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Sucesos

Detenida en Guadalajara por simular una falsa violación grupal en un parque de Toledo

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Una imagen del Parque de la Vega, en Toledo.
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La Policía Nacional ha detenido a una mujer de Guadalajara que simuló haber sido víctima de una grave agresión sexual durante los Carnavales, en el Parque de La Vega de Toledo. Los investigadores han concluido que la detenida ideó y denunció estos graves hechos para hacer sentir culpable a su familia y que le permitiera volver a su domicilio, tras estar ingresada en un centro de rehabilitación.

Las alertas por este hecho se activaron la noche del pasado 20 de febrero, cuando una mujer se personó en el Hospital de Guadalajara comunicando al personal médico que apenas 15 horas antes había sido víctima de una grave agresión sexual en la que dos varones de origen extranjero la habían forzado amenazándola con un arma blanca y de manera violenta para mantener relaciones vía vaginal, anal y bucal, según ha informado en nota de prensa la Policía Nacional.

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Conforme al protocolo establecido para este tipo de casos, y de manera inmediata, se pusieron estos hechos en conocimiento de la Policía Nacional de Guadalajara y de Toledo, iniciándose una minuciosa investigación para esclarecer lo sucedido y detener a los presuntos autores.

Durante varias semanas, los investigadores emplearon todos los recursos disponibles, si bien comenzaron a encontrar algunas trabas ya que la víctima, tras formular su denuncia, se negó en rotundo a colaborar con los agentes, negándose a realizar una reconstrucción de los hechos que sería fundamental para hallar pruebas que condujesen a averiguar la identidad de los autores.

No obstante, a pesar de las dificultades, continuaron con una investigación que se tornaba extremadamente compleja. Las primeras comprobaciones que realizaron contradecían la versión de los hechos aportada por la víctima en su declaración, ya que no había prueba alguna de que hubiese estado en los lugares que indicaba ni las personas que presuntamente la habían acompañado la conocían de nada.

Finalmente, consiguieron averiguar que en la fecha en que manifestaba que habían ocurrido los hechos se encontraba en la localidad de Torrijos, donde pasó la noche hasta que decidió regresar a Guadalajara.

Ante tales evidencias, el pasado miércoles 4 de marzo los agentes procedieron a su detención como presunta autora de una simulación de delito.

Todo apunta a que la víctima, que hasta el día 17 de febrero había estado ingresada en un centro de rehabilitación de Toledo, quería regresar a su domicilio en Guadalajara, hecho que su familia no aceptaba hasta que estuviese recuperada, por lo que ideó y denunció estos graves hechos para hacer sentir culpable a su familia y así lograr que le permitiesen regresar o, al menos, ingresar en un centro de su localidad.

El hecho de simular ser víctima de una infracción penal, o denunciar unos hechos delictivos inexistentes está contemplado como delito en el Código Penal español.

Las consecuencias no son solo penales, este tipo de investigaciones requieren invertir muchos recursos humanos y materiales – que en este caso se podrían cuantificar en más de 2.600 euros- y además la Policía Nacional invierte en ellos un tiempo que va en detrimento de la investigación de otros hechos con víctimas reales.


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Sucesos

Casiano Antonio Hernández Hernández: Concejal de UNIDAS PODEMOS detenido por abusos sexuales a una menor

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La Guardia Civil ha detenido al concejal de Unidas Podemos de Becerril de la Sierra (Madrid) Casiano Antonio Hernández Hernández por un presunto delito de abusos sexuales a una menor, según informan fuentes de la investigación.

La denuncia fue interpuesta en la mañana del lunes por una chica de 17 años, que acudió al cuartel de la Guardia Civil acompañada por su madre.

El supuesto agresor declaró por la tarde y, tras testificar, fue arrestado por los agentes por unos hechos que presuntamente ocurrieron el pasado fin de semana.

Ayer fue puesto a disposición judicial en el juzgado de Colmenar Viejo, según indican fuentes de la Comandancia de Madrid.


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Sucesos

La juez del 8-M advierte que actuará contra Interior si confirma que el coronel Pérez de los Cobos ha sido cesado por obedecerla

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La fulminante destitución del jefe de la Comandancia de Madrid, coronel Pérez de los Cobos, después de que la Guardia Civil atendiese las órdenes de una juez que ordenó investigar la autorización gubernamental de la manifestación del 8-M cuando ya existía una alerta sanitaria internacional, vuelve a poner en el foco la utilización partidista que el Ejecutivo de Sánchez hace de la Benemérita.

La excusa para quitarse de encima a De los Cobos es una «pérdida de confianza», supuestamente por no haber informado al ministro Grande-Marlaska de que investigaba un asunto que ha terminado con la imputación judicial del delegado del Gobierno en Madrid. Ni el coronel estaba obligado legalmente a hacerlo ni parece prudente que lo hiciera estando bajo investigación representantes del Gobierno, como lo son José Manuel Franco y otros altos cargos del Ejecutivo en Sanidad. E hizo bien Pérez de los Cobos en desatender la petición que le hizo Marlaska de ver el informe, para eludir cualquier posible injerencia ministerial en el mismo, toda vez que la juez advirtió al coronel de que fuera cuidadoso con las filtraciones.

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La petición del ministro era inadmisible. Esta purga de quien investiga (por orden judicial, insistimos) la negligencia del Gobierno en la expansión de la pandemia se une al desafortunadísimo episodio de Interior ordenando a la Guardia Civil que impidiera las críticas al Ejecutivo, alejándola de su misión constitucional («proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana», artículo 104) y endilgándole funciones de «policía política».

La destitución de Pérez de los Cobos cumple además una demanda de ERC, pues era una de las cabezas que el nacionalismo quería cobrarse como responsable del dispositivo policial contra el referéndum ilegal del 1-O. Es hora de que el Gobierno saque sus sectarias manos de la Guardia Civil y deje de juguetear irresponsablemente con el prestigio de una institución con 176 años de servicio ejemplar a los españoles.

La juez advierte a Interior

La juez que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia por covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.

El oficio fue remitido a primera hora de la mañana de este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, coincidiendo con la jornada en la que se ha conocido la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar «por pérdida de confianza» al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de Covid-19.


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Sucesos

La juez imputa al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la ‘bomba biológica’ del 8 de marzo, uno de los focos principales de la pandemia

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La juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la autorización de las manifestaciones del 8-M pese a la pandemia del coronavirus, ha citado a declarar como investigado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para esclarecer si cometió prevaricación al permitir esas concentraciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. La comparecencia, aclara, se llevará a cabo preferentemente de forma telemática por la crisis sanitaria del Covid-19.

Asimismo, la magistrada reclama a la Delegación del Gobierno que antes del 1 de junio le remita un informe en el que detalle las peticiones de manifestaciones que llegaron a sus manos, y las que prohibió, entre el 5 y el 14 de marzo pasados, y también una relación de los expedientes de concentraciones que en esa última fecha estaban pendientes de resolver sobre su autorización o denegación.

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La instructora del procedimiento también quiere saber las circunstancias en que se desconvocaron o no se permitieron 21 manifestaciones y en qué fechas la Delegación del Gobierno requirió a sus organizadores para que las protestas no se celebrasen.

Al Ministerio de Sanidad, la juez le solicita, también antes del próximo 1 de junio, que aclare qué difusión tuvieron sus recomendaciones de medidas extraordinarias por el coronavirus del pasado 3 de marzo, si fue colgado en la web del ministerio y si fue remitido a la Delegación del Gobierno y en qué fecha.

Y en relación con el comunicado de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, del pasado 6 de marzo sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia, la magistrada pide a Sanidad que aclare si “se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones”, si se subió a la web ministerial y si se envió a la Delegación del Gobierno de Madrid o a Interior.

La instructora cita igualmente, en su caso como testigos, al secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; a Luis María Sanz Moriñigo, jefe del gabinete de Franco, y al director de Seguridad Ciudadana de la Delegación, José Luis Correas.

El abogado Víctor Valladares denunció a título particular al delegado del Gobierno -al igual que hizo contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo- por permitir esas manifestaciones del 8-M pese a la recomendación del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades de seis días antes de que se evitaran concentraciones multitudinarias.

En la resolución en la que acordó la apertura de diligencias, la magistrada ya dejó claro su interés en esclarecer “si por las autoridades competentes, promotores de las reuniones o manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno, se hizo advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios que conllevaba acudir a las mismas, de modo que los asistentes aceptaran la autopuesta en peligro”. Y también reclamó a la Guardia Civil que investigase si por parte de las autoridades competentes “se suministraron medidas de prevención a los asistentes de estas reuniones o manifestaciones celebradas con posterioridad al 5 de marzo 2020, tales como guantes, mascarillas u otras”.


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