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Tribunales

El Ministerio de Justicia pide a la Fiscalía que investigue a las agencias de gestación subrogada

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El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de que facilitan la gestación subrogada (o vientres de alquiler) que operan en España.

Según recuerda este lunes el Ministerio en un comunicado, la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países».

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.

La legislación española declara «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero».

Por ello, son numerosas las familias que acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.

Polémica

Desde el Gobierno, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría «a las mafias» que trafican con los vientres de las mujeres «aquí y dónde sea», mientras que las titulares de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la compararon con «la compra venta de niños».

El debate sobre su posible legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que en la gestación subrogada «solo hay amor, vida, libertad y respeto» y que recurrir a los vientres de alquiler es «un derecho».

Ciudadanos rechaza que se criminalice a las familias que recurren a esté método, por el que llegan a España unos mil niños cada año en España y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.

El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.

En la elaboración de este documento sobre los «vientres de alquiler» participaba la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo, quien comentó a Efe que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España «se penaliza el tráfico de personas».

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Tribunales

Vox denunciará ante la Fiscalía al Open Arms por “favorecer la inmigración ilegal”

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Vox presentará este miércoles ante la Fiscalía una denuncia contra el Open Arms por favorecer la inmigración ilegal y por el uso fraudulento de las leyes del mar. Así lo ha anunciado el presidente de VOX, Santiago Abascal, en su perfil de Twitter.

“Disfrazando sus actos como rescates, la labor de esta ONG se hace cómplice de las mafias internacionales del tráfico de personas”, ha escrito Abascal en la red social.

El anuncio de Vox se produce solo unas horas después de que el barco de la organización haya atracado en puerto de Lampedusa para desembarcar al centenar de migrantes que permanecían a bordo desde principios de agosto.

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Tribunales

Absuelta una mujer acusada de abusar de un niño de 13 años porque no se probó que supiera su edad

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El Tribunal Supremo ha confirmado la polémica absolución de una mujer que había sido condenada por la Audiencia de Gerona a 10 años de prisión por abusos sexuales a un chico de 13 años, ya que no se probó adecuadamente que la mujer supiera la edad del menor.

La mujer había usado varias identidades falsas en Facebook «con la intención de satisfacer sus deseos sexuales» y había contactado con varios menores.

Según la Audiencia de Gerona, abusó de varios de ellos, pero sólo en uno de los casos se acreditó que lo hizo siendo consciente de que la víctima era menor de 16, edad mínima para que el menor pueda prestar un consentimiento jurídicamente válido en materia sexual.

Fue condenada así por un delito de abusos sexuales continuados, pero recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y fue absuelta, sentencia que ahora ratifica el Supremo.

El motivo: la Audiencia se basó en un vídeo con imágenes del menor que no había sido admitido como prueba para el juicio oral, por lo que no podía ser utilizado en la sentencia.

Era la exploración del menor grabada durante la instrucción del caso. Viendo ese vídeo, el tribunal llegó a la conclusión de que la víctima era «un niño y no un adolescente, una persona que a todas luces no tiene 16 años» e infería que la acusada «no podía desconocer en modo alguno que no tenía todavía los 16 años de edad».

El vídeo no había sido admitido como prueba porque los propios menores iban a declarar en el juicio oral, pero los jueces acudieron a él para sostener la condena, sin que la defensa de la mujer pudiera alegar nada.

Excluido el vídeo, subrayó el TSJC y ratifica ahora el Supremo, «no quedaban otros elementos probatorios que permitieran sostener que la acusada hubiese sabido la edad del menor, inferior a los 16 años».

Los jueces «pudieron haber tomado en consideración otros aspectos probatorios, como las declaraciones testificales de las compañeras de piso de la acusada, pero el caso es que se decidieron por rescatar tal grabación para obtener la meritada convicción judicial», se recalca en la sentencia.

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Tribunales

Investigan a tres menores por agredir sexualmente a un niño de 9 años en Valencia

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Tres niños de once, trece y catorce años agredieron sexualmente a otro menor de nueve en una urbanización de un pueblo de la comarca valenciana de La Ribera. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de junio, pero fueron avanzados ayer por el diario Levante.

El juez de menores de la capital del Turia ha ordenado el ingreso del mayor de los investigados en un centro en régimen cerrado y terapéutico por un periodo de seis meses. Los otros dos presuntos autores de la agresión son inimputables al no tener 14 años. El caso fue destapado por un familiar de la víctima, que se enteró que el pequeño de 9 años había practicado felaciones a otros menores de la urbanización.

La agresión ocurrió hace dos meses en una urbanización de la Ribera, cuando el grupo de tres menores instó a otro, más pequeño que ellos con nueve años, a que les hiciera felaciones a todos ellos. La idea se le había ocurrido al adolescente de 13 años, quién grabó las imágenes de las agresiones sexuales, según declararon posteriormente los menores.

No obstante, al ser menores de 14 años, la Fiscalía de Menores de Valencia no ha podido solicitar medidas de internamiento contra el presunto instigador, inimputable con las leyes actuales. En la misma situación está otro de los autores, de 11 años, que fue identificado por la Guardia Civil, pero que también ha quedado en libertad sin medida cautelar.

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