El Gobierno subirá el salario mínimo (SMI) hasta los 900 euros mensuales en 2019 tras pactar esta medida con Unidos Podemos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio. El impacto presupuestario de esta medida se traduce en 340 millones de euros para el año que viene, tal y como se recoge en el acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Actualmente, el SMI está situado en 735,9 euros mensuales, por lo que elevarlo a 900 euros supone un alza de 164,1 euros más al mes respecto a este año, el 22,3% más. En el acuerdo no se específica claramente el número de mensualidades (en 12 o 14), en que se abonaría pero por las referencias del mismo se intuye que en 14.

Este incremento afectará a 533.978 trabajadores, el 3,5% de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social, según datos recogidos por la memoria del Real Decreto para la subida del 4% SMI que aprobó el anterior Gobierno del Partido Popular a finales de 2017. En dicha memoria también se indicaba que esta subida beneficiaría más a las mujeres por ser quienes cobran los sueldos más bajos. Respecto al perfil más habitual de estos trabajadores, la memoria señalaba que un joven de 20 años tiene una probabilidad de cobrar el SMI diez veces mayor que una persona entre 50 y 59 años, los no cualificados tienen cuatro veces más, y los empleados temporales se ven tres veces más afectados. Por regiones, destaca Canarias, y por sectores, se concentra en comercio y hostelería, así como entre conductores y operarios de máquinas.

Una medida con muchos interrogantes

Tanto Marcel Jansenn, profesor de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), como Florentino Felgueroso que es investigador asociado de Fedea, han coincidido en que la medida acordada por el Gobierno y Podemos ofrece muchos interrogantes y no es el mejor instrumento para combatir la pobreza laboral. En este sentido, ambos han apuntado al combate contra la precariedad laboral y a medidas como el complemento salarial o un impuesto negativo, como iniciativas de mayor efectividad que el incremento acordado para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En concreto, Jansenn ha apuntado la posibilidad de que haya «algún efecto negativo» sobre la creación de empleo ya que se trata de una subida muy sustancial del SMI- del 22,3%- «sobre todo en jóvenes poco cualificados, ya que esta subida puede dificultarles la entrada en el mercado laboral». En este sentido, ha recordado las altas tasas de desempleo juvenil en España. Por ejemplo, entre los menores de 25 años, el paro alcanzaba en agosto el 33,6% según el Ministerio de Trabajo. «Cuando la pobreza laboral se debe a la precariedad, la subida del salario mínimo tiene un impacto muy limitado en la reducción de la pobreza», ha añadido este experto.

Como ha recordado Felgueroso, de Fedea, entre 5 y 6 millones de personas no llegan a cobrar el salario mínimo interprofesional debido precisamente a la precariedad de sus condiciones laborales (una jornada laboral menor, por ejemplo), y advertido contra «un efecto contagio o de deslizamiento sobre todas las escalas salariales, teniendo un impacto mayor sobre los salarios medios y los precios».

Una línea defendida también en un estudio reciente, del presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) José Luis Feito, en el que se concluye que la subida del SMI junto con la de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social es «dañina para parte de los trabajadores más vulnerables». «El aumento del coste salarial mínimo puede afectar también a la composición del empleo aumentando la proporción de contratos temporales, reduciendo la duración de la jornada o pasando empleo a la economía sumergida», indica Feito en este informe.

Asimismo, Feito añade que para evaluar el coste de este alza no basta «con analizar el porcentaje de la población asalariada con salarios cercanos al mismo» y considera necesario «estudiar las características de la población activa en el paro». «El nivel del SMI podría ser una barrera al empleo de una parte significativa de los parados», sentencia Feito.

Luxemburgo, el mayor salario mínimo de la UE

Si miramos al resto de la UE, encontramos que Luxemburgo es el país europeo con el salario mínimo más alto (1.999 euros), según datos de Eurostat. Le siguen Irlanda (1.614), Holanda (1.578), Bélgica (1.563), Alemania y Francia (1.498) y Reino Unido (1.401). En el lado más bajo de la tabla encontramos a Bulgaria (261 euros), Lituania (400), Rumanía (408), Letonia (430), Hungría (445), Croacia (462), República Checa (478), Eslovaquia (480), Estonia (500) y Polonia (503).