A la campaña a favor de la desalación aprobada en el Consejo de Ministros de septiembre de 2007 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «El mar fuente inagotable de vida» habría que añadirle «y de mordidas». Adrián Baltanás, el hombre de Cristina Narbona cuando era ministra de Medio Ambiente, se ha visto involucrado en otro caso de corrupción: Lezo. Entre las presuntas «mordidas» entregadas por la constructora OHL se encuentra una comisión de más de dos millones de euros al entonces director general de Acuamed a cambio de hacerse con la gestión de la planta desaladora de Carboneras, en Almería.

A estas «mordidas» se le sumarían otros 5,9 millones de euros para publicidad de las llamadas «donaciones voluntarias» de las constructoras señaladas también por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el sumario del caso Acuamed. Nada más saltar el escándalo Baltanás prestó declaración ante la UCO en enero de 2016 en calidad de investigado. Nueve meses más tarde el juez Eloy Velasco lo llamaría como testigo. En la grabación de los sobornos de OHL se escucha que ese dinero era «teóricamente para Fernando Troyano y Adrián Baltanás» y que los gestores de la empresa pública del agua, «pedían el uno por ciento y al final el porcentaje fue mucho mayor».

Este pago ilegal se habría producido en el año 2007, cuando Acuamed dependía de la actual presidenta del PSOE.

El 1% era también el dinero que le pidió la empresa pública a las constructoras de desaladoras «a modo de colaboración» según el informe de los agentes de la UCO, de las que sólo la UTE liderada por Acciona está investigada por exigir el reembolso de la cantidad donada por la planta de Torrevieja, en Alicante, años más tarde. «Si se lo ha encargado Narbona, que se lo pague Narbona», fueron las palabras de Carlos Massa, director general de Acuamed entre 2009 y 2012, para quitarse la responsabilidad adquirida de encima.

Troyano, el adjudicador

Además de estar en el punto de mira Fernando Troyano por repartirse una comisión de OHL de dos millones de euros con Baltanás, se destapaba en febrero de 2017 un posible desvío de fondos públicos de 279.120 euros en la planta de Torrevieja, que terminaron en las cuentas bancarias de una sociedad perteneciente al exsubdirector de Tratamientos de Aguas de Acuamed, encargado de seleccionar las adjudicaciones en la época de Narbona.

La delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña descubrió los pagos encubiertos realizados por la sociedad Agua Planificación y Gestión, cuya administradora era Noemí Hernáez, mujer de Troyano, y lo envió a la Audiencia Nacional en marzo de 2016 sin que todavía haya sido llamado a declarar. Troyano también está siendo investigado por si elaboró «un informe confidencial sobre la adquisición del 75% de la filial colombiana Inassa en el 2001» a través del paraíso fiscal de Panamá que supuso un gasto de 73 millones de dólares para el Canal de Isabel II. Hasta ahora toda la investigación en torno a Troyano parece quedar en agua de borrajas.

Narbona ya dijo en una entrevista en ABC que no podía «poner la mano en el fuego por nadie en Acuamed». Antes de ser elegida senadora del PSOE en estas elecciones, en la Comisión del Senado sobre Financiación de Partidos Políticos justificó su gestión al frente del ministerio de Medio Ambiente en una «auditoría favorable» realizada por la Intervención General del Estado cuando realmente la IGAE concluía que la sociedad pública bajo su mandato tuvo una «presupuestación poco realista, que provoca desviaciones de ejecución de más del 80%». El informe analizaba el gasto desorbitado de 11,7 millones de euros en «propaganda, publicidad y relaciones públicas» durante los ejercicios 2007 y 2008 señalando que «no guardan relación con el objeto social de Acuamed».

Entre dichas adjudicaciones se encuentran los contratos de la agencia Crespo Gomar investigados por el juzgado de Instrucción 21 de Valencia por supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE y del Bloc Nacionalista durante las elecciones municipales y autonómicas del 2007 en la Comunidad Valenciana. También los contratos para envasar, etiquetar y distribuir un millón de botellitas de agua por un millón de euros que se adjudicó en contra de las bases del pliego a agencias publicitarias y se repartieron por las playas del Levante para «vender» desaladoras aún sin construir. Otra de las empresas beneficiadas sería la consultora Llorente & Cuenca, con cuatro contratos por 773.080 euros, por la que ficharía un año y medio más tarde el cerebro de la campaña publicitaria de las desaladoras, Joan Navarro, entonces director de Relaciones Institucionales.

En esta misma línea, el exdirector general de la empresa pública Arcadio Mateo, investigado en el sumario del caso, presentó una denuncia del gasto en publicidad de Acuamed de más de 18 millones de euros en periodo electoral ante el juez Manuel García Castellón a mediados de diciembre de 2018. Desde entonces parece que la supuesta financiación irregular del PSOE no tiene quién la investigue.