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Economía

El Banco de España vaticina un frenazo económico mayor de lo previsto por el Gobierno

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Foto de archivo de la fachada del Banco de España.
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El Banco de España ha ratificado este miércoles su previsión de que la economía española crecerá este año el 2,2 %, aunque ha disminuido una décima la contribución de la demanda nacional a ese crecimiento y ha aumentado otro tanto la aportación de la demanda externa.

En su Informe trimestral, el supervisor también mantiene que el crecimiento económico se moderará hasta el 1,9 % en 2020 y el 1,7 % en 2021.

La entidad prevé que la economía española siga creciendo gracias a las mejoras competitivas logradas desde la crisis, el “tono acomodaticio” de la política monetaria, la buena situación patrimonial de empresas, familias e instituciones financieras, y la fiscalidad expansiva del actual Gobierno.

Sin embargo, también espera que la desaceleración iniciada hace tres años vaya siendo más intensa de lo previsto por el Gobierno a medida que se vayan agotando los efectos positivos de la política monetaria, se modere el consumo de los hogares y la política fiscal tienda a tener un efecto más neutro.

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El Gobierno coincide con el Banco de España en su proyección de crecimiento para este año, si bien para el próximo año el Ejecutivo estima un avance del 2,2 % (tres décimas más que el supervisor) y del 2,1 % en 2021 (cuatro décimas más).

Para mantener sus previsiones respecto a las de diciembre, el banco central explica que la demanda nacional contribuirá con 2,3 puntos al crecimiento de la economía (una décima menos de lo calculado, ya que parte del consumo de los hogares se convertirá en ahorro).

Por el contrario, la demanda exterior neta sólo restará una décima al crecimiento económico (frente a las dos décimas calculadas previamente).

En cuanto al mercado laboral, cree que la tasa de paro será una décima más baja de lo previsto para este y los próximos dos años, situándose en el 14,2 %, 13,2 % y 12,3 %, respectivamente.

El supervisor también espera un repunte de los costes salariales que, a su vez, elevarán la inflación, de forma que la subyacente (sin alimentos ni energía) aumentará gradualmente desde mediados de este año, tras la moderación con que ha arrancado 2019.

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De esta forma, el índice general, que el año pasado quedó en 1,7 %, se situará en el 1,2 % en 2019, 1,5 % en 2020 y 1,6 % en 2021, lo que supone bajar en cuatro décimas la previsión para este año (y una décima en los siguientes) debido a que la evolución reciente de los precios ha sido menos dinámica de lo anticipado en diciembre.

Para el Banco de España, ello se debe a que la traslación a precios de los aumentos salariales recientes está teniendo lugar de forma más contenida que en el pasado.

Entre los riesgos que el supervisor observa en el ámbito internacional a corto plazo destaca la indefinición de los detalles relativos al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea y la incertidumbre sobre la posible adopción de nuevas medidas proteccionistas a nivel global.

A nivel interno, destaca la moderación del consumo de los hogares y la incertidumbre sobre la futura orientación de las políticas económicas y, en particular, de la reanudación del proceso de consolidación fiscal, necesario, según el Banco de España, para reducir la vulnerabilidad de la economía.

Con ese mismo objetivo, recomienda que los agentes económicos “internalicen” las circunstancias concretas de cada sector o empresa a la hora de fijar precios y salarios, velando por mantener las mejoras competitivas que han estado en el origen de la recuperación.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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