Después de morir más de cien mil almas con una de las peores cifras planetarias de la pandemia, de dos estados de alarma inconstitucionales, después de servir en bandeja el Sáhara a Marruecos renunciando a una de sus últimas fronteras morales, después de meses con las mayores facturas de electricidad en los hogares españoles sin estrategia para las familias vulnerables, después de la mayor matanza de inmigrantes en la frontera de España con imágenes que avergüenzan al mundo, después de sumarse a una guerra y aumentar el gasto militar, después de contribuir a que etarras vuelvan a las calles vascas a cambio de un presupuesto y además mercadear con el Código Penal poniendo muy barato que se repita el 1-O al redefinir los tipos penales a la medida de los intereses delictivos, después de provocar la rebaja de condenas a agresores sexuales… La mayor protesta en España la ha promovido un sindicato médico en Madrid contra la política sanitaria entre gritos de asesina a la presidenta madrileña. Ayuso es el No a la guerra de esta generación. Tal vez dé para una gala de los Goya, pero este suerte de autorretrato de la izquierda delata un desmoronamiento irreparable. Detrás de la devaluada etiqueta progresista queda una maquinaria de poder capaz de disfrazarse con cualquiera de las máscaras morales que retrata Edu Galán en su último ensayo, pero es una izquierda en descomposición.

Y hay y habrá más.

En una democracia no ya sobresaliente sino incluso defectuosa –retroceso experimentado por España en el ranking de referencia de The Economist bajo el Gobierno Sánchez– difícilmente no dimitiría una ministra que, después de haber desoído numerosos informes al hacer una ley fallida, promoviera una norma que rebajase condenas de agresores sexuales tras haber negado que pudiera suceder lo que sí ha sucedido. Sí es sí. Irene Montero garantizó a los ciudadanos que «no se conoce ni una sola reducción de pena, y no se van a conocer» para concluir que eso era «propaganda machista». Mintió o demostró una negligencia palmaria anteponiendo el impacto del eslogan epatante al rigor la técnica jurídica. Pero, con toda seguridad, en ninguna democracia se tragarían ataques al poder Judicial desde el poder Ejecutivo para justificar su fracaso: «Hay jueces que no están cumpliendo la ley» y la explicación una vez más es «machismo». La continuidad de Irene Montero en el cargo es imposible –repetir mil veces ¡machista! no conlleva un bonus de contador a cero– aunque se trate de un disparate inevitable porque Sánchez asume que no tiene funciones sobre los ministros de Iglesias después de subarrendarle un 25% del Gabinete.

«La podemización del sanchismo no tiene enmienda con Sánchez ahí»

El Gobierno, muy consciente del esperpento corrosivo, ha salido a afear esto a Irene Montero –tal cual, ¡a afear!, como si se tratara de recordarle las reglas de etiqueta en un club de golf– pero en el Gobierno no pueden soslayar que esas críticas gravísimas a los jueces han salido del propio Gobierno, por boca de una ministra y su secretaria de Estado asilvestrada clamando «¡es una vergüenza! Fórmense, señores jueces, fórmense». No se trata de un tuit montonero de Pablo Echenique sino una ministra y una secretaria de Estado, y por tanto sus palabras también representan a la parte socialista, porque el Gobierno es un órgano colegiado dirigido por el presidente, aunque ellos simulen ser hemisferios autónomos. Por demás, es un espejismo que en el Gobierno haya unos ministros zarrapastrosos bajo la etiqueta de Unidas Podemos a los que tienen que soportar  los socialistas con malestar apesadumbrado. De hecho, los ataques al poder Judicial se han sucedido también con las siglas del PSOE,  en particular después de declarar la inconstitucionalidad del estado de alarma, y esta misma semana han vuelto a calificar de «honrados y honestos» a los condenados a prisión por el escándalo de los ERES atribuyendo a «una cacería política» las condenas certificadas del Tribunal Supremo. Como sostiene Pablo Iglesias, y ahí sí con razón, en el PSOE se ponen estupendos con los jueces sólo hasta que efectivamente les toca. En ese punto se les acaban los escrúpulos.

La podemización del sanchismo no tiene enmienda con Sánchez ahí. Su mandato, entre otras señas de identidad, se reconocerá por legislar bárbaramente. No ya abusando del decreto ley o de las normas ómnibus de cajón de sastre para jugar a las muñecas rusas ocultando reformas vergonzantes, sino con proposiciones de ley obviando a los órganos consultivos bajo una ansiedad exprés cortoplacista, despreciando el apoyo de expertos… La perspectiva general es bananera, mientras el Gobierno despacha petulancia envenenando al sistema con la sombra constante del lawfare para sostener que el problema de España es un poder judicial facha, machista y, si se tercia, antidemocrático.

Este Gobierno, por supuesto, no se va a deshacer: PSOE y Unidas Podemos exprimirán el poder hasta el final, por más que entre los socios haya un desprecio mayúsculo y en la extrema izquierda se libre una guerra cada vez menos soterrada, y cada vez más descarnada, más allá de Iglesias y Yolanda Díaz. Pero no se están destruyendo… no es eso. Se están descomponiendo.