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Comunidad de Madrid

El prior del Valle de los Caídos denuncia que guardias civiles armados “deambulan” por el interior de la basílica

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Dos vehículos de la Guardia Civil, custodiando el acceso a la basílica del Valle de los Caídos desde la abadía (El Independiente)
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El prior del Valle de los Caídos ha pedido al Tribunal Supremo que prohíba que guardias civiles armados «deambulen» tanto por el interior de la basílica como por la abadía, al entender que dicha presencia supone un quebrantamiento tanto del principio de inviolabilidad de los lugares de culto y del domicilio de los monjes como del derecho a la libertad religiosa al carecer los agentes de autorizaciones eclesiástica y judicial., cuenta el diario El Independiente.

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En un escrito presentado este viernes, al que ha tenido acceso El Independiente, la comunidad benedictina pide al Alto Tribunal que dicte una resolución con las medidas oportunas para que «cesen las vulneraciones» de los citados derechos fundamentales.

El Supremo ha avalado el desenterramiento de Franco acordado por el Gobierno frente a la pretensión de los familiares, pero tiene todavía que resolver el recurso que interpuso la congregación religiosa contra el traslado de los restos del dictador y pronunciarse sobre las alegaciones presentadas por esta parte tras acordar la Sala el alzamiento de la suspensión cautelar de la exhumación.

Allanado el camino por la Justicia, el Consejo de Ministros acordó el pasado 11 de octubre el inicio de las operaciones necesarias para trasladar al ex jefe del Estado desde la basílica del Valle de los Caídos hasta una sepultura del cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio antes del 25 de octubre y el cierre temporal de Cuelgamuros hasta que concluya su ejecución.

El prior, Santiago Cantera, ha realizado esta petición al Supremo dos días después de haberse dirigido a la Delegada del Gobierno en Madrid y no haber recibido respuesta. El religioso pedía a María Paz García que a la mayor brevedad designara un interlocutor con la abadía con capacidad de decisión al objeto de resolver las situaciones que se están presentando en el Valle de los Caídos tras la clausura provisional del recinto y no tener conocimiento de que se hubiera dictado una orden por escrito con las condiciones del cierre.

«Se han venido sucediendo situaciones incómodas con los agentes de la Guardia Civil aquí destacados por la falta de claridad y cambios en las órdenes recibidas, por ejemplo sobre quién está autorizado para entrar en el recinto, quién puede asistir a la eucaristía en la basílica, etc, lo que produce situaciones manifiestamente irregulares e injustificadas, como la restricción del derecho de culto (manifestación del derecho fundamental a la libertad religiosa) de muchos fieles, la deambulación de agentes armados en el interior de la basílica -sin mi autorización eclesiástica y a todas las horas, incluido durante el culto- o por el interior del monasterio sin autorización judicial», escribía el prior en el correo electrónico enviado este miércoles a la delegada del Gobierno en Madrid.

Cantera recurría a María Paz García después de que, cuando se dirigió al capitán destacado en el Valle de los Caídos para buscar una fórmula que permitiera ir resolviendo «ágilmente» el día a día mientras se lleva a cabo la exhumación, el oficial de la Guardia Civil le reconoció que él no era un interlocutor «adecuado» y le remitió a la Delegación del Gobierno.

Fracasada la vía administrativa, la comunidad benedictina pretende ahora que sea el Tribunal Supremo el órgano que adopte las medidas para que cese la vulneración del principio de inviolabilidad de los lugares sagrados y del domicilio de los monjes y del derecho a la libertad religiosa que supone la presencia de los guardias civiles tanto en la basílica como en el monasterio.

La jerarquía eclesiástica guarda silencio

Fuentes de la abadía del Valle de los Caídos han reconocido a este diario que han enviado tanto al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, como al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, una copia del correo electrónico remitido a la Delegada del Gobierno en Madrid en el que denunciaba la restricción del derecho de culto que se estaba produciendo. La autoridad eclesiástica no ha respondido.

El silencio de la jerarquía de la Iglesia en España contrasta con el escrito de adhesión que sacerdotes y religiosos están firmando en reconocimiento a la «valentía» del prior y del resto de monjes benedictinos ante la «violación ilícita» de la basílica. «Esta defensa heroica del libre acceso de los fieles a los templos, y de la inviolabilidad de éstos, protegidos por las leyes divinas y humanas, recuerda hoy la intrépida resistencia del santo obispo Tomás Beckett negándose a secundar los deseos de su rey, contrarios a la Ley de Dios y a la responsabilidad del clero de custodiar, aun con sus vidas, las cosas y lugares sagrados a ellos encomendados», expone el escrito.

El Gobierno trabaja con la previsión de materializar el traslado de los restos de Franco entre el martes y miércoles próximos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido con los nietos del dictador en comunicarles con al menos 48 horas de antelación la fecha en que se consumará la exhumación.


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“Los vecinos están aterrorizados”. Rocío Monasterio (VOX) rompe el silencio sobre el albergue juvenil de la Casa de Campo madrileña, ahora dedicado a menas

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El Sindicato Unificado de Policía ha emitido una nota que recoge que tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid son extranjeros no acompañados.

La diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha acercado al albergue juvenil -ahora centro de acogida de menas- de la madrileña Casa de Campo.

Allí ha recogido de primera mano los testimonios de vecinos que viven con preocupación la oleada de robos y agresiones de las últimas semanas.

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Recientemente un grupo de menas fue arrestado por causar brechas en la cabeza a varios vecinos en la Casa de Campo que intentaron ayudar a una mujer a la que los jóvenes habían sustraído pertenencias.

La asociación de vecinos del Batán-Casa de Campo lucharán para que el centro de Primera Acogida de menores de la Comunidad de Madrid ubicado en el barrio vuelva a ser albergue juvenil, “que es para lo que fue creado en los años 40”.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía ha emitido una nota que recoge que tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid son extranjeros no acompañados, y ha asegurado que el incremento de la delincuencia en la capital está protagonizada por los denominados como ‘menas’.

El sindicato ha emitido la después de los sucesos acontecidos recientemente en la Casa de Campo de Madrid, donde varios de estos jóvenes han producido atracos y asaltos violentos a vecinos, “generando alarma social entre los ciudadanos sobre la situación de estos menores”.


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Ciudadanos negocia con la izquierda madrileña una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso

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Aguado (C's) y Gabilondo (PSOE)
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid podría cambiar de manos antes de que finalice el año. La izquierda madrileña lleva semanas sondeando con Ciudadanos la vía de un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. Hasta el momento se ha mantenido dos reuniones para analizar los pros y los contras de un cambio político en el gobierno regional.

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Tanto unos como otros saben que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha consolidado su popularidad entre los madrileños. Ayuso se ha convertido en el azote del Gobierno Sánchez y los últimos sondeos electorales le auguran una mayoría casi absoluta en la región.

La moción del PSOE contra Ayuso, que sería apoyada por Ciudadanos tras el desafecto político sufrido por su líder Ignacio Aguado, y contaría con el apoyo externo de Unidas Podemos y Más Madrid, significaría la constitución de un Gobierno de Coalición PSOE-Ciudadanos presidido por Ángel Gabilondo con Aguado como vicepresidente.

La propia Ayuso ha declarado que no tiene la seguridad de que PSOE y Ciudadanos no pacten un gobierno de coalición en Madrid para desalojarla de la Presidencia del Gobierno regional.

«No lo sé. Yo sé que hablan mucho pero también dicen que ayer algunos de sus dirigentes decían que eso ahora mismo no lo contemplaban. No sé si querrán pactar o no con el PSOE», ha manifestado.

Fuentes del grupo parlamentario del PP en Madrid han advertido acerca de otro escenario que podría aún en el caso de que Ignacio Aguado y la dirección nacional de Ciudadanos descartasen apoyar la iniciativa que promueve la izquierda madrileña: que haya tres diputados díscolos en el partido naranja que «decidieran apoyar una moción de censura» y actuar al margen de las directrices del vicepresidente regional. «Es una posibilidad que se está barajando», afirman las citadas fuentes, convencidos a nivel interno que pese a lo defendido de puertas para afuera «se ha hablado de moción», aunque reconocen que, por el momento, «no se ha concretado nada».

En este sentido, estos cuadros del PP desconfían especialmente de Alberto Reyero a raíz de la guerra abierta entre éste y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al hilo de unos correos electrónicos filtrados en El País, que venían a demostrar que Reyero advirtió a Escudero que estaba cometiendo acciones presuntamente ilegales por haber dictado -y firmado- una orden por la que se instaba a no trasladar a ancianos en estado grave de residencias a hospitales durante el peor momento de la pandemia, en contra del criterio de la Consejería de Políticas Sociales. El PP lo niega y atribuye el envío de aquel documento a un «error», por lo que, aseguran, nunca llegó a aplicarse.

Pero Reyero dio un golpe encima de la mesa y pidió una comisión de investigación para dirimir la presunta responsabilidad del PP sobre las muertes en las residencias madrileñas, al considerar que habían regido criterios que no eran ni «éticos» ni «legales», y que se habían tomado decisiones pese a estar su consejería «radicalmente en contra». Las filtraciones de Ciudadanos sentaron como un jarro de agua fría en el tejado de los populares, con Escudero tildando de «traición» y de «fariseísmo político sorprendente» las declaraciones de su compañero y negando la mayor sobre las acusaciones de Reyero.

«Lo que ha hecho Reyero es de una deslealtad absoluta», sostienen en el PP madrileño, que consideran que el consejero «ha traspasado la línea» y «está fuera de control» porque «prácticamente ha querido imputar responsabilidades penales» a Enrique Ruiz Escudero. Ponen en duda incluso la lealtad de éste hacia el propio Aguado, convencidos en este caso que actúa «con intereses propios», vistos los últimos acontecimientos.

Para que quedase aprobada, una moción de censura debería contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara madrileña. PSOE, Más Madrid y Podemos suman 64 diputados, por lo que las cuentas saldrían con el ‘sí’ de tres de los 26 diputados de Ciudadanos.


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Declaraciones de Rosa Díez: «El Gobierno cierra la aduana para el material sanitario de la Comunidad de Madrid y la abre para la torturadora bolivariana Delcy Rodríguez»

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Los indicios de que el Ejecutivo no trata a Madrid con el mismo rasero que a otras regiones se hicieron ayer patentes, con la sorpresiva y oportunista aparición del informe de los técnicos del Ministerio de Sanidad. Cuando la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estaba dando una rueda de prensa se filtró, primero, y luego se hizo público, el informe con los motivos supuestamente técnicos que desaconsejaban que Madrid pasara a la fase 1.

Sin duda, habrá razones sanitarias que ambos gobiernos puedan esgrimir a favor de sus tesis. También es incuestionable que cualquier decisión en la progresión de fases debe basarse en la prudencia. Pero con Madrid parece que el debate de fondo es otro y va más allá de que el citado informe estuviera firmado varias horas después de que el ministro anunciara que Madrid se quedaba en fase 0. Es un indicio que genera dudas sobre cómo se están haciendo las cosas en ese grupo de expertos anónimos. Madrid tiene razón cuando alega que el Gobierno central no es transparente en los requisitos.

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De hecho, el informe firmado por la directora general de Salud Pública contiene juicios de valor pero no indica cuáles son los valores objetivos que este debería alcanzar para entrar en la fase 1. La lectura del informe deja la impresión de que, con los mismos datos, el Ministerio podría haber autorizado la desescalada de Madrid, y a esto se le llama arbitrariedad. En realidad, y visto el acoso e intento de derribo al que está sometida Díaz Ayuso, parece claro que el Gobierno que preside Ayuso es un objetivo político de la izquierda, como bien lo hizo explícito el senador Rafael Simancas con uno de los mensajes más repulsivos de los últimos años. Cuando el PSOE y Unidas Podemos hablan de la salud de los madrileños, realmente piensan en cómo echar a Isabel Díaz Ayuso, tomando eso sí a los madrileños como rehenes en esta cacería.

Rosa Díez destapa por qué el Gobierno ha puesto en su diana a Isabel Díaz Ayuso

Rosa Díez ha afeado al Gobierno los continuos ataques a la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la crisis sanitaria derivada del coronavirus. En su sección semanal en «Herrera en COPE», la exdiputada cree que Sánchez no le perdona a la presidenta de la Comunidad de Madrid que haya ido siempre «por delante» de ellos y tome decisiones. «Mantuvieron el avión lleno de material sanitarios en la aduana hasta que Ayuso mandó a un notario. Este Gobierno quiere hundir a los madrileños y hace todo lo posible para ello. Desde la perspectiva económica y sanitaria. No le perdonan a Ayuso que vaya por delante, que tome decisiones. Y como el material lo compró la Comunidad de Madrid y era para los madrileños, cierran la aduana. Eso sí, para la torturadora de Delcy Rodríguez la abrieron. Es una indecencia», ha dicho.

Díez también ha denunciado que el número de sanitarios infectados siga creciendo y que la Fiscalía no vea relación entre este alto nivel de contagios y la falta de material. «El informe de la Fiscalía dice que no encuentra una relación entre la decisión del Gobierno de no prestarles el material y que se haya infectado. Debe de ser que los sanitarios se infectan porque les da la gana o sean unos descuidados. Es una infamia y una vergüenza. Insultan a la inteligencia, el esfuerzo y el sacrificio de los médicos», ha dicho. Para la exlíder de UPyD, es evidente que Sánchez quiere mantenernos confinados porque es su estrategia. «Si todos los españoles nos hubiéramos hecho un test y tuviéramos la obligación de ir con la mascarilla, no podrían obligarnos a quedarnos en casa», ha dicho en casa.

Por último, Díaz se ha mostrado contenta de que la CNN haya descubierto que Sánchez es un mentiroso y ha criticado a la ministra de Defensa Margarita Robles por decir que en el Congreso no se podía «discutir jurídicamente». «Las mentiras de este Gobierno cuestan vidas y arruinan a los españoles», ha concluido.


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