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España

El exembajador español con Zapatero en Caracas recibió 4,5 millones de la petrolera pública venezolana

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El exembajador de España en Venezuela durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, y su familia más cercana recibieron entre 2011 y 2015 más de 4,5 millones de euros de la empresa pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, investiga esos fondos porque “carecen de justificación real y lógica comercial”.

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En concreto, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional en enero de 2019 señalando en la misma que los hechos investigados -desde 2017- podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, tal como consta en el sumario.

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En el ‘caso Morodo’ se investiga, además de al que fuera embajador entre 2004 y 2007, a su mujer, Cristina Cañeque, a su hijo Alejo Morodo, a la esposa de éste Ana Catarina Varandas, a Ana Korina Ulloa Marsicobetre, a Carlos Adolfo Prada Gómez y a Marisol Varela Ledo. Asimismo, la Fiscalía se querella contra nueve mercantiles, entre las que se encuentra Aequitas Abogados y Consultores Asociaciados, Furnival Barrister Corp y Morodo Abogados y Asociados SL.

Otro de los investigados inicialmente, Juan Carlos Márquez Cabrera (esposo de Ana Korina Ulloa), que era el cargo dentro de PDVSA que firmaba los contratos con los Morodo, se suicidó en julio de 2019 tras haber declarado como investigado ante la Audiencia Nacional.

Al igual que Márquez, el resto de investigados declararon en la Audiencia Nacional en mayo de 2019 tras su detención. Entonces, el exembajador, de 84 años, quedó en libertad con medidas cautelares.

Según apunta en su escrito la Fiscalía, la investigación practicada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) evidencia “que los contratos que intentan amparar la recepción de estos fondos y las facturas derivadas de los mismos, adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces”.

El informe policial describe la existencia de una serie de operaciones “sospechosas” realizadas por el entorno familiar y profesional de Morodo que consistía en la recepción “de importantes cantidades de dinero desde Venezuela” y que se justificaban como supuestos honorarios de asesoramiento a la petrolera. Apuntan que para recibir esos fondos se usaba un entramado societario y bancario residenciado principalmente “en territorios considerados off shore como Panamá y Suiza”.

Objetivo: dificultar el seguimiento del dinero

A esos 4,5 millones, se suman otros fondos que recibió la familia entre 2008 y 2011 provenientes de PDVSA (819.032?) y de otra mercantil denominada PDVSA IBÉRICA SA (117.360?). Los investigados usaban “una compleja estructura societaria” para introducir esas cantidades en España.

La operativa estaba montada con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero gracias a que tenían una sociedad de nacionalidad panameña y diversas cuentas bancarias en entidades radicadas en Portugal, Suiza y España. Además, traspasaban el dinero entre distintas cuentas bancarias abiertas en entidades españolas y disponían de fondos mediante cheques al portador y con extracciones en efectivo.

Usaban asimismo las diferentes mercantiles vinculadas a la familia Morodo para realizar pagos carentes de lógica comercial a personas jurídicas y físicas portuguesas –Morodo fue también embajador de España en Portugal–, algunas de ellas “cargos políticos relevantes en Portugal”.

Además, los acusados ocultaron parte de los fondos percibidos por PDVSA a la Hacienda pública española, y los saldos reflejados en sus cuentas bancarias no coincidían con las cantidades realmente declaradas.

LA “SOCIEDAD INSTRUMENTAL” Y LA PANAMEÑA CON CUENTA EN SUIZA

La investigación da por probado además que la mercantil Aequitas –cuyo administrador único era Alejo Morodo– era una sociedad instrumental que se creó “con la finalidad de canalizar los fondos aparentemente ilícitos recibidos por PDVSA”. Indican que entre noviembre de 2011 y octubre de 2014 esta empresa recibió en su cuenta abierta en Banco Sabadell un total de 2,7 millones procedentes directamente de la petrolera venezolana a través de diferentes transferencias realizadas desde “cuentas puente” que esta petrolera tiene abiertas en la entidad Banco Espíritu Santo de Portugal.

A esos 2,7 millones, hay que sumar los 600.000 euros que recibió Aequitas de la mercantil panameña Furnival Barrister desde la cuenta que esta instrumental tiene en el Credit Suisse. La policía constató que esa cantidad era parte de los fondos que la sociedad panameña habría recibido también de PDVSA.

Según el escrito de Fiscalía, para intentar justificar parte de los ingresos, desde Aequitas emitieron diversas facturas a PDVSA bajo el concepto genérico de “Prestación de servicios de asesoramiento jurídico, estudio y consultoría internacional en la República Bolivariana de Venezuela”, constando en todas ellas el mismo contenido salvo en lo relativo al importe y la fecha de emisión.

La investigación de la UDEF evidencia que esas facturas eran creadas ad hoc “con la única finalidad de intentar dar cobertura legal a los fondos ilícitamente percibidos”. Y los dos contratos originarios de esas facturas –firmados por Alejo Morodo y Juan Carlos Márquez Cabrera en nombre de PDVSA– habrían sido creados como soporte de las mismas.

Esta operativa realizada a través de la mercantil Aequitas fue reproducida en la sociedad Furnival Barrister, con la que también se firmaron contratos y se emitieron facturas a cuenta de la petrolera venezolana.

LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE LOS MORODO NO CUADRA

De la información tributaria comprendida entre 2008 y 2015 del exembajador Morodo, la Fiscalía señala que queda acreditado que de los más de 400.000 euros que recibió de Aequitas, dejó sin declarar 335.000 euros. Mientras que su mujer, Cristina Cañeque, “pese a no realizar actividad laboral alguna” consta como administradora de diversas sociedades usadas por su marido y su hijo para canalizar sus bienes y su patrimonio.

Asimismo, Cañeque consta como titular de tres cuentas bancarias abiertas en Suiza en la entidad Credit Suisse en fechas próximas al cese de su marido como embajador en Venezuela. El cese como embajador (2007) coincide con el momento en el que se iniciaron las relaciones con PDVSA.

De Alejo Morodo –quien parece ser el ‘cerebro’ del entramado societario– se apunta que quedan por esclarecer los motivos por los que percibió fondos de la petrolera, el destino que dio a los cheques al portador y el origen de los fondos con que adquirió en el año 2016 fondos de inversión por importe de 1.359.499 euros.

Añaden que de los 335.000 ? que recibió de la mercantil Aequitas entre 2013 y 2014, y de los 27.000 que recibió de Furnival, ocultó a la Hacienda española más de 292.000 euros.

Juan Carlos Márquez –quien tenía cargo en la petrolera y firmaba los contratos supuestamente fraudulentos con los Morodo– y Carlos Adolfo Prada también se beneficiaron de las fondos de PDVSA a través de las empresas Marpra Asesores y Consultores SL y Ahedo Asesores SL.

Los ingresos fueron canalizados mediante la utilización de distintas sociedades instrumentales y cuentas bancarias, lo que les permitió su afloramiento mediante la adquisición de numerosos bienes inmuebles y fondos de inversión. El fiscal sostiene que para tal propósito, ambos contaron con la participación activa de sus parejas, Ana Korina Ulloa y Marisol Valera Ledo.


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España

(VIDEO TREMENDO) Están dejando MORIR a los ancianos en las residencias sin tratarlos: GOBIERNO RESPONSABLE

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Resulta estremecedor.

De hecho, son muchas cosas las que resultan estremecedoras en este artículo. Y quizá el vídeo sea la menos impresionante.

Piénsenlo: Las Fuerzas Sanitarias (pues ya conforman un ejército en guerra) siguen un protocolo establecido hace muchos años. Ese protocolo es durísimo, sí. Es horrible, también.

Pero en esta situación, ellos lo saben, ES necesario. Por duro y difícil que resulte.

AHORA BIEN:

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¿QUIEN y PORQUÉ ha permitido que lleguemos a esta situación?

El Gobierno de España y, por complicidad, los partidos políticos que forman y/o apoyan a dicho Gobierno. Esto es así de sencillo.

Cuando el Gobierno de una nación supuestamente moderna, “social”, como se les llena la boca a PSOE y PODEMOS, y que “protege” a su pueblo, ante todo los más débiles, en lo que a España respecta, estamos ante una MENTIRA de dimensiones colosales. Mentira y MIL VECES mentira.

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España a día de hoy ni es un estado “social” ni el Gobierno se preocupa de los más “débiles”.

A ver, señoras y caballeros. Los más débiles, hoy, ayer, mañana y siempre, son los niños y los ancianos. NO los liberados sindicales de CCOO y UGT. Esos de débiles no tienen nada. Si acaso, padecimientos de gota por exceso de marisco.

No sé si será porque estos especímenes del Gobierno carecen de familia, o es porque no han llegado a conocerla. No lo sé. Pero desde luego, preocupación por los ancianos, NINGUNA.

PERMITIR que lleguemos a una situación de desabastecimiento y de falta de infraestructuras que OBLIGUE al personal sanitario a tener que ABANDONAR y DEJAR MORIR a los ancianos es abominable.

Piénsenlo. Porque quizá no todos ustedes se contagien.

Lo que les garantizo, como hay Dios, es que, o se mueren ustedes antes, o no les queda otra que llegar a la ancianidad. Y, entonces…

COVID ANCIANOS


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España

“Los viejos deben Morir”. Holanda critica que España e Italia admitan a personas «demasiado viejas» en la UCI: «Nosotros no las atenderíamos»

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Frits Rosendaal es jefe de epidemiología clínica del Centro Médico de la Universidad de Leiden (Países Bajos). Rosendaal no ha dudado en criticar “la posición cultural” respecto a los ancianos de países como Italia y España, afectados con dureza por el coronavirus. Entre otras cuestiones, considera que la saturación de hospitales en nuestro país se debe a que “admiten a personas viejas en la UCI”.


Esto, en palabras del experto, ocurre de igual forma en Italia pues “la capacidad de las UCIs se gestiona de forma distinta. Ellos admiten a personas que nosotros no atenderíamos porque son demasiado viejas. Los ancianos tienen una posición muy diferente en la cultura italiana”.

Estas declaraciones se suman a las vertidas por el ministro de Finanzas de Países Bajos, Wopke Hoekstra que lanzó un ataque contra España e Italia por proponer un plan Marshall europeo que redujese el impacto del COVID-19.

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La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, se ha dirigido en Twitter al ministro holandés de Finanzas, Wopke Hoekstra, que ha acusado a algunos países de no haber ahorrado lo suficiente para hacer frente a la pandemia de coronavirus, recalcando que ante la pandemia todos los países corren «los mismos riesgos».

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«Estamos juntos en el mismo barco europeo. Hemos chocado contra un iceberg inesperado», dice González Laya en su mensaje, añadiendo que ahora «no hay tiempo para discusiones sobre supuestos pasajeros de primera o segunda clase».

Portugal responde a través de su primer ministro: António Costa

Costa ha tachado como “repugnante” el discurso del ministro holandés de finanzas… dónde pedía a través del diario De Volkskrant por qué países como Italia o España no han aprovechado los años de bonanza económica para poner sus cuentas en positivo y orden.

“Este discurso es repugnante en el marco de la Unión Europea. Es momento de que todo el mundo comprenda que no ha sido España la que creó el virus, ni ha sido España la que importó el virus. Este virus, nos golpea a todos por igual”, insistía Costa.

Portugal ya cuenta con más de 3.500 casos y 60 fallecidos. Este pais decretó el 19 de marzo el estado de emergencia para hacer frente a la pandemia, durante un periodo inicial de dos semanas.

El presidente de la República, Marceo Rebelo de Sousa, ha admitido que la renovación, en principio hasta el 16 de abril, está sobre la mesa en sus contactos con el primer ministro, António Costa, y el Parlamento.

«El análisis en el que se basará la decisión se hará teniendo en cuenta los resultados hasta comienzos de la próxima semana», ha declarado Rebelo.


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España

El atraco del Gobierno socialcomunista toma forma: El vicepresidente declara sus intenciones de intervenir los ahorros privados de todos los españoles

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La confiscación de depósitos de los ahorrantes puede convertirse en la política oficial de España para hacer frente a los gastos derivados de la gestión de la crisis del coronavirus.

Así al menos se desprende de las intenciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien ha defendido en Twitter el artículo 128 de la Constitución, que afirma que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Su mensaje reproduce íntegramente el primer punto del apartado de la Carta Magna, muy defendido por Unidas Podemos (UP) durante las últimas campañas electorales y desde que empezó la crisis del coronavirus.


El vicepresidente segundo ha adjuntado a su mensaje un vídeo en el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explica en una rueda de prensa telemática desde La Moncloa que «el Gobierno prioriza el interés general por encima del interés particular».

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La ministra ha comparecido este domingo después de que el Gobierno decidiera ayer endurecer el estado de alarma cerrando la actividad no esencial hasta el 9 de abril. «Vamos a salir de esta crisis apoyando, y con más derechos, a los trabajadores, con un tejido productivo más fuerte y cuidando a nuestro pueblo«, asegura Díaz en el vídeo que ha compartido Iglesias junto al 128 de la Constitución.

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El pasado 15 de marzo, antes de que entrara en vigor el estado de alarma, Pablo Echenique también defendió en redes sociales el artículo 128. Concretamente, señaló el apartado 2 que apunta a intervenir la economía y la empresa «si así lo exigiese el interés general».

Sin ninguna explicación, el portavoz en el Congreso de UP escribió entonces «128.2» en Twitter. Fuentes de UP explicaron que era una referencia a decretar el estado de alarma y a intervenir en algunos sectores para paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria.

«Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general», reza el punto 2 del artículo 128.


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