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Cataluña

La Policía describe cómo el “clan de los Pujol” mataba civilmente a los ciudadanos que se oponían a sus designios

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El “clan de los Pujol”, al frente del cual se situaban el expresidente catalán y su primogénito, impuso su ‘modus vivendi’ de corruptelas y negocios ilegales mediante la coacción a muchas personas a las que tuvieron atemorizadas durante años y no quisieron denunciar porque “estarían muertos civilmente” si lo hacían y “les sería imposible continuar con su modo de vida”.

Según la Agencia Europa Press, así resume la UDEF el sistema de sobornos que estableció la familia Pujol en Cataluña desde 1980, cuando Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalidad, hasta mucho después de que éste abandonara el cargo, pues para eso “fue introduciendo a su hijo Oriol, quien sucesivamente fue ganando cuota de poder” en las instituciones catalanas. Y mientras Oriol Pujol ascendía en el plano político, la investigación ha acreditado el papel esencial del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, “en el desarrollo de un sistema espurio, la financiación de partidos políticos con capitales adulterados”. Y es que “sus propias cuentas en Andorra, alimentadas con comisiones ilícitas, sirvieron para financiar campañas electoras de CDC, que además en gran parte finalmente se pagaron con dinero procedente de empresas adjudicatarias de concursos públicos”.

Según Europa Press, el informe de la UDEF, que ya se ha entregado a la Audiencia Nacional, pone de manifiesto que Pujol Ferrusola “ha jugado un papel relevante en la transformación de CDC como un sitio cerrado, opaco, y en la creación de un organigrama con entidades satélites que ha favorecido la corrupción, como las fundaciones conexas” al partido. “Esta conexión de alto nivel permitió a la familia Pujol Ferrusola la formulación de políticas, obtener información estratégica y garantizarse una protección sólida, siendo además la lucha contra este tipo de conexiones muy difícil desde dentro de la propia administración autonómica”. En este sistema, añade el inspector que firma el documento, “las redes se solidifican porque hay un entorno que tiende a aceptar y excusar la corrupción, aún cuando la propia corrupción genera un entorno que tiende a justificarla o disculparla”.

Durante todos los años en que el sistema se mantuvo activo, se impuso una “forma de coacción en el ámbito civil”. De hecho, el inspector subraya que “se han recabado muchos testimonios de personas que han manifestado su temor, que no han querido denunciar conductas porque desde entonces estarían ‘muertos civilmente’ y les sería imposible continuar con su modo de vida en Cataluña”.

Se trataba, al fin y al cabo, de “utilizar la administración para dificultar la vida de quienes se opusieran a su ‘modus vivendi'”, lo cual “ha sido la práctica diaria” que “se ha venido dando desde antaño” en la administración autonómica catalana.

Según la UDEF, estas “actitudes coercitivas” también se han visto en otro procedimiento judicial que igualmente investiga la Audiencia Nacional, como es el caso conocido como 3%, con “coacciones hacia los funcionarios para cumplir con los designios políticos y favorecer a empresas que pagaban comisiones”.

“La coacción constituye un medio de desarrollo tradicional de los grupos criminales y su utilización tiene diversos objetivos, atendiendo a las victimas u objetivos a quienes va dirigida”, apunta el inspector.

Y es que, según el informe, de más de 200 páginas, “las conexiones a lo largo de más de 30 años con actividades de corrupción han sido una constante”, pues “han sido innumerables los procedimientos judiciales en los que han estado inmersos no sólo los miembros del núcleo familiar, sino inclusive los colaboradores más cercanos, como era el caso de los más cercanos partícipes en la actividad política de Jordi Pujol”.

“No han sido acciones delictivas ocasionales y oportunistas, sino una metodología implantada que ha venido funcionando de forma recurrente y que ha impregnado la actuación de múltiples representantes públicos”, añade.

A través de este sistema, la UDEF estima que la familia Pujol llegó a amasar al menos 290 millones de euros en cuentas en paraísos fiscales. El inspector atribuye al primogénito, como viene siendo habitual en la investigación, el papel principal en la gestión de la fortuna de la familia, denominándole incluso “paladín familiar en la organización delictiva” que era el clan y cuyas actividades encuadrarían “dentro del concepto de crimen organizado”.

Según el informe policial recogido por Europa Press, “todos los ingresos” de Pujol Ferrusola responden a la prestación de servicios ficticios de asesoría justificados con facturas falsas de un complejísimo entramado societario con el que iba blanqueando los ingresos ilícitos.

Aunque “la mayoría de las acciones criminales son fruto de una acción individual o particionada” por el primogénito, explica el inspector, “en todas ellas hay detrás una voluntad implícita de acciones planificadas y estructuradas que comparten los miembros de la familia, si bien no se trata “de la tradicional visión de las organizaciones criminales tipo mafia”.


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Cataluña

Torra admite que “desobedeció” la orden de retirar los lazos por “ilegal” y advierte: “No renunciaré a la autodeterminación”

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El presidente catalán, Quim Torra, ha admitido que “desobedeció la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos por considerarla “ilegal”, aunque se ha declarado este lunes no culpable ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Lo ha hecho durante el juicio por desobediencia a la Junta Electoral durante la campaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación. Aún así, ha dado la “bienvenida” a una posible condena porque, ha advertido, “nunca” renunciará al “derecho de autodeterminación” en Cataluña. El juicio ha quedado visto para sentencia.

“Si la pregunta es si acaté o no la orden de la JEC de retirar los lazos, la respuesta es ‘claro que no’, no podía ni tenía que hacerlo como presidente de la Generalitat. Si es si la tenía que acatar (…) no se puede acatar una orden que es ilegal”, ha expuesto durante su turno final de palabra.

Torra ha insistido en acusar a la JEC de prevaricar y considera además que pudo incurrir en “un delito de coacciones” al haberle ordenado retirar los lazos amarillos pese a “no tener facultades”. Durante su comparecencia también ha criticado la falta de imparcialidad del tribunal y de la Fiscalía -que “no es garante de la legalidad sino de los intereses del Gobierno”- en un “juicio político” en que por primera vez se sienta un presidente catalán en el cargo. De esta forma, ha vuelto a reivindicar el “proceso de independencia” como “única opción de los catalanes para que sus derechos sean respetados”.

“Bienvenida sea la condena”

El presidente catalán ha anticipado que la prohibición de colocar lazos amarillos y simbología respecto a la sentencia del ‘procés’ pueda causarle “otra querella” y ha añadido respecto a este juicio: “Si me condenan por defender los derechos de los catalanes, bienvenida sea la condena”. “Nunca renunciaré al derecho de autodeterminación en Cataluña, ni a defender a nuestros presos políticos y exiliados ni a la dignidad de todos aquellos que han ostentado el cargo de la Generalitat y me han precedido”, ha añadido.

“Este tribunal me puede condenar, pero no cambiarán la legitimidad de los que me eligieron”, así como su “compromiso” con el pueblo de Cataluña, ni la “voluntad” de éste, ni “el destino de este país”, ha zanjado, aventurando que su condena será la condena del Estado y de la justicia española.

El presidente de la Generalitat se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, que ejerce Vox, en este último caso por tratarse de “un partido franquista”. Durante la presentación de sus conclusiones por la tarde, tanto la Fiscalía como la acusación popular han pedido que la sentencia sea condenatoria.

Torra es el primer presidente catalán en activo en someterse a un proceso judicial y el tercero consecutivo perseguido por la justicia por su papel en el proceso independentista. Se juega su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público, una pena que podría apartarle de la Generalitat una vez que la sentencia sea firme, si así lo ratifica el Tribunal Supremo. En ese caso, asumiría la responsabilidad del Govern, el vicepresidente Pere Aragonés.
Los argumentos de la defensa

Las claves del juicio están en varias cuestiones. Por un lado, la defensa de Torra sostiene que la Junta Electoral Central “carecía de competencias” y tenía “un interés directo” en el caso, así como que las órdenes emitidas por este organismo no eran “claras” al referirse tanto a los lazos amarillos como a las ‘esteladas’ y que finalmente las órdenes del órgano electoral terminaron siendo una acto de “censura total”. Por otro lado, expone el abogado Gonzalo Boye que Torra no tiene potestad sobre todos los edificios que componen la Generalitat.

Ambos argumentos han sido rechazados tanto por el Fiscal, Francisco Bañeres, como el letrado de Vox, Juan Cremades, que consideran acreditada la competencia de Junta Electoral Central como organismo “constitucional” para emitir órdenes al ‘president’ y ante la ausencia de una Junta Electoral autonómica. También han considerado que, después de la tercera advertencia lanzada por la JEC en marzo, cuando por una orden del conseller del Interior, Miquel Buch, los lazos y las pancartas fueron retirados en un plazo de 48 horas, queda demostrado que Quim Torra tenía capacidad para ordenar la retirada de los lazos y símbolos de todos los edificios de la Generalitat.

Por último, el tribunal ha denegado la petición de nulidad del procedimiento realizada por la letrada de Torra, Isabel Elbal, que consideraba que se había vulnerado la presunción de inocencia de su cliente. El proceso carece de imparcialidad, según la letrada, que además en un momento de su intervención ha esgrimido el hecho de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, diera a entender en una entrevista que la Fiscalía recibe órdenes del Ejecutivo.

La expresión “presos políticos” es “consenso” de la sociedad

Para el president era “importante” que se colgara un cartel de apoyo a los políticos presos porque expresa el sentir “mayoritario” de la sociedad catalana y los lazos “deberían ser patrimonio común”, ya que “no son partidistas ni es propaganda”. Durante su comparecencia, ha defendido además que la expresión “presos políticos” no es patrimonio de ningún partido, sino fruto del “consenso” de la sociedad catalana, “por mucho que incomode o alguien se levante de la sala” cuando las escucha s

Torra se refería así al hecho de que tanto el presidente del TSJC y de la sala que lo juzga, Jesús María Barrientos, como el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que lo acusa en el juicio, abandonaran un acto en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, en febrero de 2018, molestos por que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aludiera a la existencia de “presos políticos”. La Fiscalía ha respondido por la tarde, sin embargo, que el lazo no es un símbolo “neutral” ni “compartido por todos los catalanes”.


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Cataluña

Menas de origen magrebí participaron en los disturbios contra la sentencia por el proceso

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Incendian la Delegación de Hacienda en Lérida
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Un joven magrebí de 22 años que fue detenido en Lérida el pasado 19 de octubre acusado de participar en los disturbios contra la sentencia por el proceso, será expulsado a Marruecos al no disponer del permiso de residencia. Al joven, que ingresó en un Centro de Internamiento para Extranjeros, se le abrió un expediente urgente de expulsión.

El detenido permaneció veinte días en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, y posteriormente fue trasladado a Madrid, donde se espera que sea deportado a Marruecos inminentemente en vez el juzgado contencioso de Lérida ha rechazado el recurso de su defensa.

Junto a él, los cuerpos policiales detuvieron esa noche seis jóvenes marroquíes en la ciudad de Lérida. Dos ingresaron en prisión de Ponent II, dos en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) y los otros dos quedaron en libertad.

Menores extranjeros no acompañados también participaron en los disturbios de Barcelona y actuaron contra los Mossos d’Esquadra en las protestas violentas que se sucedieron en la capital catalana como respuesta a la sentencia del proceso.


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Cataluña

La Generalitat obliga a los alumnos de instituto a decir si son independentistas

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La ‘caza de brujas’ prosigue en los centros educativos de Cataluña. Meses después de conocerse que la Generalitat introdujo ‘espías’ en las escuelas para comprobar si los niños hablaban catalán en el patio del recreo, la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) ha denunciado que institutos de Tarragona piden a sus alumnos que declaren a través de una encuesta si son independentistas o no, y que puntúen su orgullo como catalanes o españoles.

El cuestionario forma parte de un estudio de sociolingüística de la Universidad de Lérida y cuenta con la autorización del departamento de Educación de la Generalitat. Según han denunciado algunos padres, el alumno está obligado a poner su nombre y apellido y a rellenar todo el cuestionario, sin saltarse preguntas y sin optar a no someterse a este estudio.

El cuestionario incluye preguntas sobre cultura y sociedad, pero un apartado es específico sobre política. “¿Hasta qué punto te identificas con el movimiento independentista / no independentista?”; “¿hasta qué punto te sientes catalán / español / de tu país de origen?”; o “¿hasta qué punto te sientes orgulloso de ser catalán / español / de tu país de origen?” son algunas de las preguntas.

La encuesta forma parte de un estudio titulado “Aculturación y aculturación lingüística de los descendientes de migrados. Retos y potencialidades para el aprendizaje lingüístico y la inclusión lingüística y socioeducativa”. Dicho estudio, según señalan medios como El País, está financiado por el Ministerio de Economía y se realiza en otras Comunidades Autónomas, aunque las preguntas se adaptan de acuerdo a cada realidad territorial.

La presidenta de la AEB, Ana Losada, ha indicado que la entidad denunciará los hechos y enviará una pregunta a los ministerios de Economía y Educación para saber si realmente este estudio cuenta o no con apoyo económico del Estado.


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