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Efectos del nuevo salario mínimo: poco impacto sobre la pobreza y más riesgos para los que menos ganan

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El Gobierno subirá el salario mínimo (SMI) hasta los 900 euros mensuales en 2019 tras pactar esta medida con Unidos Podemos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio. El impacto presupuestario de esta medida se traduce en 340 millones de euros para el año que viene, tal y como se recoge en el acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Actualmente, el SMI está situado en 735,9 euros mensuales, por lo que elevarlo a 900 euros supone un alza de 164,1 euros más al mes respecto a este año, el 22,3% más. En el acuerdo no se específica claramente el número de mensualidades (en 12 o 14), en que se abonaría pero por las referencias del mismo se intuye que en 14.

Este incremento afectará a 533.978 trabajadores, el 3,5% de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social, según datos recogidos por la memoria del Real Decreto para la subida del 4% SMI que aprobó el anterior Gobierno del Partido Popular a finales de 2017. En dicha memoria también se indicaba que esta subida beneficiaría más a las mujeres por ser quienes cobran los sueldos más bajos. Respecto al perfil más habitual de estos trabajadores, la memoria señalaba que un joven de 20 años tiene una probabilidad de cobrar el SMI diez veces mayor que una persona entre 50 y 59 años, los no cualificados tienen cuatro veces más, y los empleados temporales se ven tres veces más afectados. Por regiones, destaca Canarias, y por sectores, se concentra en comercio y hostelería, así como entre conductores y operarios de máquinas.

Una medida con muchos interrogantes

Tanto Marcel Jansenn, profesor de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), como Florentino Felgueroso que es investigador asociado de Fedea, han coincidido en que la medida acordada por el Gobierno y Podemos ofrece muchos interrogantes y no es el mejor instrumento para combatir la pobreza laboral. En este sentido, ambos han apuntado al combate contra la precariedad laboral y a medidas como el complemento salarial o un impuesto negativo, como iniciativas de mayor efectividad que el incremento acordado para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

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En concreto, Jansenn ha apuntado la posibilidad de que haya «algún efecto negativo» sobre la creación de empleo ya que se trata de una subida muy sustancial del SMI- del 22,3%- «sobre todo en jóvenes poco cualificados, ya que esta subida puede dificultarles la entrada en el mercado laboral». En este sentido, ha recordado las altas tasas de desempleo juvenil en España. Por ejemplo, entre los menores de 25 años, el paro alcanzaba en agosto el 33,6% según el Ministerio de Trabajo. «Cuando la pobreza laboral se debe a la precariedad, la subida del salario mínimo tiene un impacto muy limitado en la reducción de la pobreza», ha añadido este experto.

Como ha recordado Felgueroso, de Fedea, entre 5 y 6 millones de personas no llegan a cobrar el salario mínimo interprofesional debido precisamente a la precariedad de sus condiciones laborales (una jornada laboral menor, por ejemplo), y advertido contra «un efecto contagio o de deslizamiento sobre todas las escalas salariales, teniendo un impacto mayor sobre los salarios medios y los precios».

Una línea defendida también en un estudio reciente, del presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) José Luis Feito, en el que se concluye que la subida del SMI junto con la de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social es «dañina para parte de los trabajadores más vulnerables». «El aumento del coste salarial mínimo puede afectar también a la composición del empleo aumentando la proporción de contratos temporales, reduciendo la duración de la jornada o pasando empleo a la economía sumergida», indica Feito en este informe.

Asimismo, Feito añade que para evaluar el coste de este alza no basta «con analizar el porcentaje de la población asalariada con salarios cercanos al mismo» y considera necesario «estudiar las características de la población activa en el paro». «El nivel del SMI podría ser una barrera al empleo de una parte significativa de los parados», sentencia Feito.

Luxemburgo, el mayor salario mínimo de la UE

Si miramos al resto de la UE, encontramos que Luxemburgo es el país europeo con el salario mínimo más alto (1.999 euros), según datos de Eurostat. Le siguen Irlanda (1.614), Holanda (1.578), Bélgica (1.563), Alemania y Francia (1.498) y Reino Unido (1.401). En el lado más bajo de la tabla encontramos a Bulgaria (261 euros), Lituania (400), Rumanía (408), Letonia (430), Hungría (445), Croacia (462), República Checa (478), Eslovaquia (480), Estonia (500) y Polonia (503).

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2 Comentarios

1 Comentario

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    Ramiro

    07/07/2019 at 14:05

    A mayor salario mínimo, MÁS PARO.
    Es curioso, pero es así. Hay que tener en cuenta que hay numerosos colectivos de aprendices, personas sin una formación previa, etc., A LOS QUE EL SISTEMA ECONÓMICO VA A EXPULSAR DEL MERCADO DE TRABAJO, pues por desgracia su aportación a la producción con esos salarios, más un 30% de seguros sociales, dos o más pagas extraordinarias, posibles trienios, en su caso, etc., SERÍA Y ES RUINOSA PARA LAS EMPRESAS.
    Es decir, se va a conseguir un efecto contrario al que se buscaba.

  2. Avatar

    Ramiro

    11/10/2018 at 11:56

    A mayor salario mínimo, MÁS PARO.
    Es curioso, pero es así. Hay que tener en cuenta que hay numerosos colectivos de aprendices, personas sin una formación previa, etc., A LOS QUE EL SISTEMA ECONÓMICO VA A EXPULSAR DEL MERCADO DE TRABAJO, pues por desgracia su aportación a la producción con esos salarios, más un 30% de seguros sociales, dos o más pagas extraordinarias, posibles trienios, en su caso, etc., SERÍA Y ES RUINOSA PARA LAS EMPRESAS.
    Es decir, se va a conseguir un efecto contrario al que se buscaba.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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