El gobierno australiano está a punto de asestar el mayor golpe a la libertad de expresión que hemos visto en años, y lo hace con la velocidad de un canguro desbocado. Esta semana ha salido a la luz un borrador de ley que otorga al Ejecutivo poderes para cancelar visados, confiscar dispositivos y perseguir cualquier opinión que etiqueten como “discurso de odio” o “ideología extremista”. El Parlamento regresa el 30 de enero y todo apunta a que esta legislación se aprobará a toda prisa, dejando claro que la amenaza es real y devastadora para la libertad en la red.

El proyecto, impulsado tras el atentado de Bondi, pone en el punto de mira a no ciudadanos y a cualquier persona con visado que, bajo una simple “sospecha razonable”, pueda ser acusada de incitar al odio contra un “grupo protegido”, mostrar “símbolos prohibidos” o relacionarse con “organizaciones extremistas”.

No hace falta condena judicial: basta con que un agente de la Fuerza Fronteriza crea que llevas algo sospechoso para requisar tus pertenencias en el aeropuerto, sin orden ni garantías.

Y ojo, porque esto no se limita a lo que hagas en Australia: tu actividad en redes sociales, incluso fuera del país, puede servir para negarte el visado. Un tuit antiguo, un comentario incómodo… todo cuenta.

La raíz de este ataque viene de los anuncios de diciembre de 2025, cuando el primer ministro Albanese prometió endurecer los delitos de “discurso de odio” y aumentar las sanciones para publicaciones online, además de crear listas negras de organizaciones por “odio racial” o “supremacismo”.

Las voces críticas no han tardado en sonar: asociaciones como Liberty Victoria advierten que se está dinamitando el debido proceso, enfriando la disidencia y abriendo la puerta a la persecución de denunciantes, activistas y cualquiera que se salga del discurso oficial sobre inmigración o cultura.

Las universidades tiemblan por sus 600.000 estudiantes internacionales: un solo post polémico y el visado desaparece. Las empresas, por su parte, revisan el historial digital de sus empleados antes de enviarlos a Australia.

Como advierte un bufete de abogados: “El tuit de tu empleado puede convertirse en un problema de visado”.

¿Por qué este proyecto es el mayor enemigo de la libertad de expresión en una década? Porque va mucho más allá de multar plataformas o borrar contenido: convierte las palabras en motivo de exilio.

Las tecnológicas se verán inundadas de peticiones gubernamentales para retirar publicaciones vinculadas a casos de visado. La censura digital se institucionaliza y la autocensura se convierte en norma.

Todos sabemos que el concepto de “discurso de odio” es una pendiente resbaladiza.

Hoy es el antisemitismo, mañana será la crítica a la política migratoria o al cambio climático.

El Reino Unido ya lo demostró con su Ley de Seguridad en Línea, que obligó a las plataformas a entregar datos de usuarios bajo amenaza de multas, provocando oleadas de bloqueos y expulsiones.

Alemania lleva años multando a plataformas por publicaciones consideradas “odio” bajo la ley NetzDG, convirtiendo a las redes sociales en brazos ejecutores del censor estatal.