El Gobierno agrava el malestar en la cúpula judicial tras el veto al Rey en la última toma de despachos en Cataluña. El motivo del enfado es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se está diseñando para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidido por Carlos Lesmes, sin el tradicional acuerdo con la oposición. Voces del CGPJ aseguran a Economía Digital que se preparan nombramientos “a dedazo” del Gobierno con el “silencio cómplice” y particulamente hiriente de los ministros que son jueces de profesión (Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Juan Carlos Campo). Concluyen que la reforma “a la carta” que prepara el Ejecutivo “podría ser inconstitucional”.

El Gobierno está trazando un plan para renovar la cúpula del CGPJ mediante una reforma legal ante la negativa del PP y el bloqueo institucional. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, confirmó este viernes su “voluntad” de llevar a cabo esta renovación: “Mi voluntad es hacerlo”. Dicho y hecho. Pero lo cierto y según desvelan fuentes gubernamentales, es que Moncloa ya estaba preparando este ‘Plan B’ antes de sentarse con el líder del PP, Pablo Casado, y llegar a un consenso.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, lleva tiempo trabajando en un borrador para modificar la mayoría necesaria en Congreso y Senado y así no depender de los votos del PP ni de Vox para nombrar a los jueces.

La LOPJ establece que todos deben ser elegidos por mayoría de tres quintos. Es el precepto que el Gobierno intenta modificar. Para elaborar este borrador, Calvo también se apoya en el director del gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y en los ministros-jueces que conforman el Gobierno —Juan Carlos Campo (Justicia), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa)—. Precisamente, el cabreo en la cúpula judicial es por el “silencio cómplice”, aseguran miembros del CGPJ, de estos tres juristas de profesión.

El PSOE ata en corto a Lesmes

“No entendemos que estén de acuerdo en esto”, asegura un miembro del Consejo. Insiste en que la medida “podría ser inconstitucional” y advierte de que no podría hacerse una renovación al completo, sino 12 de sus 20 miembros “porque así lo refleja la Carta Magna”. Este experto es consciente de que en el PSOE “han sentado mal los recientes seis nombramientos hechos por Lesmes, pero es que la Justicia tiene que seguir funcionando”, explica.

Diputados socialistas también sugirieron dejar sin funcionamiento las decisiones de este órgano cuando se extinga su mandato. Una propuesta que dentro del CGPJ califican de “barbaridad”, como si se tratara de un gobierno en funciones. El propio Sánchez tiró este viernes un ‘dardo’ contra Lesmes por los nombramientos al asegurar desde Bruselas que «cuando estás en funciones puedes hacer unas cosas y otras no, y el Poder Judicial, cuando esté en funciones, podrá hacer unas cosas y otras no».

El silencio de los ministros ha cogido por sorpresa a algunos miembros del Consejo, ya que Robles y Grande-Marlaska fueron vocales de este órgano. El titular de Interior formó parte de la Comisión Permanente del CGPJ, nombrado a propuesta del PP, aunque no era asociado. “Él más que nadie debería conocer lo que pasa aquí”, explican desde el órgano que regula a los jueces.

Sin embargo, nadie duda de las desavenencias que mantuvieron Lesmes y Robles. La ministra de Defensa estuvo como vocal en el anterior Consejo a Lesmes y le acusó de tener “un marcado carácter totalitario”. Tras dar el salto a la política, el Supremo retiró a Robles la condición de juez para ir en las listas a las elecciones generales y obtener, posteriormente, escaño en el Congreso.

Podemos urge a los socialistas

Los socios de gobierno de Sánchez celebran la norma que prepara el Ejecutivo y urgen a sus compañeros socialistas a “aprobarla cuanto antes” para aislar al PP. Según dirigentes de Unidas Podemos, los nuevos nombramientos por parte de una mayoría cualificada sin el PP, dejaría fuera a los de Casado de la “voluntad de reconstrucción que piden los ciudadanos”. Según esto, el Gobierno de coalición ganaría puntos.

Los morados pretenden cambiar la historia y escenificar a los del ‘no es no’ con los populares. Una táctica que no ven todos en Moncloa. Algunos miembros del Ejecutivo consultados temen que los populares planteen un recurso de inconstitucionalidad y la norma no salga adelante. Por ello y desde la vicepresidencia primera admiten que “no hay prisa” y no confirman, de momento, si la propuesta saldrá adelante. “Es algo que se está estudiando. Nada más”, zanjan. El malestar provocado en el CGPJ también podría ser motivo para que el gobierno de coalición reflexionase y tratase de acercar posturas antes de aprobar la medida unilateralmente.