El pasado viernes 6 de diciembre se celebró en el Congreso de los Diputados el 46 aniversario de nuestra Constitución con la asistencia de los representantes de los tres poderes del Estado y personalidades de los distintos ámbitos de la vida nacional a excepción de los renegados secesionistas y de la ácrata vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En principio llama la atención la sonrisa hipócrita de los concurrentes en los saludos que se dedicaban, máscara del odio que se profesan que es del dominio público.

Los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria hicieron uso de la palabra para celebrar el aniversario abriendo el turno de la palabra Francisco Javier Ortega Smith-Molina en representación de VOX que elogió la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles que proclama el Artículo 2 del texto constitucional.

A continuación, Ione Belarra Urteaga en representación de Podemos, manifestó que la Constitución está muerta y que hay que aprobar otra que reconozca la república como forma política del Estado español.

Los comentaristas televisivos apostillaron negativamente la disertación del representante de VOX guardando silencio ante la perorata de la representante de Podemos, lo que revela un coeficiente intelectual bajo mínimos.

En representación de los barones del PP hizo uso de la palabra Alfonso Fernández Mañueco que exaltó la cohesión territorial de España, la concordia, la libertad y la igualdad que, según dijo, proclama la Constitución: este menda debe vivir en un país imaginario.

En su turno de palabra, Pedro Sánchez dijo que España está viviendo uno de sus mejores momentos de la Historia Contemporánea, exaltando el marco de convivencia constitucional, que en las próximas elecciones generales los españoles nos vamos a encontrar con una España aún mejor que la de hoy, que todos los territorios de España están cumpliendo la Constitución. Hasta aquí, Alicia en el país de las maravillas, después con su anuncio de que va a reformar la Constitución viene la alarma que pone el pelo de punta.

Alberto Núñez Feijóo, escoltado por su corte de aduladores afirmó que el PP es un partido constitucionalista, que en España nadie es más que nadie, que se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución.

En resumen, los españoles no hemos ganado nada con esta sátira en la que ninguno de sus protagonistas dice la verdad practicando la táctica del “y tú más”.

Por añadidura, Alberto Núñez Feijóo demuestra con su perorata que miente como un bellaco pues desde el 2 de abril de 2022, fecha desde la que Alberto Núñez Feijóo preside el PP, le he enviado numerosos escritos solicitándole que requiera a los alcaldes del partido para que tramiten los actos religiosos en la vía pública de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 21. 1 de nuestra vigente Constitución que dispone “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa” y la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, cuyo Artículo octavo establece que “La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas…”

Por cuanto antecede apuesto que Alberto Núñez Feijóo, a partir de ahora, respetará y hará respetar la Constitución y la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en la tramitación de actos religiosos en la vía pública, requiriendo a los alcaldes del PP para tal fin recuperando la libertad para poder censurar a su principal adversario político al actuar de forma distinta en el asunto en cuestión.

En cuanto a los simpatizantes y militantes del Partido Popular que conserven la facultad de discurrir, ruego su intervención para que su presidente respete y haga respetar las mencionadas disposiciones evitando el ridículo internacional con los consiguientes efectos económicos negativos que supone el hecho de que sus ayuntamientos vulneren la Constitución que Feijóo y sus alcaldes han jurado, y el rechazo nacional.