La Policía Nacional y la Europol solicitan la colaboración ciudadana en toda Europa para localizar a Antonio Anglés. El juzgado de instrucción número 6 de la localidad valenciana de Alzira, que mantiene abierta la investigación del caso, ha dado autorización para que se emplee el perfil del presunto autor material del triple crimen de las niñas de Alcàsser, cuyo rostro volverá a los carteles de los fugitivos más buscados cuando se cumplen 29 años del asesinato de Toñi, Miriam y Desirée.
Casi tres décadas después de los asesinatos de Toñi, Desirée y Miriam, las niñas de Alcàsser, el Grupo de Localización de Fugitivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado Central de la Policía Nacional prepara una campaña divulgativa a nivel europeo para reactivar la búsqueda del presunto autor material del triple crimen.
El juzgado de instrucción número 6 de la localidad valenciana de Alzira, que mantiene abierta la investigación del caso, ha dado autorización para que se emplee el perfil de Antonio Anglés en una operación para localizar al fugitivo, dado que, según el escrito remitido al Juzgado, es «una persona de gran interés policial sobre el que, tras diversas gestiones, no ha podido establecerse su localización».
El rastro de Antonio Anglés se perdió en 1993 en la bahía de Dublín, cuando viajaba como polizón en un barco. El pasado mes de septiembre, un oficial del ‘City of Plymouth’ confirmaba que el presunto autor del triple crimen, al que se le atribuyen los delitos de rapto, violación, asesinato, inhumación de cadáver y tenencia ilícita de armas, estuvo a bordo de la embarcación. El oficial aseguró que Anglés huyó en aguas irlandesas y evadió el cordón policial en el puerto de Dublín, desmontado de este modo una de las principales hipótesis de la investigación, que sostiene que el fugitivo murió ahogado.
Nuevas pistas
La reactivación de la búsqueda a nivel europeo llega tras la la petición de una de las acusaciones particulares de analizar pelos hallados recientemente en los cuerpos de las víctimas. Además, hace unas semanas, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira ordenaba examinar de nuevo los vehículos de los dos autores materiales del triple crimen. El objetivo, dar con restos biológicos de alguna de las menores.
A punto de cumplirse 29 años de la desaparición
Miriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández tenían entre 14 y 15 años cuando fueron secuestradas, violadas y torturadas hasta la muerte. Las jóvenes fueron vistas por última vez el 13 de noviembre de 1992 cuando se dirigían desde Alcàsser, la localidad valenciana donde residían, a la discoteca Coolor, en Picassent.
Las tres niñas de Alcàsser.
Hicieron autoestop y, a la salida de su pueblo, una pareja, Francisco Hervás y Mari Luz, las recogió y las dejó en la gasolinera Marí Picassent. Allí, una vecina aseguró haberlas visto subirse a un coche blanco con cuatro personas a bordo. Pero las jóvenes nunca llegaron a la discoteca. Su rastro se desvaneció.
Comenzaba entonces una intensa búsqueda que terminó dos meses después, el 27 de enero de 1993, cuando dos apicultores hallaron los cadáveres semienterrados de las jóvenes en un paraje de difícil acceso conocido como La Romana, el mismo en el que, en 2019, una pareja encontraba restos óseos que pertenecían a una de las niñas.
Miguel Ricart y Antonio Anglés
El 5 de septiembre de 1997, Miguel Ricart fue condenado a 170 años de prisión como autor de tres delitos de asesinato y cuatro continuados de violación, en concurso con tres delitos de rapto. El 29 de noviembre de 2013, con 44 años, Ricart salió de la cárcel después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulara la doctrina Parot.
Antonio Anglés, considerado autor material de los hechos, se fugó antes de ser detenido. Ahora, veintinueve años después del triple crimen de las niñas de Alcásser, su rostro volverá a los carteles de los fugitivos más buscados de toda Europa.
El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.
Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.
En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.
Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.
Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.
Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.
