El 80% de los violadores era de origen extranjero y el 40% sólo llevaba en Suecia un año o menos.

 

«Suecia –afirmó su gobierno en noviembre de 2015– tiene un gobierno feminista. Situamos la igualdad de género en el corazón del trabajo nacional e internacional. […] El objetivo general de la política de igualdad de género del Gobierno es la igualdad de poder para las mujeres y los hombres para moldear la sociedad y sus propias vidas. Esto es definitivamente una cuestión de democracia y justicia social».

Un momento. ¿No deberían las mujeres que viven bajo un «gobierno feminista» ser capaces –como mínimo indispensable– salir de su casa sin miedo a convertirse en víctimas de una agresión sexual?

Se denunciaron 22.000 delitos sexuales en 2017 a la policía sueca, 7.370 de ellos violaciones, según el Consejo Nacional Sueco para la Prevención de la Delincuencia (Brottsförebyggande rådet o Brå). Esa cifra se corresponde con una media de 20 violaciones denunciadas al día, el doble que en 2005. Ésas son sólo las violaciones denunciadas. En 2012, por ejemplo, sólo el 20% de todas las violaciones fueron denunciadas a la policía, según el Brå.

A diferencia de lo que los medios suecos han estado predicando durante años –que la mayoría de las violaciones se producen en ámbitos privados y se cometen contra víctimas que ya conocen a su agresor–, la gran mayoría de las violaciones son, en realidad, cometidas en el ámbito público por hombres que jamás se habían visto antes con su víctima, según el Brå. De los 842 hombres sentenciados por violación o intento de violación en los últimos cinco años, como señaló un reportaje de Svt Nyheter (la televisión sueca), el 58% era de origen extranjero: de Oriente Medio y el norte de África, de algunas partes del sur de África y otros lugares fuera de Europa. En lo que respectaba a los hombres sentenciados por intento de violación, así como por violación con violencia, donde la víctima y el agresor no se conocían de antemano, el 80% de los hombres era de origen extranjero y el 40% sólo llevaba en Suecia un año o menos.

Conseguir que la policía tramite incluso una denuncia de intento de violación contra una mujer es, cuando menos, difícil, lo que es en sí mismo una señal de que algo está podrido en el reino «feminista» de Suecia.

En la pequeña localidad de Deje, en el centro de Suecia, por ejemplo, un inmigrante afgano, que vive en el centro de inmigrantes de la ciudad, hace poco agredió con un cuchillo e intentó violar a una mujer, Mikaela Blixt, cuando ésta paseaba con su perro en pleno día.

El agresor primero le dio una patada al perrito de Blixt, y después obligó a Blixt a tumbarse y le rajó la cadera con un cuchillo. Ella logró escapar de su agresor, y consiguió llegar a casa con su perro. Conmocionada y sangrando, intentó denunciar la agresión a la policía.

Ese intentó resultó casi imposible. Cuando Blixt llamó por teléfono a los servicios de emergencia, la policía se negó incluso a hablar con ella. Le dijeron que la agresión ya no estaba teniendo lugar, y que tenía que llamar a otra línea que no fuese la de emergencias. «Si quiere denunciar la agresión tendrá que esperar un poco más en línea», le advirtió una policía, según Blixt. Tras pasar casi todo el día intentando en vano conseguir hablar con la policía por teléfono, condujo al día siguiente a la comisaría más cercana de la localidad vecina, donde, 24 horas después de la agresión, la policía recogió finalmente la denuncia.

Tras la visita de Blixt a la comisaría, vio que una prueba de su agresión sexual estaba colgada fuera del centro de inmigrantes: los pantalones que llevaba su agresor habían sido lavados y tendidos, pero quizá tuviera restos de su sangre. Avisó a la policía, pero ésta no tuvo tiempo para ir ese día a asegurar la integridad de la prueba. De hecho, según Blixt, la policía no hizo nada, aunque ella sabía dónde vivía su agresor y podía haberlo identificado fácilmente.

Blixt escribió sobre su experiencia en una página de una comunidad local en Facebook, intentando al parecer ponerse en contacto con otra mujer, que había sido violada en la zona dos semanas antes. La nota de Blixt fue compartida miles de veces, lo que llevó a la policía a ponerse en contacto con Blixt para advertirle de que estaba perjudicando la investigación en proceso, que, según todas las apariencias, no estaba ni mínimamente en proceso. La policía también se negó a hacer pública la descripción del agresor, afirmando que, incomprensiblemente, el agresor podría poner «más difícil» la investigación.

Aunque la policía no tuviese supuestamente ni el tiempo ni los recursos para atender ese intento de violación, sí demostró su fuerza cuando 80 ciudadanos de Deje se reunieron en una manifestación para mostrar su solidaridad con Blixt y «contra la violencia». Dos patrullas de policía y un policía de paisano fueron a vigilar el acto pacífico y, una vez que hubo terminado, acusó a su organización de quebrantar el orden público. Al parecer, no había solicitado el permiso para manifestarse. La policía sueca no tiene problemas con los violadores inmigrantes, pero no quiere sufrir manifestaciones pacíficas no anunciadas.

El medio sueco Expressen, uno de los principales de Suecia, quiso entrevistar a Blixt, pero, según ella, sólo con la condición de que no mencionara que el agresor era un inmigrante afgano.

Lo que es inquietante es que la policía mostrase un meticuloso desinterés por encontrar y detener al violador, al menos hasta que su caso se hizo viral en Facebook. Sólo una semana después de que Blixt fuese agredida, tres mujeres en la localidad vecina de Karlstad fueron violadas en la misma noche. Al día siguiente, una cuarta mujer fue víctima de un intento de violación allí.

Que la policía no dé prioridad a esos casos de violación no es al parecer una novedad. En septiembre de 2017, la policía sueca admitió que no tienen suficiente personal para resolver los casos de violaciones, aun en los casos en que saben quién es el violador.

Es curioso, pues, que la policía no sólo tenga los suficientes recursos para acusar a la gente que asiste a manifestaciones pacíficas, sino también a las personas que han cometido presuntamente delitos de pensamiento. En octubre, Christopher Larsson, político de los Demócratas Suecos (SD) en el municipio de Karlskrona, fue acusado de «incitar al odio» («hets mot folkgrupp«) después de escribir en la página de Facebook del SD:

Este es un día de tristeza, un viernes, cuando el minarete sonará por primera vez en Karlskrona: «Alá es grande», las mismas palabras, «Alá Akbar», que los islamistas gritan cuando se inmolan.

Un diputado de los Social Demócratas ­–el partido que sigue gobernando el país, ya que Suecia no ha sido capaz de formar un nuevo gobierno desde las elecciones en septiembre– incluso hizo público un comunicado donde decía que la publicación de Larsson en la página de Facebook «vincula el nuevo minarete con el terrorismo». Según el fiscal, la publicación de Larsson «identifica a los musulmanes como culpables al describirlos como terroristas y opresores de las mujeres y cuando afirma que sus puntos de vista son medievales».

Da la casualidad de que no sólo las mujeres, sino uno de cada tres suecos suecos no se sienten seguros en Suecia, según una nueva encuesta que entrevistó a 6.300 suecos sobre lo seguros que se sienten en sus casas y comunidades. Asombrosamente, cuando el periódico que publicó la encuesta le pidió a una psicóloga, Siri Helle, que explicara la estadística, dijo que simplemente a la gente «le asusta la oscuridad»: «Vivimos en uno de los países más seguros del mundo y jamás hemos estado tan seguros como ahora».

Lo que podría ser importante preguntar es: ¿Qué le está pasando a Suecia?

Por Judit Bergman