El Estado está cometiendo un grave delito, que en realidad atenta contra los derechos humanos. Está colaborando con las “agencias de importación de menores”, agencias pseudohumanitarias a las que incluso protege y subvenciona.

La propia Armada y demás fuerzas civiles y militares del Estado se han convertido en grandes ONGs coordinadas con entidades privadas, entidades que funcionan como verdaderas empresas con fines de lucro, agencias de colocación y sumideros de fondos públicos.

El delito del que hablo es el tráfico y secuestro de personas, especialmente odioso cuando se trata de menores.

Si hablamos del tráfico de personas, en este punto cabe hablar más llanamente de esclavismo. El negocio negrero está en auge en las costas españolas y, en general, las mediterráneas. Lejos de atajar el problema de raíz, que es obligación moral y mandato constitucional del Estado, lo que se hace ante la indiferencia y el aplauso de dos tercios de la “ciudadanía” española, no es sino contribuir a que el negocio –trágico- de la trata de personas vaya en aumento.

Malnacidos extranjeros que cobran pasaje en los “taxis-patera” sin garantizar la seguridad de los pasajeros, arrojándolos incluso al mar en caso de apuro, y que se coordinan (a diferentes niveles) tanto con organizaciones SÍ gubernamentales como con organismos NO gubernamentales (aunque éstos estén generosamente subvencionados).

Tanto los pasajeros de estas personas extranjeras no solicitadas por España, como los salta-vallas de Ceuta y Melilla, tampoco invitados a nuestro país, son personas que han cometido un acto ilegal. Se mire como se quiera mirar. Si el Estado no vela por la legalidad, que incluye el respeto a sus propias fronteras, el Estado se convierte en un infractor, en un colaboracionista del delito, en un ente deslegitimado de acuerdo con los propios principios constitucionales que le dan ser y le otorgan forma. España a nivel estatal es delincuente.

Si, para colmo, el Estado asume la tutela y custodia de presuntos “menores no acompañados”, teniendo estos presuntos menores unos padres en su país de origen, nos encontramos ante un claro caso de secuestro. El Estado es un secuestrador de menores si no pone los medios adecuados para la devolución inmediata y en caliente de aquella persona que, siendo menor de edad, posee padres o familiares en su lugar de origen. Los gastos de manutención y crianza no pueden correr a cargo de un Estado que no ha solicitado la llegada de esas personas que deben ser criadas por sus familiares. En el país de origen, así como en el país de tránsito (concurriendo negligencia en este) es donde debe resolverse la “orfandad teórica” de esos menores.

Es muy grave, desde el punto de vista legal, a) renunciar al mandato constitucional de defensa de la ley, que incluye la defensa de las fronteras nacionales, b) colaborar con magias negreras, dejarles hacer, fomentar sus prácticas inhumanas, c) secuestrar a presuntos menores de edad, en aquellos numerosos casos en los que hay progenitores y familias, y no una orfandad real, para repartírselos por toda España.

Por detrás de todo esto late el problema palpitante. La verdadera solidaridad (que no limosna) consiste en establecer reglas de intercambio económico justas entre países, favoreciendo que los propios nativos se doten de medios para la autosuficiencia. La Iglesia Católica se ha convertido en una gran ONG pseudohumanista, en complicidad con las fuerzas armadas y las extrañas fundaciones, las dedicadas a la importación de seres humanos. Lejos de volcar sus esfuerzos totalmente a la evangelización de los españoles en casa y en la labor misionera en ultramar, los agentes eclesiásticos (Cáritas, Manos Unidas, etc.) le hacen el trabajo sucio a los Poderes del Mundo, poderes diabólicos que, muy sucintamente son dos: a) poderes anglo-yanqui-sionistas, a quienes les interesa una “norteamericanización” de Europa, la cual incluye el caos multi-racial y multicultural, b) a los poderes patronales y de las grandes finanzas, extranjeras o patrias, quienes piensan que en países como el nuestro, con millones de parados nativos, no obstante ven en ellos demasiados remilgos y quieren, con gran miopía, forzar la rotura de niveles salariales a la baja por medio de una masiva entrada de presuntos demandantes de empleo, ignorando que los demandantes recién llegados pueden ser demandantes de asistencia pública más que de empleo, tanto por su baja cualificación o por su nula conexión con la producción de un país avanzado.

El respeto a la dignidad de las personas extranjeras que emigran y que llegan a España exige, precisamente, por su bien y el nuestro, un blindaje de las fronteras y de las aguas marítimas, así como una política “de fuerza” con los países emisores y de tránsito, estados que son negligentes o utilizan a las personas como bomba geopolítica. Igualmente, la dignidad de una persona ha de ser siembra en la patria nativa, y no comodín para justificar lo injustificable. Todos los voluntarios de esas ONG de “acogida” deberían hacer un curso de geopolítica y geoeconomía, para comprender que solamente por medio de proyectos misioneros y solidarios in situ, así como por medio de relaciones equitativas entre los países conseguiremos fijar población en las respectivas patrias de cada uno. No se puede tolerar (ni moral, ni tampoco intelectualmente), que esos poderes financieros y depredadores que hablan en nombre de “Occidente” destruyan patrias de esta manera: destrucción en origen, despoblándolas de población joven, fuerte, masculina y edad militar, y destrucción en destino, causando un caos multicultural por la presencia masas desarraigadas, imposibles de asimilar.