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Economía

El coronavirus amenaza con provocar el cierre de 2,8 millones de empresas y destruir más de 10 millones de empleos

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El coronavirus amenaza con provocar el cierre de 2,8 millones de empresas y destruir más de 10 millones de empleos
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El impacto que puede causar en el tejido empresarial español el coronavirus, que ya ha dejado más de 9.400 contagios y 336 muertos, resulta incalculable e impredecible. “Evidentemente va a ser grande”, auguraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras declarar este sábado el estado de alarma en España, una medida excepcional que no solo obliga a los 46 millones de españoles a permanecer en sus domicilios salvo causas de fuerza mayor, sino que también ha delimitado la actividad del comercio minorista exclusivamente a la venta de artículos de primera necesidad.

La medida amenaza la supervivencia del 99,8 % del tejido empresarial español -las pequeñas y medianas empresas (pymes)-, bien porque se han visto obligadas a echar el cierre o porque la naturaleza de su actividad les impide implantar el teletrabajo.

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En total, 2,8 millones de empresas de 0 a 249 empleados, que dan trabajo a más de 10,5 millones de personas y hasta un total 3,28 millones de trabajadores por cuenta ajena podrían verse afectadas por los efectos de la pandemia.

“La prioridad absoluta es salvaguardar al máximo el empleo y evitar la destrucción de empresas, puesto que esto también acarrearía posteriormente una destrucción de empleo”, asegura a RTVE el secretario general de CC.OO., Unai Sordo.

De todos los sectores, la hostelería es uno de los más afectados. El cierre de los 315.000 establecimientos con los que cuenta nuestro país pone en riesgo un 6,2 % del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y 1,7 millones de empleos.

Y es que según la patronal Pimec, una de cada tres pymes ya están sufriendo los efectos de la crisis del coronavirus. La organización estima que la reducción de ingresos podría alcanzar los 10.000 millones de euros, un desplome que ni si quiera se puede compensar a través del comercio online, ya que las plantillas de las plataformas logísticas, al no ser este un servicio urgente, también se encuentran en mínimos.

Es por ello que algunas empresas ya se están planteando tomar medidas más drásticas: “Hemos ido al banco a pedir dinero y vamos a hacer un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)”, asegura a RTVE el gerente de Deportes Moya, Gerardo Moya, quien lamenta las consecuencias que esta decisión puede suponer a sus empleados: “De aquí comen 30 familias, con niños e hipotecas”, afirma.

En la misma tesitura se encuentra Susana Rodríguez, una de las socias del centro de fisioterapia Sanepilates, que también ha visto reducida su clientela en un 80 % en los últimos días: “Tengo la responsabilidad en mis manos de cuatro familias, además de la mía”, explica.

Este mismo lunes, el principal franquiciador en España de Burger King ha anunciado que cesa totalmente su actividad en el país y que presentará un ERTE para toda su plantilla, formada por cerca de 14.000 personas.

Medidas fiscales y administrativas

Ante este contexto, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME reclaman al Gobierno «mecanismos útiles y rápidos» que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas y a los autónomos, para evitar su «quiebra inmediata» y para que puedan mantener la actividad protegiendo el empleo.

Así, consideran que se precisan «medidas urgentes» en materia laboral, especialmente la simplificación y agilización de los procedimientos en los ERTEs con efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su presentación.

Asimismo, ante la falta de liquidez derivada del parón de actividad, los empresarios piden que se suspenda el pago de las cotizaciones por parte de la empresa, y que, del lado de trabajador, se contemple el acceso al paro sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo.

Las patronales también apuntan a los aplazamientos y fraccionamientos de pago de manera automática y sin intereses por un plazo suficiente para todos los pagos de impuestos que afronten las empresas que hayan sufrido de «forma significativa» una caída en sus ingresos o un incremento de los gastos a causa del impacto del virus.

En este punto señalan, además, la «especialmente difícil situación de los autónomos», que «requiere también una suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario.


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Economía

Las acciones de Twitter caen un 12 por ciento después de que suspendiera la cuenta de Trump

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El director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, testifica ante el Congreso en Washington el 5 de septiembre de 2018 (Drew Angerer / Getty Images). Fuente: The Epoch Times en español
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Las acciones de Twitter cayeron el lunes un 12 por ciento, luego de que la compañía suspendiera las cuentas del presidente Donald Trump y otros conservadores.

Las acciones cayeron después de la apertura del mercado el lunes, alcanzando un mínimo de 45.17 dólares. Las acciones de Twitter cerraron a 51.48 dólares el 8 de enero.

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Twitter dijo que eliminó la cuenta de Trump el viernes porque algunas de sus publicaciones recientes glorificaban la violencia. La compañía hizo eco de los críticos que intentaron conectar la retórica de Trump con la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos.

Trump respondió acusando a Twitter de coordinarse “con los demócratas y la izquierda radical para eliminar mi cuenta de su plataforma, para silenciarme, y a USTEDES, los 75,000,000 de grandes patriotas que votaron por mí”.

Twitter también vetó a usuarios destacados, incluyendo a la abogada Sidney Powell, y el exasesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn. Otros usuarios que no fueron deshabilitados abandonaron la plataforma, entre ellos, los presentadores de radio Mark Levin y Rush Limbaugh.

Entre los conservadores que todavía están en Twitter, algunos convocaron a los usuarios a cambiarse a Parler, una alternativa a Twitter. Parler fue desconectada el lunes después de que Amazon Web Services se negara a seguir alojando sus servidores. Parler demandó a Amazon más tarde, ese mismo día.

Gab, otro competidor de Twitter, también experimentó un crecimiento vertiginoso.

(Epoch Times)


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¡ESPAÑA EN LA RUINA TOTAL!: El Gobierno desvela que el déficit cerró 2020 en el 11,3% del PIB, el peor dato de la historia

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De confirmarse la cifra adelantada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se trataría del mayor agujero en las cuentas públicas españolas en toda la democracia.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este domingo que el déficit público cerró 2020 «en torno al 11,3% del PIB», con una caída de los ingresos públicos cercana al 7,6% como consecuencia de la crisis del coronavirus. De confirmarse ese dato, se trataría del mayor agujero en las cuentas públicas de toda la democracia, ya que sólo en 2009 se registró una cifra similar (11,28%).

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La portavoz del Gobierno ha adelantado esa cifra en una entrevista con Europa Press, en la que ha apuntado que aunque el Ejecutivo trabajará por la consolidación fiscal, continuará con políticas «anticíclicas» y confía en contar con unos Presupuestos de nuevo «expansivos» en 2022, postergando el plan de ajuste a cuando haya recuperación y así «lo exija la Comisión Europea».

La responsable de la cartera de Hacienda ha asegurado que las cifras previstas por el Gobierno de déficit público y caída de recaudación se situarán en los entornos estimados, pero ha matizado que a lo largo del mes de enero se tendrá una aproximación más clara, una vez se cierre la contabilidad y las comunidades autónomas y entidades locales informen sobre sus finanzas públicas.

Montero ha subrayado que el Gobierno «nunca» ha abandonado la senda de consolidación fiscal y ha recordado que para el año 2021 está prevista la mayor caída en términos de porcentaje de déficit registrada en un solo ejercicio, de en torno a 3 puntos, pasando del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB, tras haber sido «prudentes» en la elaboración de las cuentas públicas.

«Todas las administraciones tienen que tener presente el ir en una curva descendente, pero nos tiene que acompañar la situación económica», ha indicado Montero, para asegurar que el Ejecutivo no repetirá los «errores» del pasado implementando políticas de recortes que se tradujeron en desigualdad.

Por ello, ha explicado que la hoja de ruta es seguir estimulando el crecimiento con una política «anticíclica» para «no dejar a nadie atrás» y mantener el tejido productivo y los empleos, al tiempo que se acomete una revisión del gasto público para que sea más eficiente.

De hecho, ha dicho esperar que los Presupuestos del ejercicio 2022 sean también «expansivos», como los de este año, aunque ha recordado que por ahora la Comisión Europea no ha anunciado ningún compromiso al respecto de una posible nueva suspensión de las reglas fiscales ese año.

De esta forma, ha aplazado el plan de reequilibrio cuyo diseño vienen demandando instituciones como la AIReF o el Banco de España a cuando «las circunstancias económicas así lo aconsejen y cuando Bruselas lo plantee», con el fin de continuar con la senda de consolidación fiscal. «Tiempo habrá», ha dicho.

Reforma del sistema de financiación autonómica

La portavoz del Gobierno se ha referido también a la reforma del sistema de financiación autonómica, que será una «prioridad» del Gobierno para 2021 y cuyos trabajos podrían iniciarse a partir del mes de febrero, con el fin de abordar la «infrafinanciación» de algunas regiones, pero ha avisado de que el Ejecutivo garantizará cierta «armonización» fiscal para garantizar unos recursos por habitantes suficientes que permitan una buena provisión de servicios públicos.

Así, ha asegurado que el sistema será «justo» con todos los territorios, si bien ha apostillado que «nunca» un sistema de financiación puede responder en su totalidad al requerimiento de un territorio en concreto, porque iría en detrimento de otro, por lo que hay que buscar un «común denominador» para que «todos» reciban recursos adecuados y «no convertir el debate de la financiación autonómica en uno de agravios territoriales».

En ese punto, ha denunciado las «campañas interesadas de cuestionamiento» de determinadas figuras tributarias, como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio para deteriorarlas en la percepción social «casualmente» cuando esas figuras están vinculadas a la riqueza y «curiosamente» cuando afecta a un menor volumen de ciudadanos, utilizando «falsedades» como que se paga dos veces por el mismo hecho imponible.

A su juicio, España y la sociedad necesitan una «reflexión» sobre las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza, por lo que ha abogado por «legitimar aquello que permite ser más iguales» y por preservar la justicia fiscal.

A expensas de contar con la opinión del comité de expertos que designará el Gobierno para evaluar el sistema tributario y acometer la reforma fiscal en profundidad, ha vuelto a defender que «no tiene sentido» que figuras como Sucesiones y Donaciones registren una diferencia «tan obvia» respecto a otros territorios.

En este sentido, ha adelantado que se establecerán «horquillas razonables», pero no «idénticas ni absolutamente miméticas», para lograr un «Estado de bienestar razonable respetando la autonomía de cada comunidad».

En su opinión, el «equilibrio» se rompió cuando algunas comunidades dejaron «prácticamente nulas» figuras tributarias como Patrimonio o Sucesiones, en referencia a la Comunidad de Madrid, lo que dejó estos tributos como algo «testimonial» y provocó una «suerte de desequilibrio en el resto de CCAA.

Estas, «con menos capacidad recaudatoria por una menor renta por habitante o por no tener sedes fiscales, se ven obligadas para tener una misma recaudación se ven obligadas a subir mucho la presión fiscal o a renunciar a un volumen de recursos para que no se vayan a otras capitales o poder fidelizar a sus habitantes», ha añadido.

En cualquier caso, ha aclarado que «no se trata de ir contra nadie» sino de «reflexionar» para alcanzar un acuerdo en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica y que el rendimiento de esas figuras u «otras que puedan sustituirlas» sea el que se espera y no que algunos aprovechen la caída por tener una situación de «ventaja» respecto a otras zonas.

«Intentar hacer de la política fiscal una política diferenciadora de agresión al Gobierno no tiene ningún sentido», ha agregado, defendiendo el principio constitucional de que «cada uno recibe según su necesidad en forma de servicios, pero contribuye según su capacidad», algo que «no depende solo del trabajo y las rentas del trabajo, sino de lo que se hereda u obtiene por el simple hecho de haber nacido en una situación ventajosa». Descarta, por tanto, la supresión del Impuesto de Patrimonio.

Variación del Salario Mínimo Interprofesional

Por otra parte, sobre el Salario Mínimo Interprofesional, que el Gobierno ha mantenido en 950 euros para 2021, ha indicado que el Ejecutivo habría legislado con arreglo a lo que se hubiese acordado en el marco del diálogo social, tal y como se hará en el segundo semestre.

La portavoz del Gobierno ha indicado que el primer trimestre del año será aún de «sufrimiento» hasta que se llegue a una cobertura poblacional suficiente con la vacuna contra el covid, pero ha apuntado que se seguirá con el diálogo social, y «una vez pase el primer semestre» habrá una situación «más estable» para valorar los indicadores que marquen en qué medida se actualiza el SMI.

Tras aprobar un paquete de más de 4.200 millones para afrontar el «importante» daño del tejido productivo, especialmente para hoteles, restaurantes o comercios, ha abogado por «ser prudentes y cautelosos y darse el primer semestre para poder evaluar las cosas en el marco del diálogo social con mucho mejor criterio que el de ahora».


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Economía

Pablo Iglesias, alias «El Chepas», gasta 14.999 euros en 50 sillas de oficina, que permanecen guardadas en un almacén

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Termina un año complicado en el que se han librado muchas batallas, no solo políticas sino personales. Un año en el que la economía española ha sufrido un duro varapalo y son muchos los que han tenido que cerrar sus negocios por la crisis de la Covid-19. Y en medio de esta situación y con muchos hogares sin ingresos, hay que destacar los elevados gastos del Ministerio que dirige el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Y es que, más allá de las cuantiosas inversiones que ha destinado a remodelar la sede que tiene en el Paseo del Prado 18-20, el vicepresidente segundo del Gobierno ha destinado 14.999 euros a comprar una partida de 50 sillas de oficina con destino a un almacén.

Desde el PP, pidieron al ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 una explicación por este gasto de casi 15.000 euros en unas sillas que no tendrían, de momento, utilidad alguna, por lo que no existiría urgencia. Asimismo, hay que destacar que esa compra asciende a “casi 15.000″ euros, en concreto 14.999, la cantidad mínima para poder conceder el “contrato a dedo” y no tener que sacar a concurso la licitación. Es lo que se denomina, un contrato menor.

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La explicación llegó a través de una respuesta escrita en el Congreso de los Diputados, el pasado 14 de diciembre. “En relación con la información interesada cabe señalar que, periódicamente, la Subdirección General de Oficialía Mayor tiene que renovar el inventario de sillas de trabajo y adquirir nuevas unidades dado que todas, en mayor o menor medida, se van deteriorando con el uso”, señalan desde el Gobierno, que añade que se trata de un “elemento fundamental para la salud laboral de los empleados”.

Tal y como consta en la respuesta parlamentaria, en el año 2019 se compraron 100 sillas de trabajo, se desafectaron 117 unidades y únicamente quedaron 5 sillas disponibles. A mediados del pasado mes de junio, dada la escasez de sillas, la incorporación de nuevo personal y la obligación de dar servicio a los tres departamentos ministeriales (Derechos Sociales y Agenda 2030, Sanidad y Consumo), se planteó el inicio de un expediente de contratación para la adquisición de 50 sillas de oficina que, curiosamente, tendrían como destino el almacén Departamento ubicado en el Paseo del Prado 18-20.

El hecho de que vayan a un almacén pone en tela de juicio la “urgencia” del asunto y su tramitación, ya que la Subdirección General de Oficialía Mayor justifica esta necesidad para iniciar un expediente de contratación bajo la modalidad de contrato menor de suministros. Este tipo de contratos, de acuerdo con la normativa vigente, establece que el presupuesto de licitación debe ser inferior a 15.000 euros (IVA excluido), por lo que el importe de licitación se fija en 14.999,00 euros (IVA excluido) y esto conlleva la limitación del número de unidades que se pueden adquirir, que se concretan en 50 sillas de trabajo de oficina. También hay que señalar que, al tratarse de un contrato menor, la adjudicación del proyecto no necesita autorización alguna y puede ser otorgado “a dedo”.

El contrato fue adjudicado a GIL ESTEVEZ, S.A y las sillas fueron suministradas el pasado 7 de septiembre. En la actualidad siguen en los almacenes del edificio de Paseo del Prado 18-20, pendientes de distribuirse entre el personal de cualquiera de los tres Ministerios, cuando se incorpore nuevo personal o cuando se deteriore alguna silla y se requiera su sustitución, tal y como explican desde la cartera que dirige Pablo Iglesias.


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Economía

Pablo Iglesias e Irene Montero gastan 400 veces más que Santiago Abascal en promocionarse en Facebook… Porque el dinero público «No es de nadie»

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Podemos y Vox son las formaciones políticas que más y menos invierten en anuncios en Facebook respectivamente.

Marcos Sierra.- Pablo Iglesias e Irene Montero llevan gastados en publicidad en Facebook 84.171 euros y 75.816 euros respectivamente. Los líderes de Podemos suman en total 159.987 euros desde el pasado 28 de marzo de 2019, momento en que la plataforma decidió hacer público el gasto en anuncios referentes a temas sociales, elecciones o política.

Pedro Sánchez, Pablo Casado e Inés Arrimadas no aparecen en el registro de transparencia de anuncios facilitado por la red social fundada por Mark Zuckerberg. Se desprende de ello que no invierten dinero en promocionarse en esta plataforma. Sí lo hizo en su día Albert Rivera, con unos 5.000 euros gastados en más de 400 anuncios.

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Por su parte Santiago Abascal lleva gastados 372 euros en Facebook para dar visibilidad a su imagen. Si se compara con el volumen total de anuncios contratados por Irene Montero y Pablo Iglesias, líderes de este ranking, la cantidad es 429 veces menor. En concreto, ha gastado 226 veces menos que Pablo Iglesias y 203 veces menos que Irene Montero.

Podemos ha gastado 1,6 millones en anuncios, Ciudadanos 575.000 euros, el PP 508.000 euros, el PSOE 348.000 euros, y Vox 13.000 euros

Inversión por partidos

Si hablamos de inversión por partidos, la cosa no cambia tampoco demasiado. Podemos es el partido que más invierte en anuncios en Facebook. La formación morada lleva gastados más de 1,6 millones de euros en unos 4.000 anuncios.

En el polo opuesto, una vez más, se encuentra Vox. El partido de Abascal es el que menos apuesta por la red social norteamericana para difundir sus mensajes, con un gasto de unos 13.000 euros desde el pasado mes de marzo de 2019.

Ciudadanos es la segunda formación por inversión en publicidad en Facebook. El partido fundado por Albert Rivera se ha dejado unos 575.000 euros en cerca de 20.000 anuncios. El PP, por su parte, ha gastado aproximadamente 508.000 euros en al menos 1.100 anuncios, mientras el PSOE ha invertido unos 348.000 euros en cerca de 12.000 anuncios.

La ventaja de Facebook como plataforma publicitaria es que permite segmentar las audiencias. La red social posee información de los usuarios como sus preferencias, edad, sexo o zona en la que vive. Con estos y otros datos es posible realizar perfilados de usuarios para que los anuncios sean más efectivos.

En cuanto a la facturación de los anuncios, la red social explica que cuando se publican se deberá «definir un presupuesto para cada uno de ellos. Luego, nosotros intentaremos gastar ese presupuesto de forma uniforme durante el tiempo que el anuncio esté en circulación (a menos que uses la entrega acelerada). No se te cobrará más que el presupuesto definido. Recuerda que siempre tendrás el control de cuánto gastas».

El contratante paga en función de un sistema de subasta -similar al de Google- por el cual los anuncios compiten por las impresiones -los visionados de los usuarios-, sobre la base de la puja -las palabras o conceptos que se desean usar para el perfilado- y el rendimiento. Cuando se pone el anuncio en circulación. Facebook cobra por la cantidad de clics o impresiones recibidos por cada anuncio. Es decir, un anuncio con el mismo presupuesto que otro puede tener más o menos visionados.


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