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Anglada sentará en el banquillo por agresión a dos ex concejales de ERC y Podemos en Vic

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Después de más de dos años, finalmente Jaume Colomer (ERC), gerente del Consejo Comarcal de Osona y el podemita Arnau Martí, se sentarán en el banquillo de los acusados. Así lo ha decidido el Juzgado de Instrucción número 3 de Vic, que ha señalado la fecha del juicio para el próximo 9 de marzo a las 10:45 horas.

Los hechos se remontando el 18 agosto de 2017 en la plaza Mayor de Vic durante los 5 minutos de silencio para condenar los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils. El incidente se produjo cuando Anglada y otros militantes del partido Som Identitaris exhibían carteles con la frase “Fuera yihadistas de Cataluña” durante los cinco minutos de silencio. El exconcejal de ERC Jaume Colomer y actual gerente del Consejo Comarcal de Osona le arrebató a Anglada su cartel, y luego fue el exconcejal Martí quien hizo lo mismo a su mujer. Anglada, que se consideró agredido por los dos ex concejales del Ayuntamiento de Vic, interpuso una denuncia “por injurias y coacciones” durante el minuto de silencio.

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Anglada ha señalado que “el juicio se ha retrasado tanto porque el podemita Martí le quería imputar un hechos totalmente falso, lo que le podría llegar a constituir un presunto delito de obstrucción a la justicia”.

Anglada que se sintió agredido primero por los empujones recibidas por Martí y después por los golpes del concejal Colomer, ha querido dejar claro que “en una democracia todo el mundo tiene la libertad de expresar libremente su libertad de expresión a pesar que en algunos no les guste “, y añadió que “fue intolerante las injurias y coacciones que recibí por parte de los dos ex concejales del Ayuntamiento de Vic.


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Religión

Un cura de Murcia aprovecha su homilía televisada para decir que «el Gobierno esconde muertos y persigue a la Iglesia»

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Misa del Domingo de la Divina Misericordia. Celebración retransmitida en directo por Telearchena, televisión local de Murcia. El celebrante, el párroco de la localidad y vicario episcopal de Cieza-Yecla (Diócesis de Cartagena), Alfonso Albuquerque. En su homilía, tras poner en valor el trabajo de los sanitarios, el sacerdote entra en materia para, en cinco minutos, cargar contra la supuesta persecución del Gobierno a la Iglesia, el ocultismo con las cifras de fallecidos a causa del coronavirus y el también supuesto espionaje gubernamental a los teléfonos móviles de los españoles, curas incluidos.

(VER VIDEO)

Al comenzar su alocución, el sacerdote llama a los cristianos a “defender nuestra fe a capa y espada, sin temor a la muerte, pero con miedo a la mentira”. Y es que, según sus palabras, “en nuestros medios informativos de cualquier televisión nacional, unos por ser del Gobierno y otros por estar sufragadas por el Gobierno, no han dicho absolutamente nada de todo el bien que la Iglesia está haciendo en este tiempo de pandemia del Covid-19″. “Ninguno”, asevera Albuquerque a pie de ambón.

El cura continúa su sermón poniendo el foco en los muertos. “Son más de 20.000 los compatriotas que han fallecido. Muchos de ellos sanitarios. Más de lo que dicen las cifras, nos siguen engañando, hermanos, y esto nos lleva a acudir a Dios para pedirle por tantísimos miles de españoles que han muerto en el silencio de la soledad”, afirma.

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Las comparecencias diarias del Comité Técnico, encabezado por el doctor Fernando Simón, son para el sacerdote “un desfile de parodia nacional, una chirigota”. Y añade: “Es una burla salir diariamente a decir cuántos muertos llevamos, y no ser exactamente esos”.

 

“No puede haber paz”



Siguiendo con su homilía, Albuquerque anima a sus fieles a no callar. “Cuántos somos capaz de hacer el bien sin salir desde nuestros hogares con un Gobierno que no está sacrificando absolutamente nada, viviendo del engaño, del silencio, ocultando la verdad: eso se llama mentir. Y ante esto, hermanos, no nos podemos callar. Es tiempo de unificar fuerzas para vencer al enemigo que nos mata, pero también es tiempo de una fuerte crítica hacia aquellos que nos gobiernan desde un desgobierno central y que están creando una gran paranoia nacional”, afirma.

Albuquerque habla de una persecución del Gobierno a la Iglesia, y lo explica con este ejemplo: “Podemos celebrar entierros en la puerta del cementerio con tres personas y el sacerdote, y luego en el super nos encontramos varias decenas y decenas de personas que ni guardan la distancia de seguridad”. Y se pregunta para autocontestarse a renglón seguido: “¿Qué está pasando, hermanos? Ahí no hay verdad, hay persecución, mentira. Y si hay mentira y hay engaño, no puede haber paz”.

No finaliza su alocución sin resaltar el supuesto espionaje gubernamental. “El control de los móviles también se está haciendo, lo habéis notado en vuestros móviles y lo he notado yo”, dice con rotundidad. En una última intervención, el párroco de Archena vuelve a Jesús para resaltar que “las críticas están creciendo cada vez más, pero hoy se manifiesta Jesús y en medio de ese dolor se manifiesta la esperanza”.

(Vida Nueva)


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España

La Abogacía del Estado (del “estado” bolivariano, se entiende) carga contra la juez del 8-M por abrir una «causa general de la crisis sanitaria»

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Rosa María Seoane, la fiscal que defendió a los acusados de la sublevación catalana
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Se dirige en apelación a la Audiencia Provincial solicitando la nulidad de la instrucción contra el delegado del Gobierno en Madrid

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) –

La Abogacía del Estado, ejerciendo la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha apelado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid. El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

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El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane – la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio por el ‘procés’ independentista en Cataluña–, y fue presentado el pasado 20 de abril, es decir, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que se relaciona con la polémica destitución del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

A lo largo de 18 páginas, Seoane denuncia que la instructora ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales y ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, por lo que solicita a la Audiencia que declare su nulidad.

Entre otros aspectos, señala que «en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados», Rodríguez-Medel ha desbordado el ámbito competencial que ella misma acotó respecto a la investigación de estos hechos -la manifestación del 8 de marzo- y solicita a la Guardia Civil información «no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

Como ejemplo, la Abogacía señala lo solicitado respecto del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, dirigido por Fernando Simón, respecto del cual no se solicita únicamente información acerca de la eventual recepción por la Delegación del Gobierno del informe, que es lo que debería ser objeto de la investigación penal abierta, sino que va más allá al preguntar a la guardia civil qué difusión tuvo el citado informe.

A juicio de los servicios jurídicos del Estado, la jueza ha iniciado este proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino «meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado».

TESIS DE LA DEFENSA

En este punto, la Abogacía del Estado expone su tesis de defensa al considerar que «lo que no es indiciario sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad».

A juicio de la defensa, había recomendaciones sanitarias que fueron intensificándose, sobre todo a partir del día 11 de marzo y a todos los niveles administrativos, pero las mismas, en tanto eran recomendaciones y no prescripciones, no supusieron impedimento alguno para limitar la celebración de eventos deportivos, como el partido de fútbol celebrado en Madrid el día 7 de marzo entre el Atletico de Madrid y el Sevilla FC en el estadio del primero con asistencia de unos 60.000 espectadores; además de normal funcionamiento de recintos cerrados, espectáculos públicos, como cines, teatros, etc,

Frente a todo ello, considera que «lo que pretende la instructora, no es verificar si determinados indicios de incumplimiento del ordenamiento son ciertos, sino de encontrar tales indicios. Indicios de que la ausencia de prohibición de actos conmemorativos del 8 de marzo, fue un actuación arbitraria y a sabiendas de su injusticia»

TRAMITACIÓN EN PLENO ESTADO DE ALARMA

Otro de los puntos del informe carga contra la celeridad mostrada por la magistrada de Madrid en este asunto en pleno estado de alarma, cuando los plazos procesales se encuentran suspendidos y la justicia sólo actúa en los denominados por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) servicios esenciales, que requieren resolución de urgencia.

Es más, recuerda que el auto del 23 de marzo que se impugna, por el que se incoan las diligencias penales, reconoce de forma expresa que no había urgencia alguna por lo que al dictarlo desatiende todo lo excepcionalmente acordado, como eran razones de salud pública, para favorecer y permitir sin causar indefensión a ninguna parte o el aislamiento social.

«Pues bien, la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma», incide el escrito.


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Salud

Fernando Simón, en el punto de mira de la Guardia Civil: Principal sospechoso en la investigación penal por el aquelarre feminista del 8-M

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La investigación penal sobre la autorización de la manifestación del 8-M y otras concentraciones en plena expansión del coronavirus apunta a Fernando Simón.

Según recoge El Confidencial, las diligencias de la Guardia Civil han acreditado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad manejaba al menos tres días antes del aquelarre feminista datos que evidenciaban la gravedad de la crisis. Pese a ello, no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario ni otros que tuvieron lugar ese fin de semana.

Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 51 de plaza de Castilla, también apuntalan los indicios contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, que está imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación por haber permitido las aglomeraciones de esos días previos a la declaración del estado de alarma, obviando las alertas del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso y de las organizaciones sanitarias europeas y mundiales. Otros altos cargos de la delegación y del ministerio pueden seguir ahora los pasos de Franco, según fuentes próximas al caso.

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Las indagaciones del instituto armado atribuyen a Simón un papel decisivo en la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse en Madrid entre el 19 y 21 de marzo. El 5 de marzo, tres días antes del 8-M, responsables de esa congregación fueron convocados en el ministerio para hablar sobre un brote de Covid-19 en una de sus iglesias y estudiar la anulación del congreso. El propio ministro de Sanidad Salvador Illa y Simón coincidieron en que debía suspenderse por el alto riesgo de propagación del virus.

Los investigadores contraponen las precauciones de Simón por el acto religioso con su actitud permisiva en torno al 8-M y el resto de aglomeraciones de ese fin de semana. También recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia el 14 de febrero sobre el peligro de los actos multitudinarios y que, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades publicó una circular aún más contundente que desaconsejaba la autorización de aglomeraciones.


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