Parece que la China comunista está vaciando de vida marina los océanos del mundo.

Tiene, de largo, la mayor flota pesquera del planeta, de entre 200.000 y 800.000 barcos –responsables de casi la mitad de la actividad pesquera global–, 17.000 de las cuales operan en alta mar. El crecimiento ha sido posible por los enormes subsidios estatales.

Así, en 2012 el Estado chino regó al sector pesquero con subsidios por valor de 3.200 millones de dólares, destinados mayormente al combustible. Sin embargo, según un informe de ese mismo año, «el apoyo gubernamental al sector pesquero y de la acuicultura podría ascender a 500.000 millones de renminbis (80.200 millones de dólares, 61.700 millones de euros) si se tienen en cuenta los subsidios nacionales y regionales a las piscifactorías rurales».

Como ha señalado el Instituto de Desarrollo de Ultramar [Overseas Development Institute, ODI], tras haber esquilmado sus aguas territoriales, numerosos países industrializados se han ido a pescar a aguas de países de bajos ingresos, pero la flota china de alta mar es, de lejos, la mayor del mundo. El ODI subraya asimismo que lo relacionado con la propiedad y el control operativo de la misma es «complejo y opaco».

«Los dirigentes de China ven en la flota de alta mar una herramienta para proyectar la presencia del país en el mundo», ha declarado a Axios Tabitha Mallory, directora de la consultora China Ocean y profesora de la Universidad de Washington. «El objetivo es estar presente en todos los océanos del mundo para poder dirigir las negociaciones de los acuerdos internacionales sobre los recursos marítimos».

Los barcos pesqueros chinos esquilman los bancos de otros países no sólo en el Sureste Asiático, sino en lugares tan distantes como el Golfo Pérsico, Sudamérica, África Occidental y el Pacífico Sur. Sus métodos predatorios e insostenibles ponen en peligro no sólo la vida marítima, sino el sustento de los pescadores locales. China está considerada el mayor perpetrador de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR) del mundo, así como el mayor subvencionador de dichas prácticas.

El almirante Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera norteamericana, ha advertido:

La pesca INDR ha sustituido a la piratería como la principal amenaza para la seguridad marítima global. Si sigue fuera de control, hemos de esperar un deterioro de los Estados costeros frágiles y un aumento de la tensión entre naciones pesqueras, lo que amenazaría la estabilidad geopolítica.

Las consecuencias son en ocasiones horribles. Uno de los ejemplos más impactantes lo brinda Corea del Norte: en los últimos cinco años, más de 500 barcos pesqueros abandonados, de madera, a menudo con esqueletos de norcoreanos famélicos a bordo, han llegado a las costas de Japón. Durante un tiempo se desconocía la causa, hasta que se comprendió que lo más probable es que «una armada» de buques industriales chinos pesque ilegalmente en aguas norcoreanas y fuerce a los locales a apartarse de la costa, a zonas donde algunos mueren en un vano intento de pescar, y acaban arrastrados hasta Japón. Se estima que los pesqueros chinos han esquilmado los bancos norcoreanos de calamares en un 70%.

En Irán, medios pro reformistas informaron en julio de 2020 de que barcos chinos estaban «arramblando ilegalmente con los recursos pesqueros del Golfo Pérsico», mientras que «los pescadores iraníes se ven forzados a pagar miles de dólares en sobornos a los piratas somalíes para que les permitan pescar en las costas africanas». La mayoría de los barcos de la flota china son arrastreros. «La pesca de arrastre barre el lecho marino (…) y aniquila sus recursos», declaró un representante de los pescadores. Según un informe publicado entonces por Iran News Update,

en los últimos años, esta horrible cuestión [la de la actividad de los arrastreros chinos] ha contribuido a una reducción en dos tercios de las reservas acuáticas iraníes, y hecho sonar la alarma sobre la aniquilación del ecosistema marino del país. Además, esa clase de pesca afecta negativamente a la industria pesquera local.

Se ha informado de que Irán ha cedido sus aguas territoriales en el Golfo Pérsico a barcos chinos por más de una década. En 2018, el subdirector de Asuntos Portuarios de la Organización Marítima y de Puertos iraní, Mohamed Alí Hasanzadeh, admitió que los barcos chinos están «operando bajo un acuerdo de arrendamiento a largo plazo para la pesca a 200 metros de profundidad (unos 656 pies) en aguas iraníes».

En una serie de países del África occidental –Sierra Leona, Liberia, Ghana y Nigeria, entre otros–, los arrastreros chinos llevan años «aprovechándose de la mala gobernanza, la corrupción y la incapacidad de esos Gobiernos para hacer cumplir las regulaciones pesqueras», según The China-Africa Project.

Hoy, los barcos chinos operan en gran medida al margen de cualquier control gubernamental, provocando una crisis medioambiental cada vez más grave por la sobrepesca, que también pone en peligro a las comunidades costeras que dependen de esas aguas para sobrevivir.

En julio del año pasado llegaron a Liberia seis superarrastreros chinos, capaces de capturar 12.000 toneladas de pescado, prácticamente el doble de las capturas sostenibles del país africano.

Un informe del 24 de marzo de la Fundación Justicia Medioambiental dice que las compañías estatales chinas han estado «esquilmando» los recursos naturales de Ghana «camuflándose como propietarios de arrastreros locales para pagar menos por las licencias y por las sanciones por incurrir en actividades pesqueras ilegales», negando al país ingresos millonarios.

El informe detalla que los chinos controlan el 93% de los arrastreros de Ghana, país que está perdiendo entre 14,4 y 23,7 millones de dólares (12,1-20 millones de euros) al año en licencias de pesca y multas a arrastreros.

En Sudamérica, la pesca predatoria china es tan grave que en marzo Argentina anunció la creación de un Comando Marítimo Conjunto para combatir la pesca predatoria de barcos extranjeros. Según Diálogo, un magacín militar publicado por el Comando Sur de EEUU,

cada año, una flota de buques extranjeros, la mayoría chinos, recorre las costas de Sudamérica, amenazando los recursos marítimos de la región. Según la Organización para la Gestión de las Pesquerías del Pacífico Sur, la participación de buques chinos en la pesca del calamar en la región ha crecido sustancialmente en las últimas dos décadas.

En junio, una flota china de 300 buques llegó a la zona que rodea la Reserva Marina de las Galápagos (Ecuador), que gozan de protección medioambiental. Los barcos chinos, que estuvieron un mes por allí, fueron responsables del «99% de la pesca perceptible justo en los límites de las aguas del archipiélago entre el 13 de julio y el 13 de agosto», decía un informe. Estuvieron capturando calamares, que son esenciales para las focas y los tiburones de la Galápagos, especies únicas, y pescado comercial que de otra forma hubiera contribuido a la economía local. En 2017, Ecuador encarceló a 20 pescadores chinos por capturar 6.600 tiburones en la raya de la reserva de las Galápagos. Los escualos se utilizan para la sopa de aleta de tiburón, una delicia gastronómica china.

En el Pacífico Sur, y según antiguos funcionarios norteamericanos, «la pesca ilegal y no regulada china se ha convertido en habitual en la Samoa Americana, Guam y hasta en las Hawai». La sobrepesca es tan perjudicial para los habitantes de la zona que una conservera de la Samoa Americana, uno de los mayores empleadores de la isla, tuvo que suspender temporalmente su actividad debido a la falta de pescado.

Pero la flota china hace algo más que pescar. En un informe publicado en agosto del año pasado por la Escuela de Medioambiente de Harvard, el reportero de investigación Ian Urbina escribió:

En el marco de las grandes aspiraciones geopolíticas de Pekín, los pescadores comerciales chinos a menudo sirven como personal paramilitar de facto, cuyas actividades el Gobierno chino puede adjudicar al sector privado. Con apariencia civil, una Armada aparentemente privada ayuda a afianzar la dominación territorial china, principalmente expulsando a pescadores o Gobiernos que hacen frente a las reclamaciones chinas de soberanía, que afectan a casi todo el Mar del Sur de China.

El uso por parte de Pekín de barcos pesqueros para reafirmar su poderío y sus reclamaciones territoriales quedó sobradamente de manifiesto en marzo, cuando una flota de más de 200 buques chinos se agolpó y fondeó en el Arrecife Whitsun (Mar de la China Meridional), que se encuentra en la zona económica exclusiva ^{(([1] Según la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho Marítimo (1982), los distintos países controlan los recursos marítimos en una «zona económica exclusiva» de 200 millas.))} de Filipinas. En 2018, más de 90 barcos chinos fondearon a unas millas de la isla filipina de Thitu, luego de que Manila empezara a desarrollar obras de infraestructura.

En septiembre, la Guardia Costera norteamericana publicó un informe, Panorama Estratégico de la Pesca Ilegal, No Declarada y No Regulada, en el que se proclamaba «el compromiso de la Guardia Costera de EEUU de liderar un esfuerzo global para combatir la explotación ilegal de los bancos oceánicos de peces y proteger nuestros intereses nacionales» y se enfatizaba la necesidad de «1) promover operaciones concretas, efectivas y basadas en información de inteligencia para el cumplimiento de la legalidad; 2) contrarrestar conductas estatales irresponsables y predatorias; 3) expandir la cooperación para el cumplimiento de la ley en las pesquerías multilaterales». Además, se urgía a la formación de una coalición internacional e intergubernamental. En abril, la Guardia Costera y la Armada de EEUU lanzaron una misión conjunta en el Pacífico Central y Occidental para combatir la pesca INDR y potenciar la seguridad regional. En febrero, la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional recomendó que EEUU «considerara liderar una coalición multilateral con países sudamericanos para repeler las prácticas chinas de pesca y comercio ilegal».

^[1] Según la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho Marítimo (1982), los distintos países controlan los recursos marítimos en una «zona económica exclusiva» de 200 millas.