Dos religiosas fueron detenidas el 10 de octubre durante varias horas en India, tras ser arrastradas a la comisaría por una multitud de extremistas hindúes, que las acusaron de forzar conversiones al catolicismo por vestir su hábito religioso.

En declaraciones a Asia News, el P. Anand Mathew, miembro de la Indian Missionary Society (Sociedad Misionera de India), dijo que el ataque ocurrió cuando Sor Gracy Monteiro y Sor Roshni Minj, de la Congregación de las Franciscanas Ursulinas, estaban en una parada del distrito de Mau, cerca del mediodía, a la espera del autobús que las llevaría a Benarés, Uttar Pradesh (India).

Según relató, el grupo de extremistas hindúes se acercó hacia un grupo de cristianos que se encontraban reunidos para participar en las celebraciones dominicales, atacaron a 50 de ellos y los forzaron a ir a la policía, tras acusarlos de forzar conversiones.

Si bien las religiosas no estaban con ellos, igual “fueron arrastradas hasta la comisaría policial. No las liberaron sino hasta las 6:00 p.m. (hora local), tras la presión ejercida desde la capital de Uttar Pradesh”.

Lamentablemente, el pastor Abraham Shakil y su esposa Pratibha y la pareja en cuya casa se celebraba el encuentro de oración, permanecieron detenidos. Los extremistas hindúes presentaron una denuncia contra ellos, acusándolos de “insultar a las deidades hindúes, al primer ministro y al jefe del gobierno de Uttar Pradesh”.

“El hecho de que las monjas también hayan sido atacadas revela una nueva y desagradable evolución en la actual ola de persecución anticristiana”, dijo Sajan K George, presidente del Global Council of Indian Christians (GCIC).

“En el clima político actual de la India, el hecho de llevar un hábito de monja significa ser reconocido como ‘objetivo’ o ‘agente de conversiones’ por los vigilantes de la derecha”, explicó.

La organización International Christian Concern señaló que al menos 30 cristianos fueron detenidos, desde que el estado de Uttar Pradesh aprobó a fines de febrero la controvertida ley de conversión, que castiga con la cárcel las conversiones forzadas. La nueva ley no aplica para los que regresen a practicar el hinduismo.

Ese mismo mes, la organización denunció que al menos 30 cristianos habían sido detenidos tras ser acusados bajo la nueva ley.

Uno de los casos ocurrió el 18 de julio, cuando nueve cristianos que estaban en una reunión de oración en la ciudad de Gangapur, Uttar Pradesh, fueron atacados y detenidos por la comisaría por extremistas hindúes. La organización precisó que los agentes de seguridad estatal también arremetieron contra los cristianos detenidos.

Tampoco es la primera vez que se atacan a religiosas o sacerdotes católicos en el país.

En marzo de este año, en el mismo estado de Uttar Pradesh, extremistas hindúes forzaron a dos religiosas a bajarse de un tren. Recientemente, un sacerdote fue juzgado y felizmente liberado, tras ser acusado de forzar conversiones al catolicismo por cantar villancicos.

Según Asia News, la nueva ley local contra las conversiones es una herramienta para cometer abusos políticos, que buscan avivar los sentimientos de odio contra la pequeña comunidad cristiana de cara a las próximas elecciones que se realizarán en 2022.

La persecución a las minorías religiosas en India, entre ellas los cristianos, ha aumentado desde que el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata obtuvo el poder en 2014, con miles de incidentes cada año, dijo la organización cristiana Open Doors. Además, acusó al partido gobernante de permitir que los extremistas ataquen a los cristianos con impunidad.

El 20 de abril, la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) presentó su informe anual de Libertad Religiosa donde revela que la persecución religiosa por parte de gobiernos autoritarios se ha intensificado a través de una apología en favor de una supremacía étnica y religiosa.

Esta práctica suele llevarse a cabo en países asiáticos de mayoría hinduista y budista que presionan a las minorías y reducen a sus miembros a ciudadanos de segunda clase. El caso más claro se da en la India, y también se aplican políticas similares en Nepal, Sri Lanka y Myanmar.