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Economía

Ayuso pide a Sánchez que exima del pago del IVA e IRPF a pymes y autónomos

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Primero fue en la reunión de Comunidades Autónomas que mantuvo el presidente del Gobierno con todos los líderes regionales y, luego, a través de una misiva. Isabel Díaz Ayuso pidió ayer a Pedro Sánchez, de todas las maneras posibles, que «sea más ambicioso» en el plan económico para afrontar la crisis que causará el coronavirus. «No puede dejar fuera de cualquier plan que se diseñe a las pymes y los autónomos», dice en la carta la líder del PP regional, que requiere a Sánchez que «garantice» el acceso a liquidez y la exención de una «parte importante de la factura fiscal» de autónomos y empresarios: «Hay que eximir del pago de IVA o IRPF al tejido empresarial más vulnerable».

El segundo de los puntos tratado por Ayuso o, en este caso, petición, versa sobre el material sanitario que la Comunidad de Madrid ha adquirido en China para poder hacer frente a la pandemia del coronavirus y que reclama que Sánchez no «retenga». «Estaría incurriendo en una dejación de funciones si confundo lealtad institucional con inacción», escribe Ayuso en la carta: «Por eso tengo que garantizar una correcta atención a todos y cada uno de los madrileños que requieran de un sistema sanitario que es considerado referente mundial». Está previsto que la primera nave, procedente de Shanghai, aterrice en Madrid mañana.

Habla Ayuso también de la necesidad de mantener algunos hoteles abiertos para alojar a personal sanitario que trabaja en la región pero no reside en ella, a mujeres que sufren violencia machista, a personas sin recursos y a turistas. «Ni a usted ni a mí nos gustaría que ningún español en cualquier lugar del mundo se viera en una situación como en la que podemos dejar a los turistas si por decreto obliga a cerrar de forma indiscriminada los hoteles», argumenta la presidenta regional, que pide también medidas económicas para las Comunidades Autónomas.

Una de ellas es abrir una «línea extraordinaria del liquidez al 0%» para que las regiones puedan abordar los gastos extraordinarios que se acumulan. «Así como su compromiso de que dichos gastos no computen en la estabilidad presupuestaria», solicita Ayuso, que recuerda a Sánchez que todavía le debe 54 millones que no se abonaron a la región en 2019 por las entregas a cuenta y 377 millones de euros correspondientes al IVA de 2017. «Tenemos una previsión de gasto que ya asciende a los 1.195 millones de euros y que estamos sufragando, de momento, sin ayuda del Gobierno central», puntualiza.

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No todo iban a ser peticiones. Ayuso reconoce también las concesiones del Gobierno y «celebra» que permitiese que empresas como Telepizza y Rodilla den cada día comida a beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción. Termina la carta pidiendo colaboración mutua entre las dos administraciones y manifiesta la lealtad que encontrará en Madrid porque «solo hay una manera de vencer al coronavirus y es unidos».

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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