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Andalucía

Así funcionó el “sistema fraudulento” de los ERE durante una década en Andalucía

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Entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía puso y mantuvo en funcionamiento un “sistema fraudulento” de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros. La Audiencia de Sevilla ha condenado por ello a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán a seis años de prisión y 15 de inhabilitación y a Manuel Chaves a nueve de inhabilitación, así como ha establecido condenas a los máximos responsables de este entramado.

Un sistema por el que las subvenciones sociolaborales para empresas en crisis salieron de su cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes y por el que se lucraron múltiples empresas, en ocasiones vinculadas a un mismo propietario y que en ocasiones “carecían de actividad ni empleados”. Una realidad opuesta a las casi 200 compañías que, por ausencia de convocatoria y publicidad del proceso de concesión de las ayudas, se vieron “privadas del derecho a acceder a las ayudas” que les hubieran permitido mantener su actividad empresarial, evitando cierres. De entre las más de 1800 páginas de sentencia, la Audiencia de Sevilla ha resumido la trama fraudulenta de la siguiente manera.

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El origen: dos modificaciones presupuestarias para eludir controles

Entre 1999 y la primera parte del año 2000 las subvenciones laborales para casos como los ERE funcionaban de forma legal a través de las partidas del programa presupuestario 22E, aunque la Consejería de Empleo “utilizaba ordinariamente lo que debiera ser extraordinario”, es decir, la figura de la subvención excepcional. Un hecho que en ocasiones sufría retrasos debido a los informes desfavorables del Gabinete Jurídico y por los reparos del Interventor Delgado.

“La necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente”, reza el fallo.

El fraude se gestó en el año 2000, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Manuel Chaves, aprobó dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Hacienda, que presidía Magdalena Álvarez y se mantuvieron con José Antonio Griñán al sucederla en el cargo.

La primera modificación fue una Transferencia de Financiación por la que las partidas de las subvenciones pasaron de la Consejería de Empleo a ser gestionadas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -posteriormente IDEA-. Y con la segunda modificación presupuestaria, se redujeron los fondos del programa presupuestario 22E -de la Consejería-, e incrementaron de forma “legalmente inapropiada” la partida 440.01 de “transferencia al IFA en materia de Relaciones Laborales”.

El tribunal considera que la “única conclusión razonable” para dichas modificaciones -que se incluyeron en el presupuesto de 2002 y se mantuvieron hasta el año 2009- fue evitar la tramitación de los expedientes de concesión de subvenciones, “con los requisitos legalmente establecidos para su otorgamiento, así como la fiscalización previa por parte de la Intervención”.

Además, en julio de 2001 el Consejero de Empleo, José Antonio Viera Chacón, y el presidente del Instituto, Antonio Fernández García -también entonces viceconsejero de Empleo- firmaron un convenio por el que el Instituto recibe “una misión concreta: pagar el importe de la ayuda que le ordenara el Director General de Trabajo”, que entonces era el también condenado Francisco Javier Guerrero, responsable de gestionar las subvenciones excepcionales dentro del programa 22E -y luego 31L-. Todo ello, pese a que el Director General de Trabajo “carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones”.

Gastos ficticios, desfases presupuestarios y descontrol

Las transferencias de financiación, explica la sentencia, están justificadas únicamente para “compensar las pérdidas de una entidad empresarial pública” -que en este caso sería la Consejería de Empleo-. Por eso, la Audiencia de Sevilla deduce que “era aritméticamente necesario hacer figurar en el IFA-IDEA gastos ficticios -que nunca se iban a producir- que originaran pérdidas, logrando así el necesario equilibrio presupuestario de esa”.

Además, el nuevo sistema permitió que los fondos se otorgaran directamente a las empresas -en lugar de a los trabajadores- con “la ausencia de control alguno” sobre la pertenencia a dichas empresas de las personas beneficiarias de las ayudas públicas. De hecho, el sistema orquestado “permitió la inclusión de beneficiarios que nunca habían pertenecido a las empresas ayudadas por la Consejería de Empleo”.

El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, advirtió hasta en quince informes de las irregularidades, pero no tomó medidas -ha resultado absuelto en el caso-. Con todo ello, el Interventor del IFA “quedó limitado a la verificación de la recepción de los fondos procedentes de la Consejería de Empleo y a su aplicación a los destinatarios”. No había, por tanto, control sobre los procedimientos de concesión de subvenciones, ya que esta actividad era competencia de la Consejería de Empleo.

Otra consecuencia de las transferencias de financiación y del aumento de las partidas en el IFA-IDEA es que se produjeron los desfases presupuestarios, es decir, que “de manera reiterada que se pagaron por la entidad subvenciones del programa 31L en cuantía superior al crédito que la Consejería de Empleo utilizaba para su concesión”. Por ello, la Consejería de Empleo comenzó a utilizar el sistema de “pagos cruzados” por el que en la misma partida incluía pagos de objetos diferentes.

Por todo ello, la Audiencia considera que “la Consejería de Empleo disponía de los fondos públicos del programa 22E/31L, sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía. En definitiva, permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado”.

Concluye explicando que la trama, “desde el punto de vista presupuestario”, finaliza “con la elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos para el ejercicio 2010”, cuando se abandona el uso de la partida presupuestaria de transferencias de financiación al IFA-IDEA.


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Andalucía

Una de las fechorías más repugnantes de la transición fue declarar “padre de la patria andaluza” a un cretino chiflado, como Blas Infante. Por Pío Moa

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Una de las fechorías más repugnantes de la transición fue insultar a los andaluces declarando “padre de la patria andaluza” a un cretino chiflado, Blas Infante.

Desmán completado ensuciando a Andalucía con la bandera islámica diseñada por el orate. En su momento, la bandera fue recibida con una mezcla de rechifla e indignación a las que respondía el citado cretino:  “¡Qué gobierno, qué país!  Llegar a sentir alarma ante el flamear de una bandera de inocentes colores, blanca y verde! Le hemos quitado el negro como el duelo después de las batallas,  y el rojo como el carmín de nuestros sables, y todavía se inquietan”. ¡El inocente Blas!

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Es difícil medir la felonía, no tanto de este como de los infames politicastros que hicieron allí la transición simbolizando a Andalucía con la bandera almohade (gran regalo para Marruecos) y atacando directamente a España y su historia.

Salvo cuatro desgraciados, ningún andaluz se sentía andalusí o musulmán ni tenía interés por un sujeto como el tal Blas, fusilado por los nacionales, a quienes no parecía hacer gracia la advertencia del “carmín de nuestros sables”. Pero en 1982 y 83 los “demócratas” se apresuraron a imponer bandera y patriarcado de la patria, como si Andalucía no hubiera existido tras la expulsión de los moros hasta que el orate se dedicó a “pensar”. Así rompían de modo radical con el referéndum de 1976 y con la misma constitución del 78.  Es algo que define perfectamente una calidad moral, intelectual y política, y la define como propia de bandas de cacos: PSOE, UCD, AP (luego PP) y “andalucistas”. Y ahí siguen esos corruptos golfos prometiendo Andalucía al islam y corroyendo la idea de España.


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España

Condenada una profesora de Podemos por la ‘procesión’ del «Chumino Rebelde» en Málaga

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Elisa Mandillo
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La acusación particular en el caso de la procesión del ‘Chumino Rebelde’ de Málaga fue ejercida por la Asociación Española de Abogados Cristianos. La profesora de Podemos Elisa Mandillo deberá pagar una multa de 2.700 euros por escarnio contra los sentimientos religiosos.

 

«Quedan probados todos los elementos del tipo previsto en el artículo 525 del Código Penal, así, el escarnio, como elemento objetivo, consistente en la burla tenaz que se hace con propósito de afrentar una clase de injuria consistente en ridiculizar los sentimientos religiososos».

La profesora y excandidata de Ganemos Málaga -marca electoral asociada a Podemos- Elisa Mandillo ha sido condenada a pagar una multa de 2.700 euros y las costas del procedimiento judicial como responsable de la llamada ‘procesión del Chumino Rebelde’ que recorrió las calles de la ciudad andaluza el 8 de marzo de 2013.

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El juzgado de Instrucción número 11 de Málaga declara «expresamente probado» que Elisa Mandillo participó en la referida puesta en escena «ataviada con una peineta y con una vela grande en la mano» y que en compañía de otras personas, en «lo que se antoja una imitación de un paso de Semana Santa cuya imagen es una vagina de grandes dimensiones ataviada con un pañuelo grande o manto, con flores en la base, desfilando por algunas de las calles más céntricas de la capital malagueña, exhibiéndose ante infinidad de personas, llegando incluso a detenerse ante la Catedral y el Palacio Episcopal».

Elisa Mandillo «no paró de proferir expresiones altamente vejatorias y ridiculizantes» como «vamos a quemar la Conferencia Episcopal», según la sentencia

La sentencia subraya que Mandillo no sólo formaba parte de la comitiva, sino que fue la encargada de proclamar a viva voz dos versiones del Credo y el Ave María, dos de las más importantes oraciones de la Iglesia Católica.

De estos textos el juez determina que «contienen expresiones altamente ofensivas para la fe católica, pues no sólo proclama unos textos que adoptan la forma y estructura tanto del Credo como del Ave María, sino que su contenido es una burla constante a la oración original».

Durante el juicio se pudo ver un vídeo en el que «queda probado» -dice el juez- que Elisa Mandillo participó en la referida ‘procesión’ «con la evidente intención de ridiculizar y burlarse de forma gratuita de una tradición católica fuertemente enraizada en nuestra sociedad y que evidentemente no tiene otro propósito que la ofensa gratuita de sus dogmas y creencias más profundas«.

En las imágenes «se observa con total claridad cómo las ‘porteadoras’ del ‘paso’ van ataviadas con elementos propios de las procesiones de Semana Santa (…) sin otro afán que el de ofender a los que se profesan la fe cristiana«.

La sentencia detalla que el «espectáculo» duró al menos dos horas, que Mandillo «aparece como protagonista» y que como se puede ver en el vídeo «no paró de proferir expresiones altamente vejatorias y ridiculizantes» como «vamos a quemar la Conferencia Episcopal».

La sentencia decreta que «no puede considerarse amparada en la libertad de expresión la conducta de la acusada, pues resulta de los hechos probados que llevó a cabo actos gravemente ofensivos y vejatorios para los sentimientos de los católicos, con publicidad, y qu eno se justifican por su desacuerdo con las ideas dela iglesia católica acera de la reforma de la ley del aborto, hecho en el que la acusada se ampara».


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Andalucía

El PP estrecha el cerco sobre Susana Díaz en el Parlamento por las ayudas millonarias de Isofotón

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Pide al Gobierno andaluz el expediente completo de los avales y subvenciones para la malograda empresa solar

El PP lanza una ofensiva en el Parlamento andaluz contra la presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz, por su gestión en el escándalo de las ayudas millonarias concedidas a Isofotón, la empresa fabricante de placas solares a la que la Junta de Andalucía concedió 80,5 millones entre 2005 y 2012, de los que cobró más de 44 millones.

Mediante una solicitud dirigida a la presidenta del Parlamento andaluz, los diputados populares Ramón Herrera y Pablo Venzal han pedido al Ejecutivo regional el «expediente completo» de las ayudas al proyecto estratégico de placas solares que el Gobierno de la Junta de Andalucía «financió o avaló en 2012 en favor de la mercantil».

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En su solicitud registrada el 1 de octubre, hacen una mención expresa a «las autorizaciones y trámites preceptivos, así como los acuerdos del Consejo de Gobierno relativos al expediente». Además, el Grupo Popular ha pedido los informes redactados en 2015 y 2016 –durante el mandato de Díaz– por la Agencia IDEA en relación a las ayudas recibidas por la sociedad malagueña.

Malversación de fondos públicos

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla investiga a tres exdirectivos y 37 exresponsables de la Junta de Andalucía, entre ellos 4 exconsejeros, por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental.

En un atestado unido a esta causa, la Policía Nacional acusó a altos cargos de José Antonio Griñán y de Susana Díaz de «ocultar» hasta «en tres momentos» información vital para la investigación judicial como que la firma solar había otorgado 43 millones en 2007, de los que sólo se abonaron unos 6 millones de euros.


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Vox exige a Serrano que deje su acta: «Nos comprometimos a devolverla si abandonamos el partido»

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Vox ha exigido este viernes a Francisco Serrano que entregue su acta de diputado porque todos se han comprometido a hacerlo si abandonaban la formación.

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha sugerido este viernes a Francisco Serrano, que hace unos días anunció que se daba de baja de Vox y abandonaba el grupo parlamentario aunque se mantenía en el escaño, que debería dejar el acta de diputado pues, según ha recordado, «todos los cargos electos de Vox, cuando tomamos posesión, firmamos un documento con el partido en el que nos comprometemos a devolver el acta si abandonamos la formación por la razón que sea».

Así se ha pronunciado Hernández en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, dos días después de que Serrano diera a conocer que rompía relaciones con Vox para «no manchar al partido» tras conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía ha formulado una querella contra él por presunto fraude de subvenciones. No obstante,

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Serrano mantiene el acta como diputado no adscrito.

El portavoz parlamentario de Vox ha indicado que no ha hablado con Serrano desde que anunció su salida del partido, al tiempo que ha incidido en que aunque los cargos de Vox se comprometieron a devolver el acta si dejaban la formación, «la normativa dice que el acta es del diputado».

«Al final es una cuestión de orden personal y no podemos perder de vista que cuando alguien abandona el partido no existe la capacidad de disciplinar», ha abundado Hernández, que, ante la denuncia, ha defendido que «la presunción de inocencia alcanza a todos los ciudadanos» pero ha matizado que, evidentemente, «lo que Vox sostiene es que el que la haga la pague, y si es uno de los nuestros lo decimos con más preocupación y firmeza».


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