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España

¿Se hará justicia tras 100 años de mafia criminal? Si se demuestra financiación ilegal, el PSOE podría ser ILEGALIZADO

Redacción

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La situación judicial que rodea al PSOE empieza a adquirir una dimensión inédita en la historia democrática reciente. La irrupción este miércoles de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal del Partido Socialista, en la calle Ferraz de Madrid, supone un salto político y judicial de enorme magnitud. Lo ocurrido hoy no es únicamente un nuevo episodio dentro de la investigación que rodea al entorno socialista: conecta directamente con una advertencia publicada el pasado mes de diciembre, cuando por primera vez se mencionó la posibilidad legal de la ilegalización del PSOE.

Entonces parecía una hipótesis remota. Hoy, tras el registro practicado por la UCO en la propia sede nacional del partido que gobierna España, aquel escenario deja de percibirse como una simple especulación política para convertirse en un debate jurídico y mediático cada vez más presente.

De las sospechas económicas al registro en la sede nacional

La investigación judicial que afecta al entorno socialista llevaba meses avanzando discretamente entre informes económicos, análisis de movimientos financieros y recopilación de documentación interna. Sin embargo, la entrada física de los investigadores en Ferraz representa un punto de inflexión simbólico y procesal.

No se trata ya únicamente de declaraciones, filtraciones o acusaciones cruzadas entre partidos. El registro de la sede central del PSOE visualiza que la investigación ha alcanzado una dimensión estructural que afecta directamente al corazón organizativo del partido.

Precisamente eso era lo que ya advertían diversas fuentes jurídicas consultadas en diciembre: que, si la Audiencia Nacional llegara a concluir que la organización se benefició presuntamente de mecanismos de financiación irregular, corrupción o blanqueo, la responsabilidad penal podría extenderse también a la propia estructura jurídica del partido político.

Que dice realmente el Código Penal sobre el PSOE

La legislación española contempla expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo partidos políticos. En función de la gravedad de los hechos, las consecuencias pueden ir desde fuertes sanciones económicas hasta medidas extraordinarias como la suspensión de actividades o incluso la disolución.

Aunque jamás se ha aplicado una medida de semejante calibre contra una gran formación política nacional en democracia, los expertos recuerdan que la posibilidad legal existe y está recogida en el ordenamiento jurídico español.

La clave estaría en determinar si existió un beneficio directo o indirecto para la organización y si determinados comportamientos pudieron producirse de manera sistemática dentro de la estructura del PSOE.

Un escenario político sin precedentes para Pedro Sánchez

La entrada de la UCO en Ferraz coloca al Gobierno de Pedro Sánchez en una situación de máxima presión política. La oposición ya reclama explicaciones inmediatas y exige conocer el alcance real de la investigación.

Mientras tanto, desde Moncloa se intenta insistir en la tesis de que cualquier posible responsabilidad correspondería exclusivamente a actuaciones individuales y no al conjunto de la organización socialista.

Sin embargo, el problema político para el PSOE es evidente: la imagen de agentes de la Guardia Civil entrando en la sede central del partido proyecta un deterioro institucional enorme y alimenta inevitablemente el debate sobre las posibles consecuencias futuras del caso.

La información de diciembre cobra hoy nueva fuerza

Cuando se publicó en diciembre la posibilidad de que el PSOE pudiera enfrentarse a consecuencias penales inéditas, muchos consideraron aquella información exagerada o improbable.

Pero el registro practicado hoy por la UCO cambia completamente el contexto. La investigación ya no gira únicamente alrededor de nombres concretos o sospechas periféricas: ahora afecta directamente al núcleo operativo del partido.

La gran incógnita es hasta dónde llegará la Audiencia Nacional y qué tipo de documentación o pruebas buscan realmente los investigadores. Porque, aunque todavía no exista ninguna sentencia ni acusación definitiva contra el partido como organización, el mero hecho de que la investigación haya desembocado en Ferraz convierte el caso en uno de los episodios más graves de la historia reciente de la democracia española.

El PSOE entra en territorio desconocido

La investigación continúa bajo fuerte hermetismo judicial, pero el escenario político ya ha cambiado por completo. Nunca antes un partido que ocupa el Gobierno de España había visto registrada su sede nacional en medio de sospechas relacionadas con financiación irregular y presuntas tramas económicas.

Y precisamente por eso vuelve a cobrar actualidad la pregunta que ya se formuló hace meses: si la investigación terminara acreditando responsabilidades penales estructurales, ¿podría el PSOE enfrentarse a medidas judiciales sin precedentes?

Hoy, tras la entrada de la UCO en Ferraz, esa posibilidad vuelve a situarse en el centro del debate político y jurídico nacional.

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España

Condenado un excandidato de Más Madrid a 9 años de prisión por violar a una alumna que se suicidó

Redacción

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El que fuera número uno de la candidatura de Más Madrid-Verdes Equo en la localidad de Villanueva de la Cañada, Enrique Antonio Salazar, ha sido condenado por los delitos de agresión y abuso sexual continuado contra cuatro de sus alumnas cuando ejercía como docente de matemáticas en el Instituto de Educación Secundaria Sapere Aude de Villanueva del Pardillo, según avanza El Español.

La sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid le ha impuesto un total de diez años y seis meses de cárcel, según el fallo al que ha tenido acceso este medio. De ellos, nueve años corresponden al delito continuado de agresión sexual con penetración sobre una adolescente que aún no había cumplido los dieciséis, mientras que un año y medio se asignan al abuso sexual reiterado contra otra alumna. Para las dos restantes, el tribunal optó por multas de catorce meses sin privación de libertad.

Todos estos episodios ocurrieron a lo largo del curso escolar 2019-2020. Uno de los casos más graves afectó a Minerva Nieto Palacios, quien años más tarde, con solo veintiún años, decidió quitarse la vida. La joven había denunciado a su profesor por violación cuando contaba quince años, pero el procedimiento judicial se vio marcado por constantes retrasos hasta que, el 13 de mayo pasado, se dictó la resolución definitiva.

Además, el ahora exdocente arrastraba antecedentes penales ya extinguidos por un abuso sexual previo contra una menor de trece años. La sentencia detalla una serie de conductas que comenzaron con una broma aparentemente inocente: el 3 de octubre de 2019, una estudiante colocó sobre su mesa una corona con mensajes de tono sexual elaborada entre compañeros. Salazar se rio y le comentó a la chica que, a partir de los dieciséis, podía relacionarse con varones adultos. Al acabar la clase, se acercó y le advirtió que, aunque no fuera legal, «dos besos sí te podré dar», plantándole dos ósculos que la menor describió como pausados y perturbadores.

Con otra alumna, los acercamientos fueron similares: tras un comentario sobre su mayoría de edad, también recibió besos. A partir de ahí se instauró un patrón de cercanía excesiva: guiños, besos lanzados por los pasillos y llamadas privadas al aula. En una ocasión, con las luces apagadas y las persianas bajadas, la sentó frente a él, le tomó las manos y la acarició mientras hablaba de un examen. En otro momento le susurró «¿qué hago contigo, con lo que yo te quiero?», la besó con lengua y la colocó sobre sus piernas, tocándole el torso y las nalgas por encima de la ropa.

El episodio más grave tuvo lugar el 13 de diciembre de 2019. Minerva acudió al aula durante el recreo acompañada de una compañera, que quedó esperando fuera. Una vez dentro, en un ambiente en penumbra, el profesor le agarró las manos y le mencionó dos conversaciones pendientes. La primera giraba en torno a los dibujos y frases cariñosas que ella dejaba en la pizarra; la segunda, sobre sus estudios. Cuando la chica insistió, él se aproximó y le confesó que deseaba besarla, procediendo a hacerlo con lengua. Luego la invitó a sentarse sobre su pierna derecha, con las suyas entre las de él, y comenzó a manosearle los pechos y glúteos por encima de la ropa mientras la besaba de nuevo.

Al sonar el timbre para volver a clase, le pidió silencio y la víctima notó que había cerrado la puerta con llave. Preocupada, Minerva regresó minutos después para preguntar qué ocurriría ahora. Salazar respondió «ahora lo vas a entender», la sujetó por la cintura, volvió a cerrar con llave y la llevó hasta la mesa. Le bajó el pantalón y la ropa interior, la tocó en la zona genital y, tras bajarse él mismo los pantalones, la penetró vaginalmente hasta que ella le pidió que parara.

Cinco días más tarde, el docente le envió un mensaje preguntando por su ausencia: «Hola. Me han dicho que llevas un par de días malita. Espero que te recuperes pronto. Otra cosa: cuando te reincorpores me gustaría hablar contigo. A ver si mañana jueves vienes a clase y podemos hablar. Hasta mañana».

Como consecuencia directa de la agresión, la joven desarrolló un trastorno adaptativo con ansiedad, depresión y rasgos de personalidad no especificados. Los recuerdos le resultaban tan insoportables que decidió cambiarse el nombre por Minerva. Además, tuvo que abandonar el centro educativo pese a que el profesor ya no trabajaba allí. Sufrió ocho ingresos psiquiátricos en 2020, algunos prolongados, y manifestó repetidamente a sus familiares que no podía seguir adelante. Finalmente, puso fin a su vida a principios de agosto de 2025.

Respecto a las otras dos estudiantes, los hechos incluyeron tocamientos en brazos, pelo y cara, comentarios sobre su aspecto físico («vas muy guapa maquillada» o «qué guapa eres»), abrazos por detrás y besos en la mano durante correcciones de ejercicios, siempre acompañados de frases como «este año nos vamos a llevar muy bien» o elogios por su rendimiento académico.

Salazar había sido colocado en primer lugar de la lista de Más Madrid para las elecciones municipales de 2023 en Villanueva de la Cañada, formación liderada por Mónica García. Para entonces, los abusos ya se habían producido. Además de las penas de prisión, el tribunal le ha impuesto trece años de inhabilitación absoluta para cualquier actividad que implique contacto habitual con menores, diecisiete años de libertad vigilada y la prohibición total de acercarse o comunicarse con las víctimas y sus familias.

Sorprendentemente, en la actualidad continúa entrenando baloncesto con otros menores. En el plano civil, deberá indemnizar con 50.000 euros a la familia de Minerva por daños morales, 5.000 euros a la segunda víctima y 2.000 euros a cada una de las otras dos.

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