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Tribunales

El Gobierno lleva al TC la reprobación del ‘Parlament’ al Rey sin el apoyo del Consejo de Estado

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Isabel Celaá
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La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament de Cataluña en la que se reprueba al Rey pese a que el Consejo de Estado ha considerado que este recurso no es el cauce “idóneo”.

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En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que se ha celebrado en Sevilla, Celaá ha explicado que el Gobierno lo hace por “sentido de Estado”, ya que entiende que la resolución del Parlament es “inconstitucional” y que, en todo caso, “respeta” la resolución del Consejo de Estado.

El Gobierno sostiene que la resolución es inconstitucional porque “supone un nuevo intento del Parlament de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República”.

Considera además que su “intento de abolición de la monarquía” y su “atraque injustificado al Rey” es inadmisible y representa una “extralimitación de sus funciones”.

El Consejo de Estado, sin embargo, entiende que la resolución del Parlament es “netamente política, no jurídica” y señala que ese tipo de mociones parlamentarias “no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos”.

Celaá ha destacado que el dictamen, señala, no obstante, que esa resolución supone un “grave atentado al principio de lealtad institucional” y una declaración política que degrada las formas de Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra, y que comportan una “total falta de respeto” a la más alta magistratura del Estado.

El Ejecutivo tiene la “convicción” de que la resolución del Parlamet del 11 de octubre debe de ser recurrida ante el TC, ha explicado al ministra, “no porque imagine nada que no esté encima de la mesa, sino porque considera que la figura del jefe del Estado es inviolable y no debe ser objeto de disputa partidaria en una Cámara autonómica”.

Por eso, agradece el trabajo del Consejo de Estado y respeta su dictamen, pero no comparte en su totalidad su argumentación jurídica e interpondrá “en breve plazo” recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la resolución.

El órgano consultivo ha concluido que dichas resoluciones del Parlamento de Cataluña “no constituyen objeto idóneo para su impugnación por la vía prevista en el artículo 161.2 de la Constitución”, pero tal y como recuerda el Gobierno este dictamen es preceptivo pero no vinculante.


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Tribunales

El PP recurrirá al Supremo el nombramiento de Delgado como fiscal general

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La portavoz del grupo parlamentario popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado este martes que el PP recurrirá ente el Tribunal Supremo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por “no cumplir los criterios de idoneidad, neutralidad e imparcialidad requeridos para el cargo”.

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En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, Álvarez de Toledo se ha referido a la última comparecencia de Delgado en el Congreso y ha subrayado “el grado de odio, animadversión y hostilidad que destila” la exmninistra a “todo lo que no es de su cuerda”.

La portavoz parlamentaria, que ha recurrido a la hemeroteca para argumentar sus declaraciones, ha informado a los periodistas que tenía en su haber multitud de frases en su etapa de ministra contra el PP, algo que, en su opinión, “la inhabilita para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado”.

Álvarez de Toledo ha insistido en que el nombramiento de Delgado sólo beneficia “al Ejecutivo, a Pedro Sánchez y al separatismo y perjudica a la democracia, al Estado de derecho y al principal partido de la oposición, a quien ha dirigido su animadversión de manera sistemática”.


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Sociedad

Un padre pierde la custodia de sus hijos por dejarlos al cuidado de los abuelos

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Un padre de Zaragoza ha perdido la custodia de sus dos hijos, de 4 y 9 años, por haberlos dejado al cuidado de sus abuelos con demasiada frecuencia. Considera la juez que «delegó por completo sus obligaciones» y que, por ello, procede reiterarle la custodia compartida y otorgársela por completo a su exmujer, tal y como ella demandó judicialmente. El matrimonio se separó a mediados de 2016, y pactó la custodia compartida de sus hijos.

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La sentencia de esta juez de Zaragoza se suma a otro fallo que dictó la Audiencia Provincial de La Coruña hace menos de un año, en un sentido similar. En aquella sentencia también se le retiró la custodia a un padre en beneficio de la madre, por haber dejado a sus hijos al cuidado de los abuelos paternos y entender que el progenitor no había ejercido funciones «de obligado cumplimiento».

En el caso sentenciado ahora en Zaragoza, la juez reconoce el valor de la atención prestada por los abuelos, el correcto cuidado que han prestado en todo momento a sus nietos, «su cariño y dedicación». En la misma sentencia, que ha publicado Heraldo de Aragón, la magistrada María José Moseñe también reconoce que la relación del padre con sus hijos es buena, algo que queda avalado por los informes psicológicos. La Fiscalía no estaba a favor de que al padre se le retirara la custodia.

En la sentencia de la juez han pesado los datos recabados por el detective privado al que contrató la madre de los niños para seguir sus movimientos y los del padre. Eso es lo que lleva a la juez a indicar en su sentencia que entre las 7.00 y las 19.00 horas era el abuelo quien se ocupaba de los niños de forma regular.

Los condicionantes laborales expuestos por el padre no han surtido efecto en esta sentencia. Alegó que se había reducido la jornada de trabajo para poder pasar estar más con sus hijos, pero la juez, en su sentencia, considera probado que los pequeños han estado demasiado tiempo al cuidado de sus abuelos paternos. «Una cosa es disponer de apoyo de familiares y otra delegar por completo sus obligaciones», indica la sentencia.


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Tribunales

El PP llevará ante el Constitucional el polémico decreto de la vivienda de Cataluña

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El presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha anunciado que la formación llevará ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda que ratificó el Parlamento catalán a principios de febrero. Considera que la normativa protege a los okupas y desprotege a los propietarios.

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“Este decreto es profundamente antisocial porque, mientras las familias humildes, trabajadoras y honradas esperan pacientemente en las listas de alquiler y de compra social, mafias violentas ocupan viviendas por la vía de los hechos consumados y encima reciben el apoyo del Govern”, ha explicado Fernández.

El decreto, que fue aprobado con los votos a favor de JXCat, ERC, Comuns y la CUP (el PSC se abstuvo y Ciudadanos y el PP votaron en contra), obliga a los inversores a ofrecer un alquiler social a los okupas que lleven en la casa seis meses y eleva al 40% el porcentaje de suelo destinado a VPO en las nuevas promociones del Área Metropolitana de Barcelona.

También contempla la creación de un índice de referencia de precios de alquiler de viviendas y obliga al arrendador a comunicarlo al inquilino antes de firmar el contrato de arrendamiento y que conste en dicho contrato (en caso de incumplimiento el propietario puede acarrear multas de hasta 9.000 euros), así como la puesta en marcha de medidas para activar y generar más suelo destinado a levantar VPO. Por otro lado, la calificación de las viviendas protegidas construidas en suelos públicos pasa a ser permanente.

Las medidas que recoge que el Decreto Ley 17/2019 de 23 de diciembre de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda han levantado ampollas en el sector privado. En su opinión, el contenido de la normativa es un “drama” y provoca “desprotección” a los propietarios en toda la comunidad autónoma.

El responsable del PP en Cataluña también ha avanzado que va a animar al Gobierno central a que presente un recurso de inconstitucionalidad y que la formación va a presentar una nueva ‘ley antiokupa’.

En otras regiones como Madrid, el partido ya ha dejado claro que no dudará en acudir al Tribunal Constitucional para defender sus competencias, en clara alusión a la intención del Ejecutivo de crear un índice de precios del alquiler. Una propuesta que llegará en primavera, según ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, y cuyo objetivo es servir de referencia para que ayuntamientos y comunidades autónomas regulen los precios en las zonas más tensionadas.


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