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Comunidad de Madrid

El Gobierno Comunista de Pedro Sánchez pega una patada a Díaz Ayuso en… el culo de los madrileños: dejará a Madrid en fase 0 por puro desquite político

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"Los Fusilamientos de la Moncloa" de Goya. No es una indirecta.
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Puro desquite político. Sectarismo ideológico de la izquierda contra el símbolo de la resistencia pacífica que clama contra Sánchez. Patada a la capitana de la revuelta democrática en el culo de los madrileños. Esta vez, sin embargo, no llegarán tan lejos como en Paracuellos. De nuevo la tiranía de un gobierno al servicio de fuerzas extranjeras se enseñorea de Madrid. Los malos no cubren hoy sus cabezas con bicornios, ni lucen las mismas charreteras, pero comparten el mismo odio a los madrileños. Goya se inspiraría hoy en los vecinos del distrito de Salamanca para pintar unos de sus grabados. Otra vez Madrid rompeolas de todas las Españas que rugieron en Navas de Tolosa, en Arapiles, en los mares de Lepanto, en San Quintín, en Tlatelolco, en Bailén, en Brunete. Otra vez Madrid contrapuntado todas las deslealtades, todas las mentiras, todas las traiciones… de un Gobierno inane e infame. Recordando el viejo chotis de Celia Gámez… ¡pasaremos de nuevo! De fase y de Gobierno, naturalmente.

El Ministerio de Sanidad quiere imponer a la Comunidad de Madrid una «fase 0,5», como se ha planteado con la ciudad de Barcelona. De este modo, el Gobierno central se inclina por negar a esta región, al menos una semana más, el avance a la fase 1.

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Desde Sanidad apuntan que Madrid es la región con más casos y que no tiene suficientes medidas para la detección rápida del virus ni para rastrear los contactos que hayan podido tener en su entorno las personas infectadas. Por ello, dicho ministerio teme que haya algún rebrote. Por su parte, fuentes del Gobierno madrileño han calificiado esta propuesta de «despropósito». «Nosotros pedimos el pase a la fase 1, en ningún caso el 0,5. Un 0,5 sería una decisión discrecional y sin razones técnicas por parte del Ministerio de Sanidad», señalan fuentes de la Consejería de Sanidad.

El hecho de imponer una fase 0,5 supondría permitir la reapertura de los comercios de menos de 400 metros cuadrados sin cita previa y con el establecimiento de limitaciones en el aforo del 30%, siempre manteniendo una distancia de seguridad de dos metros y con atención preferente a mayores, pero no se podrían abrir el próximo lunes ni las terrazas de los bares ni se podría realizar visitas a familiares ni reuniones sociales de hasta 10 personas como contempla la fase 1.

Además, se permitirán los mercadillos al aire libre con distanciamiento entre puestos y con delimitaciones para controlar el flujo de personas. Serían las autoridades municipales las que fijarían estas condiciones de apertura. Por otra parte, se permitirían los velatorios para un número limitado de familiares en instalaciones públicas y privadas. Concretamente serán 10 familiares en espacios cerrados y 15 al aire libre.

Por otra parte, los lugares de culto podrían abrir sus puertas a un tercio de su capacidad. También se dará vía libre a la apertura de bibliotecas para el préstamo de libros, los museos a un tercio de su aforo, las oficinas de serivicios sociales, los centros educativos para realizar labores de desinfección y administración. Además, se podrán realizar simposios de hasta 30 personas y se podrán reabrir las instalaciones deportivas para uso individual de los deportistas profesionales. Sin embargo, los gimnasios continuarían sin poder abrir sus puertas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo el jueves que el Ministerio de Sanidad «no parece estar dispuesto» a que la región pase a la fase 1 de la desescalada el día 18 de mayo, como ha solicitado, aunque «no da razones técnicas». Ayuso dio esta información en su cuenta de Twitter tras la reunión mantenida entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, un encuentro que se repetirá este viernes, cuando el Gobierno tiene previsto comunicar su decisión.


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Comunidad de Madrid

Otra bofetada de la Justicia al Gobierno y sus manifiestas violaciones de la ley: El TSJM se carga la orden de confinar Madrid del Gobierno bolivariano de Pedro Sánchez

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LR.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no avala las nuevas restricciones impuestas en Madrid desde el pasado sábado para intentar frenar el avance de la pandemia al entender que limitan derechos y libertades fundamentales sin habilitación legal suficiente. Así lo ha acordado -en contra del criterio de la Fiscalía- la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado tribunal en una resolución en la que se niega a ratificar las medidas acordadas a regañadientes por la Comunidad de Madrid -que recurrió las medidas judicialmente- en el apartado tercero de la orden de la Consejería de Sanidad , que establece limitaciones en Madrid capital y otros nueve municipios de la región -Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz- en ejecución de la orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Con independencia de que “las medidas restrictivas de tal derecho fundamental fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”, los magistrados concluyen en su resolución que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud «no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”.

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Los magistrados afirman ser conscientes “de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes ante la que se enfrentan los poderes públicos y que padece nuestra sociedad”, así como de la necesidad de adoptar “medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud”. Entre éstas, admite, “cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance”. Pero para implantarlas, concluye, “nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales”.

Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos, hace hincapié el tribunal, “no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas”. Este es un presupuesto “de necesario cumplimiento”, añade, para que “esta Sala, cuya función es administrar justicia, sometida únicamente al imperio de la ley, interpretando y aplicando nuestro ordenamiento jurídico, pueda autorizar o ratificar medidas adoptadas por las autoridades sanitarias por razones de salud pública que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales”.

Por lo tanto, sostiene la Sala, las medidas limitativas de derechos fundamentales que establece la orden de la Comunidad de Madrid del pasado día 1 -que se adoptaron, recuerda, “meramente en ejecución” de la orden de Illa- “constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”.

Reproche a los políticos



Para el Tribunal Superior resulta “llamativo” que ante la situación de emergencia sanitaria y teniendo en cuenta el marco legal existente “no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país». Sobre todo teniendo en cuenta, recalcan los magistrados, que la actual regulación de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales para proteger la integridad física y la salud «resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación”.

Los magistrados precisan en su resolución que en estos momentos el marco legal existente “difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis» al ratificar las medidas en determinadas áreas de la capital el 24 de septiembre y, posteriormente, el pasado día 1. En esta ocasión, subraya, «como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas” por la Covid-19.

Esa orden ministerial -que plasmó las restricciones aprobadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, “obligando con ello a las comunidades autónomas”-, recuerda la Sala, se dictó al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud Se trata por tanto, según admiten ambas resoluciones, del “único título legal habilitante de la potestad administrativa ejercitada” para implantar las medidas cuya ejecución llevó a cabo la Comunidad de Madrid.

De ahí que, continúe el tribunal, la clave resida en determinar si esa normativa “autoriza la restricción de derechos fundamentales y libertades públicas”, con independencia de que las medidas restrictivas implantadas «fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”. Algo que, concluye, no se produce.

Estado de alarma



La Sala recuerda que “se ha venido admitiendo la posibilidad de que por ley orgánica, e incluso mediante ley ordinaria, se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales” sin necesidad de decretar el estado de alarma. Siempre y cuando, matiza, que esa limitación se encuentre “suficientemente acotada en la correspondiente disposición legal de habilitación en cuanto a los supuestos y fines que persigue, de manera que resulte cierta y previsible, y este justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales”.

En esa línea, apunta, la exposición de motivos del Real Decreto Ley-ley 21/2020, de 9 de junio busca “garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del conjunto del sistema nacional de salud” ante situaciones de crisis sanitarias, aunque «quedando al margen de su finalidad la de autorizar medidas limitativas de la libertad de circulación, como muestra el hecho de que asocie de forma reiterada las mismas a la declaración de estado de alarma”, precisa el TSJ madrileño.

Para el tribunal no hay duda de que en nuestro sistema constitucional corresponde a “los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales” la “delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial”.


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Comunidad de Madrid

El recurso de Ayuso contra la orden de Illa tiene «serias opciones» de ser estimado

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 Ayuso tiene ‘opciones’ en su particular partida contra el Gobierno. La Comunidad presentará mañana recurso contra la orden de Sanidad que obliga a Madrid a aplicar más restricciones para hacer frente al Covid. «Legalmente lo estamos estudiando (el recurso) con el Abogado de la Comunidad y viendo de qué manera hacemos las cosas correctamente, porque no hay criterios para hacer esas restricciones de movilidad con unos criterios a vuelapluma» dijo Ayuso este jueves en Esradio. Poco después, en el pleno de la Asamblea de Madrid, volvió a repetirlo: «Iremos a los tribunales nuevamente como lo hicimos con el cambio de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, y que sean objetivas y justas.»

 

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Si hace dos semanas Sánchez y Ayuso escenificaron la imagen del acuerdo y la cogobernanza en la Puerta del Sol, este jueves la Comunidad de Madrid anunció que recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden de Sanidad que impone el cierre de la capital y otras diez localidades de alrededor. Han sido días tensos entre el gobierno autonómico y el Ministerio de Sanidad que no han terminado en acuerdo, porque la negativa de Ayuso a tomar más medidas ha obligado a Salvador Illa a coger las riendas e imponer las restricciones a través de una orden que entrará en vigor en menos de 48 horas.

La presidenta regional aseguró que acatará la orden «de manera estricta», aunque advirtió que tratará que sea la Justicia quien obligue a Sanidad a rectificar. Una advertencia que se hará efectiva este viernes: «Recurriremos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid», aseguró la líder popular este miércoles en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Pedro Sánchez e ISabel Díaz Ayuso en el ya lejano pacto de la Puerta del Sol.

Pedro Sánchez e ISabel Díaz Ayuso en el ya lejano pacto de la Puerta del Sol.

Una jugada que podría salirle bien a Díaz Ayuso. Según Antonio Benítez Ostos, abogado experto en la jurisdición de lo contencioso administrativo, habría «serias opciones de estimación» del recurso. Ostos señala que la disposición de Sanidad nace en virtud del artículo 14.1 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, que señala que los acuerdos en relación a las materias de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud «se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso».

No hubo consenso

«Debiendo haber consenso en la adopción de las medidas restrictivas y habiéndose limitado a la mayoría», con el rechazo expreso -además de Madrid- de Cataluña, Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, que también se opusieron a la orden de Sanidad, «no puede afirmarse que se siguiese el procedimiento legalmente previsto para su aprobación», apunta Benítez Ostos. Por lo que, de formalizarse el recurso que ha anunciado Ayuso, el tribunal de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional podría estimarlo.

¿Dejarían en ese momento de ser obligatorias las nuevas restricciones?. No, explica Antonio Benítez Ostos: habría que seguir cumpliendo con la orden de Illa , salvo que se solicitase, junto a la interposición del recurso, la adopción de la medida cautelar de suspensión urgente, conocida como una medida «cautelarísima». Aún así, «su mera interposición no impide que la orden del gobierno sea aplicada de forma inmediata a los ciudadanos», sino que habría que solicitar la cautelarísima y que los Tribunales de Justicia la resolvieran de forma urgente.

Por el momento, y sin más movimientos por parte del Gobierno autonómico que el de apuntar a los tribunales como solución al conflicto con Sanidad, Madrid tendrá que cumplir con las nuevas restricciones y acatar las medidas de Illa.


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Comunidad de Madrid

Pedro Sánchez, dispuesto a destrozar a Ayuso destrozando Madrid: un coste de 600 millones de euros semanales y un desplome del PIB de un 15%

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ISABEL DÍAZ AYUSO ACATA LA ORDEN PERO ACUDIRÁ A LOS TRIBUNALES

“Las restricciones de movilidad en Madrid pueden tener un peligroso efecto en una economía ya muy castigada”

El Gobierno no ha parado hasta que lo ha conseguido imponiendo en Madrid las restricciones de movilidad previstas en su plan a pesar de la oposición de la Comunidad de Madrid.

Cristina L. Mantas.- El mecanismo para llevarlo a cabo es a través de una orden ministerial, algo que se trata de una «decisión colegiada» según informó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud.

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No obstante, minutos después, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, indicaba que la orden «jurídicamente, no es válida» al no haber sido decidida por consenso. «El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus«, comunicaba en rueda de prensa el consejero de Sanidad madrileño.

Por su parte, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso -después de la publicación en el BOE de la orden que restringe la movilidad en diez municipios madrileños- ha advertido que las órdenes impuestas las recurrirá a los tribunales ya que, a su juicio, son «injustas».

«Iremos a los tribunales nuevamente como lo hicimos con el cambio de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas. Recurriremos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid», ha señalado en el pleno de la Asamblea.

Esta decisión de Sanidad afecta, además de Madrid capital, a otros municipios madrileños Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Parla y Madrid.

La decisión del Gobierno acabará con miles de empleos

Con esta situación, lo que muchos madrileños se preguntan es cómo afectarán estas restricciones a la economía. De momento, los empresarios de la Comunidad de Madrid advierten que las restricciones pueden llevar a la pérdida de miles de empleos.

«Las restricciones de movilidad en Madrid pueden tener un peligroso efecto en una economía ya muy castigada«, señaló Miguel Garrido, presidente de CEIM.

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) prevé que las nuevas restricciones frente a la pandemia aprobadas por Pedro Sánchez supondrán para la capital de España un coste de 600 millones de euros semanales y una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de un 15 por ciento. Unas cifras catastróficas a la ya delicada situación que teníamos en España.

CEIM ya advirtió de que se «dinamitarán miles de empleos» con la aplicación de estas restricciones. Así, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, solicitó que se aplicasen «medidas distintas» para obtener «resultados distintos»; al aplicar medidas semejantes en marzo se ha obtenido como resultado «rebrotes, ruina económica y empobrecimiento social».


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Comunidad de Madrid

Otra batalla que pierde «La Derechita Cobarde» de Ayuso&Almeida: Un juez anula la orden de la Comunidad de Madrid de prohibir fumar en la calle, el cierre de discotecas y otras medidas contra el COVID

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La orden de la Comunidad de Madrid que prohibía fumar en espacios públicos sin distancia de seguridad o el cierre del ocio nocturno, entre otras medidas contra el coronavirus, ha sido anulada este viernes por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid al no haber sido recogida previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entender que limita los derechos fundamentales si no se ha declarado un estado de alarma.

El magistrado sustituto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Madrid, Alfonso Villagómez Cebrián, deja así sin efecto las medidas que la Comunidad de Madrid puso este jueves en marcha para frenar el repunte de casos en la región como el cierre de los locales de ocio nocturno, la prohibición de comer en el transporte público y la de fumar en la calle y en las terrazas si no se cumple una distancia interpersonal de dos metros, entre otras.

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Según el juez, la normativa regional no se puede aplicar al hacer referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada previamente en el BOE, lo cual la convierte en “nula de pleno derecho”. Al no haberse llevado a cabo este hecho, la orden ministerial “no ha ganado eficacia”, lo que impide que todas las que han surgido a raíz de ella carezcan de validez, en referencia al resto de disposiciones autonómicas.

«Por consiguiente, esta Orden ‘comunicada’ del ministro de Sanidad no ha ganado eficacia y vigencia por no haberse publicado, con la consecuencia trascendental de ser nula de pleno derecho y que, además, no podría ser convalidada», señala el auto al que ha tenido acceso RTVE, el cual puede ser recurrido en un plazo máximo de 15 días.

 

«Estos instrumentos legales ya existen en nuestro ordenamiento»

Villagómez asegura que es «consciente de las dificultades ante las que nos encontramos» y que la pandemia «ha dejado al descubierto muchos problemas normativos y jurídicos que deberán resolverse de la manera adecuada por los órganos constitucionalmente competentes», pero que muchas de estas prohibiciones se pueden perseguir con otras leyes ya vigentes.

«Desde las Comunidades Autónomas se están reclamando instrumentos jurídicos para luchar eficazmente contra el coronavirus, cuando estos instrumentos legales ya existen en nuestro ordenamiento, y solo hace falta ponerlos en marcha», explica.

Villagómez asegura en el auto que “desde una Comunidad Autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma” ya que «a partir de un cierto umbral de intensidad en la afectación de los derechos fundamentales», a pesar de que no ocurre en este caso, «la única excepción […] es una declaración de estado de alarma singularizada a su territorio».

«De esta manera se podría limitar en el territorio de la Comunidad de Madrid la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Además, el Gobierno puede delegar en la autoridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid (art. 7 LO 1/1981) la ejecución de las medidas restrictivas de derechos, y, en fin, que el gobierno autonómico puede alertar de la situación en la Comunidad de Madrid y solicitar al Gobierno esta declaración de alarma”, subraya.

Así, sostiene que los derechos fundamentales “no son ilimitados”, por lo que pueden “modularse cumpliendo los requisitos legales para ello”, y «aunque puedan justificarse determinadas decisiones desde el prisma de criterios no jurídicos», el magistrado cree que «no adquieren la categoría de limitación y afectación de los derechos fundamentales, y, en el caso hipotético de que lo fueran, no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la Orden de la Consejería de Sanidad», concluye.


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