A apenas cinco días del inicio del juicio del «procés», la campaña de acoso y desprestigio al Poder Judicial español es patente por parte del entorno independentista con actos como el del pasado viernes, cuando los radicales llegaron a arrojar excrementos a las puertas de los juzgados catalanes sin que los Mossos d’Esquadra hicieran acto de presencia. Lejos de condenar con contundencia este ataque contra el sistema judicial español, el Ejecutivo ha irrumpido en escena a las puertas del juicio con el anuncio de que van a negociar con quienes buscan los mismos fines que quienes se sientan en el banquillo por haber intentado alcanzarlos burlando la ley. Y, además, con un relator por medio.

Ante la tibia defensa del Ejecutivo con los representantes del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces tomó ayer cartas en el asunto y pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le informe puntualmente sobre el dispositivo de seguridad desplegado por los Mossos desde ayer en las sedes judiciales. Si se concluye que las medidas no son suficientes, el Consejo instará a Interior a que sean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que protejan a los jueces.

«En caso de que, a partir de esos informes, se concluyese que la suficiencia y efectividad de los dispositivos ha resultado cuestionable, esta circunstancia se pondrá en conocimiento del Gobierno de la Nación para que articule los medios jurídicos y materiales necesarios de colaboración y coordinación para proporcionar a las sedes judiciales la debida protección con participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», señala el acuerdo de la Comisión Permanente.

El inicio de la vista

Ante la inactividad del Ejecutivo frente el desamparo de los representantes del Poder Judicial en Cataluña, el órgano de gobierno de los jueces coge así las riendas de la situación dejando claro, además, que el ataque viene ya de lejos. «La Comisión Permanente se congratula de que, por fin, (…) se estén adoptando medidas que parecen apuntar en la línea correcta, aunque haya tenido que ser tras múltiples requerimientos y, finalmente, órdenes perentorias». Y recuerda el «esfuerzo extraordinario y efectivo (de los jueces), que nunca será suficientemente reconocido, para llevar a cabo su función con absoluta independencia e imparcialidad para que la democracia sea una realidad en Cataluña y en el resto de España».

Entretanto en el Supremo impera el sosiego y la prudencia respecto al último movimiento del Gobierno de Pedro Sánchez. La Sala Segunda está centrada en el inicio de esta vista, que pretende terminar antes de las elecciones de mayo, y no quiere entrar a valorar la actuación del Ejecutivo, que magistrados ajenos al tribunal juzgador sí se atreven a tachar cuando menos de «inoportuna». Opinan que si Sánchez quería hablar con los secesionistas debería haber esperado a la sentencia del «procés», ya no solo por lo que esta negociación (criticada por los propios socialistas) supone dentro de nuestras fronteras, sino también fuera, donde los independentistas han extendido la idea de que en España hay presos políticos.

Pedro Sánchez trató ayer en Estrasburgo de desmontar en unas horas lo que los secesionistas llevan trabajando un año y medio, pero a la vez, en España está dando alas a procesados como Junqueras para que introduzcan en el juicio esta mesa de negociación, apuntan fuentes jurídicas. «¿Cómo se verá en los telediarios internacionales que la justicia española esté juzgando un delito de rebelión mientras el Gobierno habla con quienes están dispuestos a romper el Estado? No parece una actuación muy acertada», señalan fuentes jurídicas.

Respecto a la figura del relator y del observador internacional el propio tribunal del 1-O ya se pronunció en el auto de admisión de prueba para el juicio. «Hacer depender de la opinión de un relator la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional», dijo entonces el Supremo.

Desaparecida

Entretanto, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, está «desaparecida». Los audios de Villarejo, sus maltrechas relaciones con algunos miembros del Ejecutivo, su impulsividad y su poca tolerancia a las críticas han terminado por minimizar sus apariciones públicas hasta el punto de que su presencia en el Ministerio ha quedado reducida prácticamente a las fosas del franquismo y a los presuntos abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Ayer mismo, en plena polémica por la soledad de los jueces catalanes ante el acoso independentista, una nota de prensa del Ministerio se hacía eco de que la ministra ha mandado una carta a la Conferencia Episcopal en la que le pide «toda la información en su haber sobre investigaciones o procedimientos internos de denuncias de agresiones y abusos sexuales en instituciones eclesiásticas».

Abogacía del Estado

A su maltrecha relación con asociaciones de jueces y fiscales se suma la crisis sin precedentes que Delgado ha abierto en la Abogacía del Estado precisamente en relación con el «procés»: primero, al ningunear los informes de los servicios jurídicos del Estado que aconsejaban la defensa del juez Llarena en Bélgica ante la demanda de Puigdemont; y después, con la purga del jefe de la sección penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, tras decidir el Gobierno rebajar la acusación de rebelión a unos simples incidentes callejeros. Ni la violencia empleada contra los juzgados y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) durante los últimos días ha merecido una declaración pública y contundente por parte de Delgado. La sustituyó por un tuit en la cuenta del Ministerio en el que se limitaba a expresar «nuestro firme apoyo a los jueces y fiscales que cada día imparten en esta comunidad una Justicia profesional e independiente».