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Economía

El número de funcionarios en España asciende ya a más de 2,5 millones, más de la mitad enchufados sin preparación

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Se hace país con gente que se la juega. Una de las razones de la recperación de la economía norteamericana frente a la desaceleración de la española radica en la cultura de emprendimiento, tan arraigada en Estados Unidos, frente a la cultura de trabajo de funcionarios de nuestro país.

En una reciente encuesta se planteó a un grupo de jóvenes españoles universitarios qué querían dedicarse cuando finalizaran sus estudios. Un 75% de los estudiantes respondió que querían ser funcionarios.

La misma pregunta se planteó a jóvenes universitarios en Estados Unidos. En esta ocasión, el mismo porcentaje de las respuestas (75%) coincidían en que los jóvenes aspiraban a ser emprendedores, es decir,dueños de sus propias vidas. No querían estar en una oficina con un jefe por arriba. Querían tener una idea, agarrar unos cuantos amigos, desarrollarla y pelearse por ella. Y así surgen las grandes empresas y los grandes proyectos innovadores.

Este aparato burocrático ‘elefantiásico’ es fruto del despilfarro de las administraciones públicas. Y no sólo las autonómicas. Tenemos 8.116 municipios de los cuales un 47% tiene menos de 500 habitantes -y 1.135, menos de 100-, hay 8.116 alcaldes y 68.464 concejales, alcaldes y concejales que en las grandes ciudades tienen coche con chófer y secretaria y asesores, algo inaudito que no ocurre en ninguna capital de Europa. En Reino Unido hay 19.680 representantes locales.

En España no se ha acometido ningún tipo de recortes porque las clase política no está dispuesta a perder pesebres para sus correligionarios, sus parientes y sus amigos, lo que es sinónimo de falta de límites, de ausencia de evaluación, de comparación o de rendición de cuentas.

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Todos los partdos con representación parlamentaria coinciden en ni tocar el tamaño del gigantesco Estado clientelar en que se asienta su poder; una estructura de país que no hay quien la soporte e inexistente en el mundo, ni los privilegios de los monopolistas del IBEX.

La Administración española era en 1975 una de las más eficientes de Europa, gracias a los grandes cuerpos del Estado, abogados, ingenieros o economistas, y un riguroso sistema de oposiciones a todos los niveles. Con solo 700.000 empleados públicos formados y capaces, España funcionaba perfectamente, pero 40 años después hay: 2,5 millones, según el Gobierno y 3,4 millones según la Agencia Tributaria, la cifra más exacta por razones obvias. De todos ellos, solo un millón ha conseguido la plaza a través de “oposiciones limpias y transparentes”, según el ex ministro de Hacienda Montoro, el resto son enchufados sin preparación. Un puro desastre. España tiene hoy la Administración pública más ineficiente y más cara de la UE. Sus salarios medios son de 36.600 euros al año frente a los 26.259 del sector privado. No ocurre en ningún país excepto Luxemburgo.

El número de funcionarios en España asciende ya a más de 2,5 millones

El número de empleados públicos en España alcanza los 2.595.575 millones de trabajadores, según se desprende del último boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas que publica el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Este dato, que corresponde al mes de julio de 2019, supone un incremento de 17.187 efectivos en comparación al boletín estadístico anual publicado en enero de 2019, un 0,67% más.

Por sectores, el sector público del estado cuenta con 513.954 empleados públicos, 6.124 más. De estos 231.760 pertenecen a la Administración General del Estado, personal de los ministerios y de sus organismos, 257.816 a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 24.378 a la Administración de Justicia. Un total de 1.499.304 funcionarios son del sector público en las comunidades autónomas y 538.317 del sector público de la administración local.

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Del total de empleados públicos, el 57,76% presta servicio en el sector público de las comunidades autónomas, el 19,8% en el sector público del Estado y el 22,43% en el sector público de las entidades locales. El 56% es personal funcional de carrera, el 22,4% es personal laboral y el resto de personal (interino, personal eventual y otro) supone el 21,6%.

De los datos se desprende también que el 56,25% de los efectivos al servicio de las administraciones públicas son mujeres, mientras que el 43,75% son hombres. Este boletín tiene como novedad la desagregación de la información distinguiendo los departamentos ministeriales de sus organismos autónomos, la inclusión de las universidades públicas dentro de las comunidades autónomas o la inclusión de nuevos organismos en el sector institucional del estado.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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