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Tribunales

El PP dará la batalla por la prisión permanente revisable y endurecer la Ley del Menor

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Cosidó (derecha), en la convención del PP.
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El PP “dará la batalla” para ampliar los supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable y para endurecer la Ley del Menor en casos de delitos especialmente graves, al tiempo que ha ratificado su “compromiso inquebrantable” en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

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Ha sido el compromiso que ha lanzado Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado y exdirector general de la Policía, en un debate en el marco de la convención nacional del partido en el que han participado Juan José Cortés, padre de Mariluz; Marimar Bermúdez, madre de Sandra Palo; y la exdelegada del Gobierno contra la violencia de género Blanca Hernández.

Víctimas de la violencia, como Cortés o Bermúdez, que para Cosidó serán el “referente” del PP para cualquier iniciativa legislativa que vaya a emprender para atajar la lacra de la violencia contra las mujeres o los menores.

El portavoz del PP en la Cámara Alta ha rechazado que ningún partido pueda darles “lecciones” sobre la lucha contra la violencia machista, y ha apostado por abrir una “reflexión” para reformar la Ley del Menor pensando en víctimas como Sandra Palo.

También sobre la violencia machista, Blanca Hernández ha apostado por hacer a los hombres “partícipes” de la solución del problema y ha alertado de la estrategia “profundamente peligrosa” de lanzar la idea de que las mujeres son unas “lagartas” que se aprovechan de las leyes de género que las protegen cuando, al contrario, hay todavía muchas mujeres que no se atreven a denunciar su situación.

Frente a ello, ha apostado por un discurso centrado que reconozca el problema de forma objetiva.

“El PP está con las víctimas y no se avergüenza de ello”, ha proclamado Juan José Cortés, padre de Mariluz, que se ha puesto a disposición del presidente del partido, Pablo Casado, para defender a los “más débiles”, niños, ancianos y mujeres, ha relatado.

Ha rechazado que la prisión permanente revisable sea “inhumana y degradante” y ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que si “de verdad” quiere defender a las mujeres retire el recurso de su partido contra esta pena.

A su juicio, si Sánchez no hace caso de sus demandas no será “digno” de ser presidente del Gobierno de España: “te lo pedimos las víctimas”, ha alertado.

Marimar Bermúdez, madre de Sandra Palo, ha reclamado penas más elevadas para los menores que cometen delitos especialmente graves, como la violación y el brutal asesinato de su hija.

“Queremos que los menores, cuando cumplan 18 años pasen a la cárcel y que las penas sean más elevadas”, ha pedido.


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Tribunales

La jueza del caso de las niñas de Alcácer pide ayuda al Reino Unido para esclarecer la huida de Antonio Anglés hace 27 años

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Ficha policial de Antonio Anglés
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La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, encargado del caso Alcácer, ha emitido una orden europea de investigación para solicitar la colaboración de las autoridades del Reino Unido sobre la supuesta huida en barco de Antonio Anglés en marzo de 1993.

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Fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano han confirmado que las diligencias de esa orden europea, dictada el pasado mes de noviembre, se están cumplimentado actualmente.

La requisitoria (orden de busca y captura internacional contra Antonio Anglés) sigue activa, por lo que “ha de investigarse cualquier dato novedoso que pueda contribuir a conocer su paradero y propiciar su detención”, añaden desde el TSJCV.

El juzgado recibió un informe policial donde se solicitaba nuevos interrogatorios a testigos, miembros de la tripulación del barco desde el que supuestamente huyó el fugitivo.

Este viernes, el diario Las Provincias informa de que a raíz de esa orden judicial, la policía tomará otra vez declaración al capitán del barco ‘City of Playmouth’, en el que supuestamente viajó como polizón el asesino de las tres adolescentes de Alcácer, para esclarecer cómo escapó del camarote.

El secuestro y asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, las tres vecinas de Alcácer (Valencia) de entre 14 y 15 años violadas y torturadas hasta la muerte por el prófugo Antonio Anglés y su compinche Miguel Ricart -en libertad desde 2013-, mantuvo en vilo a España durante más de dos meses, hasta que aparecieron sus cadáveres.

Investigaciones posteriores han seguido la pista del posible paradero de Anglés, en caso de seguir vivo, o la confirmación de su muerte, que pudo haberse producido al arrojarse al mar desde el citado barco rumbo a Irlanda.


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Cine y Televisión

ANVIPED asume la defensa del periodista Enrique de Diego en la querella por injurias y calumnias de Ignacio Aguado (Cs)

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ANVIPED.- La Asociación de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED) asume la defensa del periodista Enrique de Diego en la querella por injurias y calumnias de Ignacio Aguado (Cs)La instrucción acredita una perversa relación político-judicial, en la que el Juzgado de Instrucción nº 3 de Elche, ha tenido continuas actuaciones antijurídicas, tanto de carácter sustantivo como procesal, llegando el letrado de la Administración de Justicia a amenazar a Enrique de Diego, periodista y director del medio Rambla Libre. Esta LAJ oculta ilegalmente su nombre en las resoluciones.

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El abogado de oficio Benedicto López se ha desentendido de la defensa y la fiscal Yolanda Cuadrado Guirado se desentiende de asegurar la legalidad.

Mediante escrito redactado por el Presidente de ANVIPED, Javier Marzal, y firmado por un abogado de la Asociación, se ha presentado un incisivo escrito de defensa que acredita que en la instrucción se ha dejado malintencionadamente en indefensión al periodista. Las irregularidades comienzan en el poder notarial del despacho Fúster y Fabra, oficial del partido Ciudadanos. Si no hubiera sino un funcionario público el querellante, la juez no habría admitido a trámite la querella.

Enrique de Diego aportó numerosas pruebas documentales, incluyendo actas y noticias periodísticas que confirman que Ciudadanos, bajo la dirección de Ignacio Aguado, se financió ilegalmente en las elecciones municipales y autonómicas de 2015, obligando a sus candidatos a pagarse de su bolsillo la campaña, tal y como denunciaba el periodista Enrique de Diego.

El periodista había informado verazmente, con diligencia, de una presunta corrupción perpetrada por Ignacio Aguado, diputado autonómico y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y el partido Ciudadanos, por lo que legalmente la querella ha sido una represalia y una coacción, mientras no se demuestre lo contrario, que no tiene otra finalidad que intimidar a un periodista.

A pesar de ello y vulnerando varias normas europeas y la jurisprudencia española, la fiscal y la juez ignoraron las pruebas.

Como novedad, se pide dinero para iniciar acciones, amparados en varias directivas europeas de obligado cumplimiento, contra Ignacio Aguado, el anterior abogado y la jueza Marta Alba Tenza, a la que también se la ha recusado.


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Tribunales

Las cintas de Barajas desmontan la versión de Ábalos: Delcy Rodríguez entró en España

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“AENA ya ha cumplido con la requisitoria” de la juez titular del jugado numero 7 de Plaza de Castilla, en Madrid. Es la afirmacion escueta de un portavoz del gestor aeroportuario a COPE. Esto significa que ya han localizado y puesto a buen recaudo las imagenes de la llegada y estancia en Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez la madrugada del 19 al 20 de enero. El auto de la juez de guardia requería al gestor aeroportuario “conservar” ese material bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia.

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“Barajas es un punto clave en materia de seguridad y lógicamente todas las instalaciones estan milimétricamente monitorizadas”, reconoce el portavoz. Las imágenes, nos dicen fuentes policiales, van a dar una versión nueva de lo ocurrido con dos apuntes: un trasiego de personal inusual, algunos de ellos sin una acreditación clara que les permitiera esa presencia y, por otro lado, la entrada clara de la vicepresidenta de Maduro Delcy Rodríguez en lo que se considera territorio español sin cumplir los trámites. Las grabaciones también confirmarán, dicen estas fuentes, lo manifestado por un vigilante de seguridad ante notario que ha sido expedientado.

Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, está en contacto con el vigilante retirado momentáneamente de su puesto de trabajo en ese punto de la terminal aérea. Él detalla cómo su compañero pudo ver el momento en el que la delegación venezolana accedió a la 1:30 a la sala de la terminal ejecutiva. “Eso es zona de la terminal del aeropuerto -concluye- y por lo tanto suelo español”, señala.

Las imágenes de las que podrá disponer el juzgado 37, y tambien el 31, al que ha correspondido otra querella presentada por el llamado Partido Laocrata de España (aunque lo más posible es que ambas causas se acumulen) son grabadas permanentemente en el Centro de Gestion Aeroportuaria (CGA). En ese punto hay personal que tambie presta servicio personal de seguridad privada. Existe otra sala de seguimiento de AENA y una tercera con control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. Las fuentes policiales aseguran que son varias las grabaciones de las que se disponen y a las que tendrá acceso la investigación judicial si así lo decidiera.


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