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España

El Gobierno cierra el Valle de los Caídos para exhumar al Caudillo entre el 18 y 22 de octubre

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El Gobierno ha cerrado este viernes alrededor de las 17.00 horas el Valle de los Caídos con la intención de ejecutar la exhumación de los restos del Caudillo Francisco Franco “entre el 18 y el 22 de octubre”, han informado fuentes del Ejecutivo. La orden para el cierre temporal, pero inmediato, del Valle figura en el acuerdo definitivo aprobado este viernes por el Consejo de Ministros con el que se pone punto y final a un procedimiento iniciado hace un año y que se ha topado con múltiples obstáculos consecuencia de los numerosos recursos planteados por la familia de Franco y su entorno, que se opusieron desde el principio a la exhumación.

Pero con el aval del Tribunal Supremo al proyecto puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo tenía ya vía libre para ejecutar la operación. Sólo faltaba anunciar la fecha y el día concreto. Sin embargo, y pese a lo que tanto Sánchez como la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, venían sosteniendo en los últimos días, la decisión del Consejo de Ministros de este viernes no establece el día concreto de la exhumación, sino un plazo para acometerla que va desde este mismo 11 de octubre al próximo día 25.

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Calvo ha atribuido este cambio de criterio a que el Gobierno necesita “días para tener el Valle de los Caídos cerrado, con condiciones de seguridad, con las decisiones técnicas para llevar a cabo esta operación” que concluirá con la reinhumación de los restos del dictador en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo. “Antes del día 25 de octubre, Franco no estará en el Valle de los Caídos” sino “en un lugar discreto, en el ámbito de su familia, y nadie podrá enaltecer a un dictador a un dictador en la democracia española”, ha subrayado. “Todo lo demás es tan secundario”, ha zanjado.

El acuerdo del Consejo de Ministros especifica que “con al menos 48 horas de antelación” se avisará a la familia de la fecha y hora concreta de la exhumación, que propondrá la vicepresidenta al presidente para que dé el “último OK”. Con la misma antelación, ha añadido Calvo, se informará también a los medios de comunicación, que podrán ser testigos de la salida de los restos de la Basílica desde la explanada del Valle. A la familia se le permitirá estar presente, si así lo desea, en la exhumación, traslado e inhumación, cuando se podrá celebrar “una breve e íntima ceremonia acorde con sus preferencias religiosas”, precisa el acuerdo.

El Ejecutivo, aclaran fuentes del Gobierno, adoptará las medidas que sean necesarias para que nadie, tampoco los familiares, puedan tomar imágenes ni grabar sonido en los actos de exhumación y reinhumación. En todos estos momentos, así como en el traslado, estará presente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como notaria mayor del Reino.

LOS FLECOS PENDIENTES DE CONCRETAR

La vicepresidenta no ha aclarado con qué medio de transporte se trasladarán los restos desde el Valle al cementerio de El Pardo porque se trata de un elemento que el Ejecutivo aún está valorando en función de qué opción sea la más segura y menos incómoda para los ciudadanos, sin descartar la vía aérea. El acuerdo aprobado este viernes se comunicará a la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid a efectos de habilitar el dispositivo necesario para garantizar durante toda la operación tanto la seguridad de los restos mortales como la seguridad ciudadana y el orden público.

Calvo ha detallado que ha sido el propio presidente del Gobierno el que ha llevado en mano hoy el acuerdo al Consejo de Ministros, que establece como fecha tope para la exhumación el 25 de octubre, esto es 15 días antes de la repetición de las elecciones generales, y 5 días antes de que de comienzo formalmente la campaña electoral.

No obstante, la vicepresidenta se ha justificado afirmando que ésta no era la agenda prevista por el Gobierno, sino que su objetivo era haberlo hecho el 10 de junio. Sin embargo, los recursos ante el Tribunal Supremo han retrasado la decisión. “Estamos en una agenda que no era la prevista”, ha dicho.

Calvo ha resaltado que el Gobierno ejecutará la exhumación y la inhumación con “absoluto respeto a lo que representan unos restos humanos” y a la propia familia y con la “discreción que corresponde el tratamiento de una situación que afecta a los restos de una persona” aunque éste sea, ha dicho “el artífice como dictador de un pasado negro de nuestro país”.

Sin embargo, y a pesar de que “ni habrá imágenes, ni acceso al lugar exacto”, la prensa sí podrá estar en los espacios públicos del propio lugar porque, alega, “es una noticia que va a importar mucho en el plano internacional”. Según Calvo, es una noticia de “dimensión histórica”.

SIN TEMOR AL PRIOR

En cuanto a la negativa del prior de la Abadía a que se exhumen los restos de Franco, ha dicho no tener ningún temor después de ser preguntada si han previsto la posibilidad de que éste pueda atrincherarse.

“En un estado de derecho todos acatamos las leyes, cumplimos las sentencias, aunque se esté en una orden religiosa”, ha espetado y tras recordar que la Iglesia católica nunca se ha opuesto a la exhumación, ha vuelto a reiterar que el Gobierno cuenta con la autorización del Tribunal Supremo: “título más que suficiente para entrar en el recinto. Por lo tanto, nada”.

La vicepresidenta ha insistido en la “satisfacción extraordinaria” que supone la decisión para el Ejecutivo en funciones porque considera que con esto se cierra “con dignidad lo que no era digno cuarenta años después”. Ha querido poner en valor el hecho de que su Gobierno haya podido lograr la exhumación de Franco en “a penas 16 meses” y de que hayan sido los tres poderes del Estado los que han adoptado la decisión, el Parlamento, el Gobierno y el Tribunal Supremo “la cúspide de nuestra justicia”.

Carmen Calvo ha recalcado en que un “dictador” no puede estar en una tumba de Estado y además, junto a sus víctimas y ha defendido la petición de muchos familiares que hace tiempo están reivindicando poder enterrar a sus muertos. En este sentido, ha dicho que esta petición de justicia y memoria no prescribe.


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España

VOX apoya la decisión de Donald Trump: Abascal en pie de guerra contra los ‘verificadores’ y el “negocio millonario de los censores”

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Vox ha puesto el grito en el cielo este viernes al conocer que la Agencia EFE, entidad pública y “dependiente de la órbita gubernamental”, será la encargada de discernir, en conjunto con otras, qué informaciones se publican y cuáles no se publican en la red social fundada por Mark Zuckerberg.

Según han comunicado, la agencia estará destinada a verificar contenidos en español publicados de Facebook y su intención es “reducir la propaganda de las informaciones que ellos consideren falsas.

De esta forma se incorpora al programa de verificación de datos externo de Facebook en el que participan otros “‘verificadores’ de extrema izquierda” tales como ‘Maldita.es’ y ‘Newtral’, la Agencia de Ana Pastor.

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Como ha transmitido EFE, en el programa de ‘verificación’ de la red social participan unas sesenta organizaciones que evalúan el contenido que se publica en más de 50 idiomas.

Todos forman parte de una organización mayor, llamada International Fact Checking Netword (IFCN).

 

 

La decisión de Trump

El presidente de Estados Unidos ha optado por tomar medidas en relación a las limitaciones a la libertad de expresión que se suceden desde las directivas de estas plataformas.

La decisión ha sido contundente: puesto que se están censurando contenidos, la categoría de la red social desaparecería, dando paso a la de medio de comunicación. De esta forma, se haría responsable penal a la red social de todo lo publicado en su plataforma.

“Desde hace años la dictadura progre persigue la libertad de expresión en las redes sociales. Están nerviosos porque han perdido el monopolio de la comunicación. Es deber de los gobiernos garantizar la libertad y descubrir el negocio millonario de los censores”, ha señalado el líder de Vox en Tiwtter, que ha secundado la medida del presidente de Estados Unidos.

 


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España

El plan secreto del Gobierno comunista de Pedro Sánchez: unificar Guardia Civil y Policía Nacional

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La inusual y sobre todo inapropiada afirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurando que “no hay ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil”, es como poco chocante, pero deja patente que en el Ejecutivo se habla del tema

Levanta la liebre Carlos Cuesta en OKdiario, este 30 de mayo de 2020.

Asegura el veterano periodista, que el Podemos de Pablo Iglesias está decidido a tumbar el actual esquema de la Guardia Civil, eliminando su ‘naturaleza’ militar y recortando a la vez la independencia que siempre ha tenido el cuerpo con respecto a los políticos.

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La maniobra, según Cuesta, pasa por unificar la estructura de la Benemérita con la de la Policía Nacional, lo que traería inevitablemente consigo una integración de los mandos.

Los oficiales de la Guardia Civil que no optasen por reintegrarse al Ejército, quedarían trufados con los de Policía Nacional.

Eso permitiría, por ejemplo, que las grandes instrucciones judiciales como la del 8M no topasen con más Perez de los Cobos, inasequibles a la presión del Gobierno.

Escribe Cuesta que Iglesias ha dejado meridianamente claras cuáles son sus intenciones:

«Su ‘burro de Troya’ en el Ministerio de Interior, José Antonio Delgado, recién incrustado como asesor estrella en el departamento de Fernando Grande-Marlaska está en eso: en forzar un  cambio que se traduzca en una equiparación de escalas entre los mandos policiales y los de la Guardia Civil, pero teniendo claro que en los puestos clave estarían policías y no guardias civiles».

La inusual y sobre todo inapropiada afirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurando que «no hay ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil», es como poco chocante, pero deja patente que en el Ejecutivo se habla del tema.

También la reiteración con que el líder de Podemos, sin fundamento alguno, acusa a VOX de «querer dar un golpe de Estado«.

A la vista de como están evolucionando las cosas, no da la impresión de que Iglesias y sus compinches vayan a tener éxito a corto plazo.

Para empezar, la reacción ciudadana les es muy adversa.

Según una encuesta que publica este sábado ‘El Español, el 70% de los ciudadanos cree que el 8-M debió suspenderse y más del 50% ve responsabilidad penal en la actuación del Gobierno Sánchez, como apunta el informe de la Guardia Civil, que tanto ha encorajinado al ministro Fernando Grande-Marlaska.

En ese mismo sondeo,  el 58% de los españoles cree la versión de la Guardia Civil y sólo un 37,4% la del del Gobierno, sobre la purga de Marlaska entre los altos cargos del cuerpo.

La opinión pública se ha puesto mayoritariamente del lado de un coronel que ha dado un ejemplo de honor y patriotismo y ha condenado la cobarde y sectaria actuación de un ministro que ha quedado retratado.


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España

Bildu controla cada vez más Andecha Astur, una basura política que defiende la independencia de Asturias y la oficialidad de una jerga

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PC.- Los amigos de nuestros enemigos son nuestros enemigos. Es decir, los amigos del brazo político de la banda terrorista ETA son nuestros enemigos. Y en Asturias, los amigos de Bildu son los bablistas de Andecha Astur, que entre otras lindezas defienden que la jerga bable pase a ser lengua oficial. Precisamente por eso concurren a las elecciones europeas juntos, bajo la marca Ahora Repúblicas.

Cada vez son más los vínculos de los bablistas con los herederos políticos de ETA, unos vínculos que no esconden, sino de los que se ufanan. Desde la Plataforma contra la Cooficialidad llevan tiempo alertando de que los bablistas hablan por boca de Bildu. Es el brazo político de ETA quien defiende los intereses de los bablistas en las instituciones en las que no están representados, ya sea en el Parlamento Europeo o en el Congreso de los diputados y el Senado del Reino de España.

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Los filo batasunos bablistas quieren adueñarse de las legítimas demandas laborales de la plantilla de la empresa de estiba EBHI.

Ahora el filoetarra y parlamentario de EH Bildu, Óscar Matute, ha llevado al Congreso de los Diputados la defensa de los postulados radicales de Andecha Astur en relación con los problemas económicos que está atravesando la empresa EBHI.

La formación bablista está tratando de convertir la tramitación de uno de tantos miles de ERTEs, un asunto estrictamente empresarial motivado por la crisis económica provocada por la criminal gestión de la pandemia del Gobierno de Pedro Sánchez, en un conflicto social y político virulento, promoviendo acciones violentas y escraches a los representantes de la empresa ante la sede del órgano de mediación laboral (SASEC).. Tratando, en definitiva, de exportar la kale borroka a Asturias.


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