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Hispanoamérica

Las torturas y humillaciones que sufrió un teniente del Ejército venezolano en la cárcel militar de Ramo Verde

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Nicolás Maduro, rodeado de militares
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Por Sebastiana Barráez (R).- Cuando al primer teniente del Ejército venezolano Eliézer Daniel Vásquez Guillen lo llamaron aquel 30 de marzo, hace dos años, para «una entrevista» en la sede principal de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Caracas no tuvo ni la más remota idea de que ahí empezaría la más escalofriante travesía de torturas, humillaciones, denegación de justicia y violación de sus derechos humanos. Así se lo confesó a los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas que envió la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michel Bachelet.

Vásquez se encuentra detenido en el Centro de Procesados militares Ramo Verde (Cenapromil). «Yo trabajaba como jefe de la división de ingeniería en el Centro de Mantenimiento del Fuerte Tiuna en Caracas», comenzó su relato.

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La DGCIM lo detuvo cuando acudió a la entrevista. «En ese lugar fui víctima de tratos crueles, infrahumanos y degradantes, no me informaron mi situación ni a qué se debía la citación». Estuvo incomunicado durante nueve días, «sin poder usar los servicios básicos».

Cuando asistió a la sede de la DGCIM «la entrevista fue iniciada en ese momento por el Cap. (Néstor Neptalí) Blanco Hurtado (alias Ezequiel) en compañía del 1Tte Deiver Salas y el T/F Angola». El primer teniente aseguró que no había ni una sola prueba para detenerlo.

Al teniente Eliézer Vásquez Guillen lo presentaron ante el Tribunal Militar Primero de Control, junto con el General de Brigada Ángel Vivas Perdomo, como supuesto líder del movimiento y los siguiente once oficiales Subalternos: el capitán del Ejército Víctor Asdrúbal Pereira Labrador; y los primeros tenientes José Ángel Rodríguez Araña, Ronald Leandro Ojeda Moreno, Marcos Antonio Briceño Camacho, Josué Abrahán Hidalgo Azuaje; José Ignacio Medina Marmolejo, Luis Eduardo Berbesí Torres, Francisco Pablo Rodríguez Ojeda, José Daniel González Bolaño, Luis Alejandro Mogollón Velásquez y Rafael Eduardo Arreaza Soto.

Narró que el 7 de marzo 2017, después de las 8 de la noche, la juez May (Ej) Claudia Carolina Perez de Mogollón ordenó privativa de libertad por 45 días, «que se prolongaron por tres meses para presentarnos en el tribunal para cumplir con la formalidad del proceso judicial».

Desde el comienzo notaron la Violación del Debido Proceso. «Le negaron a los abogados los actos conclusivos en el cual nos acusaban de los delitos de Traición a la Patria, previsto y sancionado en el artículo 464 numeral 25 y 26, Instigación a la Rebelión previsto y sancionado en el artículo 481 y Rebelión Militar previsto y sancionado en el artículo 476 numeral 1 todos del Código Orgánico de Justicia Militar.

La juez Pérez de Mogollón no daba despacho, de manera que era imposible solicitar copias del expediente del caso y establecer la defensa de la causa.

En siete oportunidades fue diferida la audiencia preliminar. «Durante ese tiempo fui víctima de aislamiento en celdas alejadas de la población penal sin poder gozar de actividades recreativas, de las actividades que otorgan redención a las condenas, de una hora de sol diaria y de la obstrucción de la entrada de los abogados en el día de visita que correspondía».
La cárcel militar de Ramo Verde

Destacó las requisas constantes por parte del entonces director del penal C/N José Ramón Boston Silva (quien en enero 2018 fue detenido por la fuga de nueve oficiales). «Cada celda donde convivíamos la causa TM-2017-029, conocida ante la opinión pública como «La Espada de Dios», tenía cámaras de circuito cerrado, que hasta la fecha aún se mantienen grabando el día a día de nuestras actividades, violando la privacidad del detenido».

Dice Vásquez Guillén que personal de investigación de DGCIM, «vinieron constantemente a golpear, electrocutar, abusar, robar con el fin de, según mi criterio, someternos más al miedo de ser víctimas de los maltratados. En junio del 2017, luego que salieran unos videos de Leopoldo López, fue la requisa más fuerte que nos tocó vivir».

Otro episodio fue el ocurrido, el 14 de enero 2018, bajo la Dirección del C/F Jorge Russa Brett, «cuando ingresaron funcionarios del DGCIM tomando el control del penal, puestos de seguridad, desarmaron a los custodios, robaron teléfonos a los funcionarios militares del penal y con una lista buscaron a un grupo de privados, entre ellos a mi persona, me golpearon en la zona intercostal izquierda resultando con una fractura de costilla, fractura de peroné por golpes recibidos con un bastón metálico, no fui atendido medicamente. Este momento fue aprovechado por los custodios S/M3ra Saans y S/2do Wilker Dautantt, quienes me golpearon indiscriminadamente».

El Capitán Victor Asdrúbal Pereira Labrador, quien pertenece a la causa, salió en libertad con medida cautelar, el 30 de noviembre 2017. «Fuimos diferidos por octava vez, destruyendo la esperanza de los 10 oficiales que quedábamos privados; el 28 de octubre 2017 el 1Tte José Ángel Rodríguez Araña se fugo de la cárcel militar de La Pica, y es la novena audiencia que nos difieren y nos dan como excusa que no sabían la situación del 1Tte Rodríguez Araña, teniendo en cuenta que el director de la Cárcel Militar de La Pica, se encontraba privado de libertad bajo investigación por esta fuga, conmigo y en la misma celda».

La fuga

El 30 de noviembre 2017, luego de otra decepción por el décimo diferimiento, los suben al penal, con la novedad de que en el vehículo Toyota Land Cruiser, chasis largo, venían tres custodios y ocho privados de libertad. «El jefe de la comisión T/F Ojeda no sube con nosotros, pero sí lo hace el A/N Jesús Garay Gómez; modificando la orden de comisión, nos quitaron las esposas saliendo del tribunal, cuando ya nos habían esposado antes de salir, violando las medidas de seguridad en el traslado de privados de libertad».

En la vía al penal un grupo de sus compañeros militares «aprovecharon la situación, el resentimiento de las injusticias y no querer ser juzgados por un tribunal corrupto, por ello los entiendo, los apoyo y no los critico. Tomaron el control del vehículo, del armamento y personal, yo medié para que nos entregáramos, no hicieran daño a los custodios y ser equilibrio para un desenlace sin violencia. El custodio S/M3ra Saans, quien era el conductor, se pudo soltar y dio parte a la policía, con lo que se inicia una persecución con disparos al vehículo, resultando herido el S/2do Vielma en el brazo izquierdo; se inició un enfrentamiento con el S/M3ra Saans, un policía motorizado y mis compañeros. El funcionario policial cayó herido de bala en la cara; en la huida en el vehículo, las puertas traseras se abrieron por una maniobra peligrosa cayendo del vehículos el custodio S/1ro Jhonathan Leal Palacio y el 1Tte Luis Alejandro Mogollón Velásquez, quien no recibió atención médica oportuna y ahora padece mareos, dolores de cabeza, vómitos y convulsiones, sin que le haya sido chequeada la doble fractura de cráneo que se observa claramente en las dos cicatrices en ambos parietales de su cabeza, no tiene hueso y el cerebro se observa pegado al cuero cabelludo».

Otro que se cayó del vehículo en marcha «fue el S/2do Vielma y el S/2do Oliveira, quienes pertenecen a otra causa penal y no eran parte de la acción de fuga; en vista que estaban cercados por la policía, el tráfico y otros motivos que generaban presión, decidieron correr y yo me escondí y esperé para entregarme; tres de los primeros tenientes lograron fugarse (1Hidalgo Azuaje, Marcos Briceño Camacho y Ojeda Moreno). El 1Tte Rafael Eduardo Arreaza Soto fue ajusticiado por los funcionarios policiales con un disparo en el pecho y un disparo en la cabeza, hecho que aún no se ha esclarecido».

Según Vásquez Guillén, «cuando me entregué fui llevado a una área boscosa, donde por la gracia de Dios y mi comunicación con un funcionario policial, le indiqué que era un preso político, que tenía siete meses privado de libertad por los delitos de conspiración y un supuesto golpe de estado; en medio de fuertes golpes y amenazas de muerte me pedían que me arrodillara, logré que no me mataran narrando explícitamente lo ocurrido en la fuga y que no participé, solo corrí para cuidar mi vida».

Regreso a la Dirección de Contrainteligencia Militar

Después de todo lo acontecido con la fuga, al primer teniente Vásquez Guillén fue llevado a la Dirección de Contrainteligencia Militar el 01 de diciembre 2017. «El C/N Boston Silva, el Cap. Blanco Hurtado y dos agentes de DGCIM, me golpearon, me asfixiaron, me torturaron para saber dónde estaban los fugados, sin olvidar que el C/F Russa Brett y un grupo de tropa profesional de la Armada que trabajaban como custodios, me golpearon hasta partirme la cabeza de tantos golpes. Todo eso fue antes de pasar a la Dirección del penal a una improvisada sala de tortura».

Presentaron al joven oficial con una causa nueva ante los tribunales militares. Estaba golpeado, con marcas evidentes de tortura, pero aún así «el Juez 3ro de control Cap. Amezquita, no le dio mayor importancia y fui privado nuevamente de libertad, y otra vez de regreso a Ramo Verde, donde fui encerrado en la celda de aislamiento conocido como «el tigrito» pese a las lesiones que presentaba, durante casi un mes y sin visita de mis familiares para que no me vieran las lesiones».

No hubo nuevas audiencias preliminares hasta después de 33 diferimientos, una fuga, cuatro Primeros Tenientes evadidos, un Primer Teniente herido de gravedad y un Primer Teniente asesinado. «Por fin se dio la audiencia el 12 de febrero 2019, finalizando el 15 de febrero; eso fue por la presión de entregar el cargo a otro juez sin casos pendientes, que tenía la juez 1ro de control, May. Claudia Carolina Pérez de Mogollón, quien salía de reposo prenatal. Todo eso con violación al debido proceso y la obstrucción de la legítima defensa, cuando en noviembre 2018 se pautó, sin los actos conclusivos de la segunda causa y sin las copias de lo que se me acusaba: intento de fuga, uso indebido de arma de fuego, ataque al centinela, sustracción de efectos de la Fuerza Armada y motín; fue diferida por la defensa privada Abg. Beverly Alfonzo y Abg. Dom Crespo, quienes solicitaron prorroga a la audiencia para tener acceso a los expedientes que en tanto tiempo no fue dada oportunamente, se pasó por escrito cada solicitud de documento, salidas al médico y diferentes papeles que dieran algo de información de mi caso, lo que nunca fue respondido».

Fue así como el primer teniente Vásquez Guillén fue enviado a juicio por ocho cargos: traición a la patria, instigación a la rebelión, rebelión, intento de fuga de preso, uso indebido de arma de fuego, sustracción de efectos de la Fuerza Armada, ataque al centinela y motín. «Sin pruebas, sin una acusación firme y contundente dando paso a la violación a mis derechos humanos».

Visita de la ONU

El pasado 13 de marzo llegó a la cárcel militar de Ramo Verde una comisión de la Organización de la Naciones Unidas ONU, con el fin de chequear la situación de los presos. Para poder hablar con los inspectores de la ONU, se recurrió a gritos y golpes a las rejas para poder ser atendidos. No todos pudieron hablar sobre su caso. Los presos fueron mantenidos encerrados en sus celdas.

Los detenidos en Ramo Verde aseguran que los Generales M/G Josué Hidalgo Berroteran, Inspector General de Las Fuerza Armada; G/D Carlos Yánez Figueredo, Director Penitenciario Militar (Dispemil); G/D Edgar Rojas Borges, Presidente Corte Marcial; Cnel. Atilio José Peña Ruiz, Director de la cárcel de Ramo Verde no permitieron la comunicación con la comisión de la ONU.

Vásquez Guillen dice que «el G/D Rojas Borges, pretendió mal ponerme, acusándome de estar involucrado en la fuga y de dispárale en la cara a un policía; producto de esto fue tomado en cuenta mi caso y tomaron nota del ajusticiamiento del 1TTe Rafael Eduardo Arreaza Soto».

El G/D Yánez Figueredo, pidió una lista para que la comisión los atendiera, pero fue nunca lo permitieron. «Posterior a la visita de la comisión de la ONU, hubo represalias por parte de los custodios.

Se les prohibió la entrada al penal a los familiares de los privados que habían mencionado o denunciado la violación a los derechos humanos; la excusa es que había una falla en la data de registro de visitas».

La familia de Vásquez logró pasar, cuando de sorpresa llegó una comisión de la Inspectoría General de la Fuerza Armada, «quienes observaron muchas novedades y violación de los derechos humanos que ellos mismos trataron de ocultar durante la presencia de los inspectores de la ONU».

El joven catalogó el caso «como prueba irrefutable, publica, notoria y comunicacional de la violación a los derechos humanos y al debido proceso, los Decretos 3.298 y 3.299, donde se degradó y expulsó de la institución armada a 24 militares oficiales incluyéndome, sin ni siquiera haber tenido una audiencia preliminar».


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Internacional

Evo Morales: el narcodictador más nauseabundo de Hispanoamérica contaba con un «harén» de niñas que eran secuestradas por miembros de su partido

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El periodista Alejandro Entrambasaguas publicó una foto en la que se ven los pies de Evo Morales y de la menor Noemí Meneses. (Twitter)
El periodista Alejandro Entrambasaguas publicó una foto en la que se ven los pies de Evo Morales y de la menor Noemí Meneses. (Twitter)
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Por José Gregorio Martínez.- La denuncia contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por un caso de pedofilia es tan solo la punta del iceberg. Este escándalo ha destapado lo que parece ser una conducta repetida que involucra a más de una menor de edad. Nuevas piezas del rompecabezas apuntan a una presunta red de tráfico de personas vinculada a su partido político. De esta manera, el exmandatario habría venido escogiendo su “harén” de menores de edad, reseña El Diario.

En declaraciones ofrecidas a este medio boliviano, Paola Barriga, abogado de la madre de una de las presuntas víctimas, aseguró que hay evidencias que vinculan al Movimiento al Socialismo (MAS) con un escándalo de trata de personas conocido como caso Katanas.

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Se trata de la confesión de dos policías sentenciados por este escándalo y las denuncias de madres de menores de edad que habrían tenido relaciones con Evo Morales. Los señalamientos apuntan a una exministra y un diputado del MAS.

“Nuevamente saltan los nombres de exautoridades del MAS, los mismos que saltaron en el caso Katanas. Llama la atención porque empieza a rearticularse todo y, podemos entender que evidentemente estas personas que reclutaban a estas jovencitas para Evo Morales, habrían generado el delito de trata. Los policías sentenciados por el caso Katanas señalaron que trabajaban con una exministra y con un diputado del MAS. Esas mamás también señalan a las mismas autoridades”.

Torturas y violaciones

El caso Katanas fue un escándalo de trata y tráfico de personas que entró en proceso judicial el 22 de febrero de 2018. Su nombre obedece al club nocturno de La Paz, Katanas, donde se cometían los delitos. En julio pasado, los policías identificados como Jacinto F. G. y Freddy A. M. se declararon culpables. Ambos fueron sentenciados a siete años de prisión.

La abogado Paola Barriga explicó que estos policías se encargaban de recibir en el aeropuerto de La Paz a las jóvenes que provenían de otros departamentos y del extranjero para supuestamente trabajar como modelos y promotoras. Les ofrecían ganar hasta 3 000 dólares. Todo era falso. Asegura que les retenían sus documentos y las llevaban a un lugar donde «las torturaban y las violaban».

Según la jurista, su representada habría sido obligada a entregar a su hija de 13 años en una reunión. “Ella comenta que las mamás tenían que llevar a las hijas entre los 12 y 15 años a las reuniones, estaban obligadas a llevarlas para que sea él (Evo Morales) quien las escoja como en un harén”.

Vienen más demandas

Paola Barriga anunció que esta semana formalizará una demanda penal contra Evo Morales por el delito de violación a una menor de 13 años. Destacó que si bien la condena máxima por ese delito es de 25 años, pedirá que se le imponga la pena máxima de 30 años porque hay agravantes como el hecho de que obligaban a las madres a llevar a sus hijas y entregarlas.

Contra Evo Morales ya hay una demanda por esturpo y trata y tráfico de personas interpuesta el pasado jueves por el Ministerio de Justicia del Gobierno interino. Las autoridades investigan desde el pasado 8 de julio la vinculación entre el exmandatario boliviano y la joven Noemí Meneses. Las evidencias apuntan a que habrían iniciado una relación de pareja cuando ella tenía apenas 14 años y él estaba en el cargo de presidente.

Existen fotografías, videos y conversaciones que encontraron las autoridades bolivianas en el teléfono de la joven. La más reciente revelación es una comprometedora fotografía que según confiesa Noemí Meneses en un acta de declaración, corresponde a los pies de ella y Evo Morales.

 

Morales no niega sus “compañeras”

Las denuncias no quedan allí. Este lunes, el Gobierno interino de Bolivia aseguró tener evidencias de la existencia de una niña registrada formalmente como hija del exmandatario. La irregularidad está en el hecho de que la madre es una adolescente que Morales habría dejado embarazada cuando ella tenía 15 años.

El medio que destapó el escándalo asegura haber contactado al expresidente para obtener su versión pero la única respuesta de Morales fue: “Yo no hablo de esas cosas”. Acto seguido cortó la llamada.

Lo cierto es que Evo Morales no ha desmentido estas relaciones. Este domingo, en una entrevista que ofreció a la emisora boliviana Kausachun Coca, respondió al respeto que no estaba de acuerdo con el uso de “compañeras” en temas políticos.


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Hispanoamérica

Iván Duque: “Es claro que la dictadura de Venezuela está en connivencia con el narcotráfico y el terrorismo”

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Iván Duque
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El presidente colombiano Iván Duque remarcó este viernes que para la comunidad internacional está claro que la dictadura venezolana “está en connivencia con el narcotráfico y el terrorismo”.

Además, llamó a no reconocer las elecciones legislativas de diciembre de este año, que la oposición ya anunció que boicoteará por no cumplir con las garantías de transparencia y equidad.

El jefe de Estado realizó la declaración en el marco de una nueva reunión del Grupo de Lima, convenida en forma virtual para abordar la grave crisis del país caribeño y, según el Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores del gobierno interino Julio Borges, “ratificar el apoyo a Venezuela para que el país pueda lograr el cambio mediante unas elecciones libres y democráticas”.

Durante su locución, Duque remarcó los vínculos del régimen de Maduro con la guerrilla colombiana ELN y disidencias de las FARC, y con su presunto testaferro, el también colombiano Alex Saab, quien se encuentra preso en Cabo Verde a la espera de su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero.

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Para respaldar su aserción, recordó los videos que tomaron estado público en los que miembros del ELN juraron lealtad y compromiso al dictador. Y aseguró que “es una verdad a voces” la presencia del grupo guerrillero en “el arco minero de Venezuela para participar en la extracción ilegal de minerales y entregarles recursos a los cabecillas del régimen dictatorial”.

En cuanto a sus vínculos con las disidencias de las FARC -aseguró que el régimen las “protege y ampara”- remarcó que estos representan “una violación flagrante de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. La misma “reafirma la necesidad de luchar con todos los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales representadas por los actos de terrorismo”.

En otro pasaje de su mensaje, Duque hizo referencia a Alex Saab, y aseguró que su captura representa “la caída de un castillo de naipes donde estaba todo el entramado del lavado de dinero al servicio de la dictadura”. Indicó a su vez que “Colombia ha cooperado y cooperará para que la extradición se haga efectiva y se conozca toda la verdad de los negocios turbios” del régimen.

El pasado 4 de agosto, la Justicia de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos de Saab, quien fue detenido el 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal, en respuesta a una petición de EEUU cursada a través de Interpol. Su defensa apeló la decisión.

Duque indicó que es evidente que en Venezuela están haciendo presencia células del terrorismo internacional, como el de Hezbolá, denunciado por medios internacionales y también por varios países”. Y concluyó: “(esto) demuestra la gravedad de lo que ocurre, y todo esto nos tiene que comprometer para que no desfallezcamos ni en nuestras aspiraciones ni en nuestros principios ni en nuestros anhelos”.

El encuentro del Grupo de Lima tiene lugar el mismo día en el que, junto al Grupo de Contacto, la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido, exigió elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

“Hacemos un llamado a todos los venezolanos, de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias, ya sean civiles o militares, para que pongan los intereses de Venezuela por encima de la política y participar urgentemente en apoyo de un proceso formado e impulsado por los venezolanos para establecer un gobierno de transición inclusivo que llevará al país a elecciones presidenciales libres y justas, más temprano que tarde. Las elecciones a la Asamblea Nacional por sí solas no presentan una solución política y, en cambio, pueden polarizar aún más una sociedad ya dividida”, expresa un pasaje del mensaje.

En esa misma línea, Duque llamó a la comunidad internacional a no reconocer el proceso electoral, de continuar las condiciones actuales. “Evitemos que se consolide un paso más al servicio de la dictadura, que pretende darle un golpe a la Asamblea Nacional convocando supuestas elecciones libres que no son otra cosa que la manipulación flagrante de la deliberación ciudadana para convertir a la Asamblea en algo que encaje con los intereses del dictador”, expresó.

Y agregó: “Por eso no podemos apoyar, validar ni aplaudir ni reconocer este proceso. ya sabemos que es un proceso fraudulento y está encaminado a seguir acallando las voces independientes”. La declaración llega dos días después de una similar emitida por la Unión Europea, que indicó que Venezuela “no cumple en este momento” las condiciones para que las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre sean “transparentes, inclusivas, libres y justas”.

En las últimas horas, Guaidó reiteró que los principales partidos de la oposición no participarán en los comicios previstos para el próximo 6 de diciembre por considerar que son un “fraude”, a pesar del llamado realizado por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) a participar en las mismas, en un giro inesperado.

“Ya el pueblo lo sabe, pero no está de más recordárselo a la dictadura: no vamos a participar en fraudes, como no participamos en la farsa de 2018”, afirmó.


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Hispanoamérica

Bolivia investiga una relación del ex narcodictador Evo Morales con una menor de 14 años de edad

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El ex narcodictador Evo Morales tiene al menos cinco investigaciones abiertas y, por si fuera poco, suma otra por romance con una menor de edad. El Ministerio de Gobierno de Bolivia investiga desde hace un mes si el expresidente mantuvo una relación sentimental con una adolescente mientras estaba en el cargo.

La joven, cuyo nombre completo es Noemí Meneses Chávez, tenía apenas 14 años cuando iniciaron el idilio, reseña OK Diario, que tuvo acceso al informe secreto policial de 46 páginas, en el que aparecen fotografías y conversaciones comprometedoras.

De acuerdo con la información que manejan las autoridades, la relación comenzó hace cinco años, por lo que actualmente la joven tiene 19 años. Ok Diario recuerda que la comisión del delito de estupro contempla penas de 3 a 6 años de cárcel, según el Código Penal boliviano.

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Las investigaciones se centran en confirmar si Morales mantuvo relaciones sexuales con la joven cuando era menor de edad. Una de las evidencias es un video que Noemí Meneses le envió al exmandatario, felicitándolo por el quinto aniversario como pareja. El video ya lo están circulando usuarios en Twitter.

Fue el pasado 7 de julio cuando las autoridades comenzaron la investigación. Las alarmas se encendieron con la detención de un vehículo oficial con matrícula falsa 3151-GAH en el departamento de Cochabamaba, en el que viajaban tres personas. Se trataba de Noemí Meneses, su hermana y una tercera persona.

Evidencias del caso

La primera prueba de la relación fue un mensaje de WhatsApp que la joven le envió a Evo Morales para avisarle que la habían detenido. A las pocas horas, los tres ocupantes del vehículo fueron puestos en libertad.

El seguimiento al caso le permitió a las autoridades recabar más evidencias. Además del comprometedor video, hay 348 llamadas perdidas de Morales a Noemí Meneses y fotografías de ambos en dependencias personales del presidente como la residencia San Jorge y la planta 29 del edificio Casa Grande del Pueblo.

También se incluyen boletos aéreos de la joven a México y Argentina para visitar a Morales durante su asilo político. Los itinerarios coinciden con las fechas en las que permaneció inicialmente en México, tras su renuncia como presidente, y posteriormente en Argentina, donde reside desde el pasado 12 de diciembre.

Acumula denuncias

Justamente este lunes, la Fiscalía boliviana admitió otra denuncia contra el expresidente Evo Morales, esta vez por el delito de genocidio. En este proceso también se incluyen a Luis Acre y David Choquehuanca, candidatos de su partido MAS; así como el dirigente sindical Juan Carlos Huarachi, según reseñó Efe.

El pasado 30 de julio, el Gobierno interino de Bolivia interpuso una demanda contra el exmandatario y varios dirigentes de su partido por delitos contra la salud pública por promover manifestaciones durante la pandemia.

A comienzo de julio, la Fiscalía emitió una acusación formal contra Evo Morales por presuntos delitos de terrorismo. En enero se inició otro proceso judicial por terrorismo, alzamiento armado, genocidio, atribución de los derechos del pueblo y otros delitos derivados de los sucesos que provocaron su salida del poder el 10 de noviembre de 2019.

Las primeras dos causas abiertas fueron por los delitos de sedición y terrorismo, así como otros delitos presentados separadamente a finales del año pasado por funcionarios del Gobierno interino de Jeanine Áñez.


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Hispanoamérica

¿Sorpresa? El movimiento #BlackLivesMatter que está destrozando medio Occidente, está financiado por la Narcodictadura del Mandril del Orinoco

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A la derecha de la imagen, abrazada al narcodictador de Venezuela, Opal Tometi, fundadora del movimiento #BlackLivesMatter
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#Black LivesMatter, al respaldar a un tirano como Maduro muestran que no están en contra de la violencia policial, sino que quieren que el poder de pisotear a opositores esté en manos de sus aliados.

Bajo la consigna Black Lives Matter (las vidas negras importan) manifestantes dicen combatir el abuso policial en EE. UU. (convencidos que es por persecución racial). Lo que muchos no saben es que las fundadoras de este movimiento, con cada vez más presencia política, respaldan a un tirano como Nicolás Maduro que reprime con violencia a la población civil e incluso arroja tanquetas sobre manifestantes pacíficos.

Desde la empatía, medios, empresas e individuos de todos los colores han adherido a esta causa que ha colmado las calles y las redes sociales, ignorantes del origen de la misma, sobre todo de quienes la dirigen.

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Fundadoras de Black Lives Matter están vinculadas a narcodictadura venezolana

Las fundadoras del movimiento, Patrisse Cullors, Alicia Garza y Opal Tometi, públicamente han demostrado un largo nexo con el socialismo y con Maduro personalmente.

En el 2011 Cullors dio su primera presentación ante el Left Forum (foro de izquierda), el congreso anual más grande de la izquierda internacional, denominado «un lugar para personas con ideas radicales». Alicia Garza aparece en la página oficial como oradora destacada desde el 2015.

El compromiso de las fundadoras de Black Lives Matter con la izquierda radical es tal que Tometi viajó personalmente a Venezuela para supervisar el recuento de votos en las elecciones parlamentarias del 2015.

Es necesario señalar que instituciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea no enviaron representantes a estas elecciones debido a que estaban viciadas. Entonces en una maniobra de Maduro para hacer creíble su sistema electoral convocó a sus coidearios internaciones para la tarea de fiscalizar el proceso electoral, entre ellos a Black Lives Matters.

Como la oposición ganó dichas elecciones, el movimiento publicó un manifiesto titulado Black Lives Matter en solidaridad con el pueblo venezolano. En dicho escrito las activistas llaman «contrarevolucionarios» a la oposición en Venezuela, término vigente en la Cuba comunista de partido único donde no se permite criterio disidente, mucho menos marchas contra el Gobierno, como las que sí tienen la libertad de hacer Black Lives Matter en EE. UU.

«Ofrecemos esta expresión de nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo venezolano progresista y revolucionario al reflexionar, reagruparse y rectificarse para defender la Revolución Bolivariana», exclaman. Es decir, el respaldo al régimen no se limita a sus fundadoras de forma individual, sino que lo han manifestado a nivel institucional.

Como hecho a destacar, en el día de la historia, una de ellas eligió resaltar el ascenso al poder de Hugo Chávez. La publicación tiene más de una década, de modo que no se trata de una situación coyuntural, sino de una ideología arraigada.

De hecho, en la Cumbre de Líderes Afrodescendiente celebrada en Harlem, EE. UU., Maduro fue condecorado. Entre los panelistas estaba nada menos que Tometi de Black Lives Matter.

Es decir, quienes hoy alegan marchar contra la represión policial en EE. UU. han respaldado públicamente a un tirano que asesina y reprime a quienes levanten su voz contra la dictadura chavista.

Las comunidades indígenas han sido las más afectadas por Maduro

Cuando la oposición venezolana triunfó en elecciones parlamentarias, Black Lives Matter lamentó esto como un «duro» golpe a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. No obstante, dentro de la crisis humanitaria que padece Venezuela, las comunidades indígenas han sido las más afectadas por el socialismo del régimen. La miseria es tal que en la frontera con Colombia mujeres indígenas regalan a sus hijos.

Uno de los casos de abuso más sobresalientes por parte de Maduro fue hacia los pemones, pueblo indígena que habita la frontera con Brasil. Luego del primer enfrentamiento fueron asesinados dos indígenas, al menos 22 heridos, cinco con impacto de bala, de los cuales tres necesitaron ser transportados a Brasil para cirugía. Todo por intentar acceder a la ayuda humanitaria que la comunidad internacional enviaba a Venezuela, cuando Maduro lo impidió por la fuerza.

Por causa de la falta de alimentos, los venezolanos bajaron en promedio 11 kilos y más del 60 % de se acuesta a dormir con hambre. Por tanto, la indignación de los pemones se potenció cuando la dictadura pretendía restringir el acceso de comida y medicamentos y muchos huyeron en masa hacia Brasil. Hoy hacen parte de los cinco millones de exiliados.

Black Lives Matter no está en contra del abuso policial

Apoyar a un sistema de gobierno que reprime a las minorías étnicas solo es una de las tantas inconsistencias de Black Lives Matter, un movimiento cuyas manifestaciones han destruido sobre todo a los barrios de población negra e inmigrante, a la que afirman defender.

Sus protestas han conducido a la destrucción de patrimonio material e histórico, incluyendo el mausoleo de un regimiento de soldados negros que batalló en la Guerra Civil y condujo a la liberación de los esclavos africanos, y la mayoría de los policías asesinados por enfrentar a los saqueadores eran negros.

Que las principales víctimas de la destrucción provocada por Black Lives Matter sean negros muestra que no importan todas las vidas negras por igual, sino aquellas funcionales a su causa, comenzando por la exigencia de desmantelar a la policía de Minneapolis, donde un policía asesinó a George Floyd. Esto implicaría destituir al primer jefe de policía negro de la ciudad.

Al respaldar a un tirano como Maduro, Black Lives Matter muestra que no están en contra de la violencia policial, sino que quieren que el poder de pisotear a los opositores esté es en manos de sus aliados ideológicos.


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