Tribunales
Día de los Europeos contra la Corrupción Judicial
Javier Marzal.- Tras declarar el 22 de septiembre de 2018 el día de los europeos contra la corrupción judicial, el European Movement for Justice ha realizado su primera conmemoración, realizando los siguientes tres eventos:
Tres dirigentes de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED), incluyendo a Javier Marzal (promotor del European Movement for Justice), mantuvieron una comida de trabajo con Horst Trieflinger, Presidente de VGR (Asociación más antigua y grande de víctimas judiciales en Alemania). El objetivo de la reunión era intercambiar conocimientos sobre la corrupción judicial en cada país y establecer relaciones futuras. A los postres se unió José María Castillejo, Presidente de la Asociación de víctimas de tortura por denunciar la corrupción.
Posteriormente se reunieron:
1. El promotor del European Movement for Justice.
2. Representantes de cinco asociaciones relacionadas con la justicia: Asociación de víctimas de tortura por denunciar la corrupción, Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción, la referida ANVIPED, Asociación nacional de abusos y errores judiciales y la Asociación regional consumidores-impositores Impoebro.
3. Representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Madrid.
Se trataron los siguientes asuntos:
1. Siendo 2018 el año de la oposición popular a la corrupción judicial, tanto por las abundantes manifestaciones como por la crítica mediática a algunas sentencias, como la de La Manada, el promotor del European Movement for Justice inició esta reunión con los siguientes asuntos:
1. Necesidad de colaboración entre las organizaciones del sector social contra la corrupción judicial.
2. impulsar que los medios de comunicación aumenten su negocio informando y debatiendo sobre la corrupción judicial, como se ha hecho con la corrupción política.
3. Se informó de la comparecencia de la Asociación de Usuarios de la Justicia (AUSAJ) en la Comisión de Justicia del Congreso, a finales de 2017, donde informó del grave problema de la IMPUNIDAD de los jueces y de que la solución está en que los jueces sean juzgados por un Jurado Popular.
4. Se informó sobre que algunos medios han publicado la reciente denuncia de la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción contra la IMPUNIDAD de los jueces ante el organismo europeo denominado Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO).
5. En la misma línea de la asociación AUSAJ, se informó que el European Movement for Justice tiene una petición para que los jueces sean juzgados por un Jurado Popular como establecía la Constitución de 1812 (Cortes de Cádiz).
2. Hubo consenso en que la IMPUNIDAD de los jueces es el problema básico de la corrupción judicial.
3. Hubo consenso sobre la necesidad de colaborar entre asociaciones y plataformas para trabajar contra la corrupción judicial. En reuniones posteriores se concretará esta colaboración que se ampliará a otras organizaciones que no estuvieron presentes por problemas de agenda.
4. Varios participantes afirmaron que la solución a la IMPUNIDAD consiste en que los jueces sean juzgados por un Jurado Popular.
5. Varios participantes trataron asuntos concretos que podrían mejorar el sistema judicial.
6. La PAH Madrid, informo que había propuesto a varios grupos parlamentarios y al Defensor del Pueblo que los Derechos de los ciudadanos ante la justicia adquieran rango de ley.
7. La Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción sostuvo que en España no hay solución e informó sobre futuras denuncias en otras instancias europeas, además de la mencionada.
8. La Asociación de víctimas de tortura por denunciar la corrupción, hizo hincapié en que los delitos de tortura por abusos de los jueces no prescriben y pueden ser juzgados en el Tribunal internacional de La Haya.
9. ANVIPED informó que tiene concedida una reunión con la Ministra de Justicia, para impedir el negocio que hacen los fiscales y jueces denunciando a abogados, a víctimas judiciales y a dirigentes de las asociaciones, obteniendo indemnizaciones por delitos inexistentes según el TEDH. También informó de sus denuncias contra sentencias que socavan los cimientos del Estado de Derecho y su intención de que varias asociaciones las firmen, informando todas a los medios.
3o.- Se realizó la manifestación, desde Cibeles hasta la Puerta del Sol, de 19:00 a las 20:30 horas, con la asistencia de víctimas judiciales, del referido.
OPINIÓN SOBRE LOS RESULTADOS
Las organizaciones participantes valoramos muy positivamente los resultados de este Día de los europeos contra la corrupción judicial, porque hemos impulsado la necesidad de colaborar en la solución de este grave problema. Además, hemos proporcionado el material que necesitaban las víctimas judiciales para acabar con el vacío social al que están sometidas, pudiendo ser apoyadas por los demás.
Ahora se puede vencer el miedo a oponerse públicamente a los jueces, aumentando la presión social para que sea posible las soluciones que proponemos.
Este material ya se está viralizando, lo que garantiza el fortalecimiento continuado de estos resultados.
*Promotor del European Movement for Justice
España
El juez del Tribunal Supremo que investiga al Fiscal General le acusa de «destruir pruebas». Pero aquí no dimite nadie
El juez que investiga a García Ortiz le reprocha que haya hecho «desaparecer pruebas»
Hurtado señala la «falta de colaboración» del fiscal general del Estado por no haber comunicado al tribunal la eliminación de sus mensajes
El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos -por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- ha reprochado a Álvaro García Ortiz que haya hecho «desaparecer pruebas» de sus móviles, tras constatar la Unidad Central Operativa (UCO) que eliminó sus mensajes en los días claves de la divulgación de esa información confidencial sobre la investigación al empresario por fraude tributario.
Así lo pone de manifiesto el magistrado Ángel Hurtado en la resolución en la que -tras la queja del fiscal general sobre la incorporación de datos reservados a los informes de la UCO- acuerda que acusaciones y defensas puedan consultar los anexos de esos dictámenes en la propia secretaría del tribunal, para reducir así el riesgo de filtraciones. El instructor toma esta decisión tras recibir el último informe de la UCO, fechado el pasado día 21, que incorpora tres anexos sobre lo «cambios de móvil» del fiscal general
El instructor señala que «es una evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles» a lo largo de la instrucción. Y «aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo», añade, «de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición» y «no aprovechar» para llevar a cabo ese borrado masivo el mismo 16 de octubre del pasado año, «cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».
«Precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia»
Ante esa eliminación de datos, y «el cauteloso «conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia», como dice nuestra LECrim -asegura-, se han acordado diversas diligencias «para tratar de recuperar pruebas», para lo que «ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos».
Hurtado se refiere de forma expresa a lo que señala a este respecto la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) cuando se refiere -con el lenguaje propio de finales del siglo XIX- a la «desigualdad» de condiciones entre el investigado y el Estado en un procedimiento penal en la medida en que «desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerlo», aquel «estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia y coloca al Poder público en una posición análoga a la de la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida». Para restablecer esa igualdad, expone la norma procesal, «menester es que el Estado tenga alguna ventaja en los primeros momentos siquiera para recoger los vestigios del crimen y los indicios de la culpabilidad de su autor».
Y aunque deja claro que «no desconoce» que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desparecer pruebas», añade que «tampoco se debe ignorar» que ese borrado de mensajes de su móvil (y también de las copias de seguridad, según ha constatado la UCO) «no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».
La consulta de documentos, en el Supremo
Hurtado acuerda que, a partir de ahora, los anexos de los oficios que realice la UCO no se entregarán a las partes, que únicamente podrán consultarlos en la secretaría del alto tribunal. García Ortiz se quejó de una supuesta vulneración de la normativa de protección de datos por la divulgación de información reservada en los anexos a esos dictámenes.
El magistrado se ampara en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a los jueces a adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos «siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», y sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión a las partes.
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Antonio
07/07/2019 at 13:45
No entiendo porque no estuvo el SINDICATO MANOS LIMPIAS, pues junto con UPyD, y ahora VOX, son las organizaciones que más han luchado en los tribunales contra la corrupción, política, judicial y sindical.
Javier Marzal
07/07/2019 at 13:45
Hemos roto el miedo a los jueces, haciendo público el mayor problema de España que es la corrupción judicial, derivada de la IMPUNIDAD de los jueces, porque es el cáncer de la democracia y «la madre de la corrupción», como dijo el ex juez Elpidio. Efectivamente, la corrupción judicial impulsa hacia todo tipo de corrupción, incluyendo la política, y la IMPUNIDAD de los jueces impulsa a éstos a vender sus sentencias, a incumplir la ley y a impulsar un régimen autoritario como el español
Antonio
07/10/2018 at 21:17
No entiendo porque no estuvo el SINDICATO MANOS LIMPIAS, pues junto con UPyD, y ahora VOX, son las organizaciones que más han luchado en los tribunales contra la corrupción, política, judicial y sindical.
Javier Marzal
07/10/2018 at 13:54
Hemos roto el miedo a los jueces, haciendo público el mayor problema de España que es la corrupción judicial, derivada de la IMPUNIDAD de los jueces, porque es el cáncer de la democracia y «la madre de la corrupción», como dijo el ex juez Elpidio. Efectivamente, la corrupción judicial impulsa hacia todo tipo de corrupción, incluyendo la política, y la IMPUNIDAD de los jueces impulsa a éstos a vender sus sentencias, a incumplir la ley y a impulsar un régimen autoritario como el español