Sucesos
Moncloa ordenó la operación y filtró a Génova la información fiscal del hermano de Ayuso: Egea “coordinó el equipo” de espionaje contra la presidenta de Madrid
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y su jefe de gabinete, Pablo Cano, fueron los encargados de coordinar al equipo que, desde el Ayuntamiento de Madrid, lleva al menos seis meses buscando pruebas contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según ha desvelado el periódico El Mundo aludiendo a fuentes directas que participaron en ese operativo de espionaje. Por su parte, el PP ha desmentido “tajantemente” esta información, “publicada sin que el medio se haya puesto en contacto con el PP para contrastar su veracidad”, han asegurado.
Según el relato de El Mundo, la secretaría general del PP pasó a denominarse “la sala de guerra” y el pasado mes de agosto, enviaron al entonces coordinador de la Alcaldía de Madrid, Ángel Carromero, la información fiscal del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, filtrada desde la Moncloa, según aseguró la propia presidenta.
A partir de ese mismo momento, el objetivo de Carromero fue demostrar que el hermano de Ayuso había cobrado una comisión de 286.000 euros por intermediar en el contrato de la compra de mascarillas. El excoordinador pidió ayuda a un selecto grupo de empleados del Ayuntamiento de Madrid, algunos de ellos adscritos a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), según señala El Mundo. La propia Ayuso aclaró posteriormente que la factura es en realidad de 55.850 euros más IVA.
La obtención de esas pruebas, señalan fuentes del operativo de espionaje, no iba a servir para “arrojar luz” sobre un contrato cuestionado, como dijo Casado el pasado viernes en su entrevista en Cope. El objetivo era poner las pruebas a disposición del PP y filtrarlas posteriormente a los medios de comunicación. Pero como no encontraron nada, llamaron a la agencia de detectives Mira para conseguir el modelo 347 de Hacienda. La petición fue la siguiente: “¿Hay alguna manera de conseguir esto? Es un encargo directo de Génova.”
Como ya confirmó el propio director de la agencia, Julio Gutiez, rechazó el encargo por ser ilegal. “Lo primero que les dije es que era ilegal y que yo no hacía investigación ilegal”. Pero le comentó esta historia a un exministro de Mariano Rajoy (posiblemente Alberto Ruiz Gallardón), que se lo comunicó a Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta madrileña. MAR únicamente compartió esta información con Ayuso y dejó que los rumores siguiesen circulando, sabiendo que el encargo había llegado directamente desde Génova.
Cuando todo este asunto llegó a oídos de Isabel Díaz Ayuso, ésta habló con José Luis Martínez Almeida, que ordenó en aquel momento una investigación interna a espaldas de Cs, su socio de gobierno. Según el propio Almeida, “no se ha producido ningún pago con dinero publico del Ayuntamiento” a la empresa de espionaje. Sin embargo, las explicaciones que el presidente de la EMV, Álvaro González, dio este mismo viernes en el consejo de administración no han convencido nada a Ciudadanos, especialmente tras la publicación del audio de una conversación entre González y Gutiez, en el que el presidente de la EMV pide al investigador “contrastar una información” cara a cara.
Por el momento, el único que ha caído ha sido el hasta ahora coordinador general de Alcaldía y hombre de confianza del Pablo Casado y Teodoro García Egea: Carromero. Según el comunicado del Ayuntamiento, fue Carromero quien presentó su dimisión. Otras fuentes señalan que fue Almeida quien que le obligó a dimitir.
Después de que El Mundo publicase la noticia que vinculaba a la Secretaría General del PP con la trama de espionaje contra Isabel Díaz Ayuso, el PP publicó un mensaje en Twitter para desmentir “tajantemente” esta información, “publicada sin que el medio se haya puesto en contacto con el PP para contrastar su veracidad”, señalaba el partido, que también ha afirmado que “tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades”.
Sucesos
El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano
El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.
Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.
Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.
Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.
Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.
