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Sociedad

El mutismo de la izquierda ante la expulsión de los cinco periodistas que entrevistaban a Maduro

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Nicolás Maduro y Jordi Évole, durante una entrevista en Venezuela - La Sexta
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En la mañana del viernes se hacía pública la noticia de que cinco periodistas habían sido retenidos y expulsados mientras estaban entrevistando a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. «Lo que ocurrió es que teníamos una entrevista con el líder Nicolás Maduro y después de 17 minutos de entrevista a él no le gustaron las preguntas que le estábamos haciendo sobre la falta de democracia en Venezuela, la tortura, los presos políticos y la crisis humanitaria; y se levantó de la entrevista luego de mostrarle el vídeo de unos jóvenes comiendo del camión de la basura», comienza explicando el periodista de Univisión Jorge Ramos. «Inmediatamente uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, dijo que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron los equipos, se quedaron con nuestras cámaras, no tenemos nada», continuaba diciendo.

Ramos explicaba que habían sido detenidos y que les habían confiscado todo el material que llevaban hecho dejándoles sin la parte de la entrevista que ya estaba grabada. «Nos mantuvieron separados por dos horas y media interrogándonos. Nos metieron en un cuarto de seguridad apagaron las luces, nos quitaron los bolsos y se quedaron con muchas de nuestras cosas personales», ha asegurado el periodista de origen mexicano.

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Tiempo más tarde de la detención, Enrique Acebedo, periodista de Univisión, daba a conocer el vídeo por el que Maduro había cortado de raíz la entrevista y había ordenado su detención. «Esto es lo que Maduro no quiere que vea el mundo», dice.

Maduro es conocido por no respetar el derecho a la información y saltarse a la ligera otros tantos derechos que debería ostentar la población venezolana y extranjera cuando acuden al país caribeño. Sin embargo, ante esta situación en la que se coarta una información de interés general, ciertos actores políticos e informativos de izquierdas se han mantenido en silencio sin pronunciarse acerca de esta noticia que ha recorrido todo el mundo.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha mantenido un mutismo, demostrando indiferencia ante la situación. Incluso la portavoz en el Congreso de Unidos Podemos, Irene Montero, ha publicado un tuit que nada tenía que ver con la expulsión de estos periodistas en Venezuela. Otro que ha escrito en su tablón, pero sin prestar caso a este asunto ha sido Íñigo Errejón, el candidato a la Comunidad de Madrid por la plataforma Más Madrid.

Mención aparte merece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dice abogar siempre por la libertad de expresión, no se ha pronunciado sobre el requisamiento del material periodístico por parte del mandatario venezolano. Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha seguido el mismo camino que los anteriores obviando un tema de suma gravedad como es la actuación que ha tenido Maduro con relación a estos periodistas.

El que sí se ha pronunciado ha sido el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que ha mostrado su indignación con Maduro a través de las redes sociales.

No es la primera vez que ocurren retenciones de periodistas en Venezuela, ya que en enero se registraron varias detenciones de trabajadores de la prensa, incluidos cuatro de EFE. El Sindicato de Prensa contabilizó solo en enero 40 agresiones por parte de cuerpos de seguridad del Estado contra trabajadores de la prensa, informa precisamente la agencia EFE.

Por ello, sorprende que el periodista Jordi Évole, que ha podido entrevistar en dos ocasiones a Maduro, no se haya pronunciado para aportar su punto de vista acerca de estos hechos, cuando a él le cortaron también la entrevista y estuvo a punto de quedarse a medias.


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Vox anuncia una querella contra el número 2 de Interior y la directora (ausente) de la Guardia Civil por las llamadas a de los Cobos

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La diputada de Vox Macarena Olona ha anunciado este miércoles que su partido ha presentado una querella contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las llamadas que se realizaron el domingo al coronel jefe de la Comandancia de Madrid cesado de su cargo, Diego Pérez de los Cobos.

Posteriormente, en un comunicado, Vox ha informado de que se ha dirigido a los juzgados de instrucción de Madrid, donde ha presentado el escrito por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación, recogidos en los artículos 464 y 404 del Código Penal.

Ante el anuncio de este partido, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido a su equipo por ser unos “excelentes profesionales” después de que Vox le haya augurado que “va a caer por sus subordinados”, en referencia a las supuestas injerencias para conocer el informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M y el inicio del contagio de coronavirus, algo que ha negado el titular del Interior.

Según ha explicado Vox, en su querella pone de manifiesto la “relación entre la destitución del coronel de la Guardia Civil y la emisión del informe” solicitado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M.

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“Vox no da credibilidad a las declaraciones del ministro del Interior, quien atribuyó el cese del coronel Pérez de los Cobos a una ‘pérdida de confianza’”, explica el partido que lidera Santiago Abascal.

Para sustentar este argumento, el escrito incluye algunas publicaciones de medios de comunicación que apuntan a que el contenido del informe que elaboró la Guardia Civil en calidad de policía judicial por encargo de la magistrada fue “el detonante de la destitución”.

Vox afirma en su querella que el informe refleja que “los datos que manejaba el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y por ende el ministro Salvador Illa, de los que el delegado del Gobierno en Madrid tuvo conocimiento, le pusieron en aviso sobre la gravedad de la crisis, al menos, días antes de las manifestaciones en Madrid”. “Datos que fueron ocultados en relación con las convocatorias previstas para el día 8 de marzo”, resume.

De igual modo, el escrito explica que “la relación entre el cese del coronel Pérez de los Cobos y las publicaciones que indican que éste se habría negado a dar información sobre la misión otorgada por la juez, al ser telefoneado por un alto cargo de Interior para solicitarle información sobre las diligencias que estaba realizando, supone una grave infracción de normas de actuación de la Guardia Civil en sus funciones como policía judicial”.

Vox expone que el cese del coronel “también coincide con la polémica suscitada en los últimos días por el dispositivo de seguridad organizado para proteger la vivienda del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Galapagar (Madrid)”.

Por ello, solicita que el informe que estos días aparece en los medios de comunicación sea contrastado con el presentado ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid para verificar su autenticidad. También plantea que si se probara que el coronel Pérez de los Cobos ha sido destituido “por el informe y/o por negarse a dar información sobre el mismo, la destitución deberá ser declarada nula por arbitraria y los querellados, condenados”.


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Sociedad

Nissan marca el camino empresarial frente a un Gobierno comunista y otro talibán-nacionalista: cierra su fábrica de Barcelona, que genera 28.000 empleos

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¿Que no? ¿Seguro?
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Frente a la sociedad comunista que se vislumbra en el horizonte, es lógico que multinacionales como Nissan se parapeten y busquen alternativas para sus plantas de producción. Solo desde la pretenciosidad ideológica puede haber causado extrañeza que una multinacional como Nissan ponga tierra de por medio frente a un Estado fallido, una economía devastada, una sociedad polarizada en términos guerracivilistas y un Gobierno con Pablo Iglesias tomando las grandes decisiones. Ya avisamos que inversores y grandes fortunas observaban con preocupación la entrada de Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez, hasta el punto de que fondos extranjeros podían paralizar nuevas compras. Desde operaciones que se han frenado ante la incertidumbre creada por el nuevo horizonte político en España hasta patrimonios y empresas que miran al otro lado de la frontera, por desgracia nuestras previsiones se han cumplido. Nissan ha sido la última gran empresa que ha dado respuesta a la bolivarización del Gobierno de España. AD comprende y apoya la decisión de la multinacional nipona. No podemos culpar a los fabricantes extranjeros de la inseguridad jurídica y el caos social, económico y político imperantes hoy en España.

RECORTE DE 3.000 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS 

El fabricante japonés de automóviles Nissan, como parte de su nuevo plan estratégico a medio plazo, ha decidido cerrar su planta de producción de Barcelona, lo que supondrá el recorte de los cerca de 3.000 puestos de trabajo directos con los que cuenta la instalación, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

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Dicha fuentes indicaron que la compañía ha comunicado esta mañana de forma oficial al Ministerio su decisión de poner fin a su presencia en Cataluña, donde opera una planta de producción de vehículos en Barcelona, así como una planta de prensado en Montcada i Rexac (Barcelona) y un centro de logística y otro de desarrollo en El Prat De Llobregat (Barcelona).

Este anuncio se produce después de semanas de rumores de cierre de la instalación catalana, cuya plantilla estaba en huelga desde el pasado 4 de mayo, y supone una medida que se enmarca en el nuevo plan estratégico de la empresa, que contempla una reducción de su fuerza de trabajo global de alrededor de 20.000 personas, el 15% del total.

REACCIÓN DEL GOBIERNO

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha lamentado la decisión de la compañía japonesa Nissan de «dar por finalizada su presencia en Cataluña» y ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para estudiar «escenarios alternativos» que garanticen la continuidad de la actividad industrial.

Desde el departamento que dirige Reyes Maroto señalaron que la compañía le comunicó «a primera hora de esta mañana» su decisión respecto a su actividad en Cataluña, lo que significa a medio plazo el cierre de las instalaciones.

El Gobierno considera que la continuidad de la planta de Barcelona «es posible», tal y como recoge el plan de viabilidad que presentó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hace unos meses en colaboración con la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio Zona Franca.

Asimismo, destaca que la continuidad de la factoría de Barcelona «tiene sentido económico» para la compañía japonesa, puesto que el coste de cerrar la fábrica podría superar los 1.000 millones de euros, mientras que la adjudicación de un modelo eléctrico requeriría ‘solo’ 300 millones de euros.

SOLUCIÓN ALTERNATIVA

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha mostrado su malestar por esta decisión y ha asegurado que desde el Ejecutivo trabajarán para encauzar este proceso y buscar una solución «alternativa».

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Calviño ha destacado que esta noticia no es positiva y ha recordado que el Gobierno ha propuesto a la compañía una negociación «para encauzar este proceso».

«Creemos que es una planta que tiene sentido estratégico, porque se trata de la única de Nissan en Europa. Cerrar esta planta representa una decisión estratégica gran calado para Nissan», ha explicado la ministra.

Además, ha subrayado que las inversiones necesarias en esta instalación son inferiores al coste de cerrarlas, por lo que ha apuntado que van a seguir trabajando con empresa, trabajadores, Generalitat de Cataluña y con el Consorcio de Zona Franca para «encauzar este proceso o buscar una solución alternativa».

«UNA DECISIÓN DIFÍCIL»

Nissan ha anunciado que reducirá un 20% hasta 2023 su capacidad de producción en todo el mundo, hasta unas 5,4 millones de unidades, y recortará un 15% sus costes en el período, según ha informado la firma en la presentación de resultados de su año fiscal 2019/2020. En este sentido, Nissan ha explicado que para conseguir estos objetivos cerrará su fábrica de Indonesia y concentrará su producción en Tailandia para la región del sudeste asiático. Asimismo, la compañía «pretende» cerrar la planta de Barcelona.

Todo ello para reducir su capacidad de producción un 20%, hasta 5,4 millones de unidades al año, con un máximo de 6 millones de unidades, para mantener sus instalaciones produciendo al 80% de su capacidad y así ser «más rentables».

Nissan ha defendido que el cierre de las instalaciones que mantiene en Barcelona representa «una decisión muy difícil», que supondrá un recorte de cerca de 3.000 puestos de trabajo directos. Así lo ha comunicado el consejero delegado de la multinacional japonesa, Makoto Uchida, este jueves en la rueda de prensa para presentar los resultados financieros del ejercicio fiscal 2019-2020 y su plan de transformación para 2020-2023. «Hemos considerado varias medidas para la planta de Barcelona y, aunque es una decisión difícil, tenemos la intención de cerrar la planta y empezaremos las negociaciones y preparaciones», ha explicado el directivo.


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Sociedad

¿Que tienen en común el Gobierno comunista de Pedro Sánchez, el Ministro de Sanidad y el inefable Simón? Que ninguno sabe contar

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España ha registrado este martes 35 nuevas muertes por coronavirus entre continuos cambios de criterio por parte del Ministerio de Sanidad que contabiliza 194 contagios diagnosticados únicamente por PCR en el día de ayer. La mayoría de nuevas infecciones corresponden a Cataluña, que se consolida como la región con mayor transmisión del virus, mientras que la mayor parte de nuevas hospitalizaciones por Covid-19 se dan en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el Gobierno no contabiliza las muertes fuera de hospital por la enfermedad así como los positivos por otro tipo de diagnóstico, algo a lo que, además, se suma la retirada de casi 2.000 decesos que aparecía en el informe del día anterior este lunes.

La pandemia deja de momento, al menos, 39.272 fallecidos en España. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, informa de 27.117. Esta cifra se incrementa en 283 con respecto a ayer lunes. Pero desde Sanidad hablan de 35 nuevos fallecidos en la última semana. En el departamento de Salvador Illa atribuyen este baile de cifras a que «se está realizando una validación individualizada de los casos por lo que puede haber discrepancias respecto a la notificación agregada de días previos».

Ese caos, no obstante, tuvo este lunes su ejemplo más visible. El informe de datos diario del Ministerio de Sanidad reflejó 1.918 fallecidos menos que el día anterior, hasta los 26.834. En Cataluña, el Ministerio informaba de 5.575 muertes. Sin embargo, eran 1.126 menos que las que se comunicaron el día antes. En Madrid se pasaba de 8.977 defunciones el domingo a 8.686. Y en Castilla-La Mancha, de 2.940 a 2.788. Tampoco aparecían 62 fallecidos en la Comunidad Valenciana y otros 48 en Castilla y León.

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Hasta ahora se han contabilizado 27.117 fallecidos y 236.259 casos confirmados de coronavirus, según los datos distribuidos este martes por el Ministerio de Sanidad y que, un día más, reflejan disonancias respecto a las cifras aportadas ayer. Esto se debe a que se está revisando la serie histórica por problemas en la información de algunas regiones como Cataluña.

A lo largo de ayer se registraron 256 nuevas hospitalizaciones de pacientes con coronavirus y que han ingresado en los últimos siete días, de los cuales una buena parte corresponden a Madrid (78) y a Cataluña (37). Asimismo, se han notificado 12 nuevos ingresos en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

De los 194 nuevos contagios de los que dan cuenta las autoridades sanitarias, un total de 115 pertenecen a Cataluña, que se consolida como la región con la tasa más alta de contagios (33,89 infecciones por cada cien mil habitantes en las últimas dos semanas).

En España, la media de contagios es de 14,86 por cada cien mil personas en los últimos 14 días, ya que en este período de tiempo se han diagnosticado 6.990 casos. Los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en las últimas dos semanas son 1.042, y las regiones más afectadas siguen siendo Cataluña, Madrid, Castilla y León, Aragón y Navarra.

Cataluña ha reportado 9 fallecidos más que elevan a 5.583 el total de muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Tiene 57.569 casos confirmados tras sumar 115 nuevas infecciones. En la última semana ha detectado 1.452 contagios.

La Comunidad de Madrid, por su parte, notifica seis nuevas muertes que hacen un total de 8.691 fallecidos. Cuenta con 68.066 casos confirmados tras sumar 43 infecciones registradas ayer. En la última semana ha diagnosticado 734 nuevos casos de coronavirus y es la segunda región con más transmisión, ya que tiene una tasa de 27,76 contagios por cien mil habitantes en los últimos 14 días.

Castilla y León registra cuatro nuevos fallecimientos que elevan a 1.922 el total de fallecidos. Ha identificado cuatro nuevos contagios, por lo que en total ya son 18.591 los casos positivos en la región. Tiene una de las tasas más altas de transmisión del virus con 23,67 contagios por cada cien mil habitantes en las dos últimas semanas.

La Rioja, por su parte, notifica ocho muertes y eleva sus fallecidos a 360. Aunque hoy registra un número elevado de defunciones, tiene una tasa de contagios inferior a la media española (11,36) y sólo tiene 4.044 casos positivos.

Así ha afectado el coronavirus en el resto de regiones hasta el momento según los datos de Sanidad:

 

· 68.066 en Madrid (8.691 muertos)
· 57.569 en Cataluña (5.583 muertos)
· 18.591 en Castilla y León (1.922 muertos)
· 16.992 en Castilla-La Mancha (2.945 muertos)
· 13.486 en País Vasco (1.424 muertos)
· 12.612 en Andalucía (1.404 muertos)
· 11.089 en la Comunidad Valenciana (1.332 muertos)
· 9.108 en Galicia (607 muertos)
· 5.600 en Aragón (826 muertos)
· 5.199 en Navarra (490 muertos)
· 4.044 en La Rioja (360 muertos)
· 2.955 en Extremadura (507 muertos)
· 2.399 en Asturias (310 muertos)
· 2.323 en Canarias (150 muertos)
· 2.283 en Cantabria (202 muertos)
· 2.111 en Baleares (209 muertos)
· 1.587 en Murcia (148 muertos)
· 121 en Melilla (2 muertos)
· 124 en Ceuta (5 muertos)


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