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Tribunales

Un juez de Sevilla perdona casi dos millones de euros a un empresario con la Ley de la Segunda Oportunidad

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Confilegal.- El Juzgado de Primera Instancia 14 de Sevilla ha exonerado a un empresario sevillano, de 60 años de edad, de abonar una deuda total de 1.926.594 euros al considerar que reúne los requisitos que recoge la Ley de la Segunda Oportunidad para considerarle «deudor de buena fe» y librarle de la deuda que contraía.

De acuerdo con el bufete de abogados ‘Repara tu deuda’, este empresario acudió a la Ley de la Segunda Oportunidad porque había sufrido «un concurso de acreedores fortuito», ya que «nunca» había sido condenado por delitos económicos e «incluso intentó un acuerdo con los acreedores».

En este sentido, el bufete de abogados ha indicado que a este empresario, «con un trabajo y un sueldo normal», unas inversiones inmobiliarias «le endeudaron y más de la mitad de su nómina quedó embargada».

«Algo que le puede pasar a cualquiera en una situación de crisis», ha afirmado el bufete.

En esa línea, Repara tu deuda ha asegurado que aunque todavía existe «mucho desconocimiento» sobre esta legislación, que entró en vigor en España en 2015, cada vez son «más» las personas que ante una situación de sobre endeudamiento acuden a los profesionales en busca de ayuda para poner en marcha el proceso.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda.

También fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes, ha explicado el bufete al tiempo que ha detallado que si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda.

Cabe apuntar que en países europeos como Italia, Alemania o Francia, en los que existen mecanismos de segunda oportunidad desde hace más de siete años, se están realizando aproximadamente entre 100.000 y 180.000 casos al año.

Ley de Segunda Oportunidad: ¿quién se puede acoger a ella y quién se beneficia?

«Realmente no es una ley en sí misma, es una modificación de la ley concursal de 2015. Regula las consecuencias que tiene cuando se acaba un proceso concursal de una persona física, porque ya sabemos cómo acababan las empresas».

«Antes de 2015 no pasaba nada, te quedabas igual, tus deudas subsistían y seguías debiendo prácticamente todo«, explica Javier Álvarez, abogado de Pérez-Álvarez Abogados, a propósito de la llamada Ley de Segunda Oportunidad.

El nombre oficial es Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

Álvarez indica, sin embargo, que ahora «si se cumplen una serie de requisitos te sometes a un proceso concursal, se intenta llegar a un acuerdo, pero si no se consigue, a partir de esta modificación lo que se hace es que se da el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Es una forma de extinguir obligaciones de pago».

«Interesa a aquellos deudores, personas físicas, que están sobreendeudadas, que tienen más deudas que activos, o a aquellos que tienen solo deudas».

«Hasta 2015 los concursos de personas físicas en este sentido eran algo totalmente residual, y a partir de ahí los concursos de segunda oportunidad a lo mejor tenemos entre 10 y 20 procesos todos los meses. Ha habido un aumento exponencial, es verdad que todavía se conoce poco y la gente tiene miedo. Pero llevamos casi cuatro años y tenemos bastantes autos de exoneración».

 


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Economía

La Audiencia Nacional imputa al ex presidente del BBVA, Francisco González, por los pagos a Villarejo

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El ex presidente del BBVA, Francisco González.
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La Audiencia Nacional, tal y como pidió la fiscalía anticorrupción, ha imputado al ex presidente del BBVA en la causa por los pagos al comisario Villarejo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado citar en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al expresidente del BBVA, Francisco González, que ha sido convocado para el próximo 18 de noviembre.

La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación después de que el magistrado decidiera en julio imputar a la entidad bancaria como persona jurídica.

El juez sospecha que la cúpula del BBVA consintió la contratación del excomisario José Villarejo para tareas de información y espionaje para “beneficio personal y empresarial”.

La Fiscalía ha pedido su imputación a la vista de la investigación abierta al BBVA en la pieza 9 de esta causa, en la que se indaga sobre las presuntas contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.

Cuando el juez imputó a la entidad los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, le citó para el 24 de septiembre, fecha que después pospuso al 10 de octubre y finalmente será previsiblemente la semana que viene cuando comparezca un representante legal del banco.


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Tribunales

Jueces para la Democracia expresa en un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas”

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PR.-  Un juez no está para eso, no está para apoyar a ningún gobierno, ni para militar en él, su función es otra. Su función es aplicar la ley, es la defensa de los valores constitucionales. Nos lo dicen fuentes jurídicas. Jueces para la Democracia, con claridad, ha expresado a través de un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas y que opte por políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades”. Este comunicado no ha gustado en el resto de la carrera judicial. “Es una barbaridad”, nos dicen algunos jueces. Incluso lo califican de lamentable. Las manifestaciones de “Jueces para la Democracia” quebrantan los principios de independencia y lealtad institucionales, señalan otros jueces consultados. Esta asociación, considerada próxima al PSOE, “ha entrado en un debate político que nos está vedado a los jueces”, dicen.

Para la asociación de jueces Francisco de Vitoria, cada juez es libre de votar a quien quiera, pero no tienen que entrar en Política. Su portavoz, Raimundo Prado, en conversación telefónica con COPE, se pregunta qué es ser progresista. Se presupone que el PSOE es progresista pero no quiso modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, recuerda. Por ello se pregunta “¿ dónde radica su progresismo? ”. Como asociación, como jueces, defienden que la Justicia sea lo más independiente posible, basada en principios constitucionales.

“Lo que se espera de los jueces es que seamos independientes”, nos dice María Jesús del Barco, portavoz de la APM, la asociación mayoritaria. Defiende la división de poderes y critica la intromisión de unos en otros. Con rotundidad, Del Barco asegura, que la Política se hace en la Carrera de San Jerónimo, no desde las asociaciones de jueces.


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Tribunales

La Fiscalía General del Estado ordena a la catalana investigar si hubo desobediencia en el Parlament

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Roger Torrent
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La Fiscalía General del Estado ha ordenado este martes a la Fiscalía catalana que abra una investigación por desobediencia en la actuación del Parlament catalán por la tramitación de la moción de la CUP sobre la autodeterminación.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado ha informado de que ha instado la incoación de diligencias de investigación «a fin de valorar la posible trascendencia penal» tras las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlament durante las últimas semanas y hasta el día de hoy, en el contexto de los incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido los acuerdos que permitieron la tramitación de la moción de la CUP que pide que la Cámara reitere «su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán».

A pesar de haberse reunido de urgencia, no obstante, no ha podido evitar que a esa misma hora se estuviera realizando la votación de la iniciativa en la cámara autonómica, donde ha resultado aprobada con los votos de JpCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes.

La mayoría que forman los grupos independentistas (JpC, ERC y la CUP) y los comunes en el Parlamento de Cataluña han permitido este martes la aprobación de una nueva moción a favor del derecho a la autodeterminación, mientras el Tribunal Constitucional (TC) se reunía sobre su legalidad, después de que el Gobierno de España hubiera pedido paralizar su votación.


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