De La Transición de cristal. Hoy se podrían decir cosas más graves, pero viene bien señalar unos fallos de origen que en vez de corregirse se fueron ampliando. No existe ningún partido constitucionalista, porque todos han socavada insistentemente, desde entonces, la unidad nacional que la Constitución proclama un tanto ambiguamente. Queda clara, asimismo, la falta de principios sólidos en la UCD (para Suárez todo era negociable). Ausencia cuyo origen está en la Concilio Vaticano II, como explico también en el libro. Propiamente la Transición (o más bien la segunda fase de la misma, pues la primera culminó en el referéndum de 1976, cuya decisión fue a continuación desvirtuada) fue realizada básicamente por los falangistas del Movimiento como mano de obra y bajo dirección ideológica democristiana. Algunos de estos creían innecesario un partido nacional (español) en Cataluña y Vascongadas porque los nacionalistas allí eran precisamente democristianos.

La gestación constitucional resultó, pues, poco democrática, pero sólo chocó con la indignación de AP, resuelta con la escisión del partido. El punto más escabroso, pero no el único, fue el de las autonomías, concre­tado en el Título VIII, y la inclusión del término «nacionalidades». Según Herrero de Miñón, uno de los ponentes con mayor influencia, «Comunis­tas y, más aún, socialistas, pretendían elaborar una completa nueva planta constitucional en la cual la Jefatura del Estado perdiera sus connotaciones históricas; la parte dogmática supusiera una transformación, cuanto más radical mejor, de la sociedad y la economía; y las autonomías correspon­dieran al principio del federalismo»; en cambio, interpretaba la postura de AP como un plan de «reformas parciales de las Leyes fundamentales franquistas y adición de otras nuevas», y afirma que UCD acertó «con un término medio: cambiar el Estado, y permitir el cambio social sin cambiar de sociedad ni de Estado». El aserto revela un optimismo algo excesivo.

El Título VIII, referido a la organización territorial y en particular a las autonomías, resulta contradictorio, pues pretende, por una parte, esta­blecer las competencias de las autonomías y del Estado central y, por otra parte, vacía estas últimas al advertir que las autonomías podrán extender sus competencias (obviamente, a costa de las nacionales), y el Estado podrá delegar las suyas (artículo 150.2), bajo condiciones interpretables. Suárez hizo esta concesión un tanto sorprendente para conseguir que el PNV apo­yase no lo logró, y a pesar de ello, el artículo no fue retirado. Pese a un afán ordenancista impropio de una Constitución, y a cautelas retóricas, las autonomías, en lugar de delimitarse, quedaron abiertas a una progresión indefinida, a interpretaciones y hasta al hecho consumado, como llegaría a ocurrir.

Los partidos abordaron la cuestión, dice Herrero, desde tres enfoques distintos: a) Los nacionalistas pretendían un reconocimiento nacional para Cataluña, apoyados por socialistas y comunistas, mientras que los nacionalistas vascos hablaban de «soberanía originaria»; b) los socialistas y comunistas defendían incluso el «derecho de autodeterminación», es decir, la posible secesión; y c) la UCD, y en parte AP, pensaban en una «regionali­zación del Estado», de inspiración orteguiana.

Las aspiraciones de los separatistas catalanes y vascos no precisan glosa. Algo más la coincidencia de socialistas y comunistas con ellos. Esa coinci­dencia era una tradición en el PCE, no así en el PSOE, antes propenso a un centralismo incluso jacobino. El PCE, aunque centralista de hecho, siempre incluía en su programa la autodeterminación de las nacionalidades según el modelo leninista extraído de la experiencia de los imperios ruso y aus­trohúngaro, inaplicable a España. El PSOE de González y Guerra asumió así esa postura leninista, por mostrarse radical, por su visión negativa de España y por su antifranquismo, ya que el Régimen anterior había defen­dido la unidad nacional.

Menos esperable era la repentina inclinación autonomista de la dere­cha, entusiasta en casos como el de Herrero. En buena medida venía de la influencia orteguiana sobre la Falange, en este caso lo que Ortega había llamado «la redención de las provincias». Según Ortega, España era un «enjambre de pueblos» y nunca se había «vertebrado» como era debido, estatal y socialmente. El filósofo representaba un nacionalismo español «regeneracionista», muy similar a los nacionalismos catalán y vasco por cuanto negaban como nefasta la historia anterior y pensaban tener la receta casi mágica para redimir a los pueblos y elevarlos a la gloria.

Los análisis histórico-políticos de Ortega no cuentan entre sus mejores ideas. Solían ser rebuscados y crear falsos problemas. «Ocurrencias», los lla­maba Azaña que, no obstante, se parecía mucho a él en su adanismo hacia España y su historia. Ocurrencias a veces disparatadas, pero expuestas en un lenguaje pomposo que seducía a muchos lectores. La política debía ser «Una imaginación de grandes empresas en que todos los españoles se sien­tan con un quehacer», señaló el 30 de julio de 1931 ante las Cortes.

Azaña, a su turno, propugnaba en Barcelona, el 27 de marzo de 1930, «un Estado dentro del cual podamos vivir todos», como si en España nunca hubieran vivido todos, mejor o peor. Viendo el pronto desenlace de las «grandes em­presas» orteguianas y de ese «Estado» tan especial de Azaña, cabe ponderar la peligrosidad de las grandes frases vacías, a medias exaltadas y frívolas. Una ocurrencia de Ortega propugnaba articular España «en nueve o diez grandes comarcas» autónomas, para las cuales «la amplitud en la concesión de self government debe ser extrema, hasta el punto de que resulte más breve enumerar lo que se retiene para la nación que lo que se entrega a la región». Así esperaba contentar, más o menos, a los nacionalistas vascos y catalanes, y salvaguardar el principio de la soberanía nacional. Su discípulo Julián Marías observaría, en 1978, lo inútil y riesgoso de querer contentar a quienes no se van a contentar.

Yacía bajo todo ello un serio temor a los separatismos vasco y catalán, pese a no haber supuesto ningún peligro ni amenaza desde hacía cuarenta años. La razón no confesada de ese generalizado descrédito de todo centra­lismo provenía ante todo de la ETA y de su posible contagio a Cataluña, Ga­licia y Canarias, de momento. Ya vimos que la ETA era el único movimiento separatista surgido con algún impulso durante el franquismo, ya muy al final de este y, por las razones expuestas, había adquirido una excepcional relevancia política. No debe olvidarse que el terrorismo ha ejercido una profunda influencia corrosiva y corruptora en España, más que en cual­quier otro país europeo, ya desde el pistolerismo ácrata de la Restauración, a cuyo derrumbe contribuyó decisivamente. Influencia debida siempre a la misma causa: la explotación política de los asesinatos por otros partidos teóricamente moderados.

De los tres enfoques autonomistas terminaría imponiéndose el de la de­recha muy hibridado con el de los separatistas, con un autonomismo fun­cionalmente similar al federalismo, pero sin delimitación clara. El ministro adjunto para la Regiones, Clavero Arévalo, propugnó la generalización de las autonomías, creyéndola un modo de disolver los separatismos, mientras que Herrero insistía en unos «derechos históricos», «singularidades histó­ricas» de Cataluña y Vascongadas, que no autorizaban la homogeneidad autonómica. Herrero asimilaba la situación española a la de Gran Bretaña -un verdadero dislate histórico- y llegó a declarar: «La Constitución puede pasar. Ni España, ni Cataluña ni Euskadi pasarán». Igualaba así las tres entidades y recogía el término inventado por Sabino Arana para incluir Navarra y los departamentos vascofranceses. Quizá influyera en tales actitu­des el hecho de estar casado con una señora próxima a dirigentes sabinianos. Suárez, más reticente a las tesis del PNV, pensaba que UCCD y PSOE harían la política real en las Vascongadas ante un radicalismo separatista al borde de la ilegalidad.

Probablemente el enfoque más razonable fuera el del nacionalista catalán Roca Junyent en un momento en que, ante las dificultades y diferencias, propuso la reducción del texto a unos principios genéricos a desarrollar lue­go, y la restauración del estatuto de 1932. Pero ello no ocurriría.