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Economía

El crimen de agosto de 1971

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Hace medio siglo Nixon decidió desvincularse del patrón oro, el único amarre de la ortodoxia económica. El resultado es el previsible: una deuda impagable y unos gobiernos adictos al gasto. ¿Por eso el gran reseteo?

El 15 de agosto de 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, desvinculó al dólar del oro. Se ha cumplido medio siglo de uno de los hechos históricos de mayor trascendencia de los producidos en el siglo XX. Esa decisión ha mutado los sistemas económicos, ha cambiado la relación de los ciudadanos con el Estado, y nos ha introducido en un mundo nuevo, cuyos peligros no tienen precedente en la historia. 

Lo que decidió el Tesoro de los Estados Unidos fue que no se veía obligado a entregar una onza troy de oro por cada 35 dólares. Si nos vamos muy atrás, y avanzamos hasta ese fatídico día, nos encontramos con cambios muy importantes en el sistema financiero internacional.

Según el patrón oro, cada moneda nacional estaba definida por una cantidad determinada de oro. Cualquier persona podía acudir a un banco, entregar sus billetes, que no eran sino títulos sobre una cantidad de metal. Si un país había emitido demasiados billetes contra sus reservas de oro (inflación), había un conjunto de mecanismos espontáneos, pero automáticos, que le obligaban a restituir la situación si no quería quebrar. 

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El patrón oro imponía una disciplina financiera que defendía al ciudadano común, pero suponía un freno a los deseos de gasto, siempre insatisfechos, de los Gobiernos. Y, por tanto, de sus amigos (bancos, grandes empresas, organizaciones políticas y demás). De modo que el sistema se fue relajando, pieza a pieza. La última de ellas era la promesa, por parte de los Estados Unidos, de que entregaría una onza de oro por cada 35 dólares, aunque no a cualquiera, y desde luego, no al ciudadano común. 

Esta situación colocaba a los Estados Unidos en una situación privilegiada. Como estaba en el vértice del sistema financiero internacional, podía entregar papelitos al resto del mundo a cambio de bienes. Según llegó a decir Alan Greenspan, podía endeudarse lo que quisiera sin la capacidad de quebrar, porque siempre podría imprimir dólares y pagar con ellos. 

Por supuesto que aquél país abusó de su posición. Y por supuesto que hubo quien se aprovechó de ello. El presidente De Gaulle, asesorado por el eximio economista Jacques Rueff, empezó a entregar papelitos al Tesoro de los Estados Unidos, y a exigir su oro. Como la Fed había emitido cantidades enormes de dólares sin respaldo, ese camino sólo podía llevar al impago. Y de ese impago se han cumplido 50 años. 

Desde entonces, lo que emiten los gobiernos son títulos sobre nada. En lugar de un pagaré (I owe you) un billete ahora es un nopagaré (I owe you nothing). Antes, en España un billete podía decir “El Banco de España le pagará al portador la cantidad de 100 pesetas”, que era una determinada cantidad de plata. Hoy tenemos billetes en los que se ve impreso “5 euros”; es un dinero-signo, y su único sustento es la decisión del Banco Central Europeo de no emitir demasiada cantidad. 

Pero lo que ha ocurrido es lo que sabíamos que ocurriría. Los Gobiernos, liberados de los grilletes del oro, han gastado lo que habrán de producir dos o tres, o cuatro generaciones futuras. Han acumulado una deuda impagable, y que amenaza con hacer saltar todo el sistema por los aires. El ciudadano ha perdido poder sobre el sistema económico. La inflación ha creado enormes fortunas, sin vinculación con el servicio a los consumidores. Caminamos sobre las nubes, y nos creemos celícolas. Es difícil ver “el gran reinicio” como un proyecto desvinculado de la conciencia de que esto se acaba, y unos cuantos quieren conducir la transición a lo desconocido. Pero cuando llegue, estaremos todos desprotegidos. 

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José Carlos Rodríguez

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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