El alcalde de Oviedo, sobre el asesinato del profesor: "Lo del otro día fue un accidente" - ALERTA NACIONAL
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Principado de Asturias

El alcalde de Oviedo, sobre el asesinato del profesor: “Lo del otro día fue un accidente”

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Alfredo Canteli
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Solo se ha tratado del asesinato de un español de origen a manos de tres jóvenes psicopatizados por el sistema. Nada que los políticos deban tomarse en serio.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha pronunciado unas polémicas declaraciones ante varias televisiones en referencia a la muerte del profesor en la capital asturiana.

«Lo del otro día fue un accidente. Estoy seguro que los tres chavales no querían llegar a este final pero, por desgracia, fue trágico. Estoy seguro que estarán pesarosos de haberlo hecho. Unas copas, un poco de discusión y al final mira como acabó esto; que no vuelva a pasar». Con estas palabras el popular hacía una valoración de la agresión sufrida hace una semana por David Carragal, que falleció el lunes al no superar las heridas sufridas en la cabeza.

El alcalde hizo este comentario después del minuto de silencio celebrado en memoria de la víctima en la plaza del Ayuntamiento, al que acudieron representantes de los cinco grupos municipales, así como decenas de ciudadanos que quisieron recordar al profesor fallecido.

Las redes sociales han estallado contra Canteli. Varios usuarios le exigen que se disculpe e incluso reclaman su dimisión. Ese mismo día expresó su tristeza por el hecho: «Segaron la vida a una persona y hace daño al que se murió más que a nadie, pero la familia está destrozada». Asimismo, el teniente de alcalde, Nacho Cuesta (Cs) calificó el suceso de «terrible» e incidió en que es un hecho aislado dentro de la seguridad que proporciona la ciudad de Oviedo.


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Principado de Asturias

La Fiscalía cree que UGT-Asturias desvió 1,4 millones de euros

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La Fiscalía del Principado de Asturias, sección de Delitos Económicos, ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo, encargado de la investigación del presunto fraude en subvenciones públicas para formación por parte del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) Asturias, la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, esto es, que se dé por finalizada la instrucción y se pase a la siguiente fase del proceso, con la consiguiente formulación de acusaciones, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal considera que hay indicios suficientes como para ir a juicio, a partir de las numerosas testificales practicadas, la copiosa documentación incluida en la causa y los informes periciales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La causa se inició a partir de la denuncia interpuesta en el Juzgado por la Fiscalía asturiana tras las diligencias de investigación incoadas en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una investigación por hechos similares en Sevilla. Por exigencias derivadas de las reglas de la prescripción, se acotó como marco temporal el de las subvenciones correspondientes a los planes anuales de 2010 a 2014.

Por otra parte, la investigación se ciñó a las subvenciones concedidas por el Principado de Asturias, y cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, al sindicato UGT Asturias y a su fundación IFES, habiéndose encargado de la gestión y ejecución integral de estas últimas la delegación territorial de Asturias de la Fundación.

La Fiscalía, sin perjuicio de la concreción de hechos que detallará en su escrito de acusación provisional que formulará en su momento, considera que, al menos en las subvenciones concedidas a UGT Asturias y su fundación IFES en los años 2010 a 2014, se llevó a cabo, en una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que revertía en la propia organización sindical.

Estos beneficios fueron destinados, de una parte, a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y de otra, a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

Este desvío, según la Fiscalía, “se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones, ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoste en que incurrían”.

“La realización de este desvío sistemático de fondos tuvo lugar mediante el aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con diversas sociedades, a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional”, apunta el Ministerio Público.

Estas sociedades eran A, B y C. Las cantidades supuestamente defraudadas en las subvenciones concedidas a IFES fueron: 231.466,57 euros en el plan de 2010; 330.179,33 euros en el de 2011; 112.961,49 euros en el 2012/13; y 83.276,23 en el de 2013/14. Esto es, solo alcanzarían la cuota típica (120.000 euros) las defraudaciones de las dos primeras anualidades. Respecto a las concedidas a UGT Asturias: 238.247,83 euros en el primer expediente analizado (2010); 254.521,36 euros en el segundo (2011); 122.028,32 euros en el tercero (2012); y 89.985,31 en el cuarto (2013).

Es decir, se alcanzaría la cuota típica en los tres primeros expedientes. En principio, y de forma provisional, se aprecian indicios racionales de delito en: el secretario general de UGT en la fecha de los hechos. La secretaria de administración de UGT Asturias desde 2002 hasta junio de 2013, administradora y legal representante de C desde 2002 hasta diciembre de 2014 y quien en nombre del sindicato ejerció los cometidos derivados de la administración que ostentaba en C.

El secretario de formación del sindicato desde mayo de 2009 hasta junio de 2013 (desde entonces hasta 2016, secretario ejecutivo), máximo responsable de gestión y supervisión del desarrollo de las acciones formativas, miembro del patronato de IFES.

El técnico adscrito a la Secretaría de Administración y encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones concedidas a UGT Asturias.

La encargada de la contabilidad, control y justificación de las subvenciones en la delegación territorial de IFES en Asturias desde 1998 hasta 2015. La administradora única de A desde noviembre de 2001 en adelante y administradora única de B desde noviembre de 2010 en adelante y apoderada desde septiembre de 1997 en adelante.

En relación con la persona jurídica de UGT, se considera que solo se puede proceder frente a ella en lo que se refiere al fraude correspondiente a un expediente, el de 2012, pues fue en la reforma del Código Penal de ese año cuando se incluyó a los sindicatos como posibles sujetos penales. No se considera procedente formular acusación contra IFES, puesto que la misma se encuentra en proceso de disolución.

El Ministerio Público pide la apertura de juicio

La Fiscalía del Principado de Asturias, sección de Delitos Económicos, ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo, encargado de la investigación del presunto fraude en subvenciones públicas para formación por parte del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) Asturias, la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, esto es, que se dé por finalizada la instrucción y se pase a la siguiente fase del proceso, con la consiguiente formulación de acusaciones, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal considera que hay indicios suficientes como para ir a juicio, a partir de las numerosas testificales practicadas, la copiosa documentación incluida en la causa y los informes periciales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La causa se inició a partir de la denuncia interpuesta en el Juzgado por la Fiscalía asturiana tras las diligencias de investigación incoadas en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una investigación por hechos similares en Sevilla. Por exigencias derivadas de las reglas de la prescripción, se acotó como marco temporal el de las subvenciones correspondientes a los planes anuales de 2010 a 2014.

Por otra parte, la investigación se ciñó a las subvenciones concedidas por el Principado de Asturias, y cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, al sindicato UGT Asturias y a su fundación IFES, habiéndose encargado de la gestión y ejecución integral de estas últimas la delegación territorial de Asturias de la Fundación.

La Fiscalía, sin perjuicio de la concreción de hechos que detallará en su escrito de acusación provisional que formulará en su momento, considera que, al menos en las subvenciones concedidas a UGT Asturias y su fundación IFES en los años 2010 a 2014, se llevó a cabo, en una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que revertía en la propia organización sindical.

Estos beneficios fueron destinados, de una parte, a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y de otra, a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

Este desvío, según la Fiscalía, “se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones, ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoste en que incurrían”.

“La realización de este desvío sistemático de fondos tuvo lugar mediante el aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con diversas sociedades, a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional”, apunta el Ministerio Público.

Estas sociedades eran A, B y C. Las cantidades supuestamente defraudadas en las subvenciones concedidas a IFES fueron: 231.466,57 euros en el plan de 2010; 330.179,33 euros en el de 2011; 112.961,49 euros en el 2012/13; y 83.276,23 en el de 2013/14. Esto es, solo alcanzarían la cuota típica (120.000 euros) las defraudaciones de las dos primeras anualidades. Respecto a las concedidas a UGT Asturias: 238.247,83 euros en el primer expediente analizado (2010); 254.521,36 euros en el segundo (2011); 122.028,32 euros en el tercero (2012); y 89.985,31 en el cuarto (2013).

Es decir, se alcanzaría la cuota típica en los tres primeros expedientes. En principio, y de forma provisional, se aprecian indicios racionales de delito en: el secretario general de UGT en la fecha de los hechos. La secretaria de administración de UGT Asturias desde 2002 hasta junio de 2013, administradora y legal representante de C desde 2002 hasta diciembre de 2014 y quien en nombre del sindicato ejerció los cometidos derivados de la administración que ostentaba en C.

El secretario de formación del sindicato desde mayo de 2009 hasta junio de 2013 (desde entonces hasta 2016, secretario ejecutivo), máximo responsable de gestión y supervisión del desarrollo de las acciones formativas, miembro del patronato de IFES.

El técnico adscrito a la Secretaría de Administración y encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones concedidas a UGT Asturias.

La encargada de la contabilidad, control y justificación de las subvenciones en la delegación territorial de IFES en Asturias desde 1998 hasta 2015. La administradora única de A desde noviembre de 2001 en adelante y administradora única de B desde noviembre de 2010 en adelante y apoderada desde septiembre de 1997 en adelante.

En relación con la persona jurídica de UGT, se considera que solo se puede proceder frente a ella en lo que se refiere al fraude correspondiente a un expediente, el de 2012, pues fue en la reforma del Código Penal de ese año cuando se incluyó a los sindicatos como posibles sujetos penales. No se considera procedente formular acusación contra IFES, puesto que la misma se encuentra en proceso de disolución.


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Principado de Asturias

Entran en prisión los socialistas condenados por la mayor trama de corrupción registrada en la administración asturiana

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El exconsejero socialista Iglesias Riopedre junto a su abogado, a su llegada al juicio del caso Marea en 2016
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Ocho años, ocho meses y trece días después de su detención, los cinco principales condenados por el caso Marea, la mayor trama de corrupción registrada en la administración asturiana, duermen desde ayer en prisión para cumplir unas condenas que suman veintisiete años y tres meses.

El ex consejero socialista de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; su número dos en ese departamento, María Jesús Otero, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez recogieron ayer en la Audiencia Provincial su mandamiento de ingreso en prisión, un trámite que obvió la ex funcionaria del Principado Marta Renedo, que optó por acudir directamente a la cárcel de Álava.

En dicha prisión ingresó también la ex directora general de Planificación Educativa mientras que, tanto Riopedre como los dos empresarios debían acudir antes de medianoche al Centro Penitenciario de Asturias donde el ex consejero, Otero y Renedo habían cumplido ya, tras su arresto, un periodo de prisión preventiva que eludieron bajo fianza tras pasar entre poco más de un mes y algo más de siete en la cárcel.

Tras recoger su mandamiento de ingreso, la defensa del exconsejero de Educación, que cumple 80 años el mes que viene y que fue condenado a cinco años, ha anunciado que pedirá la libertad condicional anticipada por motivos de salud al sufrir varias patologías entre las que figuran dolencias cardiacas.

Además, su abogada ha pedido ya el indulto de Riopedre, una petición que también ha realizado la defensa de Alfonso Carlos Sánchez, condenado a dos años y ocho meses de prisión, y, a la espera de que se tramite, ha solicitado también la suspensión de la pena que le impuso el Tribunal Supremo.

A partir de ahora los cinco condenados tienen diez días para abonar las multas judiciales que les impuso la sentencia, que suman 4,28 millones de euros, mientras que el Gobierno del Principado cuenta con un mes para fijar la cuantía del quebranto que cuatro de ellos, todos menos Riopedre, causaron a las arcas públicas.

Recuperar los fondos

Según la consejera de Derechos Sociales y portavoz del Ejecutivo asturiano, Melania Álvarez, los servicios jurídicos del Principado están valorando esas cuantías «con la intención de poder recuperar esos fondos», por lo que aún no es posible avanzar la cantidad que reclamará la administración.

El Tribunal de Cuentas ya estimó en 1,5 millones el quebranto causado a la administración autonómica por la exfuncionaria Marta Renedo —condenada a nueve años de prisión— mientras que un primer informe elaborado por el Principado sobre las posibles irregularidades en el material enviado a 87 colegios asturianos situaba esa cuantía en cuatro millones de euros.

Dicho informe sólo reflejaba los datos de 2009 y 2010 —Riopedre y Otero estuvieron siete años al frente de la Consejería de Educación— y fue rechazado por el tribunal al inicio del juicio después de que la Fiscalía advirtiera en diciembre de 2014 de que el ex consejero y su número dos —condenada a cinco años y cinco meses de cárcel— así como los dos empresarios podrían tener que indemnizar al Principado.

El Gobierno regional abrió esa investigación en julio de 2015 para comprobar si lo que constaba como facturado había sido entregado a los centros y, pese no incorporarse al sumario del juicio, fue remitido a la Fiscalía que presentó una denuncia que dio origen a una nueva investigación judicial aún abierta.

«Una gran estafa»

En este sentido, el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, cuyo partido ejerció la acusación popular en el proceso, ha pedido que el Gobierno regional asuma responsabilidades de «una gran estafa» y que se recupere «hasta el último euro» a la vez que ha rechazado la posibilidad de que haya indultos.

Con el ingreso en prisión de los cinco principales condenados se cierra así, por el momento, la mayor trama de corrupción detectada en la administración del Principado después de que una mujer denunciase en 2010 en Gijón que alguien había abierto una cuenta bancaria con casi 100.000 euros a nombre de su anciana madre.

La cuenta era una más de las abiertas de forma fraudulenta por la exfuncionaria Renedo para ocultar los ingresos procedentes de contratos menores que ella misma autorizaba a favor de una empresa de su propiedad, un hilo que condujo hacia dos empresas, Igrafo y Almacenes Pumarín, que la investigación constató que realizaban también prácticas irregulares con la Consejería de Educación que gestionaban Riopedre y Otero.


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Principado de Asturias

Dos magrebíes roban e intentan violar a dos jóvenes en las fiestas de Lugones (Asturias)

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(El Comercio)
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Por desgracia tenemos que sufrir las consecuencias de las decisiones de una izquierda que criminaliza la disidencia política y en cambio defiende que cualquier asesino es bueno por naturaleza, y es la sociedad la que los hace malos. Si la responsabilidad de los actos reincidentes de estos criminales, al ser puestos en libertad, recayese en jueces y legisladores, la sociedad se habría librado de estas peligrosas patologías.

El buenismo progre nos está saliendo muy caro. Y lo preocupante es que ningún dirigente de la izquierda haya especulado sobre si podía haberse evitado el robo violento e intento de violación de estas dos jóvenes asturianas de haberse impedido la entrada en España de los autores del suceso.

La xenofilia de la extrema izquierda alcanza niveles tan delirantes que en cualquier otro momento de la Historia habría tenido gravísimas consecuencias para ellos. Cuando ponen en la calle a un potencial asesino o a un potencial violador, en contra del criterio de los profesionales y del sentido común, lo que están haciendo es exponer a una muerte o a una violación segura a una persona inocente.

Ellos ven, al igual que todos, la degradación y la decadencia, pero su cerebro desquiciado, su pervertida escala de valores y su nulidad intelectual lo interpretan como la antesala de Shangri-Lá en primavera.

La izquierda desea, pues, que el derecho de cualquier criminal prevalezca sobre el de cualquiera de nosotros a seguir con vida. Estamos en pleno descontrol. El sistema se ha desentendido por completo de los intereses del pueblo español y de la misma supervivencia de España. Hemos entrado en una nueva fase en la desestabilización de las naciones de Occidente desde su interior por parte del globalismo. Nos dirigimos hacia días muy convulsos para nuestras patrias europeas, en los que nuestra seguridad y hasta nuestra supervivencia colectiva penderá de un hilo.

Los partidos que legislan a favor de los derechos de los depredadores sexuales llegados de fuera son de fabricación globalista, una creación de Soros para desestabilizar España desde su seno, el enemigo interno encargado de promover que se encienda la mecha del caos para canalizarlo a su favor.

Decenas de mujeres españolas no habrían sido atacadas en lo que llevamos de año si España no hubiese estado dirigida por auténticos psicópatas, en medio de una población que mayoritariamente carece de los anticuerpos necesarios para contrarrestar el funesto virus del buenismo y el etnomasoquismo.

A disposición judicial

Los dos magrebíes detenidos por intentar violar a dos jóvenes sierenses de 22 y 24 años en las fiestas de Lugones (Asturias) han pasado hoy a disposición judicial después de su paso por los calabozos y los interrogatorios de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Uno de ellos, que tiene 18 años y es vecino de Gijón, irá a prisión, tras ser decretada esta medida cautelar por el juzgado de guardia de Siero.

El acusado se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, mientras que el otro magrebí detenido ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores al no haber cumplido los 18 años.

Pedro Valero, abogado de oficio del acusado de 18 años, explicó que le ha sido decretada la prisión provisional, sin fianza y comunicada a tenor de, según el juzgado, “la gravedad de los hechos” y los “posibles riesgos de fuga”.

A ambos se les imputan dos delitos de agresión sexual y otro de robo con fuerza, al haber intentado sustraer los móviles de las dos jóvenes. Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Lugones y las dos víctimas, que lograron defenderse y escapar, fueron abordadas cuando orinaban en un lugar apartado.

Una de ellas tuvo que ser tratada al sufrir una grave crisis de ansiedad.


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