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Tribunales

El Estado no podrá recuperar las competencias en materia penitenciaria en Cataluña

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El Estado no podrá recuperar fácilmente las competencias en materia penitenciaria en Cataluña. Sobre el papel es posible hacerlo, pero, como suele pasar, en la práctica será inviable que el estado pueda recuperar las competencias en materia penitenciaria que fueron transferidas a Cataluña en 1983. Y es que, solo hay dos vías para recorrer ese camino: o se reforma el Estatut de Catalunya, lo que requeriría el voto a favor de una mayoría de dos tercios del Parlament, algo que roza lo quimérico; o se reforma la Constitución, un paso que también se antoja muy complicado.

Algunas fuentes admiten que la legislación “no está pensada para protegerse del desleal”, pero es que, en este caso, es cierto, dicen, “hemos puesto al zorro, a vigilar a las gallinas”. La competencia ejecutiva en materia penitenciaria está puesta en manos de la Generalitat, y una vez que los políticos presos están en cárceles catalanas, no hay nada que hacer porque el estado no tiene ningún motivo para reclamarles, primero, porque no lo han pedido los afectados, y segundo, porque no ha habido requerimiento alguno del tribunal para ello.

La única posibilidad para hacerlo, piensan algunos, es que, si se vuelve a recurrir al 155 se puedan tutelar esas competencias por el tiempo en el que esté en vigor su aplicación.

Así pues, hay que asumir que será la Generalitat la que conceda el tercer grado a los políticos presos en cuanto le sea posible, máxime cuando el Tribunal Supremo se ha negado a explicitar en la sentencia, como pidió la fiscalía, la posibilidad de que no tuvieran acceso a ello hasta que los condenados cumplieran al menos la mitad de la pena que se les ha impuesto. Eso sí, al estar todo judicializado, el fiscal podrá recurrir ese paso, primero ante el juez de vigilancia penitenciaria y, en última instancia, ante el tribunal sentenciador, es decir, ante el Supremo.

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Tribunales

La Fiscalía General del Estado ordena a la catalana investigar si hubo desobediencia en el Parlament

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Roger Torrent
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La Fiscalía General del Estado ha ordenado este martes a la Fiscalía catalana que abra una investigación por desobediencia en la actuación del Parlament catalán por la tramitación de la moción de la CUP sobre la autodeterminación.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado ha informado de que ha instado la incoación de diligencias de investigación «a fin de valorar la posible trascendencia penal» tras las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlament durante las últimas semanas y hasta el día de hoy, en el contexto de los incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido los acuerdos que permitieron la tramitación de la moción de la CUP que pide que la Cámara reitere «su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán».

A pesar de haberse reunido de urgencia, no obstante, no ha podido evitar que a esa misma hora se estuviera realizando la votación de la iniciativa en la cámara autonómica, donde ha resultado aprobada con los votos de JpCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes.

La mayoría que forman los grupos independentistas (JpC, ERC y la CUP) y los comunes en el Parlamento de Cataluña han permitido este martes la aprobación de una nueva moción a favor del derecho a la autodeterminación, mientras el Tribunal Constitucional (TC) se reunía sobre su legalidad, después de que el Gobierno de España hubiera pedido paralizar su votación.

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Tribunales

Detenido el director general de Deportes y una exconcejal del PDeCAT por presunta malversación

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La Guardia Civil ha detenido este martes al director general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, y la exconcejal del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro de Gobierno de la Junta de la Diputación, Maite Fandos, en una operación por presunta malversación y fraude en las subvenciones de la Secretaria General de Deportes de la Generalitat y su órgano dependiente, el Consell Català de l’Esport, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
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Según ha informado El Periódico, esta operación ha sido ordenada por el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que considera que entre las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarían presuntamente las fundaciones Catmon e Igman, cercanas a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a las que el juzgado ya ordenó registrar en mayo de 2018.

Hay un total de cuatro detenidos en el marco de una operación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias por supuesta concesión fraudulenta de subvenciones públicas procedentes de la Secretaria General de Deportes.

Agentes de la Policía Judicial de Zona de la Guardia Civil de Catalunya están realizando entradas y registros en la sede de la Secretaria General de Deportes, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), y en domicilios particulares, en el seno de la operación Voloh, en busca de pruebas presuntas de irregularidades.

En un mensaje en Twitter recogido por Europa Press, el presidente del PDeCat, David Bonvehí, ha desmentido cualquier implicación en hechos de malversación ni vinculaciones con tramas irregulares: “Somos un partido transparente que combate las malas prácticas”, ha asegurado.

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Tribunales

Condenan a un padre a seguir manteniendo a su hija de 27 años

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Audiencia Provincial de Lugo.
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Alicia, nombre ficticio de una joven de 27 años en paro, era una estudiante modélica hasta que, al finalizar el bachillerato, su brillante trayectoria académica dio un vuelco anómalo y, a todas luces, inesperado. De obtener resultados excelentes y admirables en sus años de instituto pasó, al entrar en la universidad, a transitar por un sendero de notas mediocres, absentismo y apatía. Podía deberse al desinterés que le producía la carrera que cursaba, pero se matriculó en otra y siguió en la misma situación. No iba a los exámenes, faltaba a las clases y no mostraba ningún interés en sus nuevos estudios. Probó con cursos de formación, pero nada cambiaba.

Tras acudir a terapia psicológica, la profesional que le atendió comprobó que su comportamiento no era deliberado, sino que tenía su origen en los malos tratos psicológicos que, durante mucho tiempo, le infligió su padre, quien le pasaba una pensión mensual de 450 euros desde que se divorció de su madre. Alegando que la joven ya estaba en edad de valerse por sí misma, un juzgado aprobó el pasado mes de diciembre a petición del progenitor que la manutención cediese. Sin embargo, tras recibir un informe pericial sobre el deteriorado estado psicológico de la mujer, la Audiencia Provincial de Lugo, donde residía la joven cuando sus padres se divorciaron, falló recientemente a favor de que el hombre prolongase el sustento durante otros 18 meses por ser el responsable último de su situación.

Los padres no están obligados a mantener la pensión de sus hijos una vez que estos ya están en edad de ser de alguna forma autosuficientes. La ley marca que, si estos no aprovechan sus estudios o no se incorporan al mercado laboral aun teniendo la oportunidad de hacerlo, los progenitores pueden pedir que la cuota mensual que les remiten se extinga paraimpedir así situaciones de aprovechamiento económico. No obstante, en algunos casos la necesidad de que se dilate está justificada por circunstancias como las que se dieron en el caso de esta joven.

«Creo que queda probado que no se puede premiar de esa forma a un maltratador cuando las pruebas documentales acreditan que, si la víctima no es capaz de llevar una vida laboral ni personal normal, es realmente por las conductas que manifestó hacia ella durante mucho tiempo», explica a ABC Damián Gómez González, el letrado que representó a Alicia en todo el proceso. Después de que, en abril de 2017, el padre presentara un recurso para reclamar el fin de la manutención, Gómez alegó, esgrimiendo el informe de la psicóloga que había maltratado a la joven, que su estado anímico y emocional estaba plenamente vinculado a los malos tratos psicológicos que el padre había ejercido sobre ella y también sobre su madre.
Tiranía

Según explica Gómez, el hombre sometió a ambas a un régimen de tiranía en el ámbito doméstico que se prolongó de manera continuada durante un largo periodo de tiempo. Entre otras cosas, relata condiciones de gran crueldad, como hacerlas comer en exceso, en silencio o contra su voluntad, no permitirlas hablar por teléfono o escuchar música bajo la amenaza de echarlas de casa o llamar «gorda» a la madre hasta «hacerla vomitar».

Debido a todas estas situaciones vividas, la joven desarrolló, una vez formalizado el divorcio y puesto fin al calvario que soportó, una serie de traumas e inseguridades que la llevaron a descuidar sus hábitos de higiene, no tener capacidad de concentración o contar con serias dificultades a la hora de mantener relaciones sociales o sentimentales, entre otras cosas.

Por todo ello, y tras cotejar el informe de la experta con otra evaluación psicológica llevada a cabo por los servicios jurídicos, la Audiencia Provincial obligó el pasado mes de junio a que el padre siguiera pasándole la pensión a su hija durante otro año y medio más, revocando así una sentencia previa que eximió al hombre de hacerlo tras acoger su recurso.

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