La jueza ha procesado a José Ramón Prado Bugallo, conocido como «Sito Miñanco», por intentar introducir a España casi cuatro toneladas de cocaína en el marco de una supuesta red criminal y por un presunto delito de blanqueo por el que también propone juzgar a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont.

En esta causa, donde han sido procesadas otras 44 personas y 5 mercantiles, se ha investigado un supuesto entramado criminal liderado por el histórico narcotraficante gallego, que fue detenido en febrero de 2018 cuando disfrutaba de un régimen de semilibertad.

Entre los procesados se encuentra el abogado Gonzalo Boye, a quien, junto a otros dos letrados, la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón atribuye un presunto delito de blanqueo en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con otro continuado de falsificación en documento oficial.

La resolución impone distintas fianzas para cubrir las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse de los hechos, y que ascienden a 131,5 millones de euros en el caso de Sito Miñanco y otros 25 procesados por delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño para la salud.

Aparte de este delito, Tardón atribuye a los investigados, según el caso, blanqueo; falsificación de documento oficial o tenencia ilícita de armas.

Por dos delitos de homicidio en grado de tentativa ha sido procesado Manuel Pedro González, tirador profesional, junto con otro de atentado a agentes de la autoridad y lesiones dado que cuando iba a ser detenido, el 5 de febrero de 2018, disparó nueve veces contra los agentes de la Guardia Civil, hiriendo a dos de ellos y, según el auto de la magistrada, «únicamente cesó en su acción cuando se acabó la munición del arma con la que disparaba».

La investigación se remonta a 2016, cuando Sito Miñanco cumplía una condena de 16 años de prisión en Algeciras por un delito contra la salud pública y disfrutaba del tercer grado, lo que le permitía trabajar.

Su actividad seguía siendo, según la jueza, la introducción y distribución de droga en el país y mantenía tanto el contacto con suministradores de Sudamérica como la infraestructura, «un bien nutrido grupo de individuos», con experiencia y dispuestos a participar en estas operaciones, «ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad».

Él era, de acuerdo con la tesis de la magistrada, quien dirigía el entramado criminal, con gente de su máxima confianza como Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández, también condenados por narcotráfico.

A raíz de esta investigación, se han identificado dos operaciones con las que pretendían introducir enormes cantidades de cocaína en España: las correspondientes a la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3.3 toneladas de cocaína y la aprehensión, en noviembre de ese año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.

Pero aparte de éstas, según la jueza, Prado Bugallo mantuvo la planificación y ejecución constante de otras operaciones de introducción, distribución y venta de droga hasta que fue detenido.

En su auto, de 72 páginas, la magistrada explica la estructura societaria atribuida a Sito Miñanco, con propiedades a nombre de terceros donde «el único titular real y efectivo» era él.

Además de sus mercantiles, la organización utilizaba empresas de terceros que le prestaban sus servicios, aunque también había una tercera vía para ocultar los beneficios de la droga: a través de los transportes realizados por los propios miembros del clan o por otros coordinados por uno de los procesados para ocultar las ganancias en Colombia mediante correos humanos.

La participación de los abogados procesados en los hechos -Gonzalo Boye, Jesús Morán y Alejandro Guerra- se centraría en el presunto blanqueo del dinero, según el auto, que se remite a una de las operaciones realizadas por los correos que Sito Miñanco utilizaba para enviar el dinero a Colombia y que fue interceptada por la Policía.

El 6 de febrero de 2017 varios de los investigados fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.

En la estrategia para acceder al dinero incautado, los abogados, según la jueza, confeccionaron una serie de documentos para simular unas operaciones de compraventa ficticias «con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia».

El auto recuerda que por estos hechos, en octubre de 2017 la Secretaría General del Tesoro impuso a González Rubio y a cada uno de los demás investigados una multa por infracción grave tipificada en la Ley de Prevención del blanqueo de capitales.