Tribunales
El centro de coordinación de los Mossos, a las 8:15 del 1-O: “Informad de los movimientos de Policía y Guardia Civil”

La cúpula de los Mossos intentó entorpecer desde primera hora del 1-O que los agentes de Policía y Guardia Civil cumplieran el mandato judicial de impedir la celebración del referéndum ilegal independentista. Según ha explicado el comisario de Información de la Policía en Cataluña, Manuel Quintela, en su declaración como testigo en el juicio del “procés”, a las 8:15 de la mañana los agentes de la Policía autonómica recibieron del Cecor, el centro de coordinación de los Mossos, una orden muy clara: “Prioridad a todas las unidades: informad de todos los movimientos de Policía y Guardia Civil”.
El mando policial ha ratificado “rotundamente” que en la jornada de la consulta soberanista hubo “seguimientos y observaciones” por parte de los Mossos, pues a partir de ese comunicado inicial “constan una serie continua de comunicados informando del movimiento de nuestras unidades”. De hecho, ha precisado, las escuchas a esas comunicaciones del Cecor han dejado al descubierto que únicamente en Barcelona se produjeron 271 chivatazos alertando de la presencia de “escudos” y “banderines” (palabras clave con las que se referían a policías y guardias civiles) en los centros de votación. En algunos casos, ha añadido, incluso los mossos se dirigieron a los colegios para avisar a los ciudadanos concentrados de la inminente llegada de los agentes. El comisario ha explicado que en esas comunicaciones los mandos del Cecor instaban a los mossos, refiriéndose a la “clave 21”, a “no utilizar los canales de comunicación abierta sino el teléfono”.
El testigo ha referido diversas actuaciones bajo sospecha de los Mossos para ilustrar lo que, en su opinión, fue una actitud mayoritariamente “pasiva” caracterizada por la “inacción, inadecuación e ineficacia”. “Recibían instrucciones de que se apartaran cuando llegábamos nosotros”. “Y lo siento mucho, porque hay excelente profesionales y algunos estoy seguro de que estaban deseando actuar, pero la verdad es ésta”, ha recalcado. De hecho, el propio jefe de la región policial del Camp de Tarragona les dejó claro que el 1-O harían “lo que la Generalitat nos diga”.
Por lo pronto, ha recordado, ninguno de los 178 requerimientos de refuerzos por parte de los binomios de mossos desplazados a los centros de votación fue atendido por la cúpula del cuerpo. El comisario ha contado incluso que cuando una patrulla de los Mossos interceptó un coche con urnas y pronto los agentes solicitaron refuerzos al verse rodeados, media hora después tuvieron que desistir y marcharse ante la falta de respuesta. “Quisieron actuar y no tuvieron el respaldo de sus compañeros”, ha denunciado.
Asimismo, ha echado un jarro de agua fría sobre la intervención de urnas por los agentes autonómicos que revelan los comunicados del Cecor -85 en Barcelona capital y 131 en toda Cataluña-, que según ha matizado fueron en realidad “entregas voluntarias” por parte de los ciudadanos una vez cerradas las votaciones.
El mando policial se ha detenido en la situación que se encontraron los agentes al llegar a los colegios. “Aquello estuvo perfectamente organizado”, ha recalcado antes de explicar que “una primera barrera” de ciudadano se interponía ante las unidades policiales para que los que estaban dentro tuvieran tiempo de esconder las urnas. “Había personas responsables”, ha añadido, que dejaban claro a los agentes, una vez estos les avisaban “reiteradamente” de la orden judicial que venían a cumplir, de que “les daba igual y no iban a entregar el material”
El testigo ha defendido la actuación “proporcional de la fuerza” por parte de la Policía, caracterizada por intervenciones “rápidas” porque “nuestro objetivo era el referéndum, y no las personas”. En total, 72 agentes resultaron heridos.
“Tuvimos incidentes en la mayoría de los centros a los que acudimos y los más graves en el colegio Ramón Llull de Barcelona”, donde hubo siete agentes lesionados y un ciudadano perdió la visión en un ojo por el impacto de una pelota de goma. Tras lamentar este hecho, el comisario añadió que la Policía tiene recogidas “cinco agresiones” previas a los agentes de ese ciudadano herido. “Se utilizó la fuerza con toda la mesura posible”, ha insistido. “Sufrimos todo tipo de agresiones, golpes y patadas, a veces por detrás, y hasta lanzamiento de vallas”, ha recordado. “Los funcionarios fueron perseguidos centenares de metros tras ser rodeados y tuvieron que lanzar pelotas de goma”. En un colegio de Torreforta (Lérida), ha explicado, “golpearon con una urna en la cabeza” a un agente y en las Escuelas Pías de Barcelona un mossos se interpuso ante la Policía “con los brazos en cruz” impidiendo su entrada y gritando “¡Dejadlos votar!”. Y ha señalado a la ex consellera Clara Ponsati por “dirigir la resistencia a la actuación policial” en el colegio donde acudió a votar.
España
El juez del Tribunal Supremo que investiga al Fiscal General le acusa de «destruir pruebas». Pero aquí no dimite nadie

El juez que investiga a García Ortiz le reprocha que haya hecho «desaparecer pruebas»
Hurtado señala la «falta de colaboración» del fiscal general del Estado por no haber comunicado al tribunal la eliminación de sus mensajes
El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos -por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- ha reprochado a Álvaro García Ortiz que haya hecho «desaparecer pruebas» de sus móviles, tras constatar la Unidad Central Operativa (UCO) que eliminó sus mensajes en los días claves de la divulgación de esa información confidencial sobre la investigación al empresario por fraude tributario.
Así lo pone de manifiesto el magistrado Ángel Hurtado en la resolución en la que -tras la queja del fiscal general sobre la incorporación de datos reservados a los informes de la UCO- acuerda que acusaciones y defensas puedan consultar los anexos de esos dictámenes en la propia secretaría del tribunal, para reducir así el riesgo de filtraciones. El instructor toma esta decisión tras recibir el último informe de la UCO, fechado el pasado día 21, que incorpora tres anexos sobre lo «cambios de móvil» del fiscal general
El instructor señala que «es una evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles» a lo largo de la instrucción. Y «aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo», añade, «de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición» y «no aprovechar» para llevar a cabo ese borrado masivo el mismo 16 de octubre del pasado año, «cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».
«Precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia»
Ante esa eliminación de datos, y «el cauteloso «conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia», como dice nuestra LECrim -asegura-, se han acordado diversas diligencias «para tratar de recuperar pruebas», para lo que «ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos».
Hurtado se refiere de forma expresa a lo que señala a este respecto la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) cuando se refiere -con el lenguaje propio de finales del siglo XIX- a la «desigualdad» de condiciones entre el investigado y el Estado en un procedimiento penal en la medida en que «desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerlo», aquel «estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia y coloca al Poder público en una posición análoga a la de la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida». Para restablecer esa igualdad, expone la norma procesal, «menester es que el Estado tenga alguna ventaja en los primeros momentos siquiera para recoger los vestigios del crimen y los indicios de la culpabilidad de su autor».
Y aunque deja claro que «no desconoce» que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desparecer pruebas», añade que «tampoco se debe ignorar» que ese borrado de mensajes de su móvil (y también de las copias de seguridad, según ha constatado la UCO) «no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».
La consulta de documentos, en el Supremo
Hurtado acuerda que, a partir de ahora, los anexos de los oficios que realice la UCO no se entregarán a las partes, que únicamente podrán consultarlos en la secretaría del alto tribunal. García Ortiz se quejó de una supuesta vulneración de la normativa de protección de datos por la divulgación de información reservada en los anexos a esos dictámenes.
El magistrado se ampara en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a los jueces a adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos «siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», y sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión a las partes.






