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Economía

¡MUY GRAVE! El Gobierno estaría dispuesto a congelar las cuentas bancarias de los españoles, según fuentes vinculadas al Gobierno de EEUU

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Los españoles ven con pánico el futuro económico que les aguarda, sin un solo indicador que alimente un átomo de optimismo. Las perspectivas serían incluso peores si nos atenemos a las informaciones de fuentes bien informadas relacionadas con el Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo a estas fuentes, se teme que ante la situación que va a provocar en España la falta de recaudación en Hacienda, así como los problemas de financiación en la Unión Europea, el Gobierno español estaría dispuesto a congelar las cuentas de los españoles, permitiéndoles que puedan mover cada día una pequeña cantidad de dinero, aún por determinar.

Si se confirmase, sin duda estaríamos ante la mayor crisis financiera y también ante el mayor atropello de los derechos fundamentales de los españoles. La propiedad privada se subordinaría al artículo 132 de la Constitución, según el cual  toda la riqueza nacional está supeditada al interés general . En este caso al interés particular de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias.

Un estado de corte totalitario como antesala del ‘corralito’

 

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“Las derivas colectivistas del Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias van creciendo a medida que se alarga el confinamiento de los españoles. Ambos, con la excusa del Covid-19, han conseguido secuestrar a una nación con un estado de alarma inconstitucional, dominar los resortes de la soberanía popular con el cierre casi total del Parlamento, poner a sus milicias callejeras frente a los pacíficos manifestantes para amedrentarlos mientras la policía les censura las redes sociales, han instaurado la ‘paguita’ a modo de cartilla de racionamiento para premiar a los mansos y afines, pretenden la paralización de la justicia, la mordaza a la prensa y a la oposición,  el control de los movimientos de los ciudadanos por medio de sus terminales móviles, la expropiación de materias primas y ahora no anuncian sin disimulo alguno la confiscación del superávit alcanzado durante el pasado ejercicio por las corporaciones locales que  alcanzó los 5.000 millones de euros, una cifra que supone aproximadamente el 4% del presupuesto manejado por las Administraciones locales», escribió recientemente el jurista Rodríguez de Brujón.

Advirtió que el temido «corralito» ya lo intenta aplicar el Gobierno a los ayuntamientos. «No les quepa duda que tras la amenaza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su intervención en el Congreso de los Diputados, para que las administraciones locales aporten el superávit conseguido en el año 2019 “al gran pacto por la reconstrucción”, no se esconde más que el ‘corralito’ a los ayuntamientos para evitar que, en cumplimiento de la ley, devuelvan ese dinero a las entidades financieras para rebajar anticipadamente la deuda contraída, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o utilicen ese dinero en cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos afectados por la incompetencia de este gobierno, como han propuesto varios alcaldes de ciudades importantes españolas».

Denunció también que la ministra quiere expropiar ese dinero «para poderlo destinar a la implantación en la sociedad española de la agenda ideológica marxista de Iglesias, ya que cuando Sánchez solicite el rescate de España por parte de sus socios europeos, estos no le van a prestar fondos sin poner duras condiciones y solamente podrá destinarlos para cubrir necesidades tasadas y con reformas muy austeras que no le van a permitir desviarlo para gastos improductivos».

Y alertó a continuación: «Detrás se esconde, no sólo secuestrar los fondos del superávit de los ayuntamientos, sino que cuando dilapide pródigamente esos fondos, expropiará los ahorros de los españoles que obran guardados en los bancos. El avance del comunismo no ha hecho más que empezar y nuestros ahorros peligran como no han peligrado nunca. Pablo Iglesias y el silencio cómplice de Sánchez ya desataron el nerviosismo de los españoles tras una rueda de prensa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando Pablo Iglesias publicó en su cuenta de Twitter el artículo 128 de la Constitución Española: ‘Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general’».

«A él le importa muy poco que dicho artículo constitucional, determine que el interés general está subordinado a la economía de mercado, no al comunismo ni a la colectivización», añadió.

Para Rodríguez de Brujón, «la irresponsabilidad de un personaje que premedita todo lo que dice, como Iglesias, y la de una ministra iletrada, va a llevar a los españoles a tener la tentación, de momento, de sacar todo su dinero de los bancos para evitar que se produzca una situación como la que vivió Grecia en 2015».

Recordó en ese sentido que el país heleno inició el ‘corralito’ en junio de 2015, lo que supuso limitar a 60 euros diarios el dinero que cada ciudadano podía retirar del banco, a la vez que se prohibieron las transferencias bancarias al extranjero. Esta medida generó tales colas en los cajeros que a las pocas semanas fue sustituida por un límite semanal de 420 euros, que al menos permitía sacarlo todo de una vez. En estos años, los controles se han ido relajando gradualmente a medida que la economía griega se estabilizaba.

«La demagogia de Iglesias nos puede llevar, también a una situación como la de Argentina, con su ‘corralito’ de hace 15 años. La pesadilla económica del 3 de diciembre de 2001, comenzó cuando Argentina se enfrentó a un ‘corralito’ decretado por el presidente izquierdista Fernando de la Rúa.  Este individuo no era consciente que con su actuación acuñó un término que ahora causa pavor a los españoles y que tiene fama mundial: el ‘corralito’. Lo bueno es que De la Rúa huyó en helicóptero. ¿Huirán en Falcon Sánchez e Iglesias? A cualquier economista con tan solo escuchar los que pretenden los miembros del ejecutivo, le puede provocar escalofríos. A Sánchez, ‘Cum Fraude’, presunto economista, no le causa escalofrió alguno. Las intenciones de la ministra de Hacienda y del vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, no han hecho más que sacar a relucir la ideología comunista del gobierno: ‘¡Exprópiese!’», remachó el experto jurista.


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El primer ministro polaco acusa a las Big Tech de comportarse como regímenes totalitarios y censores. Y sabe de lo que habla

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«DURANTE CERCA DE 50 AÑOS VIVIMOS EN UN PAÍS EN EL QUE SE PRACTICABA LA CENSURA»

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki ha denunciado contundentemente la censura de las Big Tech, tras la reciente expulsión del presidente Donald Trump y otras personalidades relevantes por parte de todos los gigantes de las redes sociales.

(LSN/InfoCatólica) Mateusz Morawiecki, de 52 años, publicó en Facebook un artículo en el que que defiende la libertad en Internet tanto en polaco como en inglés. Dijo que los polacos están «muy apegados a la libertad porque sabemos lo que es cuando alguien intenta limitarla».

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«Durante cerca de 50 años vivimos en un país en el que se practicaba la censura, en el que el Gran Hermano nos decía cómo se supone que debemos vivir y qué se supone que debemos sentir, y qué no se nos permite pensar, decir o escribir. Por eso nos preocupa tanto cualquier intento de limitar la libertad », explicó Morawiecki.

El primer ministro calificó a Internet como «el medio más democrático de la historia» y «una forma en la que todos pueden tener voz». Sin embargo, ha notado que la libertad ilimitada de la que disfrutan los usuarios de Internet se ha erosionado:

«Con el tiempo, internet ha quedado dominado por grandes corporaciones internacionales, más ricas y poderosas que muchas naciones… Estas corporaciones tratan nuestra actividad online simplemente como una fuente de ingresos y una herramienta para aumentar su dominio global. También han introducido sus propios estándares de corrección política y luchan contra quienes se les oponen».

El primer ministro comparó la censura de las Big Tech con las prácticas de «regímenes totalitarios y autoritarios».

«Ahora nos enfrentamos cada vez más a prácticas que creíamos que habían quedado en el pasado. La censura a la libertad de expresión, antes dominio de los regímenes totalitarios y autoritarios, ha vuelto con una nueva forma, dirigida por corporaciones, que silencian a quienes piensan diferente»

Morawiecki dijo que nunca puede haber tolerancia para la censura, ya sea por parte del estado, como Polonia sufrió bajo el comunismo, o por empresas privadas hoy. Afirmó que «la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia» y por eso hay que defenderla.

«No depende de los algoritmos ni de los dueños de las grandes corporaciones decidir qué opiniones son correctas y cuáles no», declaró.

El primer ministro polaco reiteró la promesa de su gobierno de evitar que las empresas privadas censuraran el discurso legal en sus plataformas y llamó a las mayores empresas de redes sociales por su nombre:

«Los propietarios de las redes sociales no pueden operar por encima de la ley. Por eso haremos todo lo posible para definir el marco de operaciones de Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas similares. En Polonia, regularemos con la normativa nacional adecuada. También sugeriremos que se aprueben leyes similares en toda la UE»

Y añadió:

«Las plataformas de redes sociales deben servirnos a nosotros y no a los intereses de sus poderosos dueños. Todos tienen derecho a la libertad de expresión. Polonia defenderá ese derecho».


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Huyen de Facebook. La gente se harta de los engaños de Zuckerberg y empieza a abandonar WhatsApp, para pasarse a Signal o a Telegram

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WhatsApp obligará a sus usuarios a partir del 8 de febrero a que le permitan compartir sus datos con Facebook, ambas propiedad del ínclito Mark Zuckerberg. Y si no lo permiten no podrán seguir usando la red social WhatsApp.

WhatsApp obligará a sus usuarios a partir del 8 de febrero a compartir sus datos con Facebook, ambas redes propiedad del ínclito Mark Zuckerberg. Y si no lo permiten, no podrán seguir usando la red social WhatsApp.

Hispanidad recordaba que cuando Facebook compró WhatsApp en febrero de 2014, uno de los aspectos que vigiló Bruselas antes de dar su visto bueno fue la independencia de ambas compañías en lo referente a los datos personales de los usuarios. Mark Zuckerberg aseguró entonces que no existía tal transmisión, entre otras razones, porque no contaban con la tecnología para hacerlo. Mintió, y tres años después -mayo de 2017-, Europa le impuso una sanción de 110 millones de euros.

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Cabe recordar también que Facebook se ha convertido, junto a Twitter, Instagram, Amazon, Apple y Google, en los censores globales de internet, ya que se dedican a a censurar a todo aquel que no piensa como ellos

Además, la aplicación WhatsApp no es segura y no sólo por su política de privacidad, sino porque, a través de sus múltiples vulnerabilidades ha sido posible hackear a cientos de personalidades importantes del mundo, incluyendo a políticos, diplomáticos, o al propio Jeff Bezos, recuerda Naiz.

Pues bien: ante todo ello se están disparando las descargas de la aplicación de mensajería segura ‘Signal’, que ha pasado a encabezar las descargas en las plataformas Apple Store y Google Play en varios países, informa también Naiz.

Lanzada en 2014, Signal es considerada por los especialistas como una de las aplicaciones de mensajería más seguras del mercado gracias, en particular, a su capacidad para encriptar mensajes de extremo a extremo o llamadas de audio y de vídeo. Su protocolo de seguridad tampoco guarda metadatos de a quién se envían mensajes, ni tampoco hay copias de seguridad en la nube sin cifrar como sí hace WhatsApp en ambos casos. Además, es de código abierto, a diferencia de WhatsApp, de manera que es posible descubrir las posibles vulnerabilidades mucho más rápido, explica Naiz.

Todo ello le ha llevado al punto de popularizarse rápidamente entre especialistas y periodistas, en particular gracias al apoyo público que ha recibido de Elon Musk -fundador de Tesla- y de Edward Snowden.


otra aplicación de mensajería instantánea que está creciendo gracias a los ‘pufos’ de WhatsApp es la rusa Telegram.

Ayer Telegram anunció que había superado los 500 millones de usuarios activos al mes y se unieron 25 millones de usuarios nuevos en las últimas 72 horas…

(Hispanidad)


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Las acciones de Twitter caen un 12 por ciento después de que suspendiera la cuenta de Trump

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El director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, testifica ante el Congreso en Washington el 5 de septiembre de 2018 (Drew Angerer / Getty Images). Fuente: The Epoch Times en español
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Las acciones de Twitter cayeron el lunes un 12 por ciento, luego de que la compañía suspendiera las cuentas del presidente Donald Trump y otros conservadores.

Las acciones cayeron después de la apertura del mercado el lunes, alcanzando un mínimo de 45.17 dólares. Las acciones de Twitter cerraron a 51.48 dólares el 8 de enero.

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Twitter dijo que eliminó la cuenta de Trump el viernes porque algunas de sus publicaciones recientes glorificaban la violencia. La compañía hizo eco de los críticos que intentaron conectar la retórica de Trump con la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos.

Trump respondió acusando a Twitter de coordinarse “con los demócratas y la izquierda radical para eliminar mi cuenta de su plataforma, para silenciarme, y a USTEDES, los 75,000,000 de grandes patriotas que votaron por mí”.

Twitter también vetó a usuarios destacados, incluyendo a la abogada Sidney Powell, y el exasesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn. Otros usuarios que no fueron deshabilitados abandonaron la plataforma, entre ellos, los presentadores de radio Mark Levin y Rush Limbaugh.

Entre los conservadores que todavía están en Twitter, algunos convocaron a los usuarios a cambiarse a Parler, una alternativa a Twitter. Parler fue desconectada el lunes después de que Amazon Web Services se negara a seguir alojando sus servidores. Parler demandó a Amazon más tarde, ese mismo día.

Gab, otro competidor de Twitter, también experimentó un crecimiento vertiginoso.

(Epoch Times)


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¡ESPAÑA EN LA RUINA TOTAL!: El Gobierno desvela que el déficit cerró 2020 en el 11,3% del PIB, el peor dato de la historia

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De confirmarse la cifra adelantada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se trataría del mayor agujero en las cuentas públicas españolas en toda la democracia.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este domingo que el déficit público cerró 2020 «en torno al 11,3% del PIB», con una caída de los ingresos públicos cercana al 7,6% como consecuencia de la crisis del coronavirus. De confirmarse ese dato, se trataría del mayor agujero en las cuentas públicas de toda la democracia, ya que sólo en 2009 se registró una cifra similar (11,28%).

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La portavoz del Gobierno ha adelantado esa cifra en una entrevista con Europa Press, en la que ha apuntado que aunque el Ejecutivo trabajará por la consolidación fiscal, continuará con políticas «anticíclicas» y confía en contar con unos Presupuestos de nuevo «expansivos» en 2022, postergando el plan de ajuste a cuando haya recuperación y así «lo exija la Comisión Europea».

La responsable de la cartera de Hacienda ha asegurado que las cifras previstas por el Gobierno de déficit público y caída de recaudación se situarán en los entornos estimados, pero ha matizado que a lo largo del mes de enero se tendrá una aproximación más clara, una vez se cierre la contabilidad y las comunidades autónomas y entidades locales informen sobre sus finanzas públicas.

Montero ha subrayado que el Gobierno «nunca» ha abandonado la senda de consolidación fiscal y ha recordado que para el año 2021 está prevista la mayor caída en términos de porcentaje de déficit registrada en un solo ejercicio, de en torno a 3 puntos, pasando del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB, tras haber sido «prudentes» en la elaboración de las cuentas públicas.

«Todas las administraciones tienen que tener presente el ir en una curva descendente, pero nos tiene que acompañar la situación económica», ha indicado Montero, para asegurar que el Ejecutivo no repetirá los «errores» del pasado implementando políticas de recortes que se tradujeron en desigualdad.

Por ello, ha explicado que la hoja de ruta es seguir estimulando el crecimiento con una política «anticíclica» para «no dejar a nadie atrás» y mantener el tejido productivo y los empleos, al tiempo que se acomete una revisión del gasto público para que sea más eficiente.

De hecho, ha dicho esperar que los Presupuestos del ejercicio 2022 sean también «expansivos», como los de este año, aunque ha recordado que por ahora la Comisión Europea no ha anunciado ningún compromiso al respecto de una posible nueva suspensión de las reglas fiscales ese año.

De esta forma, ha aplazado el plan de reequilibrio cuyo diseño vienen demandando instituciones como la AIReF o el Banco de España a cuando «las circunstancias económicas así lo aconsejen y cuando Bruselas lo plantee», con el fin de continuar con la senda de consolidación fiscal. «Tiempo habrá», ha dicho.

Reforma del sistema de financiación autonómica

La portavoz del Gobierno se ha referido también a la reforma del sistema de financiación autonómica, que será una «prioridad» del Gobierno para 2021 y cuyos trabajos podrían iniciarse a partir del mes de febrero, con el fin de abordar la «infrafinanciación» de algunas regiones, pero ha avisado de que el Ejecutivo garantizará cierta «armonización» fiscal para garantizar unos recursos por habitantes suficientes que permitan una buena provisión de servicios públicos.

Así, ha asegurado que el sistema será «justo» con todos los territorios, si bien ha apostillado que «nunca» un sistema de financiación puede responder en su totalidad al requerimiento de un territorio en concreto, porque iría en detrimento de otro, por lo que hay que buscar un «común denominador» para que «todos» reciban recursos adecuados y «no convertir el debate de la financiación autonómica en uno de agravios territoriales».

En ese punto, ha denunciado las «campañas interesadas de cuestionamiento» de determinadas figuras tributarias, como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio para deteriorarlas en la percepción social «casualmente» cuando esas figuras están vinculadas a la riqueza y «curiosamente» cuando afecta a un menor volumen de ciudadanos, utilizando «falsedades» como que se paga dos veces por el mismo hecho imponible.

A su juicio, España y la sociedad necesitan una «reflexión» sobre las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza, por lo que ha abogado por «legitimar aquello que permite ser más iguales» y por preservar la justicia fiscal.

A expensas de contar con la opinión del comité de expertos que designará el Gobierno para evaluar el sistema tributario y acometer la reforma fiscal en profundidad, ha vuelto a defender que «no tiene sentido» que figuras como Sucesiones y Donaciones registren una diferencia «tan obvia» respecto a otros territorios.

En este sentido, ha adelantado que se establecerán «horquillas razonables», pero no «idénticas ni absolutamente miméticas», para lograr un «Estado de bienestar razonable respetando la autonomía de cada comunidad».

En su opinión, el «equilibrio» se rompió cuando algunas comunidades dejaron «prácticamente nulas» figuras tributarias como Patrimonio o Sucesiones, en referencia a la Comunidad de Madrid, lo que dejó estos tributos como algo «testimonial» y provocó una «suerte de desequilibrio en el resto de CCAA.

Estas, «con menos capacidad recaudatoria por una menor renta por habitante o por no tener sedes fiscales, se ven obligadas para tener una misma recaudación se ven obligadas a subir mucho la presión fiscal o a renunciar a un volumen de recursos para que no se vayan a otras capitales o poder fidelizar a sus habitantes», ha añadido.

En cualquier caso, ha aclarado que «no se trata de ir contra nadie» sino de «reflexionar» para alcanzar un acuerdo en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica y que el rendimiento de esas figuras u «otras que puedan sustituirlas» sea el que se espera y no que algunos aprovechen la caída por tener una situación de «ventaja» respecto a otras zonas.

«Intentar hacer de la política fiscal una política diferenciadora de agresión al Gobierno no tiene ningún sentido», ha agregado, defendiendo el principio constitucional de que «cada uno recibe según su necesidad en forma de servicios, pero contribuye según su capacidad», algo que «no depende solo del trabajo y las rentas del trabajo, sino de lo que se hereda u obtiene por el simple hecho de haber nacido en una situación ventajosa». Descarta, por tanto, la supresión del Impuesto de Patrimonio.

Variación del Salario Mínimo Interprofesional

Por otra parte, sobre el Salario Mínimo Interprofesional, que el Gobierno ha mantenido en 950 euros para 2021, ha indicado que el Ejecutivo habría legislado con arreglo a lo que se hubiese acordado en el marco del diálogo social, tal y como se hará en el segundo semestre.

La portavoz del Gobierno ha indicado que el primer trimestre del año será aún de «sufrimiento» hasta que se llegue a una cobertura poblacional suficiente con la vacuna contra el covid, pero ha apuntado que se seguirá con el diálogo social, y «una vez pase el primer semestre» habrá una situación «más estable» para valorar los indicadores que marquen en qué medida se actualiza el SMI.

Tras aprobar un paquete de más de 4.200 millones para afrontar el «importante» daño del tejido productivo, especialmente para hoteles, restaurantes o comercios, ha abogado por «ser prudentes y cautelosos y darse el primer semestre para poder evaluar las cosas en el marco del diálogo social con mucho mejor criterio que el de ahora».


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