamente consideradas, determinan una situación de total indefensión del niño. Así, el ataque se produce en el marco de una relación de confianza, en un lugar solitario y alejado, a donde el menor se dirigió a propuesta de la acusada, sin tener la más mínima previsión de riesgo, de lo contrario no hubiera aceptado acompañarla. Una vez en aquel lugar, de manera «súbita y repentina» (no hubo prolegómenos o actos previos de los que deducir tal reacción, los hechos no los describen), lanzó al niño contra el suelo o pared y le tapó la boca y la nariz con fuerza, hasta que le causó la muerte. En tal situación de confianza, soledad, e imprevisión del ataque, el menor, dadas sus características físicas, no tuvo posibilidad de defensa. (MD)
Ana Julia Quezada. Mujer. Inmigrante. De color. Y según su Facebook, de izquierdas. Los ‘progres’ de este país van a cortocircuitar https://t.co/9dXEDmv3Kw #DEPpescaito 🐟 #DEPGabriel #CadenaPerpetua pic.twitter.com/puRuuVS5zc
— MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) March 11, 2018
Sucesos
El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano
El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.
Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.
Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.
Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.
Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.
