La exhumación de Franco es una vuelta a la profanación de cadáveres que ejecutaron los milicianos de la Segunda República, especialmente con los cadáveres de religiosos.

La pretendida exhumación es una consecuencia de la totalitaria Ley de Memoria Histórica, que elimina el derecho a la libertad de expresión, investigación y cátedra, en su pretensión de borrar cualquier vestigio del sistema político instaurado por Franco, bajo cuyo gobierno España disfrutó de 40 años de orden, paz, unidad nacional y progreso material, castigando con multa y cárcel a quienes defiendan la verdad del franquismo.

La censura a toda manifestación de franquismo es la estrategia de que se quiere valer este nuevo Frente Popular para realizar una Segunda Transición que convierta España en una República Confederal, donde las actuales autonomías serán Estados independientes en la práctica. Para ello, quieren demostrar que la Primera Transición se efectuó dentro del franquismo, por lo cual, si la quieren deslegitimar, deben borrar todo rastro del Caudillo, incluso sus restos materiales.

La exhumación es el primer paso para la deconstrucción de un monumento católico, ya que su verdadero objetivo –reconocido por el Gobierno– es eliminar la Cruz, desacralizar el valle, y convertirlo en un Centro de Propaganda de las mentiras de la memoria histórica y el marxismo cultural.

Este ataque al catolicismo es un fiel heredero del holocausto anticatólico que perpetró la Segunda República, uno de los mayores de la historia, que produjo más de 10.000 víctimas de personas consagradas, y la destrucción de incontables edificios religiosos.

Con la exhumación quieren poner también una cortina de humo que enmascare las vergonzosas concesiones al independentismo, y las continuas traiciones a nuestra Patria, que quieren destruir para entregarla en bandeja al Nuevo Orden Mundial.

La exhumación de Franco pretenden legitimarla esgrimiendo un verdadero Himalaya de mentiras sobre el Valle de los Caídos, mentiras que la documentación histórica ha puesto al descubierto con un conjunto de verdades esclarecedoras e irrebatibles: el Valle no es un mausoleo franquista, porque Franco no lo construyó para que fuera su sepultura; es ya un monumento a la reconciliación, pues allí están enterrados fallecidos de ambos bandos; no se construyó con mano de obra esclava de presos republicanos, ya que éstos solo estuvieron durante 7 años, se redimieron de sus condenas, y trabajaban en las mismas condiciones que los obreros libres; Franco no es un caído de la guerra, pero es el fundador del Valle, y según el Derecho Canónico, tiene derecho a ser enterrado allí; la familia no desea la exhumación, por lo cual, si ésta se realiza contra su voluntad, el Gobierno incurriría en una profanación, castigada judicialmente por todas las leyes internacionales…

La exhumación que se pretende llevar a cabo cuenta con la oposición de más de la mitad del pueblo español.

Llamamos a que España recupere su identidad católica, ya que desde el fallecimiento de Franco se ha sometido a nuestro pueblo a un adoctrinamiento avasallador que ha dado como fruto una trágica apostasía del pueblo español, siendo el catolicismo la base fundamental sobre la que se ha vertebrado nuestra Historia. Abandonar la fe es abandonar a la Patria, lo que ha sido aprovechado por todos los partidos, tanto de derecha como de izquierda, para sumir a España en el desorden moral y social y la disgregación nacional.

Entre finales de enero y mediados de febrero

Imagen de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos.

La exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos podría producirse entre finales de enero y mediados de febrero, según aseguran fuentes del Gobierno, una fecha para la que podría no estar aún aprobada la reforma de la Ley de Memoria Histórica con la que el Ejecutivo quiere impedir que los restos del ex jefe del Estado acaben en la cripta de la catedral de la Almudena.

Así lo trasladaron fuentes del Gobierno durante las conversaciones informales con periodistas con en la tradicional «copa de Navidad»; en el Palacio de la Moncloa, después de que el Tribunal Supremo les haya «dado la razón».

El presidente Pedro Sánchez reconoció que pagó la «novatada» cuando dijo en julio que «en breve» se procedería con la exhumación de Franco, pero no calculó que un proceso «tan garantista» requería meses por delante, informa Servimedia.

Una vez que la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a la exhumación desde el punto de vista sanitario, agotando todos los plazos, el Gobierno todavía tiene que elevar a Consejo de Ministros un trámite más para la aprobación del real decreto de exhumación. No da tiempo a que sea en ninguno de los dos que restan de diciembre por lo que el tiempo ya lleva a enero.

Sin desvelar el lugar que se maneja para la posterior inhumación, en Moncloa calculan que la notificación a las familias de la decisión final de exhumación llevará su tiempo y que el proceso se producirá días o incluso semanas después de su aprobación en el Consejo de Ministros.

La familia quiere que, cuando se produzca la exhumación, los restos del dictador se depositen en la cripta de la catedral de la Almudena, donde los Franco cuentan con un panteón familiar. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado varias enmiendas a la reforma de la Ley de Memoria Histórica para impedir por Ley que el dictador acabe enterrado en un lugar que se preste al enaltecimiento o a la exaltación del público como lo sería la catedral madrileña, informa Ep.

Comunicado de la Fundación Franco sobre el Decreto de exhumación

La Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos

Ante la aprobación del Decreto Ley por el Consejo de Ministros cuya última finalidad es la exhumación de quien fuera jefe de Estado español, D. Francisco Franco Bahamonde, en un mezquino ejercicio de revanchismo, la FNFF manifiesta que:

1. No hay justificación legal alguna para la utilización de un Decreto Ley con esta finalidad. No hay presupuesto habilitante para el mismo, pues la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes sólo «en caso de extraordinaria y urgente necesidad».

2. Seguir adelante con la ejecución del Decreto Ley aprobado constituye una doble y grave vulneración. Primero incumple tratados internacionales de superior rango legal que el citado Decreto, como son los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 que prescriben la inviolabilidad de los lugares de culto, en los cuales rige la legislación eclesiástica.

Segundo, vulnera gravemente los derechos de la familia Franco que es la única habilitada legalmente para disponer de los restos mortales de su abuelo, que fueron inhumados en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por decisión del anterior Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, con el consentimiento de su familia.

1. En consecuencia, la actuación del Gobierno de España constituye un supuesto inédito de incumplimiento del propio ordenamiento jurídico en la democracia española, incurriendo en una conducta impropia de un Estado de derecho.

2. La utilización de los recursos gubernamentales para humillar y escarnecer los restos del anterior Jefe de Estado, más allá de una triste y mezquina demostración de impotencia política y de ignorancia legal, pone de manifiesto que este Gobierno es incapaz de liderar política real alguna para gestionar el presente y el futuro de España.

3. Como consecuencia de todo lo anterior, la FNFF anuncia que interpondrá cuantas acciones legales estime necesarias, no sólo para intentar impedir el propósito del Gobierno sino también para que se respete el ordenamiento jurídico gravemente quebrantado con el mencionado Decreto Ley.