El Ministerio de Justicia pide a la Fiscalía que investigue a las agencias de gestación subrogada - ALERTA NACIONAL
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El Ministerio de Justicia pide a la Fiscalía que investigue a las agencias de gestación subrogada

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El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de que facilitan la gestación subrogada (o vientres de alquiler) que operan en España.

Según recuerda este lunes el Ministerio en un comunicado, la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países».

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.

La legislación española declara «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero».

Por ello, son numerosas las familias que acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.

Polémica

Desde el Gobierno, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría «a las mafias» que trafican con los vientres de las mujeres «aquí y dónde sea», mientras que las titulares de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la compararon con «la compra venta de niños».

El debate sobre su posible legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que en la gestación subrogada «solo hay amor, vida, libertad y respeto» y que recurrir a los vientres de alquiler es «un derecho».

Ciudadanos rechaza que se criminalice a las familias que recurren a esté método, por el que llegan a España unos mil niños cada año en España y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.

El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.

En la elaboración de este documento sobre los «vientres de alquiler» participaba la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo, quien comentó a Efe que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España «se penaliza el tráfico de personas».


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Tribunales

El Supremo confirma la denegación del indulto a un guardia civil condenado por homicidio en legítima defensa

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La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado un recurso presentado por la defensa de un guardia civil que fue condenado en 2014 a cinco años de cárcel por un delito de homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa.

La decisión del Supremo supone mantener la decisión del Consejo de Ministros que en abril de 2019 denegó a su vez el indulto solicitado por el agente, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Asturias a la pena de cinco años de prisión y a la inhabilitación especial para el empleo público de guardia civil durante el tiempo de la condena.

A parte de esta pena privativa de libertad, el agente deberá indemnizar a la viuda de la víctima con 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil, y con 45.000 euros –a repartir en partes iguales– a los siete hijos del fallecido. La condena llegó después de que el agente, estando de servicio en septiembre de 2009 en Soto de Luiña (Asturias) respondiera disparando su arma reglamentaria al ataque de una persona que presentaba síntomas de embriaguez y que le increpó blandiendo una pala dentada. Los seis disparos que efectuó el guardia civil provocaron la muerte del hombre.

El ingreso en prisión del agente fue paralizada hasta la fecha de resolución del expediente de indulto solicitado, y la defensa del condenado presentó para tal fin además de 20.642 firmas de apoyo al indulto, hasta 13 documentos con informes de conducta tanto del Jefe de Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Oviedo como del jefe de Información y Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pravia, además de una felicitación del Ministerio del Interior en relación a servicios extraordinarios.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo señala que en el caso del guardia civil se cumplieron todos los trámites formales previos a la decisión del Consejo de Ministros, y no encuentra ninguna tacha formal. Tras conocerse la sentencia, el condenado deberá ahora sí cumplir la condena de cinco años de prisión por el homicidio con eximente incompleta de legítima defensa.


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Tribunales

La Fiscalía pide imputar al defensor del pueblo catalán por viajar gratis a la final de la Champions

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La Fiscalía ha pedido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigue al Sìndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, por supuesto delito de cohecho pasivo impropio por aceptar una invitación a la final de la Liga de Campeones de fútbol de 2015 en Berlín Alemania. Así lo plantea la Fiscalía Anticorrupción en un escrito presentado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que remita la correspondiente exposición razonada al TSJC.

La Fiscalía explica que “a la vista de los informes de la Guardia Civil de 13 de marzo y 1 de agosto de 2019 interesa que se solicite del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que valore su competencia para conocer de la investigación de los hechos”.

Explica que en junio de 2015 Jordi Soler, investigado en la Audiencia Nacional en el caso de las mordidas del 3 por ciento, “decidió invitar a diversas personalidades del ámbito del partido político CDC o de instituciones públicas de Cataluña, a la final de la Liga de campeones de la UEFA, que se celebraba en Berlín”. El escrito, que adelanta este viernes El Periódico, añade que “consta en el informe de la Guardia Civil de 13 de marzo de 2019 la información localizada en el dispositivo de telefonía móvil vinculado al investigado Jordi Soler, que permite concluir la existencia de hechos de relevancia penal imputables a Rafael, quien ocupa desde el año 2004 el cargo de Sindic de Greuges”.

El fiscal explica que finalmente Ribó realizó con su hija el viaje pagado por Jordi Soler, que incluyó el alquiler de un avión y una furgoneta para los desplazamientos desde Barcelona a Berlín y dentro de Berlín, donde se disputó la final de la Champions League el 6 de junio de 2015 entre el Fútbol Club Barcelona y la Juventus de Turín. Añade que “el viaje se realizó, según el mismo informe de la Guardia Civil, con un coste total de 39.900 euros, facturado a nombre de “Electromecánica Soler, S. L.”, “Grup Soler Constructora, S. L.” y “Soler Global Service, S. L.”.

La Fiscalía explica en su escrito que el artículo 422 del Código Penal castigar lo que se denomina “cohecho pasivo impropio”, que sanciona al cargo público que simplemente acepta un regalo entregado en consideración a su posición. Sobre este delito para el fiscal es muy significativa la resolución del Tribunal Supremo que revocó el archivo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la pieza de la llamada “trama Gürtel” relativa al expresidente valenciano Francisco Camps, acordando la continuación del procedimiento respecto al mismo.

Recuerda que en la misma el alto tribunal señaló que “la entrega de unos trajes tiene la consideración de dádiva a los efectos del delito de cohecho”, pues “se realiza en consideración a la condición del funcionario o cargo público del que los recibe, de tal forma que, sin esa condición, el regalo no se hubiera realizado”. El fiscal explica que “el bien jurídico protegido en todas las modalidades del delito de cohecho es el interés de que los funcionarios públicos no incurran en corrupción, es decir, evitar que ejerciten sus funciones en atención a las recompensas solicitadas, entregadas u ofrecidas, con la finalidad general de preservar la objetividad de la Administración pública”. Precisa que en este caso “Ribó no solo aceptó la invitación al viaje en un vuelo pagado por Jordi Soler sino que además tomó la iniciativa de solicitar que dicho empresario pagara también el viaje a Berlín de su hija”. Además, “dentro de las funciones y actividades que realiza Soler ninguna tiene relación directa con invitar a personas a viajar a ver un partido fútbol, es decir, el pago del viaje supone un coste añadido a su actividad empresarial”.

El fiscal destaca que “el propio Soler lo considera como un viaje comercial y trata de que nadie sepa de él, según se refleja en un mensaje”.


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Tribunales

“Manual del comunista”: Podemos e IU se querellan contra Hermann Tertsch por incitar a una “rebelión armada”

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Podemos e IU interpondrán una querella este viernes contra el eurodiputado y dirigente de Vox Hermann Tertsch por considerar que incitó a los militares a una “rebelión armada” a través de un mensaje en Twitter que tuvo, según estas formaciones, una amplia repercusión antes de la investidura de Pedro Sánchez.

Según ha informado IU en una nota de prensa, la querella se interpondrá ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por este mensaje publicado por Tertsch el pasado 2 de enero: “En estos días parece que todos los cómplices de Zapatero desde el etarra Otegi a los comunistas Iglesias y Garzón se esfuerzan por hacer inevitable la aplicación del Artículo 8 para que las Fuerzas Armadas interrumpan un obvio proceso golpista de voladura de España como nación”.

Ambas formaciones entienden que ese mensaje supone una provocación para la rebelión armada -artículo 477 del Código Penal-, una amenaza al Gobierno de la nación -artículo 504- y un delito de odio al promover de forma directa hostilidad y violencia por razón de ideología -artículo 510-.

Podemos e Izquierda Unida reseñan además que Tertsch “viene participando de forma notoria y ostensible en la generación de un clima de confrontación contra el legítimo Gobierno democráticamente elegido por el Congreso de los Diputados”.

El escrito que se registrará este viernes ante el Supremo destaca que Tertsch “reincidió en su conducta” al lanzar otro mensaje en el que llamaba a las fuerzas armadas a activar su fuerza “en contraposición a la acción de impulso ejecutivo y legislativo del Gobierno y de las Cortes Generales”, según consta en la nota de prensa.

IU y Podemos, además de solicitar al Tribunal Supremo personarse como acusación popular, reclaman entre otras diligencias la solicitud al presidente del Parlamento Europeo del suplicatorio para investigar al querellado, por tratarse de un aforado.

Tras conocer que ambas formaciones se querellarán contra el dirigente de Vox, su presidente, Santiago Abascal, ha asegurado que esa querella responde al “manual del comunista”. “Pisotea las democracias y acusan de golpista a quien invoca la ley y la Constitución”, ha afirmado Abascal a través de Twitter.

“Vemos con orgullo que nuestro eurodiputado Hermann Tertsch les pone muy nerviosos, sobre todo cuando denuncia los crímenes del socialismo en todo el mundo”, escribe Santiago Abascal.


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