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Tribunales

El Supremo confirma la denegación del indulto a un guardia civil condenado por homicidio en legítima defensa

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La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado un recurso presentado por la defensa de un guardia civil que fue condenado en 2014 a cinco años de cárcel por un delito de homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa.

La decisión del Supremo supone mantener la decisión del Consejo de Ministros que en abril de 2019 denegó a su vez el indulto solicitado por el agente, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Asturias a la pena de cinco años de prisión y a la inhabilitación especial para el empleo público de guardia civil durante el tiempo de la condena.

A parte de esta pena privativa de libertad, el agente deberá indemnizar a la viuda de la víctima con 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil, y con 45.000 euros –a repartir en partes iguales– a los siete hijos del fallecido. La condena llegó después de que el agente, estando de servicio en septiembre de 2009 en Soto de Luiña (Asturias) respondiera disparando su arma reglamentaria al ataque de una persona que presentaba síntomas de embriaguez y que le increpó blandiendo una pala dentada. Los seis disparos que efectuó el guardia civil provocaron la muerte del hombre.

El ingreso en prisión del agente fue paralizada hasta la fecha de resolución del expediente de indulto solicitado, y la defensa del condenado presentó para tal fin además de 20.642 firmas de apoyo al indulto, hasta 13 documentos con informes de conducta tanto del Jefe de Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Oviedo como del jefe de Información y Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pravia, además de una felicitación del Ministerio del Interior en relación a servicios extraordinarios.

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La sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo señala que en el caso del guardia civil se cumplieron todos los trámites formales previos a la decisión del Consejo de Ministros, y no encuentra ninguna tacha formal. Tras conocerse la sentencia, el condenado deberá ahora sí cumplir la condena de cinco años de prisión por el homicidio con eximente incompleta de legítima defensa.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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