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El nuevo método de los okupas para evitar que los echen

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El Frente Popular sigue reforzando la protección a esta gentuza.

La situación que vive España con los okupas es propia de un país sin autoridad y que va camino del tercer mundo. Una conducta que provoca problemas tanto a propietarios como a los vecinos que tienen que vivir con unos personajes que, en la mayoría de los casos, causan problemas de convivencia, pinchan luz y agua o tienen conductas delictivas graves. 

Marcos López.- Los casos no se detienen y se podrían contar miles de historias de vidas truncadas por el infierno que tienen que sufrir los afectados. Uno de estos casos tiene lugar en la calle de Alcalá de Madrid. Una pareja alquiló un piso, dejó de pagar, se fue y alquiló de forma ilegal la vivienda. La gente iba y venía y los problemas – y las fiestas pese al Coronavirus – eran constantes. Amenazas, ruido e incluso cortaron el agua de la comunidad de vecinos como represalia.

El dueño acudió a Desokupa y cuando la situación ya parecía resuelta, la okupa principal aportó un documento médico en el que se podía leer que había estado en contacto con una persona positiva en Coronavirus. Se aplazó el juicio. Semanas más tarde lo volvió a hacer. Y por lo visto no es la única que lo ha hecho. Es un modus operandi habitual de los okupas aunque ahora gracias al Decreto antidesahucios del Frente Popular tendrán todavía más facilidades para seguir viviendo en un piso que no es el suyo y amargando la vida a los vecinos.

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¡ATENCIÓN! ¡ESTADO DE GUERRA EN CEUTA Y MELILLA! Llamamiento en Marruecos a otra ‘marcha verde’ para invadir ‘la ciudad ocupada de Ceuta’

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Ceuta ha amanecido este martes con miles de ciudadanos marroquíes deambulando por las calles de la ciudad, sobre todo por las barriadas de la periferia, tras otra noche de entradas continuas a través del espigón marítimo fronterizo del Tarajal.

La ciudad ha visto desbordada su capacidad de acogida tras la llegada de al menos 10.000 inmigrantes ilegales, según estiman fuentes policiales.

Mientras, en las redes sociales en Marruecos se han multiplicado los llamamientos a “ocupar” la “ciudad ocupada de Ceuta”.

La Delegación del Gobierno y el Ejecutivo local acordaron durante la noche habilitar el estadio ‘José Benoliel’ para albergar a los marroquíes adultos que se encuentran en la calle con el fin de “posteriormente proceder a su devolución”.

Además, a los menores de edad, cuyo número se cifra por encima de 1.500, se les está dando cabida en naves de los polígonos comerciales del Tarajal y en módulos prefabricados en la zona de Piniers.

Ante la grave situación, el líder de VOX, Santiago Abascal, ha señalado que “hay que enviar al ejército” para que no entre ni un inmigrante ilegal más, identificarlos y expulsarlos inmediatamente”.

Además, en una declaración institucional, el presidente del Ejecutivo local, Juan Vivas (PP), ha reconocido estar pasando por “uno de los momentos más duros y difíciles” en los más de 20 años que lleva al frente del Gobierno autonómico y ha resaltado que “este no es un asunto de inmigración, es mucho más trascendente: se trata de restablecer la normalidad de manera inmediata y contundente en el ejercicio de la acción diplomática utilizando todos los medios y recursos a su alcance, el Ejército incluido”.


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VOX amplía la querella por el rescate de Plus Ultra e incluye delito contra la hacienda pública por fraude de subvenciones, cohecho y tráfico de influencias

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La Vicesecretaría Jurídica envía, además, un escrito al Supremo en el que analiza la situación contable de la aerolínea

La vicesecretaria Nacional Jurídica de VOX, Marta Castro, ha ampliado los delitos por los que el pasado mes de abril presentó una querella por el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, gestionado por el SEPI, dependiente del Ministerio de Transportes, y avalado por el Consejo de Ministros. El escrito ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

La responsable Jurídica de la formación incorpora así los delitos contra la hacienda pública, por fraude de subvenciones, en el artículo 308 del Código Penal (CP); cohecho contemplado en el artículo 419 del CP, y delito de tráfico de influencias, artículo 429 CP, del que, además, deberá responder la aerolínea como persona jurídica.

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De este modo, se amplían las diligencias solicitadas por la formación, que solicita que se remitan los informes realizados por Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

También se pide que se llame como diligencia testifical al gerente y director General de Plus Ultra. Y testificará el representante legal de la aerolínea y de SNIP Aviation.

En su escrito, Castro pone de manifiesto que “la falta de pronunciamiento -del Juzgado- sobre la personación impide a esta parte ejercitar los derechos esenciales inherentes a la acusación popular al no poder accionar frente a resoluciones o posturas de otras partes personadas decisivas para el mantenimiento de la acción”.

Por otro lado, la Vicesecretaría Nacional Jurídica ha enviado un escrito al Tribunal Supremo, donde se presentó una querella el pasado mes de marzo, y en el que ha incorporado un análisis de la situación contable de la aerolínea beneficiada por el rescate aprobado por el Consejo de Ministros.

En el estudio enviado, Castro concluye que la aerolínea no cumplía los requisitos para beneficiarse de un rescate, que, además, sólo será recuperado por parte del Estado en el caso de que la empresa obtenga beneficios en el fututo -algo que no ha logrado hasta ahora la aerolínea-. “En definitiva, es una entrega de dinero a fondo perdido a un entramado societario configurado como un holding cuya matriz tiene sede en Panamá y de capital venezolano”, destaca Castro.


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La justicia absuelve a Pedro Pablo Peña, y Manuel Andrino, del delito de incitación al odio y a la violencia en sus discursos el 12-O

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El Juzgado Penal 8 de Barcelona ha absuelto a los presidentes de La Falange y de Alianza Nacional,Pedro Pablo Peña y Manuel Andrino, a los que juzgó acusados de un presunto delito de incitación al odio y a la violencia en sus discursos el 12 de octubre de 2013 durante un acto en Montjuïc (Barcelona).

La sentencia los absuelve porque no se ha demostrado que los acusados fueran responsables de un documento que incitaba a cometer actos violentos durante el día de la Hispanidad, y por el que se abrió la investigación que también abarcó las declaraciones de esa jornada.

En el juicio, un mosso de la unidad de investigación del cuerpo dedicada a los delitos con motivación ideológica de extrema derecha explicó que ese documento, firmado por ‘Ultra Sur’ y ‘La España en marcha’, era falso, y los técnicos del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) que lo enviaron al fiscal para denunciar declararon que lo habían recibido por redes sociales.

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“La prueba inicial, que es el documento denunciado a Fiscalía, es totalmente falso, y en consecuencia debe aplicarse la teoría de los frutos del árbol envenenado”, según la que una prueba ilícita anula todas las que se consigan a raíz de esta, aunque sea de forma legal, como ocurre en este caso con el documento falso y el resto de pruebas que el fiscal aportó para acusarles de delito de odio en los discursos

Peña y Andrino rechazaron declarar en el juicio, en el que se reprodujeron expresiones como, en referencia al inicio del proceso soberanista, que “la bala debería ser para la clase política española, y para la cúpula militar que ha permitido este atropello

“Responderemos como respondieron los unionistas en Irlanda”, sostuvo Peña afirmando que el camino es la violencia, en sus palabras, y llamó a derrocar la monarquía y defender España con sacrificio y a costa de sus vidas si fuera necesario.

En su discurso, Andrino apeló actuar como en el golpe de Estado de julio de 1936: “Estamos dispuestos a morir, pero también a matar por España, faltaría más“.

Enhorabuena a Andrino y Peña…


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Abogados Cristianos presenta la primera querella contra Iglesias tras perder el aforamiento; omisión de socorro y prevaricación

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La asociación española Abogados Cristianos ha registrado una querella contra Pablo Iglesias, en la que le acusa de un presunto delito de omisión de socorro a mayores en residencias y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus.

Esto ocurre una vez Iglesias ha perdido el aforamiento, al renunciar a su escaño en el Congreso y apenas un día después de que se formalizara el traspaso de carteras a la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra y de vicepresidenta tercera del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Y el mismo día que presenta su candidatura a las elecciones de Madrid.

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Abogados Cristianos ha informado de que han presentado la demanda ante el Juzgado de instrucción de Collado-Villaba y le acusa de «no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus«. Lo que ellos traducen en la omisión del deber de socorro en las residencias, que eran su responsabilidad.

También defienden que ha cometido otro presunto delito, esta vez el de «desobediencia a la autoridad», por «saltarse la cuarentena» del coronavirus.

La presidenta, Polonia Castellanos, ha denunciado los hechos con las siguientes declaraciones:

«El comportamiento de Iglesias durante su tiempo en el Gobierno ha podido costar la vida a miles de personas, y eso no puede quedar impune».

«El ex vicepresidente del Gobierno sabía que ocultando la realidad del coronavirus hasta después del 8M, ponía en riesgo la vida de los más vulnerables, pero no le importó».

«El volumen de afectados ha desembocado en triajes en los que los mayores han quedado totalmente desahuciados, sin posibilidad de acceso a una cama en una UCIW«.

«A las residencias no se les administró medicinas para el tratamiento de la enfermedad, sino sedación». «Y tampoco les hicieron llegar test, lo que hizo casi imposible frenar el contagio


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