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España

El Plan de Vivienda articula un modelo público. Por Jesús Salamanca Alonso

Redacción

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“El nuevo Plan contiene cambios que no ven bien algunas CC.AA. No veo factible que las CC.AA. aporten el 40% del presupuesto del Plan, a pesar del año de cadencia”

Comentamos hace unos días que el Plan de Vivienda que presentó el Gobierno en 2025 era un plan vacío y sin perspectivas en opinión de bancos y promotores. Pero iban más lejos al calificar el proyecto “España crece” como catastrófico. El caso es que el Plan no tuvo los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados, ni siquiera todos los integrantes del conglomerado “Frankenstein” lo aprobaron. No se entiende el miedo que le dio a Sánchez la propuesta de la derecha y bajar el IVA del 10% al 4%, incluso anularlo como se hizo en varios países de la UE.

El nulo apoyo de Sumar a medidas como la mencionada le va a costar caro y, por supuesto, la ministra “Tucán” se ha abierto la puerta de salida ella sola; es más ha instado a hacer una huelga al Gobierno o, lo que es lo mismo, hacerse la huelga a ella misma. Ha demostrado la torpeza que se le suponía desde su llegada al ministerio cuando no supo explicar qué era un ERTE. Ni salió del tartamudeo ni dejó de mirarse los zapatos. Quiero pensar que al día siguiente se lo explicaron en el ministerio. La misma torpeza demostró con la reforma laboral, que no llegó a hacer, salvo cambiar tres párrafos para empeorar la que había hecho siendo ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Y eso que se pasó varios meses “doña Rogelia” insistiendo en que sería una reforma integral. ¡Qué cara más dura y qué espalda más ancha!

El nuevo Plan de Vivienda llega tardísimo. Seguimos cabalgando en una anomalía porque no tenemos presupuestos. El sanchismo parece no entender que esos son la base de todos los proyectos si queremos que tengan garantía de éxito. El nuevo Plan contienen cambios que no ven bien algunas CC.AA. No veo factible que las CC.AA. aporten el 40% del presupuesto del Plan; en ese sentido, la ministra de la Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, no ha dudado en enseñar la orejita y mostrar sus vicios dictatoriales de exalcaldesa manchega: “O se hace lo que el Gobierno quiere o no hay dinero”. Ese Plan llega con tardanza y con nulas perspectivas de progreso y rigor.

El Gobierno ya no sabe qué hacer y ofrece, incluso, cadencia anual. La financiación que ofrece el Ejecutivo para el nuevo Pan es solo de siete mil millones de euros, pero representa triplicar el presupuesto de financiación respecto al anterior. Adelanto un dato: el agujero que este Gobierno ha creado en el Banco de España es abrumador.

n Pedro Sánchez ha disparado la deuda del Estado en 452.000 millones; es decir, en 2025 la deuda aumenta en 78.000 millones, pero baja al 100,7 del PIB dado el avance económico. Solo las pensiones aportaron 10.000 millones al balance negativo. Esos son, al menos, los datos oficiales.

Sigamos con la vivienda, aunque no le guste a la señora ministra. El primer borrador trajo aparejado el choque con las CC.AA. debido a la exigencia de la financiación antes mencionado, aunque el primer año lo asuma en solitario el Ejecutivo. La ministra no dudó en falsear la rueda de prensa hablando de diálogo y consenso, cuestión que se demostró que eran falsos, al menos en el primer borrador. Lo mismo que fue falso “que se aportaran alegaciones de todas CC.AA.” ¡Qué manera de mentir, como siempre! El Gobierno ha perdido la dignidad, el oremus y el saber estar. Lo que ha quedado demostrado es que hay una falta de comunicación entre las comunidades y el Gobierno. Cualquiera diría que se pretende recentralizar competencias: “El Gobierno central tiene que cumplir con las competencias que, hasta ahora, son solo de las CC.AA.”

Para demostrar la falsedad ministerial, la Xunta de Galicia afirma no haber tenido reuniones con la ministra, a pesar de haberlas pedido en reiteradas ocasiones. Incluso que se aprobara el Plan del que dependen las convocatorias de varias líneas de ayudas, por lo que desconoce la propuesta final y si hay o no alegaciones de otras comunidades.  Al parecer, nada habían aclarado de las zonas tensionadas. ¡Qué gran chapuza gubernamental, Dios mío! ¡Cómo puede ser que nos gobierne un rebaño tan torpe, mentiroso e irresponsable! “El Gobierno central tiene que cumplir para evitar seguir perjudicando a los gallegos (y al resto de españoles) con un retraso que era evitable”.

Entre otras cuestiones, el Plan incluye habitar las zonas rurales: vivienda y futuro. Rehabilitación de viviendas vacías; compensaciones económicas por viviendas privadas que pasen al alquiler; nuevas construcciones con protección permanente; ayudas par jóvenes que compren o construyan su primera vivienda en municipios que no lleguen a 1.000 habitantes. En fin, un Plan muy parco, tardío y en gran parte sospechoso. Se nota que desconocen el mundo rural en gran medida. Miedo me da que piensen los ministros que la leche la produce el tetra brik directamente.

Un último dato: la tardanza absurda del Plan de Vivienda hace que Galicia tenga bloqueados hasta 80 millones de euros, de los que la Xunta aporta 32 millones de fondos propios. ¿Comprueban el daño que, una vez más, causan los retrasos del Gobierno central por no tener presupuestos generales? Tiempo tendremos de hacer análisis. Piensen que este Gobierno siempre se queda a mitad de camino de cuando inicia, sobre todo en cuestión de otorgar ayudas.

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España

«La náusea socialista»: nuestros impuestos están para contrabando de joyas y resorts de lujo para inmigrantes ilegales. En esta ocasión, ¡13 MILLONES DE EUROS!

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El Gobierno gasta 13 millones de euros en un centro para refugiados con gimnasio, huerto y pista de baloncesto

El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la puesta en marcha de un Centro de Acogida de Protección Internacional en Soria con una inversión total superior a los 13 millones de euros. El complejo, que comenzó a construirse en febrero de 2025 y está previsto que abra sus puertas a finales de este año, contará con gimnasio, sala de musculación, huerto, pista de baloncesto semicubierta y casi 2.400 metros cuadrados de zonas ajardinadas.

El nuevo centro, denominado oficialmente Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Soria, se levanta sobre la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, en el barrio de Los Royales. El Ejecutivo ha informado este jueves de que ha dado nuevos pasos para su puesta en funcionamiento con la formalización del contrato de suministro de mobiliario, adjudicado por 254.020 euros a CAFESA División Comercial S.L., una pyme de Toledo, según consta en el Boletín Oficial del Estado.

El expediente ha sido tramitado por la Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según ha difundido la Subdelegación del Gobierno en Soria, el contrato completo asciende a 313.675 euros e incluye también un segundo lote de lencería textil, adjudicado a Barcotex Servicios Integrales S.L. por 59.655 euros.

El lote de mobiliario contempla sillas, mesas, escritorios, armarios, librerías, sofás, bancos, muebles de oficina, mobiliario de dormitorio, comedor y cuarto de estar, somieres, colchones y cunas. El lote de lencería incluye mantas, ropa de cama, sábanas, fundas de almohada, toallas y almohadas.

El proyecto fue adjudicado a Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos Next Generation EU. El edificio se construye en una parcela adquirida al Ayuntamiento de Soria, una ciudad gobernada de forma ininterrumpida por el PSOE desde hace 27 años.

El complejo tendrá capacidad para 203 personas. Este punto ha provocado críticas del PP y de Vox. Los populares sostienen que el centro supera el límite de plazas fijado por la Junta de Castilla y León para municipios de más de 20.000 habitantes, situado en 120 plazas. Vox, por su parte, ha advertido de las consecuencias que este tipo de infraestructuras pueden tener sobre la seguridad y los servicios públicos.

El Ministerio que dirige la ministra Elma Saiz sostiene que los CAPI son establecimientos públicos abiertos destinados a solicitantes o beneficiarios de protección internacional y temporal, así como a solicitantes de la condición de apátrida, siempre que carezcan de recursos económicos suficientes.

Según el Ejecutivo, el centro de Soria formará parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que presta alojamiento, manutención, intervención social, traducción e interpretación, atención psicológica, atención sanitaria, formación y empleo.

El debate político vuelve a situarse así en el reparto territorial de los dispositivos de acogida, el uso de fondos europeos y el impacto real que estas instalaciones tienen en municipios de tamaño medio. En el caso de Soria, el Gobierno avanza en un proyecto millonario mientras PP y Vox cuestionan tanto la dimensión del centro como sus efectos sobre una ciudad gobernada por los socialistas desde hace casi tres décadas.

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