Inestabilidad total - ALERTA NACIONAL
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Cartas del Director

Inestabilidad total

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No ha podido ser. El año no ha terminado con la foto de Pedro Sánchez inaugurando su Gobierno de socialistas y podemitas, y apoyado por independentistas y nacionalistas. Habría sido el resumen perfecto de un 2019 que ha visto cómo el antiguo sistema de partidos se desplomaba –con estrépito, en cinco elecciones- sin que aún se vislumbre qué lo sustituirá.

A menos, eso sí, que aceptemos que por la izquierda no queda más horizonte que un socialismo débil, apoyado en unos partidos satélite empeñados en cambiar profundamente el régimen (nacionalistas y podemitas) o hacerlo saltar por los aires (independentistas). Este es el resultado, al menos por el momento, de la podemización en la que el PSOE acabó viendo su tabla de salvación gracias a Sánchez.

Ante la crisis de lo que iba quedando de la socialdemocracia, ha sido la línea del socialismo español. No lo ha devuelto a la hegemonía ni ha acabado con Unidas Podemos, como en algún momento pareció que podía ocurrir. Incluso hizo retroceder al PSOE (tres diputados menos y 720.934 votos perdidos entre abril y noviembre). De nada sirvieron la aplicación a machamartillo de la Memoria Histórica con la exhumación de los restos de Franco, ni las promesas y los gestos demagógicos, ni la pose entre obamita y populista característica de lo que en su día fue el «Gobierno bonito». Por el momento, sin embargo, le permite salvar los muebles. A cambio de gobernar con quienes tienen en la alianza con el PSOE un interés meramente táctico.

En la derecha, por su parte, se consolidan dos grandes fuerzas. El experimento centrista de Ciudadanos no ha pasado de la condición de hipótesis, ejemplo de inconsistencia tras el abandono de Cataluña, su raíz y la fuente de su energía. Sale adelante el Partido Popular, puesto en riesgo por la herencia rajoyista, aunque por ahora no parece tener un proyecto cultural e ideológico propio más allá de impedir la llegada al poder del PSOE y sus aliados (es importante, pero no basta). La tarea se le complica por el avance de VOX, que entre abril y mayo pareció alcanzar su límite. Ha sido la respuesta a la falta de discurso del PP y al levantamiento de los nacionalistas catalanes. Lo que fue un movimiento cultural está en trance de convertirse en un partido moderno y profesionalizado, con la tarea pendiente de integrar los elementos que lo componen en una plataforma ideológica consistente. Por ahora, la división de la derecha parece consolidada. Es una de las grandes novedades del año.

Ante la negativa socialista a tantear siquiera un pacto de las fuerzas nacionales, los nacionalistas han seguido llevando la iniciativa. En el País Vasco han creado un mundo aparte, hegemonizado hasta sus últimas consecuencias por el PNV. Y en Cataluña han conseguido cronificar el enfrentamiento, que se nutre de sí mismo, de la judicialización de la política y de la buena acogida que recibe en el progresismo español. También vuelve a abrirse paso la tentación cantonalista. Los progresistas españoles permanecen fieles, después de todo lo ocurrido, a su rechazo insalvable a la nación y a la identidad nacional españolas.

En la revuelta situación de nuestro país aparecen tendencias similares a las del resto del mundo: la representación política se enfrenta al reto de encauzar el auge de la diversidad identitaria y la instalación de la sociedad en una precariedad cada vez mayor, fruto indeseable, pero difícil de soslayar, de la inédita autonomía en la que hemos empezado a vivir (de ahí la brecha política generacional). La prosperidad –con una brillante salida de la crisis económica– no trae estabilidad. Tampoco el hecho de que quienes ponen en cuestión la democracia liberal y la economía de mercado no tienen una alternativa. En esta guerra de desgaste, la tentación de la ruptura se abre paso a costa de la cultura de la reforma. Todo se politiza. Al derrumbarse las antiguas barreras entre lo público y lo privado, quedan las instituciones. Sometidas a tensiones cada vez más fuertes, les resultará difícil sobrevivir solas. Por ahora lo van consiguiendo.


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Celaá quiere expropiar a los padres la responsabilidad de educar a sus hijos

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Los niños no son propiedad de los padres ha dicho la ministra de Educación tras el Consejo de Ministros, que fue ayer el último de los Consejos de Ministros de los viernes. Y lleva razón la ministra, seguramente no hay algo más evidente para quien trae a un niño al mundo, para quien lo cría y lo ve crecer que los niños no son de los padres. Pero mucho menos del Estado. Los padres tienen eso sí, el gusto y la responsabilidad de educarlos como les parece mejor para ellos. Y ese principio tan sensato está reconocido en nuestra Constitución. Si la ministra de Educación ha querido expropiar a los padres de su gusto y de su responsabilidad, la ministra de Igualdad, Irene Montero, directamente ha señalado que hay niños dominados por padres homófobos que tienen que ser liberados por el Estado.

Menos mal que tenemos un Estado progresista que libera a los niños de sus padres. Hay que librar la lucha de clases en el seno de la familia. Estas declaraciones de las dos ministras han sido la reacción al acuerdo al que han llegado Vox, el PP y Ciudadanos en Murcia para poner en marcha el pin parental. El Gobierno de Sánchez va a hacer un requerimiento al Gobierno de Murcia y va a llevar el asunto a los tribunales. El caso del pin parental es un caso muy interesante y nada sencillo sobre el derecho del Estado a fijar los contenidos de la enseñanza que reciben los niños y el derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos, de los que no son los dueños pero sí los responsables. Estamos hablando de los límites de los derechos y las fronteras siempre son viscosas en este campo. El pin parental que ha conseguido sacar adelante Vox consiste en que los padres autoricen o no autoricen cualquier charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o las cuestiones LGTBI. Estamos hablando de actividades complementarias, impartidas por personas ajenas al centro que no están dentro del currículum. Por parte de Vox, Espinosa de los Monteros ha argumentado que tiene derecho a autorizar o no autorizar estas charlas.

Hemos llegado a esta polémica porque los contenidos educativos se han convertido en una trinchera ideológica. Mal asunto. Llevamos décadas sin un acuerdo amplio sobre qué y cómo deben estudiar nuestros hijos. La Administración, el Estado, tiene derecho a establecer cuáles son los contenidos de los programas de enseñanza que son obligatorios. Lo ideal es que esos contenidos estén consensuados y sean para todos. Pero los padres también tienen derecho a que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El conflicto se planteó en la época de Zapatero porque había una serie de padres que consideraban que la asignatura de Educación para la Ciudadanía vulneraba su libertad y debía asistirles la objección de conciencia. El asunto llegó al Supremo, que, con una sentencia muy controvertida, aseguró que no había derecho a la objección de conciencia porque la materia de esa asignatura no podía vulnerar la libertad de conciencia de los padres. Ahora, con el pin parental, no estamos en el mismo caso porque no se discute sobre un asignatura que esté en el plan de estudios impartida por profesores. Aquí estamos hablando de una enseñanza que no está incluida en el plan de estudios y que no imparten los profesores. Ya veremos qué dicen los tribunales, pero parece lógico que en una sociedad plural, los contenidos que no estén en el programa sean autorizados por los padres. Seguro que hay padres que quieren decidir sobre la asistencia de sus hijos a una charla extraescolar sobre el genocidio de Stalin provocado por la deskulakización. En una sociedad como la nuestra, tan poco dada a los consensos, incluso en aquellos contenidos que están en el programa, convendría tener prevista una fórmula para que la libertad de conciencia de los padres pueda ejercerse.

Democracia no es solo mayoría.


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¿Un gobierno o una agencia de colocación?

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Deben quedar aún unos días para que se conozca en su totalidad la composición del nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y ya vamos por cuatro vicepresidencias. El espectáculo que están dando uno y otro partido, anunciando por su cuenta (y sin informar al socio) de cuáles serán sus piezas en el Consejo de Ministros y las presuntas competencias que asumirá cada formación, refleja la artificialidad que ha guiado esta alianza «progresista». Sobre su eficacia solo caben malos pronósticos una vez exaltadas por los firmantes del pacto las líneas generales de su acción de Gobierno, dirigidas hacia un propósito sectario en el manejo de las prioridades políticas y dinamitador de las reformas puestas en marcha durante legislatura y media por el Ejecutivo del PP. Lo que sí está claro, habida cuenta del gigantismo de la nueva estructura gubernamental, es que a los españoles les saldrá mucho más caro dar acomodo a las aspiraciones de Sánchez e Iglesias, pues conllevará un incremento de altos cargos, asesores y personal de apoyo a tanta vicepresidencia y tanto ministerio.

Estas primeras horas tras la investidura de Sánchez reflejan también que la desconfianza entre ambas facciones no tendrá fácil arreglo, pues La Moncloa se ha visto obligada a «contrarrestar» los anuncios unilaterales de los ministros de Podemos comunicando, sin avisar a Iglesias, que habrá una vicepresidencia socialista más de las pactadas. Es la respuesta de Sánchez para restar valor a la asumida por Podemos. Se trata de dar acomodo a cuantos más altos cargos posibles, desdoblando departamentos, direcciones generales y lo que haga falta en una desquiciada maniobra de «yo pinto mucho más que tú» en la que el interés general es secundario, como ya apuntaba la elección de los socios que sostienen esta aventura política personalista, tóxicos para la unidad de España.


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Los separatistas pasan al cobro

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Si a ERC le importaba «un comino» la gobernabilidad de España, a Pedro Sánchez le han desaparecido las prisas por lograrla. Ya no urge combatir la pobreza extrema que acecha a once millones de españoles, ni rescatar de la precariedad a millones de trabajadores explotados, ni expulsar el heteropatriarcado de la sociedad. El ya presidente del Gobierno con plenas funciones ha aplazado la formación de su nuevo Ejecutivo hasta la semana que viene, dejando en ridículo a su futuro vicepresidente, Pablo Iglesias, quien ya había dado a conocer, con ansiedad apremiante, los nombres de su jefe de Gabinete y de una secretaria de Estado, entre otros cargos de la «pedrea» gubernamental. La Moncloa se le resiste unos días más al líder podemita, quien así recibe el mensaje de que, a pesar de los abrazos en el Congreso, Sánchez quiere unos días de liderazgo a solas, sin compartir fotografía con su vicepresidente comunista.

En realidad, la meca de La Moncloa para Sánchez lleva aparejada para España la formación de casi cuatro estructuras de Gobierno, la del PSOE, la de Podemos, la propia de La Moncloa y, como novedad, una dedicada exclusivamente a hacer de árbitro en esa tricefalia, que aparece en el último acuerdo de funcionamiento de la coalición. Y con tantas estructuras en lo que se vaticina un berenjenal administrativo, el acuerdo limita a los ministros hasta la libertad de expresión de los asuntos ajenos a su departamento mientras no sean aprobados por el Consejo de Ministros. No se fían los unos de los otros, piedra angular de un Gobierno nacido para satisfacer promociones personales pero pensando muy microscópicamente en España. Poco han tardado además en pasar al cobro los socios separatistas a los que Sánchez debe su nueva estancia en La Moncloa. ERC le reclamó ayer que el Gobierno se retire de todas las causas judiciales que se siguen contra el separatismo cuando este vulnera la ley y que en la infame «mesa bilateral» se trate la autodeterminación. De paso vino a discrepar la formación republicana con Carmen Calvo sobre si el pacto alcanza la negociación de presupuestos. Nueva amenaza. Tiene razón Don Felipe cuando ayer, en la promesa del cargo como presidente del Gobierno de Sánchez, afirmó que el acto fue «rápido, simple y sin dolor… El dolor viene después».

Sánchez parece que ya no tiene prisa, pero los separatistas sí, porque el líder socialista, además de embridar el unilateralismo de su socio comunista que ya se ha puesto a alardear de sus ministros, no representa para los secesionistas más que un comodín de su estrategia de impunidad y de secesionismo, de la que quieren obtener beneficios rápidamente, antes de que la legislatura implosione por su falta de viabilidad. A los separatistas también Sánchez les importa «un comino»; sólo les interesa lo que les valga y lo van a demostrar diariamente.


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