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Economía

Las medidas económicas contra el coronavirus que ha tomado el mundo y que no ha tomado España

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Vivimos fechas inciertas. Nos enfrentamos a un enemigo silencioso, que no acumula bajas y es invisible. Un enemigo común que está afectando a todos los rincones de la tierra y que no hace distinciones entre las diferentes clases sociales. Estamos en guerra contra el SARS-CoV-2 (nombre técnico del temido coronavirus), y como en todas las guerras, la economía debe adecuarse a los tiempos convulsos que atravesamos. La emergencia sanitaria ha influido de forma directa en la economía dejando a entrever el comienzo de una nueva crisis económica. Por ello, las medidas que están adoptando los gobiernos son básicas.

Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un ambicioso paquete de medidas para paliar los efectos económicos derivados de la crisis del coronavirus. Además de destinar fondos a la investigación científica con el fin de encontrar una vacuna para el COVID-19, las medidas adoptadas por el Gobierno se resumen en la movilización de 200.000 millones de euros, 117.000 de ellos públicos, lo que supone un 20% del PIB español.

Particulares

Las partidas incluyen 600 millones que irán destinados a las prestaciones sociales básicas de las Comunidades Autónomas para amortiguar el impacto de la crisis en aquellos que más puedan sentirlo. Sánchez también anunció que aquellos que sufran un ERTE tendrán derecho a una prestación incluso aunque no cumplan los requisitos habituales del sistema. Asimismo, los autónomos que demuestren haber sufrido pérdidas importantes debido al descenso de la actividad también podrán acceder a una ayuda y no pagarán las cuotas a la Seguridad Social.

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Empresas

Para las empresas, el Gobierno pondrá a su disposición liquidez por valor de 100.000 millones. Además, aquellas compañías que se decanten por aplicar un ERTE a sus trabajadores en lugar de despedirles quedarán exentos de pagar las cuotas a la Seguridad Social que habitualmente se contemplan en estos casos. Por último, el Gobierno blindará las empresas españolas estratégicas para impedir que entidades o fondos de inversión extranjeros puedan hacerse con ellas durante esta situación de inestabilidad.

Medidas adoptadas en otros países

Estados Unidos

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este martes un enorme paquete de estímulo fiscal de cerca de 1 billón de dólares, en el que se incluye el envío de “cheques” con efectivo a los ciudadanos “de manera inmediata”, para contener el impacto económico del coronavirus.

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“Estamos estudiando enviar cheques a los estadounidenses de manera inmediata (…) Los estadounidenses necesitan efectivo ahora”, aseguró Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EE.UU., en una rueda de prensa en la Casa Blanca, al delinear algunas de las propuestas del multimillonario plan de estímulo fiscal que presentó al Congreso.

Naciones de nuestro entorno han puesto en marcha planes de contingencia similares al de España para frenar en lo posible las consecuencias económicas de la crisis. No obstante, en algunos de ellos, a pesar de estar gobernados por Ejecutivos de corte liberal, se han tomado medidas más decididas en el terreno social.

¿Qué medidas económicas han tomado otros países por el coronavirus en comparación a las de España?

Italia

Italia, primer foco del virus en Europa, fue la primera en tomar medidas. En primer lugar, el país transalpino ha aprobado una inyección de 3.500 millones de euros para apuntalar su sistema sanitario, desbordado por los más de 30.000 casos de contagio. Además, ha aprobado una línea de gasto de 35.000 millones destinada a apoyar a familias y empresas, con una especial atención al empleo. A esto se le añade una medida contundente: Italia ha prohibido los despidos durante los dos próximos meses.

En cuanto a los autónomos, el Gobierno italiano ha hecho un fuerte compromiso con ellos y este mes cobrarán una ayuda de 600 euros. También se han tomado medidas como la suspensión del pago de las hipotecas no solo a los que pierdan su empleo o a los autónomos que cesen su actividad, como en el caso de España, sino que la medida se ha abierto a quienes sufran un perjuicio significativo de sus ingresos.

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Las empresas podrán contar con la exención del abono de distintos impuestos y cuotas para las empresas. Por último, se ha anunciado que el Ejecutivo italiano prestará una atención particular a un sector clave para su economía, como para la española, el turismo.

Francia

El país galo, al igual que España, ha desplegado un importante montante económico para hacer frente a la crisis. En concreto, el Elíseo ha anunciado la movilización de 300.000 millones de euros (el equivalente al 12,4% del PIB francés) que irán destinados a las familias y a las empresas.

El Gobierno de Macron suprimirá ciertos impuestos y eximirá del pago de cotizaciones sociales a las empresas. También se hará cargo de la deuda que las empresas hayan podido contraer con instituciones bancarias. Por último, las empresas no tendrán que pagar el agua, la luz y el gas.

Reino Unido

Si el ‘cabinet’ de Boris Johnson sorprendió por no tomar medidas demasiado severas en lo sanitario, desde luego los tories se han puesto más serios con el posible perjuicio económico de esta crisis. El Gobierno desplegará más de 360.000 millones de euros, el equivalente al 15% del PIB británico, una proporción cercana a la de España.

Johnson pretende así dar liquidez a las empresas, aprobando además un paquete de medidas específico para las pymes. A esto se suman otras dos decisiones: la suspensión de impuestos en ciertos sectores estratégicos, como el turismo, y el pago por parte del Estado de los sueldos de los trabajadores que decidan permanecer en sus hogares.

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Alemania

Alemania tiene una cifra similar de contagios a la de España, pero el número de muertos es mucho menor. El país germano también se endeudará y podrá llegar a movilizar unos 500.000 millones de euros, aunque de momento tratará de aplacar la crisis con solo una parte de ese dinero: 20.000 millones.

En lo social, el Gobierno de Merkel asistirá a quienes vean menguados sus ingresos con ayudas directas. Para las empresas, la medida estrella es que estas puedan retrasar el pago de sus impuestos al Estado.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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